III. Programación para el período 2024-2025

1. Pacto Para el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal

Dentro de las acciones relevantes a desarrollar es la discusión del Proyecto de Ley sobre Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias. que permitirá financiar las prioridades de gasto en favor de las necesidades expresadas por la ciudadanía. Estas incluyen el aumento de la PGU y otras obligaciones fiscales en la reforma previsional y el aumento de la inversión pública en seguridad ciudadana y justicia, para completar un incremento de 40 por ciento respecto de 2022.

De acuerdo con la información de Cuentas Nacionales, el SII estima una brecha de cumplimiento tributario de 6,5 por ciento del PIB, la que equivale a 1,8 por ciento del PIB en el caso del Impuesto al Valor Agregado (18 por ciento de incumplimiento) y 4,7 por ciento del PIB en el caso del Impuesto de Primera Categoría (51 por ciento de incumplimiento), a su vez la TGR informa que más del 50 por ciento de saldos de deuda tributaria corresponden a micro y pequeñas empresas. Lo que se podría explicar por las barreras existentes en el proceso de formalización y la falta de educación tributaria en estos segmentos.

También se considera la discusión del Proyecto de Ley de Reforma de impuesto a la renta que permitirá introducir los incentivos a la inversión y un régimen más simple y progresivo de impuesto a la renta. La recaudación de este proyecto de ley, junto con los otros componentes del Pacto Fiscal (dividendo de crecimiento y dividendo de eficiencia), permitirán financiar las necesidades de gasto en Salud y Protección social (sistema de cuidados y sala cuna para Chile).

2. Reforma Sistema Pensiones

Durante el año se continuará la tramitación de esta Reforma, la que fue despachada desde la Cámara de Diputados en enero de 2024. La propuesta establece una división de la industria previsional, separando las actividades de inversión y soporte, que hoy realizan las AFP, para aumentar la competencia y aumentar la eficiencia. Para ello, se creará un Administrador Previsional, adjudicado por licitación pública, que se hará cargo de la recaudación y cobranza; registro de cuentas; cálculo de beneficios; pagos; atención al público; y de las comisiones médicas.

Por el lado de las inversiones, se crearán los Inversores de Pensiones, con el único objetivo de gestionar los fondos previsionales y que se financiarán a través del cobro de una comisión sobre el saldo administrado para un mejor alineamiento de incentivos entre gestores y afiliados. 

Además, se elimina la obligación actual de encaje que se considera una barrera a la entrada en la industria de administración de fondos de pensiones. Al mismo tiempo, se creará un Inversor de Pensiones del Estado, sociedad anónima de propiedad estatal que, en las mismas condiciones que los demás Inversores de Pensiones Privados, será una alternativa para invertir los ahorros previsionales, con un gobierno corporativo de estándar OCDE. 

3. Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 2025

Chile será anfitrión de las Asambleas Anuales de Gobernadores del BID y de BID Invest (institución que promueve el desarrollo del sector privado) en 2025. Las Asambleas tendrán lugar en Santiago, mientras que en Punta Arenas se realizará un Foro Internacional de Inversiones. Se espera que este encuentro de cinco días atraiga entre 2.000 a 3.000 participantes locales e internacionales. La Asamblea de Gobernadores del BID, constituida por ministros de finanzas o altas autoridades económicas de los 48 países miembros, es la entidad máxima de gobernanza responsable por la supervisión y administración del BID. Esta asamblea se congrega anualmente en marzo o abril de cada año.

4. Agenda de Modernización

Se continuará colaborando con más de 30 instituciones públicas en proyectos de modernización, priorizando la eficiencia de los procesos, el cumplimiento institucional y la satisfacción ciudadana, todo contenido en la Agenda de Modernización del Estado 2022-2026. En particular, se han establecido convenios con entidades como la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, Subsecretaría de Bienes Nacionales y el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (en el ámbito del Consejo de Monumentos Nacionales), buscando optimizar los permisos sectoriales y, por otro lado, con la Dirección de Educación Pública, para fortalecer su capacidad de implementación en regiones a través en incentivo en el uso de servicios digitales compartidos.

En 2024, 138 servicios públicos serán parte del Sistema de Calidad de Servicio y Experiencia Usuaria. En este segundo año del sistema, las instituciones desarrollarán una Política de Calidad de Servicio y un Plan anual de Mejoramiento. Se seguirá potenciando aún más la Medición de Satisfacción Usuaria como referente para el diagnóstico de la experiencia usuaria, a la vez que se ampliará su cobertura a de 74 a 78 servicios públicos.

Entre los meses de junio y agosto de 2024 se darán a conocer de manera formal los resultados de la Encuesta Internacional sobre Confianza de la OCDE, con 30 países participantes, levantada en Chile en noviembre de 2023. Además, se presentarán los resultados de un estudio de caso en profundidad de nuestro país, identificando acciones para la construcción de confianza en el Estado. Una actividad clave será la visita de una misión de OCDE en abril de 2024, que presentará resultados preliminares a representantes del gobierno, parlamento, gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil y academia.

Respecto al Laboratorio de Gobierno, durante 2024 se dará continuidad a la implementación de soluciones en el marco de los siguientes proyectos: (1) Simplificación de trámites para la productividad en materia de edificación. Este proyecto contará con una fase de pilotaje de soluciones junto a seis Direcciones de Obras Municipales, el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Economía. (2) Nueva cartola y experiencia usuaria para el Registro Social de Hogares, a partir de una evaluación experimental en colaboración con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. (3) Agilización en la entrega de resultados de la prueba SIMCE en colaboración con la Agencia de Calidad de Educación. (4) Nueva experiencia de matrícula centralizada y simple para JUNJI, con base en nuevos sistemas de gestión de vacantes. (5) Nueva experiencia usuaria de la Superintendencia de Pensiones, considerando un portal de atención simplificado y agilización en los tiempos de respuesta a solicitudes y reclamos.

5. Proyecto de ley que Crea un Registro de Deuda Consolidada (Boletín N° 14.743-03)

Con fecha 13 de diciembre de 2021, se ingresó un proyecto de ley para crear un registro de información crediticia, denominado “Registro de Deuda Consolidada”, que será administrado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Entre los principales objetivos de esta iniciativa se encuentran:

1. Ampliar la información sobre obligaciones crediticias, agregando información sobre el buen comportamiento de pago (información positiva) e incorporando a oferentes de créditos no bancarios como aportantes y receptores de información;
2. Entregar herramientas a la CMF, institución que estará encargada de la administración del registro; y
3. Reforzar los derechos de las personas deudoras, reconociéndolas como dueñas de su información crediticia y regulando sus derechos.

Actualmente este proyecto se encuentra en tercer trámite en la Cámara de Diputados.

6. Proyecto de ley que Establece un Sistema de Supervisión Basado en Riesgo para las Compañías de Seguro (Boletín N° 7.958-05)

Con fecha 28 de septiembre de 2011, se ingresó un proyecto de ley para establecer un sistema de supervisión basado en riesgo para las compañías de seguros, en línea con las mejores prácticas internacionales. Dicho proyecto de ley, entre otras cosas, busca asegurar la solvencia y resiliencia de la industria de seguros, fomentar la competitividad internacional, establecer una fiscalización preventiva en vez de reactiva, mejorar la focalización de recursos de supervisión mediante el sistema de evaluación de solvencia y otorgar mayor libertad a las compañías de seguros para crear sus modelos de negocios.

Desde fines del 2012, este proyecto se encuentra en su segundo tramite constitucional en el Senado. En atención al tiempo transcurrido, la reactivación de la tramitación de este proyecto de ley requiere la presentación de indicaciones que actualicen la discusión en tiempos actuales.

Se contempla, en ese contexto, la presentación de una indicación sustitutiva en el primer semestre de 2024.

7. Proyecto de ley que Modifica Diversos Cuerpos Legales, con el Objeto de Adoptar Medidas para Combatir el Sobreendeudamiento (Boletín N° 16.408-05)

Con fecha 11 de abril de 2024, se aprobó la Ley que busca combatir el sobreendeudamiento de personas y familias, y el incremento en los costos del financiamiento, tanto de manera directa como indirecta.

En particular, esta iniciativa busca mejorar el marco institucional respecto a dos grandes áreas:

1. Se traslada la facultad de regular de pago mínimo de tarjetas de crédito, otorgando nuevas facultades o mandatos a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en materia de operaciones de crédito de dinero, permitiéndole regular el algoritmo de pago mínimo de las tarjeas de crédito y hacer ciertas excepciones;
2. Se modifica la ley de Fraudes, buscando balancear la carga entre emisor y tarjetahabiente, debido a las externalidades negativas detectadas en la legislación vigente. Entre las principales modificaciones se encuentran:
   • La presentación de una declaración jurada simple por el usuario que desconoce una operación, indicando el monto defraudado y el medio a través del cual se realizó. Esto a fin de incentivar la denuncia únicamente en casos de defraudaciones efectivamente realizadas.
   • La facultad de la Comisión para el Mercado Financiero para definir, a través de Norma de Carácter General, los estándares mínimos de autentificación, seguridad y registro que debe cumplir el emisor.
   • El aumento de plazos de restitución de fondos de 5 a 10 días a fin de que el emisor cuente con un mayor plazo para realizar la investigación de los hechos.
   • El traslado, a normativa secundaria, de la determinación del umbral de restitución. Esto permitirá que pueda revisarse y ajustarse de manera más expedita y periódica el monto a restituir (actualmente UF 35) y que puedan establecerse criterios distintos.
   • La creación de tres nuevos artículos que consagran: En primer lugar, un procedimiento de suspensión de la restitución o cancelación de los fondos reclamados, cuando hubiere antecedentes suficientes de la existencia de dolo por parte del usuario; En segundo lugar un régimen de presunciones, resultado de la experiencia de estos últimos años, que dan cuenta de los casos más habituales de dolo o negligencia grave -presunciones que de todas maneras pueden ser controvertidas-; y, en tercer lugar, una norma de reporte sobre los casos de pagos suspendidos y judicializados, para un oportuno seguimiento por parte del supervisor financiero.

Actualmente este proyecto se encuentra en el Tribunal Constitucional.

8. Presentación de una Estrategia Nacional de Inclusión Financiera

Chile es de los pocos países de la región que no cuenta con una Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) y, aunque sus indicadores de inclusión financiera sobresalen en la comparación regional, aún existen importantes brechas con los países más desarrollados, específicamente, en el uso de instrumentos financieros.

El Ministerio de Hacienda, en el marco de la Comisión Asesora para la Inclusión Financiera, se encuentra liderando la elaboración de una Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF). Como parte del trabajo de la Secretaría Técnica se ha revisado literatura comparada, recopilación de datos, y elaboración de gráficos e indicadores, en miras a incorporar la perspectiva de género de forma transversal. Además, se ha avanzado en la preparación de catastros de información con organismos públicos y privados, y el 19 de enero de 2024 se inició una asistencia técnica con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el objetivo de obtener insumos técnicos para la elaboración de la ENIF.

9. Coordinación de género

Durante este año se avanzará gradualmente, junto a la DIPRES, en el desarrollo de un presupuesto con perspectiva de género, mediante la aplicación de un proceso de etiquetado y el desarrollo de capacitaciones técnicas para el proceso de formulación presupuestaria 2025.

Se continuará participando en la mesa de equidad de género de las mesas transversales del sector público con el propósito de cumplir los compromisos acordados en 2023. Estos incluyen la actualización del estudio de brecha salarial de género en el Estado, la implementación de experiencias piloto de metodologías de evaluación de puestos de trabajo con perspectiva de género, y el seguimiento de las acciones relativas a la implementación del Convenio N°190 de la OIT en el sector público, entre otros.

Se profundizará en el diagnóstico y análisis sobre la autonomía económica de las mujeres, a través del mejoramiento de los datos y el desarrollo de estudios del Ministerio de Hacienda, y sus respectivos servicios dependientes y relacionados.

Se avanzará en la definición de estándares comunes para incorporar la perspectiva de género en los procesos de gestión y desarrollo de personas del sector público, especialmente en alianza con el Servicio Civil.

Se potenciarán liderazgos de mujeres mediante capacitaciones dirigidas a aquellas que forman parte del Sistema de Alta Dirección Pública, las que serán desarrolladas en colaboración con ONU Mujeres y Servicio Civil.

Se fortalecerán las capacidades institucionales en materia de género, mediante la generación de insumos e instrumentos para orienten el proceso de transversalización de la perspectiva de género en el Estado.

En el marco del proyecto de renta que se presentará al Congreso durante 2024, se incluirá la medida de deducción de gastos por razones de cuidados de la base imponible.

10. Presentación de un anteproyecto de ley que crea una agencia de resolución bancaria y seguro de depósitos

Las autoridades financieras principales: el Banco Central de Chile, la Comisión para el Mercado Financiero y este Ministerio, han iniciado un trabajo, al alero del Consejo de Estabilidad Financiera, que permita encontrar la mejor vía para la regulación de un sistema de resolución bancaria y seguro de depósitos.

El objetivo es que durante el primer semestre de 2024 este grupo de trabajo redacte una propuesta legal que permita avanzar en la legislación de estos temas, acercando a Chile al estándar internacional, y permitiéndole anticipar crisis financieras/bancarias como las que han ocurrido en otras jurisdicciones en el último tiempo.

11. Oficina de la Deuda Pública: Recomposición denominación deuda

El trabajo de este año estará orientado a lograr una composición de la deuda alineada con el objetivo de 80 por ciento denominado en moneda local y 20 por ciento en moneda externa. El plan 2024 contempla emisión en una proporción 90 / 10 por ciento.

También se fortalecerán los bonos de referencia en los plazos cortos, medianos y largos de la curva en pesos y en UF, y en monedas extranjeras (dólares y euros). Para esto se implementará también un programa de recompras, el cual permitirá suavizar el perfil de amortizaciones próximas, así como fortalecer los bonos de referencia. Todas estas medidas se realizarán velando por la sostenibilidad de las finanzas públicas y un pago de intereses moderado.

A partir de este año se implementará un programa de formadores de mercado que contribuya a fortalecer la liquidez y profundidad del mercado financiero local, y facilitar el acceso de las empresas chilenas a los mercados de capitales, local e internacional.

Se seguirá con la promoción del desarrollo de las finanzas sostenibles y las emisiones de bonos temáticos (verdes, sociales, sostenibles y vinculado a la sostenibilidad). También se continuará fortaleciendo la relación con inversionistas, entregando información apropiada y oportuna sobre los desarrollos económicos del país, a través de los canales de la Oficina de Relación con Inversionistas.

12. Inversión pública: Identificación y ejecución

Acorde a las acciones definidas en el gabinete pro crecimiento y empleo, el Ministerio de Hacienda, a través de la DIPRES participará activamente en el seguimiento de identificación y ejecución de las iniciativas de inversión pública. Se alcanzó el 90 por ciento de la identificación presupuestaria en febrero del 2024 y se espera alcanzar el 41 por ciento de la ejecución de las iniciativas de inversión en junio. Además, se apoyará en la tramitación legislativa de ley marco de autorizaciones sectoriales para acelerar la inversión pública y privada.

13. Responsabilidad fiscal

Para el año 2024, se plantea una meta de Balance Cíclicamente Ajustado que continua con la senda de convergencia, alcanzando el -1,9 por ciento del PIB estimado, lo que se traduce en un gasto público de casi 77 billones. Es posible destinar responsablemente este nivel de recursos públicos gracias al mayor espacio que se genera a partir de los primeros efectos de la Ley N°21.591 sobre Royalty a la Minería, aprobada en 2023 y la incorporación de las rentas del litio en la metodología de cálculo del Balance Cíclicamente Ajustado.

14. Pago automatizado a proveedores

Se traspasará la plataforma de pago automatizado a la Tesorería General de la República, quién generará las órdenes de pago a los proveedores a partir de la información de caja que la Dirección de Presupuestos establece para este tipo de egresos y, además, Tesorería General de la República deberá pagar vía transferencia electrónica de fondos, directamente al último tenedor de la factura electrónica, informando cada uno de tales pagos a la DIPRES.

15. Fondo de Reconstrucción

Este año, la Secretaría ejecutiva del Fondo de Reconstrucción continuará el trabajo coordinado con la Gerencia de Reconstrucción para la búsqueda de aportes privados en la reconstrucción de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, afectados por los incendios de febrero. Se contempla una cartera de proyectos aprobada para recibir donaciones valorizada en doce mil millones de pesos que se estima pueden ser ejecutados con fondos donados por privados, gracias al continuo esfuerzo público privado y el trabajo coordinado con la Sociedad Civil.

Durante el año se seguirá entregando equipamiento e infraestructura a los afectados por catástrofes naturales ocurridas en 2023, beneficiando a más de 760 hogares en forma directa.

Así, utilizando recursos gestionados a través del Fondo de Reconstrucción, se entregarán nueve vehículos de salud a la red de salud municipal afectada, se inaugurarán tres sedes sociales, se entregará equipamiento de patios escolares para cuatro establecimientos educacionales y 205 invernaderos para mujeres jefas de hogar.

En tanto, como respuesta a los incendios en la Región de Valparaíso de febrero de este año, gracias al aporte de privados se podrá reforzar la red de atención de salud en la región mejorando el equipamiento de dos hospitales, dos SAMUS, equipando a la red con 12 puestos móviles de atención de salud.

Además, se entregará infraestructura agropecuaria al 100 por ciento de los afectados por los incendios de Valparaíso (invernaderos, gallineros, bodegas, colmenas, entre otros).

En coordinación con la sociedad civil, se habilitarán las obras civiles del Jardín Botánico y la reconstrucción de la Escuela Villa Independencia de Viña del Mar afectada por los incendios.