Informe Cuenta Pública participativa 2024

I Definiciones estratégicas

1. Misión Ministerial

La misión del Ministerio de Hacienda es gestionar eficientemente los recursos públicos a través de un Estado moderno al servicio de la ciudadanía; generando condiciones de estabilidad, transparencia y competitividad en una economía integrada internacionalmente, que promuevan un crecimiento sustentable e inclusivo.

2. Objetivos estratégicos

1. Conducir la política fiscal, administrando las finanzas públicas con responsabilidad y perspectiva de mediano plazo.
2. Reducir la volatilidad de la economía, tanto en términos de actividad y empleo como de inflación y variables financieras, recurriendo a mecanismos de prevención y mitigación de shocks.
3. Elevar el crecimiento potencial, a través de la inversión pública y privada, local y externa, velando por una eficiente utilización de los recursos y una inserción provechosa en la economía mundial, desde una perspectiva de desarrollo sostenible, inclusivo, con igualdad de género y responsable con el medioambiente.
4. Asegurar un sistema financiero, competitivo, eficiente, estable y transparente, inclusivo y que promueva una innovación financiera nacional que respalde la trayectoria hacia el desarrollo sostenible del país, bajo en emisiones de carbono y con una fuerte capacidad de resiliencia al cambio climático.
5. Acercar la economía a las personas, reconociendo sus necesidades, problemas y aspiraciones, incorporando una perspectiva de género, un enfoque sustentable a la política económica y una visión responsable con el medio ambiente, consultando opciones y comunicando con claridad las decisiones de política y su fundamento.
6. Promover una gestión de los recursos del sector público eficiente, transparente, inclusiva, con perspectiva de género y que considere el valor de los ecosistemas y la biodiversidad, mediante la utilización de regulaciones, incentivos, tecnología, datos, procesos de modernización y comunicación.

II Principales Logros del Período 2023-2024

1. Contexto económico: resolución de desequilibrios, estabilización de la economía y control de la inflación

En el 2023 la actividad económica mundial se mostró resiliente, aunque con heterogeneidad entre países, y el crecimiento a nivel global se ubicó por sobre las expectativas del mercado. La inflación global continuó su proceso de desaceleración, de la mano de la reducción de las tarifas del transporte, la restitución en las cadenas de valor global y condiciones financieras que permanecieron estrechas producto de la política monetaria restrictiva en la mayoría de las economías.

En el primer trimestre del 2023, la política monetaria de las economías avanzadas se volvió más contractiva, continuando con el aumento de las tasas de interés y mostrando preocupación sobre el proceso inflacionario, ante una inflación subyacente que se había mantenido elevada. La expectativa de una política monetaria contractiva por un periodo más largo al esperado provocó un deterioro importante de las condiciones financieras que gatilló una turbulencia en el sector bancario a comienzos del segundo trimestre, la cual fue rápidamente contenida. En la segunda mitad del año el crecimiento de Estados Unidos continuó sorprendiendo al alza, de la mano de un mercado laboral resiliente, generando expectativas de una nueva alza de la tasa de política monetaria por parte de la Reserva Federal. Como consecuencia, las tasas de los bonos del Tesoro estadounidense aumentaron hacia fines de octubre, hasta llegar a máximos no vistos desde la crisis subprime en 2007. Posteriormente, tras la reunión de noviembre de la Fed —donde se mantuvo la tasa— y la publicación de la inflación de octubre —que sorprendió a la baja— las tasas largas revirtieron su trayectoria.

Los precios de las principales materias primas experimentaron movimientos mixtos durante 2023. El precio del petróleo, luego de una fuerte alza en el tercer trimestre, fue descendiendo para finalizar el año en niveles cercanos a los que tuvo al comienzo de este. El precio del cobre, luego de subir en enero, se ajustó a la baja, finalizando 2023 en torno a 3,8 dólares por libra ante la incertidumbre respecto a la demanda de China debido a los cambios estructurales en su población que han afectado al sector inmobiliario. Los precios de los alimentos, por su parte, continuaron disminuyendo durante casi todo el 2023 coherente con la menor presión sobre la cadena de suministro global.

La actividad global creció un 3,2 por ciento en 2023, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, mostrando una leve desaceleración respecto del 2022 (3,5 por ciento). Para el 2024 se espera que el crecimiento se mantenga en niveles similares, al continuar los efectos de la política monetaria contractiva y el menor impulso de China. Por otra parte, la inflación global continuará su senda de desaceleración para ubicarse en torno a 5,9 por ciento promedio en 2024, descendiendo en torno a un punto porcentual respecto de la cifra del 2023. Respecto de la política monetaria, para este año se espera que las economías emergentes continúen con los recortes de tasas que iniciaron el 2023, mientras que, para las avanzadas, que iniciaron el ciclo de alza de tasas después de las emergentes, se espera que hacia el segundo semestre de este año inicien el proceso hacia la neutralidad, con bajas más acotadas.

A comienzos de 2022 Chile enfrentaba una escalada inflacionaria producida por desequilibrios macroeconómicos acumulados de los años previos. Estos incluían un déficit fiscal estructural que llegó a casi once por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2021 y un consumo de bienes excesivamente elevado, que contribuyeron a sobrecalentar la economía. Para el tercer trimestre de 2022, estos desbalances alcanzaron su punto más álgido: la inflación superó el catorce por ciento, el déficit de la cuenta corriente llegó a diez puntos del PIB, las tasas de interés de largo plazo rondaron el siete por ciento y el valor del dólar superó la barrera de los mil pesos.

Para estabilizar la economía y lograr la convergencia inflacionaria era necesario: i) consolidar las finanzas públicas; ii) inducir una desaceleración importante del consumo privado; iii) tener una brecha de actividad negativa, lo que implicaba crecer por debajo del potencial durante varios trimestres; iv) disminuir considerablemente el déficit de cuenta corriente, recuperando el ahorro nacional; y v) reducir la incertidumbre para estabilizar las condiciones financieras. Este significativo ajuste, aunque necesario, amenazaba con llevar al país a una profunda recesión.

Previamente, en julio del 2021, el Banco Central ya había comenzado a elevar su tasa de política monetaria en un proceso continuo que, en quince meses, la llevó de 0,5 por ciento a 11,25 por ciento. Por su parte, el gobierno del Presidente Boric revirtió drásticamente la dirección de la política fiscal, implementando una reducción del gasto público de 23 por ciento real en 2022, una de las consolidaciones fiscales más profundas a nivel mundial que permitió el primer superávit efectivo desde 2012, el primer superávit cíclicamente ajustado luego de seis años consecutivos de déficits estructurales y moderar la tasa de crecimiento de la deuda bruta.

Como resultado de la política monetaria restrictiva y la robusta consolidación fiscal, en 2023 la economía chilena resolvió los desequilibrios acumulados previamente, ajuste que ocurrió sin desencadenar una gran recesión. La demanda interna se estabilizó durante 2023, aunque sus componentes muestran resultados dispares. Por un lado, luego de caer por seis trimestres consecutivos, el consumo privado completó su necesaria contracción y retomó el crecimiento en el último trimestre. Por otro lado, la inversión continuó su tendencia a la baja, de la mano de un mal desempeño del componente construcción y otras obras ante un escaso dinamismo del sector inmobiliario, y una fuerte caída por parte del componente maquinaria y equipos.

El Producto, luego de crecer por varios trimestres por debajo de su potencial, terminó de cerrar su brecha en 2023. Durante la segunda parte del año, el PIB volvió a crecer, ubicándose finalmente por sobre los niveles que tenía en el mismo período del año previo. Asimismo, sectores como el comercio y resto de bienes, impulsado este último por la generación eléctrica, experimentaron un crecimiento en el segundo semestre después de un inicio de año con resultados desfavorables. Por otra parte, los servicios y la industria se mantuvieron relativamente estables en el año, en contraste con la minería, que continuó mostrando una fuerte volatilidad sin lograr recuperarse.

En línea con el proceso de desaceleración de la actividad, el mercado laboral perdió dinamismo durante el año, con una débil demanda laboral y una tasa de participación estancada tanto para las personas de 54 años o más como para los jóvenes. No obstante, en los últimos meses se ha observado una importante alza de la fuerza de trabajo y las tasas de participación, especialmente entre las mujeres.

En cuanto al sector externo, se observó una reducción del déficit de cuenta corriente de 5,9 puntos porcentuales desde su máximo, situándose en el cuarto trimestre de 2023 en 3,6 por ciento del PIB, cerca de su promedio histórico. Esta reducción estuvo determinada por la menor inversión y una recuperación del ahorro nacional de 2,9 puntos del PIB, alcanzando un 19,4 por ciento del PIB en el cuarto trimestre, principalmente gracias a un mayor ahorro de los hogares. El buen desempeño de la cuenta corriente estuvo asociado de forma importante al saldo positivo de la balanza comercial de bienes, especialmente notorio en el primer trimestre, el cual se moderó durante el transcurso del año, para volver a intensificarse hacia fin de año y comienzos del 2024.

El compromiso del gobierno con la responsabilidad fiscal, el rechazo a nuevos retiros desde fondos de pensiones y la evolución de la situación política, jugaron un rol clave en disminuir considerablemente la incertidumbre económica hasta llegar a sus valores promedios históricos. Esta menor incertidumbre interna propició condiciones financieras menos restrictivas y más estables en el primer semestre, reflejadas en menores primas por riesgo, una disminución del diferencial de tasas soberanas de largo plazo, un tipo de cambio más apreciado y un desempeño bursátil positivo. Sin embargo, en la segunda parte del año las condiciones financieras estuvieron determinadas principalmente por factores externos, y tanto las tasas largas como el tipo de cambio comenzaron a verse más afectados por cambios en las expectativas de una política monetaria de la Reserva Federal.

El proceso de normalización de la economía causado por la combinación virtuosa de política monetaria y fiscal, junto con las menores presiones externas sobre los precios, lograron revertir la trayectoria de la inflación, que se redujo más de diez puntos porcentuales a fines de 2023 desde el máximo alcanzado en agosto de 2022, para comenzar a converger a su meta de tres por ciento a comienzos del 2024.

Este ajuste macroeconómico necesario para controlar la inflación se logró sin los costos económicos y sociales característicos de otros episodios anteriores, logrando que indicadores de pobreza y desigualdad hayan mejorado no solo con respecto a la crisis, sino respecto de 2017. Al hacer un balance de los cinco años desde el estallido social y luego de grandes altibajos, incluyendo la pandemia del Covid-19 de por medio, Chile cerró este período con un crecimiento ligeramente inferior al promedio del de países comparables.

En 2024 la economía chilena reanudará su expansión, apoyada por una política monetaria menos contractiva. A diferencia de las economías desarrolladas, donde los efectos de la política monetaria contractiva seguirán presentes durante el año, en Chile la convergencia inflacionaria anticipada permitirá un relajamiento de las condiciones financieras que será un estímulo para la actividad, la inversión y el mercado laboral. Las positivas cifras de comienzos de año han llevado a la actividad económica a ubicarse en el nivel más alto de su historia, un auspicioso comienzo que ha mejorado las perspectivas para el crecimiento de este año de forma transversal.

La demanda interna volverá a crecer, con impulso por parte de sus dos componentes. Por un lado, la caída de la inflación ha permitido una recuperación de las remuneraciones reales, que, combinada con la evolución del empleo, apunta a un crecimiento de la masa salarial que respaldará al consumo. Por otro, la política fiscal contribuirá a la reactivación de la economía en 2024, especialmente a través de su apoyo al sector de la construcción y las medidas adoptadas para agilizar la ejecución de la inversión pública. La inversión privada se incrementará, entre otros, gracias a la recuperación del sector minero, impactado positivamente por la mayor certeza jurídica luego de la aprobación del Royalty Minero.

2. Pacto por el Crecimiento Económico, Progreso Social y Responsabilidad Fiscal

Durante 2023, el Ministerio de Hacienda estuvo enfocado en sentar las bases de un compromiso transversal entre diferentes sectores para financiar gastos sociales urgentes que usualmente presionan con fuerza al gasto fiscal: el envejecimiento de la población y la necesidad de contar con un instrumento de previsión social de amplia cobertura como la Pensión Garantizada Universal (PGU); la atención primaria de salud y reducción de listas de espera; mayores recursos para seguridad; articulación y robustecimiento de un sistema nacional de cuidados para casi medio millón de personas en Chile que no son autónomas.

El 1 de agosto de 2023, el Presidente Boric anunció a través de cadena nacional que se presentaría al país un Pacto Fiscal, al mismo tiempo que se convocó a reuniones con todos los partidos políticos y se encargaron dos estudios, uno a la OCDE y otro a una comisión de expertos, llamada Comisión Marfán.

Esta última se enfocó en conocer los dividendos de crecimiento en los ingresos fiscales. Fue encabezada por el ex vicepresidente del Banco Central, Manuel Marfán, e integrada por la economista Andrea Tokman, los ex presidentes del Banco Central José de Gregorio y Rodrigo Vergara; el exministro de Hacienda, Ignacio Briones; el exdirector de Presupuestos, José Pablo Arellano y la académica Andrea Repetto.

El comité de la OCDE, en tanto, se concentró en los efectos de lograr mayores eficiencias del gasto público.

Ambos comités de expertos presentaron sus conclusiones el 30 de noviembre de 2023. Un mes después, el 21 de diciembre de 2023, el Ministerio de Hacienda dio a conocer los principales ejes del Pacto por el Crecimiento Económico, Progreso Social y Responsabilidad Fiscal.

Desde junio de 2023 el Ministerio de Hacienda encabezó más de 60 reuniones con los representantes de gremios de grandes empresas y de Mipymes, organizaciones de trabajadores, de la sociedad civil, de la academia y representantes de los partidos políticos de oficialismo y oposición. Entre noviembre y marzo, también se realizó un trabajo permanente con los partidos políticos de todos los espectros, convocando a más de 25 reuniones.

Fruto de estas conversaciones surgió la necesidad de una agenda multidimensional que no solo permitiese generar ingresos permanentes a través de medidas que permitan recaudar más impuestos, sino que también impulsar el crecimiento y modernizar el Estado. El Pacto por el Crecimiento Económico, Progreso Social y Responsabilidad Fiscal es una iniciativa integral para generar y movilizar recursos en función de los desafíos económicos y sociales del país cuya implementación de noventa y cuatro medidas requiere de acuerdos políticos y prioridades legislativas.

El trabajo se consolidó en un documento que resume dichas discusiones en 6 grandes ejes: Impulso al crecimiento a través de la inversión, productividad y formalización de la economía (36 medidas); Compromisos de reforma para fortalecer la transparencia, eficiencia y calidad de servicio en el Estado (12 reformas); Necesidades y prioridades de gasto en favor de las necesidades expresadas por la ciudadanía (4 sectores); Principios para un sistema tributario moderno en Chile (12 principios); Fiscalización y cumplimiento de las obligaciones tributarias y reforma al impuesto a la renta (30 medidas) y mecanismos institucionales para el seguimiento, monitoreo y evaluación del Pacto Fiscal por un período de 10 años.

De este total de iniciativas, a la fecha un 72 por ciento se encuentra en tramitación o completadas; un 21 por ciento se encuentra en etapa de elaboración y un 6 por ciento está pendiente.

Entre las medidas aprobadas se encuentran la rebaja transitoria del impuesto de timbres y estampillas; el fortalecimiento del Gobierno Digital y la mejora en la administración de las compras y transacciones de bienes raíces del Estado.

Para estimular el crecimiento, están en elaboración los cambios a los permisos de concesiones marítimas; la mejora a la gestión de los permisos logados al Consejo de Monumentos Nacionales; los fondos de créditos tributarios para inversiones con efecto multiplicador, la ampliación de beneficios a la inversión en investigación y desarrollo y la ampliación de los incentivos a la reinversión de utilidades en el régimen Pyme (los tres incluidos en el proyecto de ley que reforma el Impuesto a la Renta); la reducción por dos años del impuesto de timbres y estampillas para operaciones de financiamiento de inversiones; la creación de la Agencia de Financiamiento para el Desarrollo; la creación de un fondo para incentivar la inversión en empresas de capital de riesgo y en etapas iniciales de su desarrollo; la elegibilidad automática para incentivos tributarios a la inversión; el potenciamiento de los esfuerzos en inversión en innovación y desarrollo productivo; la modernización de la ley de puertos y la logística complementaria; la estrategia para elevar el valor agregado de la minería; el establecimiento de un monotributo ultra simplificado dentro del régimen Pyme; la educación para la elaboración progresiva de estados contables y la realización de una campaña comunicacional para fomentar la formalización.

En lo concerniente a la Modernización del Estado, están en proceso de elaboración la implementación de una estrategia de revisiones selectivas de gasto; la reforma a la Ley de Municipalidades y la reforma al sistema de Alta Dirección Pública.

Por otra parte, la dimensión tributaria, uno de los diversos ejes del Pacto, contiene dos proyectos tributarios, que se han definido como claves para generar el financiamiento para las necesidades de gasto priorizadas.

a. Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias

Este proyecto busca elevar la recaudación fiscal en 1,5 por ciento del PIB siendo esencial para el financiamiento del incremento de la PGU a 250 mil pesos y el incremento de la cotización en seis puntos porcentuales respecto de la calidad del Estado como empleador. Estos recursos también permitirán financiar las necesidades de gasto en materia de seguridad, cumpliendo así con el incremento de 40 por ciento en inversión pública en seguridad, respecto de 2022.

El Proyecto de Ley ya en discusión legislativa -fue presentado el 29 de enero de este año- cuenta con siete ejes dentro de los cuales se enmarcan más de 50 medidas de cumplimiento de las obligaciones tributarias que busca avanzar en una mayor justicia y equidad tributaria, los siete ejes son los siguientes:

• Modernización de la Administración Tributaria y de los Tribunales Tributarios y Aduaneros: busca actualizar procedimientos y forma de fiscalizar del Servicio de Impuestos Internos, Servicio Nacional de Aduanas y el Servicio de Tesorerías. Además, mejora la justicia tributaria mediante una actualización de los procedimientos ante los tribunales tributarios.
• Combate a la informalidad: la informalidad a gran escala genera un fuerte daño a la recaudación fiscal por ello se consideran una serie de medidas para desarticular las redes de informalidad, por ejemplo, mediante una nueva obligación de las instituciones financieras de informar las personas que reciban en sus cuentas 50 o más transferencias de personas distintas.
• Delitos Tributarios: se incrementan sanciones para que la persecución penal sea más efectiva. Además, se introducen dos nuevas figuras: la colaboración sustancial y el denunciante anónimo.
• Planificación Tributaria Agresiva: la elusión daña la economía y rompe con el principio de igualdad y legalidad, por ello este proyecto de ley fortalece la norma general antielusiva, así como las normas antielusivas en materia de tributación internacional.
• Fortalecimiento de la Defensoría del Contribuyente: se le entregan nuevas facultades para que pueda actuar ante todos los órganos de la administración tributaria y también representar a los contribuyentes en los juicios por vulneración de derechos.
• Regularización de las obligaciones tributarias: se moderniza la forma de determinar la tasa de interés de deudas tributarias, se confieren mayor flexibilidad para la suscripción de convenios de pago con el Servicio de Tesorerías y se actualiza el procedimiento para la declaración de deudas incobrables o prescritas.
• Fortalecimiento de organismos fiscalizadores y resguardo de la probidad: la correcta implementación de este proyecto de ley requiere fortalecer tanto a nivel de personal como a nivel tecnológico al Servicio de Impuestos Internos, Servicio Nacional de Aduanas, Servicio de Tesorerías y la Defensoría del Contribuyente.

b. Reforma de impuesto a la renta

Este proyecto incluirá los incentivos tributarios a la inversión contenidos en el Pacto Fiscal, junto a modificaciones de impuestos que permiten, en su conjunto, incrementar la recaudación, generando una mayor recaudación neta de 0,6 por ciento por ciento del PIB.

La reforma del impuesto a la renta buscará dotar de mayor progresividad a nuestro sistema tributario, y mitigar la asimetría en la tributación de las rentas del trabajo y las rentas del capital. Para ello, entre otras medidas, se reemplaza el actual sistema semi integrado por un sistema dual, se implementa un impuesto a la primera distribución de dividendos, se reducen exenciones, y se incrementan las tasas marginales de impuestos personales de aquellos contribuyentes de mayores ingresos.

Finalmente, este proyecto incorpora beneficios tributarios para la clase media y una nueva Ruta del Emprendimiento para apoyar y acompañar a las Pymes durante todo su proceso de desarrollo.

3. Compromisos Sociales Cumplidos

3.1 Reajuste Salario Mínimo

Publicada en mayo de 2023, la Ley N° 21.578 reajustó el ingreso mínimo mensual y determinó elevarlo a 500 mil pesos en julio de 2024 para las personas trabajadoras de entre 18 y 65 años, a través de tres incrementos graduales fijados en la misma normativa. El primer incremento se estableció a 440 mil pesos a contar del 1 de mayo de 2023, el segundo a 460 mil pesos a contar del 1 de septiembre de 2023, y el tercero, que ocurrirá a partir del 1 de julio de 2024, lo elevará a 500 mil pesos. Esto permitirá beneficiar a más de un millón de personas. La ley también estableció un reajuste automático que se aplicará sobre el salario mínimo de 500 mil, de acuerdo con la variación acumulada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre los meses de julio y diciembre de 2024, el que se hará efectivo a contar del 1 de enero de 2025.

La ley también incorporó un mecanismo especial para elevar el salario mínimo durante el mes de enero de 2024, que se gatillaría en el caso de que la variación acumulada del IPC superara cierto umbral. En efecto, se dispuso que el salario mínimo se elevaría a 470 mil pesos a contar del 1 de enero de 2024 en el caso que la variación acumulada del IPC superara el 6 por ciento en un periodo de doce meses a diciembre de 2023. Sin embargo, debido a que la variación acumulada en dicho período alcanzó un menor valor, de 3,9 por ciento, este incremento no procedió a concretarse.

La ley de reajuste también incorporó otros elementos de apoyo en favor de los hogares y personas trabajadoras de menores ingresos mediante el reajuste de los ingresos que determinan los tramos para recibir la Asignación Familiar (AF) y maternal, permitiendo aumentar la cantidad de personas que reciben estos beneficios en más de 98 mil personas.

La Ley N° 21.578 también modificó la Ley N° 21.218 que creó el Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) para continuar apoyando a los trabajadores y trabajadoras de menores ingresos y fomentar el empleo formal. Con este objetivo, se extendió la vigencia del IMG desde el 31 de diciembre de 2023 hasta el 30 de junio de 2024 y se reajustaron los parámetros que determinan el monto del beneficio a recibir en consonancia con el incremento del salario mínimo, lo cual permitirá beneficiar a más personas y extender el periodo en el que se podrá percibir este beneficio.

Además, para ayudar a las Mipymes a costear el aumento en la remuneración de sus trabajadores y trabajadoras producto del reajuste en el ingreso mínimo mensual, se estableció un subsidio temporal de carácter mensual que varía de acuerdo con los cambios que experimenta el salario mínimo, se asocia al tamaño de la empresa, y que irá en beneficio de aproximadamente 180 mil Mipymes y cooperativas. Su vigencia se extenderá hasta abril de 2025.

3.2 Aumento del universo de beneficiarios y beneficiarias de la Pensión Garantizada Universal

En enero de 2023, la Ley N° 21.538 modificó la Ley N° 21.419 que creó la Pensión Garantizada Universal (PGU) con el propósito de avanzar en la universalización de este beneficio y corregir las dificultades asociadas al universo de focalización definido en la ley original. De esta forma, la nueva normativa, que comenzó a regir en abril de 2023, modificó el universo de referencia, ampliando la cantidad de personas mayores beneficiarias.

La Ley N° 21.538 permitió identificar a las personas beneficiarias que solicitan la PGU modificando el grupo de referencia del grupo familiar, fijándolo respecto del 90 por ciento de menores ingresos de la población total del país, en lugar del 90 por ciento de menores ingresos de la población de 65 y más años. Esto permitirá aumentar el número de personas que accede a la PGU, desde un estimado de aproximadamente 73 mil beneficiarios el primer año de implementación de la ley a alrededor de 76 mil personas en régimen.

El proyecto de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias busca elevar la recaudación fiscal en 1,5 por ciento del PIB, siendo esencial para el financiamiento del incremento de la PGU a 250 mil pesos y el incremento de la cotización en 6 por ciento respecto de la calidad del Estado como empleador. Asimismo, estos recursos serán destinados a las necesidades de gasto en materia de seguridad.

3.3 Subsidio Único Familiar y Bolsillo Familiar Electrónico

En marzo de 2023 se publicó la Ley N° 21.550 que dispuso un conjunto de medidas para dar seguridad económica a las personas y familias más vulnerables. Mediante esta normativa, se incrementó la Asignación Familiar (AF) y el Subsidio Único Familiar (SUF) en un 20 por ciento a partir del 1 de mayo de 2023. De esta forma el beneficio aumentó en el primer tramo desde 16.828 pesos a 20.328 pesos por carga para las personas cuyo ingreso mensual no exceda de 429.899 pesos. El segundo tramo, se incrementó desde 10.327 pesos a 12.475 pesos por carga para aquellas personas con ingreso mensual entre 429.899 pesos y 627.913 pesos. El tercer tramo, en tanto, subió de 3.264 pesos a 3.942 pesos por carga para el ingreso mensual ubicado entre 627.913 pesos y 979.330 pesos. Esta medida ha permitido beneficiar a más de 3 millones de causantes pertenecientes a 1,5 millones de hogares.

Por otra parte, la normativa dispuso un procedimiento automático para la concesión del SUF cuando los causantes sean niños, niñas y adolescentes menores a 18 años pertenecientes a los hogares del 40 por ciento más vulnerable de la población. Esta automatización permitiría que cerca de 900 mil personas que no accedían al SUF, pudiesen obtenerlo sin necesidad de postulación.

Además, por intermedio de esta Ley se creó el Bolsillo Familiar Electrónico (BFE), innovación que permite la entrega de un aporte de cargo fiscal mensual para ayudar a los hogares a compensar el alza de los precios de los alimentos y cuya vigencia fue establecida inicialmente entre el 1 de mayo y hasta el 31 de diciembre de 2023. Durante 2023 fue entregado a un millón 600 mil beneficiarios y beneficiarias y a tres millones 100 mil causantes.

La Ley N° 21.550 también dispuso que, durante noviembre de 2023, el Ministerio de Hacienda debía presentar un informe a las Comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados y Diputadas y del Senado, dando cuenta detallada del funcionamiento de este beneficio. Este informe fue desarrollado por el Banco Mundial (BM) en colaboración con el programa “Government to People” (G2Px) de la fundación Bill y Melinda Gates, orientada al mejoramiento de los pagos gubernamentales a las personas a través de la digitalización. La evaluación realizada concluyó que el BFE cumple con efectividad su propósito de entregar recursos monetarios a los hogares para la compra de productos en un contexto de incremento en el precio de los alimentos. Ello se evidencia en sus altas tasas de uso, las cuales lograron ubicarse por sobre el 95 por ciento, lo que equivale a más de 1,4 millones de beneficiarios, que lo utilizaron en su mayoría en comercios de menor tamaño, tales como almacenes, carnicerías y panaderías.

Como resultado de la positiva evaluación de su funcionamiento, en cumplimiento del mandato establecido en la Ley N° 21.550, la vigencia del Bolsillo Familiar Electrónico fue extendida por ley hasta el 30 de abril de 2024.

También debido a su carácter innovador, el Bolsillo Familiar Electrónico fue reconocido con el Premio Nacional de Innovación Avonni 2023 en la categoría de Innovación Pública BID, el cual se entrega año a año a casos exitosos que están creando valor mediante la innovación en distintos rubros y categorías, posicionándose como la herramienta proveniente de la gestión pública más innovadora de 2023.

El Bolsillo Familiar Electrónico también ha permitido su uso para atender situaciones de emergencia mediante la creación de un Bolsillo Electrónico de Emergencia que se adiciona al bolsillo original y que permite canalizar ayudas Estatales para apoyar a las familias afectadas por la ocurrencia de desastres naturales.

Entre 2023 y 2024, se han registrado dos ocasiones en los cuales se puso a disposición de los hogares con viviendas afectadas este beneficio con el objetivo de favorecer la adquisición de materiales de construcción por parte de los afectados: las fuertes lluvias ocurridas en agosto de 2023 en la zona centro-sur del país y los incendios ocurridos en la Región de Valparaíso en febrero de 2024. Ello permitió entregar a los hogares una transferencia de hasta 50 UF, cuyo monto variaba en función del grado de afectación de la vivienda, y que solo podía ser utilizado en compras en comercios del rubro de la venta de materiales de construcción. De esta manera, gracias a la experiencia obtenida mediante el Bolsillo Familiar Electrónico, se logró entregar ayudas efectivas y focalizadas, a las personas en un plazo menor a 30 días.

3.5 Aporte Familiar Permanente extraordinario y bono invierno

En febrero de 2024 comenzó la entrega del Aporte Familiar Permanente (también conocido como Bono Marzo), correspondiente a un beneficio que se otorga a las familias de menores ingresos que cumplen con los requisitos establecidos en la ley y que se entrega de forma regular por una sola vez a comienzos de cada año. Para el año 2024, el monto de este beneficio alcanzará un valor de 61.793 pesos por carga o causante que da derecho al aporte y su entrega se realizará en tres grupos a partir del 15 de febrero de 2024, beneficiando a más de un millón 600 mil familias a través de tres millones 100 mil aportes familiares. Para acceder a este beneficio, las personas deberán acreditar haber estado recibiendo pagos a diciembre de 2023 por el Subsidio Único Familiar (SUF), la AF o Maternal, o pertenecer al Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar) o a Chile Solidario.

En junio de 2023 se entregó un aporte extraordinario para incrementar el bono de invierno que se entrega de forma regular en mayo de cada año. Este aporte, de cargo fiscal, tuvo un valor de $60 mil y su pago se realizó por parte del Instituto de Previsión Social (IPS) en una sola cuota y sin necesidad de postulación a quienes cumplían con los requisitos para recibirlo, incluyendo a las personas de 65 o más años, beneficiarias del Bono de Invierno que se otorga de acuerdo con el artículo 20 de la Ley N° 21.526, alcanzando aproximadamente 1,6 millones de personas a nivel nacional.

3.6 Ante Emergencias

3.6.1 Fondo de Reconstrucción

Durante el año se fortaleció la Secretaría Técnica del Fondo Nacional de Reconstrucción, activa para gestionar proyectos de reconstrucción con financiamiento de privados para ir en ayuda de los damnificados de cuatro catástrofes en forma simultáneas: incendios (febrero 2023), lluvias (junio 2023 y agosto 2023) e incendio Valparaíso (febrero 2024). Esto permitió gestionar el financiamiento privado y el inicio de la ejecución de 76 proyectos de la cartera de reconstrucción de catástrofes 2023-2024, de un total de 196 proyectos disponibles para recibir donaciones a través del fondo.

Para ello, se trabajó coordinadamente con gremios empresariales y organizaciones de la sociedad civil para la búsqueda de financiamiento y ejecución de proyectos de reconstrucción post-catástrofes. En febrero de 2024, esta colaboración permitió reaccionar rápidamente en la búsqueda de financiamiento para la reconstrucción del incendio en Valparaíso, anunciando los primeros aportes privados semanas después de la catástrofe. Así, se logró mejorar los tiempos de asignación de recursos a proyectos a través del fondo, reduciendo de cinco meses en el caso de febrero de 2023 a solo un mes en el caso del incendio de febrero de 2024.

Hasta el momento más de 30 comunidades territoriales, dos comunidades educativas y más de mil 300 hogares afectados por catástrofes recientes están siendo beneficiados directamente por proyectos de reconstrucción en ejecución a través del Fondo

3.6.2 Gestión del riesgo financiero de Desastres Naturales

Considerando el impacto que los desastres naturales pueden tener en las finanzas públicas y el manejo de la deuda, durante 2023 esta cartera estructuró un esquema de manejo de riesgos financieros provenientes de desastres naturales, con el fin de acotar los impactos sobre las finanzas públicas. El primer elemento de este esquema involucró la contratación de un seguro contra terremotos con el Banco Mundial, contra la emisión por parte de éste de un bono catastrófico (CATBOND, por sus siglas en inglés) por hasta 630 millones de dólares. En esta misma línea, el ministerio se encuentra constantemente evaluando instrumentos financieros de mercado y con bancos de desarrollo multilaterales para proteger las finanzas públicas ante eventos provocados por la naturaleza.

Además, mediante una indicación ingresada al proyecto de ley que modifica la Ley de Responsabilidad Fiscal, se crea un Fondo para Desastres Naturales (Foden), destinado a financiar gastos e iniciativas fiscales, en caso de uno o más desastres naturales.

4. Medidas Procrecimiento

4.1 Ley del Royalty

El 1 de enero de 2024 entró en vigencia, la Ley 21.591 que crea un Royalty Minero, estableciendo un esquema tributario para la gran minería, que deja exenta a la pequeña minería (menos de doce mil toneladas de producción). Respecto de la mediana minería (menos de 50 mil toneladas de producción) se establece una tasa progresiva de entre 0,4 por ciento y 4,4 por ciento según producción anual.

Respecto de la producción sobre 50 mil toneladas (gran minería), se distingue entre dos categorías. La primera, corresponde a los explotadores mineros cuya producción de minerales distintos al cobre supere el 50 por ciento. Estos tendrán que cumplir con una tasa efectiva de entre 5 por ciento y 14 por ciento según el margen operacional minero, manteniendo el régimen actual. La segunda corresponde a los explotadores cuya producción provenga en más de un 50 por ciento de cobre. Estos quedarán sujetos al componente ad-Valorem de un 1 por ciento, y a una tasa progresiva de entre ocho y 26 por ciento, según su margen operacional minero, la suma de ambos constituye el impuesto a pagar.

Como parte de los esfuerzos para entregar certeza y competitividad en el sector, se establece un límite de carga máxima potencial equivalente a 46,5 por ciento. Este techo se reduce a 45,5 por ciento para los explotadores con producción promedio en los últimos 6 años menor a 80.000 toneladas de producción.

De la recaudación del Royalty Minero, 450 millones de dólares se destinarán a regiones y comunas a través de los siguientes mecanismos:

1. Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo: Este contará con 225 millones de dólares, los que serán distribuidos a partir de las normas del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).
2. Fondo de Comunas Mineras: Este contempla 55 millones de dólares, los que se destinarán a comunas mineras, o sea, aquellas que tengan faenas o actividades relacionadas a la minería, como fundiciones o puertos;
3. Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial: Este considera 170 millones de dólares, los que irán a las comunas con mayor dependencia de Fondo Común Municipal.

En 2024, como resultado de un acuerdo con los parlamentarios en el marco de la Ley de Presupuestos, se estableció un Fondo que permitió adelantar recursos por el equivalente al 50% de lo que establece la ley del royalty. De esta forma, en abril se transfirieron más de $70.000 millones a 300 comunas beneficiadas por Equidad Territorial, recursos que beneficiarán a más de 12 millones de habitantes; y se asignaron casi $23.000 millones a 43 comunas mineras.

En forma adicional, en el marco de la tramitación de la Ley de Royalty se suscribió un compromiso para crear una Mesa de Royalty Minero para identificar las medidas presupuestarias, administrativas y legales necesarias para agilizar la inversión del sector. La instancia que estuvo conformada por el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Ministerio de Minería, Ministerio del Medio Ambiente, Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Dirección General de Aguas (DGA), Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), Consejo Minero y la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (APRIMIN) entregó sus conclusiones el 26 de marzo tras un arduo trabajo que se prolongó por 8 meses.

Tras 12 sesiones de trabajo, la Mesa definió diversas medidas desde reformas de tipo legal y reglamentaria, hasta la generación de guías y manuales, y la revisión y modernización de procesos y sistemas para la tramitación de permisos. Se espera que estas medidas tengan un impacto positivo en la inversión minera en Chile, al simplificar y agilizar los procesos de tramitación de permisos, lo que a su vez fomentará la inversión en el sector. Asimismo, se prevé que estas medidas mejoren la calidad de servicio y experiencia usuaria en los trámites relacionados con la obtención de autorizaciones y permisos para el desarrollo de proyectos de inversión. El Gobierno se comprometió a adoptar las medidas necesarias para reducir en un tercio el tiempo de tramitación de permisos para proyectos de inversión minera, sin que ello afecte el cumplimiento de la normativa ambiental u otros objetos de protección.

En paralelo, se solicitó a la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) un estudio sectorial pionero en su tipo que contuviera tres elementos: primero, una tipología de proyectos mineros y su interacción con aquellos permisos considerados críticos, que son los que demoran más tiempo; segundo, construir una línea de base de medición que contemple la ruta crítica de permisos para proyectos de inversión; y en tercer lugar generar un mecanismo de seguimiento y monitoreo de reporte anual de los avances respecto al cumplimiento de la meta de reducción de plazos de tramitación de faenas mineras. Informe fue entregado el mismo día de las conclusiones de la Mesa Técnica.

4.2 Ampliación y fortalecimiento de programas de garantías estatales

Con fecha 13 de febrero de 2023, se publicó la Ley Nº 21.543 que crea un Fondo de Garantías Especiales (FOGAES) destinado a garantizar créditos u otros mecanismos de financiamiento de actividades económicas determinadas en el marco de programas creados por ley, con una finalidad determinada y una vigencia acotada. Los primeros dos programas con cargo al Fondo son los siguientes:

1. “Programa de Garantías Apoyo a la Construcción”, destinado a dar garantías al financiamiento a empresas del sector inmobiliario, de la construcción o directamente conexas con éstos, con ventas netas anuales por sobre las cien mil unidades de fomento y que no excedan de un millón de unidades de fomento, y que cumplan con los criterios de sostenibilidad y solvencia definidos en el Reglamento.
2. “Programa de Garantías Apoyo a la Vivienda”, destinado a garantizar una fracción del crédito a personas naturales en la adquisición de su primera vivienda, cuyo valor no supere las cuatro mil 500 unidades de fomento, y sin que la persona hubiese recibido ningún tipo de subsidio o beneficio estatal para su financiamiento. En este programa, el Fondo no podrá garantizar más del 10 por ciento del valor de la vivienda.

En abril de 2024 se aprobó la Ley que modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de adoptar medidas para combatir el sobreendeudamiento. Entre otras iniciativas, con esta Ley se crea un nuevo programa de garantías para refinanciamiento de personas sobreendeudadas al alero del FOGAES, que incentive la posibilidad de que las instituciones financieras puedan refinanciar las deudas de personas que posean un alto nivel de endeudamiento, con condiciones más favorables a las de los créditos que sustituyan, generando así una reducción de la carga financiera mensual.

Además, se modifican los programas de garantías “Apoyo a la Construcción” y “Apoyo a la Vivienda”, del Fondo de Garantías Especiales (FOGAES), para apoyar al giro de la construcción, y conseguir uno de los objetivos originales de la política pública de impulsar la construcción de obras con fines públicos. En esta normativa se ampliaron los plazos hasta diciembre de 2024 para acceder a ambos programas, ampliando la cobertura en todos los tramos en un 10% en el caso del Programa de Garantías Apoyo a la Construcción.

4.3 Portal Conoce Tu Deuda

En octubre de 2023 se lanzó la plataforma Conoce tu deuda, trabajo conjunto entre la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y el Laboratorio de Gobierno del Ministerio de Hacienda.

La plataforma, junto con entregar el detalle de las obligaciones crediticias de las personas como la institución, el tipo de crédito, y el estado de mora, permite el acceso a herramientas de planificación financiera y recomendaciones destinadas a mejorar la gestión financiera.

Existen diversos informes privados que entregan información sobre las deudas personales, pero a un costo bastante alto para la mayoría de las personas. En cambio, esta plataforma es gratuita y se actualiza cada siete días, lo que permite un flujo de información constante y relevante. Además, el informe trabajado por la CMF y el Laboratorio, con el apoyo de la Secretaría de Modernización, entrega recomendaciones para mejorar la toma de decisiones según el nivel de endeudamiento.

Desde su lanzamiento hasta noviembre de 2023, la plataforma ha registrado un notable incremento en el uso por parte de las personas usuarias. Durante noviembre, se observó un total 979 mil 799 visitas a la plataforma y 249 mil 050 descargas del Informe de Deudas, aumentando en 328 por ciento en el acceso al portal y un alza de 130 por ciento en las descargas del informe. En términos de eficiencia, se ha logrado reducir el tiempo de resolución de reclamos en un 81 por ciento, pasando de 54 a solo 10 días, lo que ha mejorado significativamente la experiencia de los usuarios.

Por otro lado, mil 683 personas usuarias han identificado discrepancias en su información de deudas y han solicitado aclaraciones a las instituciones financieras. En términos de revisión de solicitudes de aclaraciones, se han procesado 776, siendo destacable que el 47 por ciento de ellas (365 solicitudes) han sido acogidas positivamente por las instituciones financieras. Este reconocimiento de discrepancias resulta en la corrección de datos en los informes de deudas.

5. Modernización del Estado y Más Transparencia

5.1 El Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado sesionó 24 veces durante el 2023, entregando propuestas al Ministro de Hacienda sobre una implementación focalizada de la Agenda de modernización 2022-2026. El Consejo propuso priorizar tres ejes: El primero, la Transformación Digital del Estado; el segundo, la Productividad, Servicios Ciudadanos y Experiencia Usuaria; y el tercero, la Descentralización. Este informe se presentará al Presidente de la República durante el primer semestre de 2024.

Respecto de la Agenda de Modernización 2022-2026, durante 2023 se definieron 101 hitos como indicadores de avance, logrando el cumplimiento de 41 por ciento y avances en 54 por ciento de ellos dentro de los cuales se destaca el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Integridad Pública, la implementación del Sistema de Calidad de Servicio y Experiencia Usuaria, la elaboración de una Agenda de Productividad con foco en la Inversión, la publicación de los reglamentos asociados a la implementación del Sistema de Garantías de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, además de la promulgación de la ley que moderniza las compras públicas.

Por otra parte, el Comité de Modernización sesionó en 12 oportunidades durante el 2023, y se enfocó en efectuar un seguimiento detallado y priorizado de la Agenda, implementando una metodología de seguimiento focalizado a tres iniciativas consideradas prioritarias en las agendas transversales de gobierno: La implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), El Sistema Unificado de Permisos Sectoriales (SUPER) y el Sistema Nacional de Cuidados.

5.2 La ley N°21.658, publicada en el Diario Oficial el viernes 09 de febrero de 2024, creó en el Ministerio de Hacienda la Secretaría de Gobierno Digital con atribuciones como:

1. Proponer al Ministro/a de Hacienda la Estrategia de Gobierno Digital y coordinar su implementación,
2. Coordinar, asesorar y apoyar intersectorialmente en el uso estratégico de tecnologías digitales, datos e información pública para mejorar la gestión de los órganos de la Administración del Estado y la entrega de servicios,
3. Desarrollar y operar plataformas y servicios compartidos, a lo menos, de interoperabilidad e identidad digital, la cual es una función nueva. La nueva Ley establece un Reglamento, el que le dará mayor flexibilidad y capacidad para adaptarse a los permanente cambios tecnológicos. Regulará con más detalle: monitoreo, seguimiento y evaluación de medidas y acciones de Gobierno Digital, facultad de Secretaría para solicitar información a los órganos de la Administración, y toda otra materia necesaria para el adecuado ejercicio de sus competencias.

La transformación digital es un eje central de la Agenda de Modernización del Estado 2022- 2026 del Gobierno del Presidente Boric, su objetivo principal es contribuir al fortalecimiento de la confianza de la ciudadanía en las instituciones del sector público. El eje de transformación digital de la agenda incluye medidas sobre interoperabilidad, inversión en tecnología, datos y, por supuesto, fortalecimiento institucional.

La llegada de la Secretaría de Gobierno Digital al Ministerio de Hacienda amplifica significativamente las posibilidades de cumplimiento de estos objetivos. Hacienda lidera la agenda de modernización del Estado, y en él se encuentra el ecosistema de modernización como el Laboratorio de Gobierno, trasladado también el año 2022, la Secretaría de Modernización, y otros servicios relacionados con funciones transversales para el Estado como el Servicio Civil, en el caso de la gestión y desarrollo de las personas, la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) y ChileCompra. Lo anterior implica reunir sinergias necesarias para consolidar reformas claves para el Estado.

5.3 Portal Empresas Estatales

En enero de 2024 fue presentado al público el sitio web www.empresasestatales.cl, el que permite reunir por primera vez en un solo sitio digital, información normativa, financiera y no financiera de las empresas estatales del país. Este nuevo desarrollo pone al día a Chile en esta materia, siguiendo las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), respecto a mejores prácticas de transparencia y difusión de la información de empresas estatales. Esta plataforma, que también incorpora información sobre brechas salariales, de género, auditorías y clasificaciones de riesgo, proporciona información para cada una de las 28 empresas estatales durante los últimos cinco años, de manera individual, agregada, y sectorizada, permitiendo su visualización y descarga en gráficos y tablas de datos. Además, incorpora secciones relacionadas al rol empresarial del Estado y una dimensión educativa con información de fácil acceso para la ciudadanía.

Esta iniciativa se ha desarrollado con la valiosa colaboración de cada una de las empresas estatales, las que han proporcionado la información presentada en el sitio web. Los equipos creadores han tenido un carácter multi institucional, incluyendo el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Presupuestos, Laboratorio de Gobierno, el Sistema de Empresas Públicas (SEP) y la Misión de Chile ante OCDE, permitiendo dar un paso importante en materia de la transparencia, integración de información y comprensión de las empresas estatales para la ciudadanía.

6 Género en Hacienda

6.1 Emisión de bonos temáticos “Bono de género”

En junio de 2023 el Gobierno de Chile, a través del Ministerio de Hacienda, realizó la exitosa colocación de bonos vinculados a sostenibilidad con compromisos asociados a igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, siendo pioneros en el mundo al asumir un compromiso así en una transacción de este tipo. Uno de los indicadores incluidos en esta operación es aumentar el porcentaje de mujeres en directorios de empresas, alcanzando a 2031 una participación de 40 por ciento en empresas fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

6.2 Presupuesto con perspectiva de género

Se ha trabajado de manera intersectorial en la revisión y evaluación de diferentes acciones para el desarrollo de un presupuesto con perspectiva de género (PPG), realizando instancias consultivas junto a otras Secretarías de Estado. Dicho proceso ha sido liderado principalmente por la DIPRES y la Coordinación de Género del Ministerio de Hacienda, en miras a avanzar en las definiciones necesarias para el proyecto de PPG.

La DIPRES ha trabajado una serie de documentos y estudios respecto a presupuestos con perspectiva de género. En particular, publicó en diciembre de 2023 un estudio sobre la ejecución del gasto público en políticas de género, con el objeto de estimar cuantitativamente —bajo un ejercicio teórico— el gasto público con perspectiva de género, en programas o políticas que tengan esa perspectiva. Asimismo, durante el proceso de formulación presupuestaria 2024 se implementó el piloto de la metodología de etiquetado mediante la aplicación de un nuevo instrumento, llamado “Formulario T”, proporcionando la documentación y guías necesarias para llevar a cabo dicho ejercicio.

6.3 Fortalecimiento de las capacidades en materia de género en el quehacer ministerial

En el marco de la colaboración con ONU Mujeres se desarrollaron diferentes procesos de diagnóstico institucional de género para cuatro servicios de Hacienda. Esta es una acción relevante que se enmarca en los Compromisos Ministeriales de Género y en las etapas necesarias para avanzar en la certificación de la Norma Chilena 3262.

Adicionalmente, se publicaron dos guías para orientar la incorporación de la perspectiva de género en proyectos de innovación pública y en proyectos de modernización. Estas guías fueron preparadas de manera colaborativa entre la Coordinación de Género del Ministerio de Hacienda, en conjunto con el Laboratorio de Gobierno y la Secretaría de Modernización del Estado respectivamente.

6.4 Reporte de directoras en empresas

En marzo de 2024 se publicó el Quinto reporte de indicadores de género en las empresas en Chile 2022, elaborado en conjunto con el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, la Organización Internacional del Trabajo y la Fundación ChileMujeres. Este Reporte que se realiza desde 2020 (con datos del año anterior) busca visibilizar las desigualdades de género en empleo y participación de mujeres en empresas que reportan a la CMF.

El reporte utiliza información que las entidades inscritas en el Registro de Emisores de Valores reportan a la CMF, a través de la Norma de Carácter General N° 386 de 2015. Esta norma establece el requerimiento de divulgación de información en la memoria anual de las empresas sobre diversidad de hombres y mujeres en los directorios, en las gerencias de primera línea y en toda la organización, así como la brecha en los salarios por género. A partir de esa información se analizan cinco indicadores: a) participación de mujeres en las organizaciones; b) participación de mujeres en gerencias de primera línea; c) participación de mujeres en directorios; d) brecha salarial a nivel administrativo y medio; y e) brecha salarial a nivel ejecutivo. Junto con estos indicadores, se identifican las “Empresas Cero” para cada indicador de participación (correspondiente a las organizaciones sin mujeres a nivel general en la organización, en las gerencias de primera línea y en el directorio).

Entre los principales resultados del Quinto Reporte se puede mencionar el hecho de que a mayor nivel jerárquico en las empresas es menor la participación de mujeres; y que la brecha salarial de género persiste y se va agrandando a medida que se va escalando en jerarquía de las organizaciones, es decir la brecha es mayor a mayor nivel jerárquico.

7. Compromiso con las Finanzas Públicas

7.1 Apoyado por el seguimiento y control de la ejecución presupuestaria del gasto, el 2023 se alcanzó una ejecución del 100 por ciento del gasto consultado en la Ley de Presupuestos tramitada en el Congreso Nacional, cumpliéndose así, con la meta de gasto fijada para el año.

Además, se cumplió con una meta de Balance Cíclicamente Ajustado de -2,6 por ciento del PIB para el año 2023. Esto ha implicado un nivel de deuda pública al cierre de 2023, de 39,8 por ciento del PIB, menor al estimado al inicio de la administración (41,6 por ciento del PIB), y por lo demás, se mantiene bajo el nivel prudente de deuda para el mediano plazo (45 por ciento del PIB) contribuyendo hacia la sostenibilidad de las finanzas públicas.

7.2 Fondos Soberanos

Al cierre 2023, el valor de mercado de los Fondos Soberanos alcanzó catorce mil 669 millones de dólares, correspondiendo seis mil 30 millones de dólares al Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) y ocho mil 639 millones de dólares al Fondo de Reserva de Pensiones (FRP), equivalente a un 2,0 y 2,9 por ciento del Producto Interno Bruto de 2022. Ello tras retirar 300 millones de dólares del FRP para financiar, en parte, las obligaciones del fisco en pensiones, y recibir un aporte de mil 641 millones de dólares, financiados en su totalidad desde el Fondo de Estabilización Económica y Social.

Durante el año 2023 ambos fondos obtuvieron rentabilidades netas en dólares positivas. La del FEES fue 2,36 por ciento y la del FRP, 11,35 por ciento. Desde su inicio, las rentabilidades netas anualizadas en dólares fueron de 1,47 por ciento para el FEES, y de 3,21 por ciento para el FRP, mientras que en pesos fueron de 4,51 por ciento y 6,30 por ciento, respectivamente.

Tras la recomendación del Comité Financiero, entidad responsable de asesorar al Ministro de Hacienda en materia de políticas de inversión, a fines de 2023 se modificó la asignación estratégica de activos del FEES. El principal objetivo de la nueva asignación es maximizar el valor en pesos del fondo en eventos poco frecuentes y de alto impacto que pueden causar un estrés financiero en el país.

Por otro lado, el Ministerio de Hacienda, junto con el Comité Financiero y la consultora Mercer Investment Consulting, comenzaron a evaluar la incorporación de inversión responsable en los fondos. En base a una serie de planteamientos generales en asuntos ambientales, sociales y de gobernanza realizados por el Ministerio de Hacienda, el Comité Financiero recomendó incorporar inicialmente consideraciones asociadas al cambio climático en una pequeña parte del portafolio accionario del Fondo de Reserva de Pensiones.

8. Documento de trabajo del Consejo Consultivo del Mercado de Capitales

El 11 de diciembre de 2023, el Consejo Consultivo del Mercado de Capitales hizo entrega al Ministro de Hacienda, del primer informe emanado de los grupos de trabajo con sugerencias y recomendaciones para el perfeccionamiento del marco de políticas y regulaciones financieras.

Desde su reactivación en noviembre de 2022, el Consejo se abocó a cuatro grandes temas que fueron abordados en dicho informe:

1. Inclusión y medios de pago, que comprende el uso de nuevos medios digitales entre otros aspectos;
2. Intermediación, que incluye bancos, cooperativas y otros actores relevantes;
3. Mercado de Valores, en el cual se revisaron nuevos estándares de última generación como gobierno corporativo, finanzas verdes y sostenibilidad, entre otros, y;
4. Pensiones y ahorro, que fueron tratados de manera conjunta.

9. Impulso al Comercio Exterior

9.1 Dentro de la activa participación del Ministerio de Hacienda en materia de política comercial y negociación de Tratados de Libre comercio, se destaca la firma a finales de 2023 del Acuerdo Marco Avanzado y un Acuerdo Comercial Provisional entre Chile y la Unión Europea, para reforzar la cooperación política y fomentar el comercio y la inversión. Chile se convierte en el primer país de la región en sellar un acuerdo de última generación con la UE, convirtiéndose así en el principal socio dentro del continente. Destacan los importantes compromisos en materia medioambiental y sostenibilidad, los grandes avances que buscan fomentar el rol de las pymes, la igualdad de participación de género en materia de comercio, y la profundización de compromisos ya existentes, como por ejemplo en materia de acceso de bienes, servicios y servicios financieros.

En enero de este año, culminó la etapa de negociación del proceso de modernización del Acuerdo de Libre Comercio existente entre Chile y de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés). En este destaca, entre otras disciplinas comerciales, la inclusión de un capítulo de Servicios Financieros ambicioso y con los más altos estándares, en materia de acceso a mercados y no discriminación para los proveedores de servicios financieros de las Partes.

En noviembre de 2023 fue aprobada por unanimidad en el Senado la iniciativa que enmienda el Convenio para Evitar la Doble Tributación entre Chile y Estados Unidos de América, el cual entró en vigor en enero de 2024. Este Convenio busca fomentar el comercio y la inversión entre ambos países, reduciendo las barreras impositivas para las empresas y las personas naturales fortaleciendo nuestras relaciones económicas-comerciales bilaterales.

En marzo de este año, Chile asumirá la Presidencia Pro-Tempore de la Alianza del Pacífico. En este marco, el Ministerio de Hacienda de Chile lideró el inicio del trabajo técnico del Consejo de Ministros de Finanzas, que nace como una instancia de coordinación que reporta directamente a los Presidentes de los cuatro países, sobre propuestas y avances en iniciativas de integración económica y financiera.

A ello se suma que este Ministerio fue electo en 2023 por los miembros de la Plataforma Regional de Ministros de Hacienda para el Cambio Climático para asumir la Presidencia Pro Tempore para el período 2023 – 2024. Esta plataforma busca fortalecer el intercambio de conocimiento, experiencias, y de poner en práctica soluciones concretas, objetivos que Chile propuso fortalecer. También desde 2023, el Ministerio retomó su participación en el directorio del Fondo Verde del Clima (GCF por sus siglas en inglés) asumiendo la dirección alterna y formando parte del Comité de Presupuestos, ejerciendo un rol de liderazgo regional en la discusión sobre políticas de financiamiento, inversión y gobernanza del fondo.

9.1 Programa de Exportación de Servicios Globales

El 2023 marcó un récord en las exportaciones de servicios que, según cifras del Servicio Nacional de Aduanas, se elevaron hasta los 2.437 millones de dólares, 51 por ciento mayor a 2022. El Programa de Apoyo a la Exportación de Servicios Globales tiene como objetivos impulsar y liderar políticas que contribuyan al incremento de las exportaciones de servicios, atraer la inversión extranjera que potencie el desarrollo de los servicios y mejorar el capital humano existente, incrementando de esta forma el empleo, descentralizando y diversificando nuestra matriz exportadora y posicionando a Chile como una plataforma de servicios.

Durante 2023, el Programa de Exportación de Servicios se enfocó en fortalecer la iniciativa Talento Digital, logrando gestionar más de seis mil becas, con las cuales se ha logrado capacitar a 23 mil personas en sus cinco años de ejecución. Asimismo, respecto al trabajo relacionado a la atracción de inversión extranjera, durante 2023 el Programa trabajó con InvestChile en la implementación de 25 proyectos con inversiones sobre 800 millones de dólares y la creación de más de 600 empleos, entre los que se destacan la instalación del centro de datos de Ascenty y la expansión Data Center de Nabiax. Se instalaron agregadurías en Washington y Berlín las que, durante 2023, materializaron proyectos por más de mil 927 millones de dólares con dos mil 945 empleos.

Respecto del trabajo que el Programa realiza con el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, destaca el fortalecimiento del programa Catálisis que busca la aceleración de exportación de servicios de empresas de base científica y tecnológica (EBCT). A través de esta iniciativa se prestó apoyo a 78 start ups.

Asimismo, para incorporar la perspectiva de género, el Comité Público Privado de Exportación de Servicios elaboró y aprobó de forma unánime una Hoja de Ruta de Género para las Exportaciones de Servicios.

9.3 Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEX)

En 2023 se avanzó decididamente hacia la digitalización de procesos de comercio exterior, y la universalidad en el uso de SICEX. Dentro de los avances, destaca que ahora se permite la devolución anticipada del IVA Exportador a través de la legalización anticipada de la declaración aduanera, lo que fue posible mediante la integración de SICEX con los puertos marítimos, a los que se sumó la incorporación de la empresa portuaria Talcahuano-San Vicente.

Un hito del año corresponde al importante avance hacia la incorporación de todos los tipos de operaciones de importación, otra de las medidas comprometidas. A partir de noviembre de 2023, se masificaron las operaciones de importaciones tipo 101 y 151, incrementando el uso de SICEX para la realización de estas tramitaciones. Por otra parte, a diciembre de 2023, se incorporaron 21 tipos de operaciones adicionales, de un total de 41 que en la actualidad se pueden tramitar mediante el formulario “Declaración de Ingreso” (DIN), con lo que actualmente el 60,9 por ciento de los tipos de importaciones se puede realizar en SICEX.

Para integrar SICEX con ventanillas de comercio exterior extranjeras, se avanzó en el intercambio electrónico de los certificados zoosanitarios con los países de la Alianza del Pacífico y Uruguay. Además, al intercambio electrónico de datos de declaraciones aduaneras entre Chile y México, se sumó Colombia. A nivel local, hubo avances importantes en la definición, diseño y construcción de la integración de SICEX con la Ventanilla Única Marítima (VUMAR), lo que permitirá el acceso sistematizado de los datos navieros, aumentando la eficiencia y competitividad en el sistema portuario nacional y en el comercio exterior chileno en general.

En cuanto a la modernización del proceso documental y de carga del aeropuerto de Santiago, durante 2023 se finalizó la etapa de análisis, diseño y construcción del nuevo modelo y se encuentra en período de pruebas. Dichos trabajos se han realizado entre actores públicos y privados

10. Finanzas Sostenibles

10.1 En el marco de la actualización de la Estrategia Financiera frente al Cambio Climático, el Ministerio de Hacienda ha alcanzado logros clave, destacando el análisis de brechas financieras para cumplir con los compromisos climáticos del Estado, concluyendo con la estimación de costos de la Estrategia Climática de Largo Plazo y la identificación de recursos asignados a estas metas en marzo de 2024. Adicionalmente, se ha extendido el enfoque de la estrategia abordando compromisos relacionados con biodiversidad, transición socio ecológica justa y economía circular, creando a finales de 2023 un comité con representantes del Ministerio del Medio Ambiente, orientado en guiar y compartir el desarrollo de información relevante para esta estrategia de mayor alcance.

Con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y en directa coordinación con la Dirección de Presupuestos, se unificaron criterios metodológicos en conjunto con el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, lo que permitió elaborar y publicar el primer Informe de Inversión Climática que establece el art. 38 de la Ley Marco de Cambio Climático, en septiembre de 2023. Además, se desarrolló un instructivo para integrar descriptores de cambio climático en el Sistema Nacional de Inversiones y se llevó a cabo una estrategia de difusión. Por último, se iniciaron pilotos de gasto privado en cambio climático con empresas privadas y públicas.

10.2 Taxonomía de Actividades Económicas Medioambientalmente Sostenibles

Siguiendo con los esfuerzos de estandarización, tras un proceso de análisis y discusión realizado por el Comité Preparatorio para el desarrollo de una Taxonomía de Actividades Económicas Medioambientalmente Sostenibles, se publicó la estructura de esta taxonomía. Desde entonces, se ha trabajado en establecer la gobernanza apropiada, liderada por esta cartera como nivel directivo y facilitando la incorporación de expertos en los niveles coordinador y técnico. Además, se inició un proceso participativo de revisión, velando por la transparencia y la inclusión en la evolución de esta herramienta.

10.3 Capital Natural

En seguimiento al importante hito de creación del Comité de Capital Natural en febrero de 2023, se publicó el documento “Capital Natural: El Valor de la naturaleza y la biodiversidad en el desarrollo sostenible”, que resume la visión conjunta de la problemática que aborda el comité, sus objetivos y las contribuciones de cada integrante. Con el insumo de dos consultorías, se trabajó en consensuar un lenguaje común para una Hoja de Ruta que permita trabajar hacia los objetivos priorizados en el corto y mediano plazo. Sumado a esto, el país se hizo parte del proyecto capital natural (NATCAP, por sus siglas en inglés) de Stanford, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, a través del cual se está desarrollando un piloto en una cuenca del país.

10.4 Colaboración BID

Con el fin de gestionar de mejor manera los incendios forestales, el ministro de Hacienda solicitó la colaboración del BID para llevar adelante un programa para fortalecer la capacidad regional de detección temprana, preparación y respuesta ante incendios forestales que incluye el diseño de un mecanismo regional permanente que permita una respuesta expedita a estos eventos. Una primera propuesta se presentó en la Asamblea de Gobernadores de Punta Cana, en marzo de 2024.

10.5 Mesa Público-Privada de Finanzas Verdes

Respecto de la Mesa Público-Privada de Finanzas Verdes, durante 2023 se establecieron seis Grupos de Trabajo Temáticos, nacidos del propio interés de las instituciones participantes por desarrollar temas específicos, tales como Descarbonización, Taxonomía, y Divulgación y Cumplimiento, los cuales son liderados por representantes de las instituciones participantes y apoyados por el Ministerio de Hacienda. Se trabajó además en la renovación de los compromisos adquiridos en el Acuerdo Verde.

11. Actividad legislativa

11.1 Proyectos de Ley

El Ministerio de Hacienda en su rol de colegislador, desde junio de 2023 ha logrado la aprobación de 15 proyectos de ley de competencia de esta cartera en el Congreso Nacional. Entre los que destacan:

El proyecto que Modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de adoptar medidas para combatir el sobreendeudamiento Proyecto de ley que Modifica Diversos Cuerpos Legales, con el Objeto de Adoptar Medidas para Combatir el Sobreendeudamiento que el 11 de abril de 2024, se aprobó en el Congreso. En términos generales, el articulado busca combatir el sobreendeudamiento de personas y familias, y el incremento en los costos del financiamiento, tanto de manera directa como indirecta.

El proyecto está en proceso de revisión por el Tribunal Constitucional.

Ley de Compras Públicas:

El 28 de noviembre de 2023, el Presidente de la República Gabriel Boric promulgó la Ley N° 21.634 (Nueva Ley de Compras Públicas) para mejorar la calidad del gasto público, elevar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del Estado. La nueva normativa incluye además procedimientos de compras y contrataciones más competitivos, estableciendo expresamente el mecanismo de licitación pública como regla general, además de mayores facultades para la Dirección de Compras y Contratación Pública (ChileCompra), fomento a la innovación y la sustentabilidad y el fortalecimiento del Tribunal de Contratación Pública. Entre otras materias, establece la creación del Comité de Innovación y Sustentabilidad en Compras Públicas que estará presidido por la subsecretaría de Hacienda e integrado por las subsecretarías de Economía; Medio Ambiente; Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación y otros cuatro miembros calificados en la materia. Adicionalmente, promueve la participación de las empresas de menor tamaño en el sistema de compras públicas, así como proveedores locales y empresas lideradas por mujeres.

Ley que fortalece la resiliencia del sistema financiero y sus infraestructuras

Con fecha 30 de diciembre de 2023, se publicó la Ley N° 21.641 que Fortalece la Resiliencia del Sistema Financiero y sus Infraestructuras. Esta ley busca contar con un espectro más amplio de herramientas que permitan dar respuestas más efectivas a distintos shocks, generando un sistema financiero más resiliente, que contribuya a atenuar los efectos económicos y sociales de las crisis.

Entre las principales características de esta iniciativa se encuentran:

1. Fortalecimiento del marco legal de las operaciones de venta con pacto de retrocompra, con el fin de fomentar este tipo de instrumentos que permiten administrar la liquidez de corto plazo.
2. Ampliación de los servicios del Banco Central a infraestructuras del mercado financiero e intermediarios financieros no bancarios, con el objeto de contribuir a un manejo más eficaz de las situaciones de estrés financiero.
3. Mejora de la institucionalidad de las infraestructuras del mercado financiero, equiparándolas a los estándares internacionales y alineándolas a las mejores prácticas en otras jurisdicciones relevantes.
4. Perfeccionamiento de la legislación de las cooperativas de ahorro y crédito, en términos de gobierno corporativo y gestión de riesgo de crédito, lo que reduce la probabilidad de eventos de inestabilidad.
5. Incorporación de un procedimiento simplificado de obtención del rol único tributario, lo que permite avanzar en la internacionalización del peso chileno.

El detalle puede verse en la siguiente tabla.

Además, en el mismo período se impulsó la tramitación de otros nueve proyectos de ley, de los cuales el proyecto para evitar el sobreendeudamiento fue despachado por el Congreso y está en vías de publicarse en el Diario Oficial.

a. Regiones más fuertes

Se ingresó a la Cámara de Diputadas y Diputados el Proyecto de Ley de Regiones Más Fuertes en donde se incluye la creación del Fondo de Equidad Interregional enfocado en reducir brechas socioeconómicas entre las regiones, considerando criterios de género y pobreza multidimensional, entre otros. Este proyecto, con espíritu descentralizador, busca entregar más autonomía a las regiones.

b. Ley de Inteligencia Económica

En mayo de 2023 se ingresó al Congreso Nacional el PDL que crea el Subsistema de Inteligencia Económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que digan relación con el crimen organizado.  Esta iniciativa es parte de la agenda legislativa en materia de seguridad del Gobierno.

El proyecto de ley de Inteligencia Económica busca hacer la trazabilidad de los movimientos del dinero proveniente del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos vinculados al crimen organizado con distintas herramientas fiscalizadoras y de inteligencia, más el levantamiento del secreto bancario bajo reglas especiales, ampliación de rubros obligados a informar y un trabajo interinstitucional robusto, entre otros aspectos.

12. Mejor gasto público

Otro de los ejes estructurales del Pacto Fiscal es la necesidad de contar con mecanismos de fiscalización y transparencia del gasto público. Atendiendo este principio, durante la formulación del proyecto de Ley de Presupuestos de 2024 se incorporaron y aprobaron por el Congreso Nacional más de mil cambios normativos, considerando las modificaciones al articulado, a las glosas y las reclasificaciones del gasto para elevar los estándares en el uso de los recursos públicos. Estas medidas, en conjunto con los compromisos del Ejecutivo, permitirán abordar el presente año fiscal desde la seguridad económica, seguridad social y seguridad pública.

En enero de este año se ingresó el proyecto de ley de transferencias que establece un nuevo marco regulatorio robusto y permanente para las transferencias corrientes y de capital hacia el sector privado. Entre las propuestas de esta normativa se incorpora la obligación de rendición de cuenta en el sistema de Contraloría, transferencias de recursos en base a hitos de avance, dos años de antigüedad de las instituciones receptoras de la transferencia, experiencia demostrada en el ámbito de acción, entre otras exigencias. 

En materia de transparencia fiscal, en 2023 se publicó un documento que contiene las principales variaciones en asignaciones presupuestarias y que aborda los cambios entre el presupuesto 2023 y el proyecto de Ley de Presupuestos 2024 de la oferta programática. Esto permite disponer a la ciudadanía de información respecto a los criterios utilizados en las decisiones presupuestarias. 

Con respecto al Sistema de Monitoreo y Evaluación de programas, durante 2023 dado los resultados del proceso de formulación presupuestaria, hubo una incidencia importante en el ahorro de 35 mil millones de pesos en recursos de programas mal evaluados. Además, obtuvo los siguientes avances: 

1. Durante 2023, finalizaron dieciséis evaluaciones, entre las cuales se tienen ocho evaluaciones de programas gubernamentales, cinco evaluaciones focalizadas de ámbito, una evaluación sectorial y dos evaluaciones de impacto. Además, se adjudicó el Fondo de Evaluación de Impacto que en su quinta versión seleccionó tres propuestas para evaluar programas públicos. 
2. Integración de la planificación estratégica con el modelo de monitoreo y evaluación. Para este año 2024, 204 instituciones presentaron sus objetivos estratégicos en la formulación e identificaron 965 indicadores para medir su desempeño. 
3. Instalación de la evaluación ex ante en los Gores, fortaleciendo las capacidades y competencias de sus equipos para formular programas públicos.

12.1 Inversión ágil

En la Ley de Presupuestos de 2024, se estableció un cambio en la forma en la cual se realiza la tramitación de identificación presupuestaria para los proyectos de inversión. Por lo que, en diciembre de 2023, la Dipres trabajó en conjunto con Contraloría General de la República en la implementación de la tramitación electrónica de resoluciones de identificación de proyectos de inversión. Esto permitió una elaboración y envío ágil, ayudando al cumplimiento de la meta de identificación al mes de febrero del 90,1 por ciento del gasto de iniciativas de inversión pública para este año, 2024.

12.2 Teletrabajo

En 2024, 40 servicios estarán realizando un pilotaje de teletrabajo. La Dipres trabajó junto al Servicio Civil en el diseño de este proceso piloto y su evaluación, con el objetivo de medir los principios de eficiencia, eficacia y oportunidad del sector público, y la contribución para mejorar la calidad de la vida laboral, familiar y personal. El desafío es la implementación y evaluación del piloto de teletrabajo para que se constituya en un insumo para un posterior proyecto de ley de teletrabajo en el sector público.

12.3 Mesa del sector público

Se desarrolló la coordinación de la mesa del sector público 2023, que derivó en avances en distintas mesas transversales y sectoriales, tales como cuidado infantil, seguridad funcionaria, salud mental, cuarenta horas del sector público, incentivo al retiro, teletrabajo, equidad de género, trabajo decente y continuidad de contratas. En estas mesas se cumplieron 62 compromisos y/o iniciaron etapa de desarrollo, correspondiendo al 95 por ciento del total. Las mesas siguen en funcionamiento durante este año, en concordancia con el protocolo de acuerdo firmado con la mesa del sector público en diciembre de 2023, en el marco de la tramitación de la Ley de Reajuste del Sector Público.

12.4 Transformación digital de la DIPRES

En el marco de la transformación digital abordada por DIPRES, se realizó un levantamiento de los procesos administrativos, el cual permitió identificar 157 procedimientos que actualmente realiza el servicio. Se espera continuar con las siguientes fases de digitalización de la transformación digital de la DIPRES.

13. Productividad

La productividad es lograr más con los mismos recursos productivos, permitiendo mejorar la calidad de vida de la población y ampliar las holguras fiscales en favor de mejores políticas públicas. En Chile, el estancamiento de la productividad se ha prolongado por más de diez años, dificultando que el país logre las eficiencias económicas necesarias que redunden en un aumento el nivel de ingreso de sus habitantes, entre otros beneficios.

Por eso el Gobierno ha declarado como desafío central conseguir un aumento de la productividad en 1,5% promedio anual, avanzar hacia una mayor eficiencia económica lo que posibilita que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) aumente por sobre lo que la mera dotación de recursos permitiría.

Los diagnósticos más recientes respecto de este deterioro sistemático de la productividad en Chile, señalan la existencia de una base exportadora que no ha logrado diversificarse en forma eficiente y que permanece altamente concentrada en recursos naturales. También se apunta a desafíos regulatorios que entraban el desarrollo de nuevas inversiones y rezagos en la adopción de nuevas tecnologías. A nivel de firmas, este deterioro se manifiesta específicamente en deficiencias en la asignación de recursos entre empresas incumbentes o partícipes, más que en la presencia de una dinámica no virtuosa de ingreso y salida de dichas firmas de los mercados.

En enero de 2023, los ministros de Hacienda, Mario Marcel; y Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau; y la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara; presentaron la Agenda de Productividad con 9 ejes y 46 medidas.

Los ejes de trabajo dan origen a un trabajo intersectorial que involucra a diferentes ministerios y servicios, que diseñan e implementan medidas en línea con la Agenda de Productividad, como los ministerios de Salud, Justicia y Secretaría General de la Presidencia, y el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la Dirección de Presupuestos (DIPRES), el Servicio de Impuestos Internos (SII), InBest Chile, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y el Servicio Nacional de Aduanas.

La agenda considera las recomendaciones de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, y es resultado de un trabajo conjunto con los distintos gremios empresariales y la Central Unitaria de Trabajadores.

A febrero de 2024, un 15% de las medidas incluidas en la agenda estaban completadas, un 13% en tramitación, 65% en elaboración y 7% pendientes

Medidas completadas:

1. Automatización de modificaciones a documentos aduaneros, en especial las que producen devoluciones de derechos a las importaciones tramitadas por los Operadores Económica Autorizados (OEAs). (Administrativo)
2. Cambio de reglamento de Corfo para liquidaciones de fondos que no posean los recursos suficientes para pagar los créditos vigentes con la Corporación. (Administrativo)
3. Modernización y robustecimiento del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales (ChileValora) y Perfeccionamiento del Estatuto de Capacitación y Empleo. (Ley)
4. Ampliación de programas de capacitación en competencias digitales. (Administrativo)
5. Creación de al menos seis nuevas mesas ejecutivas de productividad. (Gestión)
6. Aprobación proyecto de ley que Moderniza la ley N°19.886 y otras leyes, para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del Estado (Boletín N° 14.137- 05). (Ley)
7. Reducción de la exigencia del trámite notarial por vía legal (proyecto de ley de desnotarización). (Ley)

Medidas en Tramitación:

1. Reforma estructural del sistema de permisos sectoriales para inversiones.
2. Mayor competencia en el cabotaje marítimo.
3. Mejoras a la Ley de Pago a 30 días.
4. Impulsar el Proyecto de Ley de Firma Electrónica Avanzada.
5. Modernización del sistema notarial y registral.
6. Acercar la función registral y notarial al usuario, con una mirada de equidad territorial

Adicionalmente existen tres medidas que se encuentras pendientes de ser iniciadas:

1. Identificar brechas en el alcance y oferta programática de SERCOTEC y FOSIS en materia de informalidad. (Gestión)
2. Identificar brechas en el alcance de la oferta programática de SENCE en programas vinculados a la capacitación y educación previsional. (Administrativo)
3. Revisar los mecanismos de fiscalización a empresas y sectores propensos a la informalidad y la institucionalidad relacionada aprovechando la creciente interoperabilidad e interconexión de las entidades que tienen datos. (Gestión)

La Agenda de Productividad es monitoreada por distintas instancias: lideres de los ministerios involucrados, líderes de ejes en los Ministerios de Hacienda y Economía, un seguimiento diario desde los ministerios de Economía y Hacienda hacia los líderes de cada eje y una instancia de seguimiento Presidencial.

13.1 Finalización del Plan Invirtamos en Chile (Agenda Pro-Inversión)

En septiembre de 2022 fue presentado el Plan Invirtamos en Chile con el objetivo de impulsar la inversión público-privada. Este plan contempló 29 medidas legales y administrativas, que se agruparon en seis ejes de trabajo incluyendo estímulos tributarios a la inversión privada; mejoras en el acceso al financiamiento; mejoras a la inversión pública; promoción de la inversión extranjera; mejoras a la eficacia de los procedimientos en regulaciones y permisos; y alianzas público-privadas para la inversión; y cuyo desarrollo y seguimiento fue realizado entre 2022 y 2023.

El trabajo de la agenda finalizó en diciembre de 2023, lográndose una tasa de cumplimiento de 90 por ciento, con 26 medidas finalizadas o en ejecución permanente. Las tres medidas faltantes corresponden al eje de estímulos tributarios y quedaron en etapa de revisión en el contexto del Proyecto de Ley de Impuestos a la Renta que se presentará al Congreso en abril de 2024.

III Programación para el período 2024-2025

1. Pacto Para el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal

Dentro de las acciones relevantes a desarrollar es la discusión del Proyecto de Ley sobre Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias. que permitirá financiar las prioridades de gasto en favor de las necesidades expresadas por la ciudadanía. Estas incluyen el aumento de la PGU y otras obligaciones fiscales en la reforma previsional y el aumento de la inversión pública en seguridad ciudadana y justicia, para completar un incremento de 40 por ciento respecto de 2022.

De acuerdo con la información de Cuentas Nacionales, el SII estima una brecha de cumplimiento tributario de 6,5 por ciento del PIB, la que equivale a 1,8 por ciento del PIB en el caso del Impuesto al Valor Agregado (18 por ciento de incumplimiento) y 4,7 por ciento del PIB en el caso del Impuesto de Primera Categoría (51 por ciento de incumplimiento), a su vez la TGR informa que más del 50 por ciento de saldos de deuda tributaria corresponden a micro y pequeñas empresas. Lo que se podría explicar por las barreras existentes en el proceso de formalización y la falta de educación tributaria en estos segmentos.

También se considera la discusión del Proyecto de Ley de Reforma de impuesto a la renta que permitirá introducir los incentivos a la inversión y un régimen más simple y progresivo de impuesto a la renta. La recaudación de este proyecto de ley, junto con los otros componentes del Pacto Fiscal (dividendo de crecimiento y dividendo de eficiencia), permitirán financiar las necesidades de gasto en Salud y Protección social (sistema de cuidados y sala cuna para Chile).

2. Reforma Sistema Pensiones

Durante el año se continuará la tramitación de esta Reforma, la que fue despachada desde la Cámara de Diputados en enero de 2024. La propuesta establece una división de la industria previsional, separando las actividades de inversión y soporte, que hoy realizan las AFP, para aumentar la competencia y aumentar la eficiencia. Para ello, se creará un Administrador Previsional, adjudicado por licitación pública, que se hará cargo de la recaudación y cobranza; registro de cuentas; cálculo de beneficios; pagos; atención al público; y de las comisiones médicas.

Por el lado de las inversiones, se crearán los Inversores de Pensiones, con el único objetivo de gestionar los fondos previsionales y que se financiarán a través del cobro de una comisión sobre el saldo administrado para un mejor alineamiento de incentivos entre gestores y afiliados. 

Además, se elimina la obligación actual de encaje que se considera una barrera a la entrada en la industria de administración de fondos de pensiones. Al mismo tiempo, se creará un Inversor de Pensiones del Estado, sociedad anónima de propiedad estatal que, en las mismas condiciones que los demás Inversores de Pensiones Privados, será una alternativa para invertir los ahorros previsionales, con un gobierno corporativo de estándar OCDE. 

3. Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 2025

Chile será anfitrión de las Asambleas Anuales de Gobernadores del BID y de BID Invest (institución que promueve el desarrollo del sector privado) en 2025. Las Asambleas tendrán lugar en Santiago, mientras que en Punta Arenas se realizará un Foro Internacional de Inversiones. Se espera que este encuentro de cinco días atraiga entre 2.000 a 3.000 participantes locales e internacionales. La Asamblea de Gobernadores del BID, constituida por ministros de finanzas o altas autoridades económicas de los 48 países miembros, es la entidad máxima de gobernanza responsable por la supervisión y administración del BID. Esta asamblea se congrega anualmente en marzo o abril de cada año.

4. Agenda de Modernización

Se continuará colaborando con más de 30 instituciones públicas en proyectos de modernización, priorizando la eficiencia de los procesos, el cumplimiento institucional y la satisfacción ciudadana, todo contenido en la Agenda de Modernización del Estado 2022-2026. En particular, se han establecido convenios con entidades como la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, Subsecretaría de Bienes Nacionales y el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (en el ámbito del Consejo de Monumentos Nacionales), buscando optimizar los permisos sectoriales y, por otro lado, con la Dirección de Educación Pública, para fortalecer su capacidad de implementación en regiones a través en incentivo en el uso de servicios digitales compartidos.

En 2024, 138 servicios públicos serán parte del Sistema de Calidad de Servicio y Experiencia Usuaria. En este segundo año del sistema, las instituciones desarrollarán una Política de Calidad de Servicio y un Plan anual de Mejoramiento. Se seguirá potenciando aún más la Medición de Satisfacción Usuaria como referente para el diagnóstico de la experiencia usuaria, a la vez que se ampliará su cobertura a de 74 a 78 servicios públicos.

Entre los meses de junio y agosto de 2024 se darán a conocer de manera formal los resultados de la Encuesta Internacional sobre Confianza de la OCDE, con 30 países participantes, levantada en Chile en noviembre de 2023. Además, se presentarán los resultados de un estudio de caso en profundidad de nuestro país, identificando acciones para la construcción de confianza en el Estado. Una actividad clave será la visita de una misión de OCDE en abril de 2024, que presentará resultados preliminares a representantes del gobierno, parlamento, gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil y academia.

Respecto al Laboratorio de Gobierno, durante 2024 se dará continuidad a la implementación de soluciones en el marco de los siguientes proyectos: (1) Simplificación de trámites para la productividad en materia de edificación. Este proyecto contará con una fase de pilotaje de soluciones junto a seis Direcciones de Obras Municipales, el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Economía. (2) Nueva cartola y experiencia usuaria para el Registro Social de Hogares, a partir de una evaluación experimental en colaboración con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. (3) Agilización en la entrega de resultados de la prueba SIMCE en colaboración con la Agencia de Calidad de Educación. (4) Nueva experiencia de matrícula centralizada y simple para JUNJI, con base en nuevos sistemas de gestión de vacantes. (5) Nueva experiencia usuaria de la Superintendencia de Pensiones, considerando un portal de atención simplificado y agilización en los tiempos de respuesta a solicitudes y reclamos.

5. Proyecto de ley que Crea un Registro de Deuda Consolidada (Boletín N° 14.743-03)

Con fecha 13 de diciembre de 2021, se ingresó un proyecto de ley para crear un registro de información crediticia, denominado “Registro de Deuda Consolidada”, que será administrado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Entre los principales objetivos de esta iniciativa se encuentran:

1. Ampliar la información sobre obligaciones crediticias, agregando información sobre el buen comportamiento de pago (información positiva) e incorporando a oferentes de créditos no bancarios como aportantes y receptores de información;
2. Entregar herramientas a la CMF, institución que estará encargada de la administración del registro; y
3. Reforzar los derechos de las personas deudoras, reconociéndolas como dueñas de su información crediticia y regulando sus derechos.

Actualmente este proyecto se encuentra en tercer trámite en la Cámara de Diputados.

6. Proyecto de ley que Establece un Sistema de Supervisión Basado en Riesgo para las Compañías de Seguro (Boletín N° 7.958-05)

Con fecha 28 de septiembre de 2011, se ingresó un proyecto de ley para establecer un sistema de supervisión basado en riesgo para las compañías de seguros, en línea con las mejores prácticas internacionales. Dicho proyecto de ley, entre otras cosas, busca asegurar la solvencia y resiliencia de la industria de seguros, fomentar la competitividad internacional, establecer una fiscalización preventiva en vez de reactiva, mejorar la focalización de recursos de supervisión mediante el sistema de evaluación de solvencia y otorgar mayor libertad a las compañías de seguros para crear sus modelos de negocios.

Desde fines del 2012, este proyecto se encuentra en su segundo tramite constitucional en el Senado. En atención al tiempo transcurrido, la reactivación de la tramitación de este proyecto de ley requiere la presentación de indicaciones que actualicen la discusión en tiempos actuales.

Se contempla, en ese contexto, la presentación de una indicación sustitutiva en el primer semestre de 2024.

7. Proyecto de ley que Modifica Diversos Cuerpos Legales, con el Objeto de Adoptar Medidas para Combatir el Sobreendeudamiento (Boletín N° 16.408-05)

Con fecha 11 de abril de 2024, se aprobó la Ley que busca combatir el sobreendeudamiento de personas y familias, y el incremento en los costos del financiamiento, tanto de manera directa como indirecta.

En particular, esta iniciativa busca mejorar el marco institucional respecto a dos grandes áreas:

1. Se traslada la facultad de regular de pago mínimo de tarjetas de crédito, otorgando nuevas facultades o mandatos a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en materia de operaciones de crédito de dinero, permitiéndole regular el algoritmo de pago mínimo de las tarjeas de crédito y hacer ciertas excepciones;
2. Se modifica la ley de Fraudes, buscando balancear la carga entre emisor y tarjetahabiente, debido a las externalidades negativas detectadas en la legislación vigente. Entre las principales modificaciones se encuentran:
   • La presentación de una declaración jurada simple por el usuario que desconoce una operación, indicando el monto defraudado y el medio a través del cual se realizó. Esto a fin de incentivar la denuncia únicamente en casos de defraudaciones efectivamente realizadas.
   • La facultad de la Comisión para el Mercado Financiero para definir, a través de Norma de Carácter General, los estándares mínimos de autentificación, seguridad y registro que debe cumplir el emisor.
   • El aumento de plazos de restitución de fondos de 5 a 10 días a fin de que el emisor cuente con un mayor plazo para realizar la investigación de los hechos.
   • El traslado, a normativa secundaria, de la determinación del umbral de restitución. Esto permitirá que pueda revisarse y ajustarse de manera más expedita y periódica el monto a restituir (actualmente UF 35) y que puedan establecerse criterios distintos.
   • La creación de tres nuevos artículos que consagran: En primer lugar, un procedimiento de suspensión de la restitución o cancelación de los fondos reclamados, cuando hubiere antecedentes suficientes de la existencia de dolo por parte del usuario; En segundo lugar un régimen de presunciones, resultado de la experiencia de estos últimos años, que dan cuenta de los casos más habituales de dolo o negligencia grave -presunciones que de todas maneras pueden ser controvertidas-; y, en tercer lugar, una norma de reporte sobre los casos de pagos suspendidos y judicializados, para un oportuno seguimiento por parte del supervisor financiero.

Actualmente este proyecto se encuentra en el Tribunal Constitucional.

8. Presentación de una Estrategia Nacional de Inclusión Financiera

Chile es de los pocos países de la región que no cuenta con una Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) y, aunque sus indicadores de inclusión financiera sobresalen en la comparación regional, aún existen importantes brechas con los países más desarrollados, específicamente, en el uso de instrumentos financieros.

El Ministerio de Hacienda, en el marco de la Comisión Asesora para la Inclusión Financiera, se encuentra liderando la elaboración de una Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF). Como parte del trabajo de la Secretaría Técnica se ha revisado literatura comparada, recopilación de datos, y elaboración de gráficos e indicadores, en miras a incorporar la perspectiva de género de forma transversal. Además, se ha avanzado en la preparación de catastros de información con organismos públicos y privados, y el 19 de enero de 2024 se inició una asistencia técnica con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el objetivo de obtener insumos técnicos para la elaboración de la ENIF.

9. Coordinación de género

Durante este año se avanzará gradualmente, junto a la DIPRES, en el desarrollo de un presupuesto con perspectiva de género, mediante la aplicación de un proceso de etiquetado y el desarrollo de capacitaciones técnicas para el proceso de formulación presupuestaria 2025.

Se continuará participando en la mesa de equidad de género de las mesas transversales del sector público con el propósito de cumplir los compromisos acordados en 2023. Estos incluyen la actualización del estudio de brecha salarial de género en el Estado, la implementación de experiencias piloto de metodologías de evaluación de puestos de trabajo con perspectiva de género, y el seguimiento de las acciones relativas a la implementación del Convenio N°190 de la OIT en el sector público, entre otros.

Se profundizará en el diagnóstico y análisis sobre la autonomía económica de las mujeres, a través del mejoramiento de los datos y el desarrollo de estudios del Ministerio de Hacienda, y sus respectivos servicios dependientes y relacionados.

Se avanzará en la definición de estándares comunes para incorporar la perspectiva de género en los procesos de gestión y desarrollo de personas del sector público, especialmente en alianza con el Servicio Civil.

Se potenciarán liderazgos de mujeres mediante capacitaciones dirigidas a aquellas que forman parte del Sistema de Alta Dirección Pública, las que serán desarrolladas en colaboración con ONU Mujeres y Servicio Civil.

Se fortalecerán las capacidades institucionales en materia de género, mediante la generación de insumos e instrumentos para orienten el proceso de transversalización de la perspectiva de género en el Estado.

En el marco del proyecto de renta que se presentará al Congreso durante 2024, se incluirá la medida de deducción de gastos por razones de cuidados de la base imponible.

10. Presentación de un anteproyecto de ley que crea una agencia de resolución bancaria y seguro de depósitos

Las autoridades financieras principales: el Banco Central de Chile, la Comisión para el Mercado Financiero y este Ministerio, han iniciado un trabajo, al alero del Consejo de Estabilidad Financiera, que permita encontrar la mejor vía para la regulación de un sistema de resolución bancaria y seguro de depósitos.

El objetivo es que durante el primer semestre de 2024 este grupo de trabajo redacte una propuesta legal que permita avanzar en la legislación de estos temas, acercando a Chile al estándar internacional, y permitiéndole anticipar crisis financieras/bancarias como las que han ocurrido en otras jurisdicciones en el último tiempo.

11. Oficina de la Deuda Pública: Recomposición denominación deuda

El trabajo de este año estará orientado a lograr una composición de la deuda alineada con el objetivo de 80 por ciento denominado en moneda local y 20 por ciento en moneda externa. El plan 2024 contempla emisión en una proporción 90 / 10 por ciento.

También se fortalecerán los bonos de referencia en los plazos cortos, medianos y largos de la curva en pesos y en UF, y en monedas extranjeras (dólares y euros). Para esto se implementará también un programa de recompras, el cual permitirá suavizar el perfil de amortizaciones próximas, así como fortalecer los bonos de referencia. Todas estas medidas se realizarán velando por la sostenibilidad de las finanzas públicas y un pago de intereses moderado.

A partir de este año se implementará un programa de formadores de mercado que contribuya a fortalecer la liquidez y profundidad del mercado financiero local, y facilitar el acceso de las empresas chilenas a los mercados de capitales, local e internacional.

Se seguirá con la promoción del desarrollo de las finanzas sostenibles y las emisiones de bonos temáticos (verdes, sociales, sostenibles y vinculado a la sostenibilidad). También se continuará fortaleciendo la relación con inversionistas, entregando información apropiada y oportuna sobre los desarrollos económicos del país, a través de los canales de la Oficina de Relación con Inversionistas.

12. Inversión pública: Identificación y ejecución

Acorde a las acciones definidas en el gabinete pro crecimiento y empleo, el Ministerio de Hacienda, a través de la DIPRES participará activamente en el seguimiento de identificación y ejecución de las iniciativas de inversión pública. Se alcanzó el 90 por ciento de la identificación presupuestaria en febrero del 2024 y se espera alcanzar el 41 por ciento de la ejecución de las iniciativas de inversión en junio. Además, se apoyará en la tramitación legislativa de ley marco de autorizaciones sectoriales para acelerar la inversión pública y privada.

13. Responsabilidad fiscal

Para el año 2024, se plantea una meta de Balance Cíclicamente Ajustado que continua con la senda de convergencia, alcanzando el -1,9 por ciento del PIB estimado, lo que se traduce en un gasto público de casi 77 billones. Es posible destinar responsablemente este nivel de recursos públicos gracias al mayor espacio que se genera a partir de los primeros efectos de la Ley N°21.591 sobre Royalty a la Minería, aprobada en 2023 y la incorporación de las rentas del litio en la metodología de cálculo del Balance Cíclicamente Ajustado.

14. Pago automatizado a proveedores

Se traspasará la plataforma de pago automatizado a la Tesorería General de la República, quién generará las órdenes de pago a los proveedores a partir de la información de caja que la Dirección de Presupuestos establece para este tipo de egresos y, además, Tesorería General de la República deberá pagar vía transferencia electrónica de fondos, directamente al último tenedor de la factura electrónica, informando cada uno de tales pagos a la DIPRES.

15. Fondo de Reconstrucción

Este año, la Secretaría ejecutiva del Fondo de Reconstrucción continuará el trabajo coordinado con la Gerencia de Reconstrucción para la búsqueda de aportes privados en la reconstrucción de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, afectados por los incendios de febrero. Se contempla una cartera de proyectos aprobada para recibir donaciones valorizada en doce mil millones de pesos que se estima pueden ser ejecutados con fondos donados por privados, gracias al continuo esfuerzo público privado y el trabajo coordinado con la Sociedad Civil.

Durante el año se seguirá entregando equipamiento e infraestructura a los afectados por catástrofes naturales ocurridas en 2023, beneficiando a más de 760 hogares en forma directa.

Así, utilizando recursos gestionados a través del Fondo de Reconstrucción, se entregarán nueve vehículos de salud a la red de salud municipal afectada, se inaugurarán tres sedes sociales, se entregará equipamiento de patios escolares para cuatro establecimientos educacionales y 205 invernaderos para mujeres jefas de hogar.

En tanto, como respuesta a los incendios en la Región de Valparaíso de febrero de este año, gracias al aporte de privados se podrá reforzar la red de atención de salud en la región mejorando el equipamiento de dos hospitales, dos SAMUS, equipando a la red con 12 puestos móviles de atención de salud.

Además, se entregará infraestructura agropecuaria al 100 por ciento de los afectados por los incendios de Valparaíso (invernaderos, gallineros, bodegas, colmenas, entre otros).

En coordinación con la sociedad civil, se habilitarán las obras civiles del Jardín Botánico y la reconstrucción de la Escuela Villa Independencia de Viña del Mar afectada por los incendios.