4. Confianza y valores en Chile

Este capítulo examina las percepciones de la ciudadanía chilena sobre los valores que guían al gobierno, en particular respecto a su apertura, integridad y equidad. El capítulo contextualiza estos datos con información sobre las políticas gubernamentales actuales y las compara con buenas prácticas de los países de la OCDE, proponiendo también una serie de estrategias para mejorar estos aspectos y a la confianza pública.

En Chile, las percepciones de equidad e imparcialidad, integridad pública y apertura gubernamental son determinantes clave de la confianza en las instituciones públicas.

Los principios que orientan y guían las acciones del gobierno influyen en el diseño e implementación de políticas, y resultan ser tan importantes como los resultados de las políticas para construir la confianza pública (Van de Walle and Migchelbrink, 2020; Brezzi et al., 2021; OECD, 2022). Los procesos políticos que promueven equidad e imparcialidad, la integridad pública y la apertura fomentan la cooperación, el respeto mutuo y la dignidad para defender el interés público.

En Chile, las percepciones sobre la equidad, la integridad pública y la apertura del gobierno son factores clave determinantes de la confianza en las instituciones públicas.

Chile ha hecho esfuerzos significativos para promover la apertura del gobierno y la integridad pública, lo que parece haber dado frutos, ya que las percepciones sobre apertura, integridad pública y los mecanismos de inclusión superan los promedios regionales y de la OCDE. Sin embargo, estos también son los aspectos de la gobernanza pública sobre los que la población en Chile se muestra más escéptica, en línea con las preocupaciones de varias personas expertas sobre percepciones generalizadas de elitismo a nivel sistémico (Morel and Ossandón, 2024).

Este capítulo explora las expectativas de la gente en Chile respecto a la integridad, apertura e imparcialidad/equidad del gobierno. Asimismo, las contextualiza con información sobre las políticas gubernamentales actuales y las compara con buenas prácticas en los países de la OCDE.

Desde la última década, reformas electorales y procesos institucionales iniciaron un movimiento hacia la apertura del sistema político a una población más amplia. Este esfuerzo, destinado a construir un nuevo consenso social, puede desencadenar un cambio cultural, mejorando la confianza pública y democratizando diversos espacios de la vida chilena (Bobbio, 1986).

4.1. Apertura

La apertura en la gobernanza pública se relaciona con la forma en que las administraciones públicas interactúan con la ciudadanía y diferentes actores. Implica que los gobiernos promuevan una cultura de transparencia, integridad, rendición de cuentas y participación de los actores (OECD, 2017).

La relación entre la apertura y la confianza pública es compleja. Por un lado, estudios internacionales encuentran que promover e invertir en iniciativas de transparencia y apertura está asociado con mayores niveles de confianza pública (OECD, 2022; Beshi and Kaur, 2020). Pero otros estudios presentan una imagen más matizada. Por ejemplo, muestran que la libertad de información por sí sola no es suficiente para mejorar la confianza, y que también se debe considerar las cargas y obstáculos vinculados a las solicitudes de información (Grimmelikhuijsen, Piotrowski and Van Ryzin, 2020), Además, el impacto de la apertura en la confianza pública puede estar mediado por otros elementos, lo que hace de la apertura una condición necesaria pero no suficiente para influir positivamente en la confianza. Desde el lado de la administración pública, estos elementos pueden incluir la relevancia de los casos de corrupción (Bauhr and Grimes, 2014). Desde el lado de ciudadanía, pueden incluir su sentimiento de voz política (Schmidthuber, Ingrams and Hilgers, 2020) y sus valores culturales, que afectan cómo las personas perciben y evalúan las políticas de apertura y su impacto (Grimmelikhuijsen, Piotrowski and Van Ryzin, 2020).

Basándose en la Recomendación de la OCDE sobre Gobierno Abierto (OECD, 2017), el Marco Analítico de la OCDE sobre los Determinantes de la Confianza en las Instituciones Públicas evalúa tres aspectos de la apertura: Primero, la capacidad del gobierno para poner a disposición del público información pública clara, confiable y relevante, y para comunicar lo que hace. En segundo lugar, la probabilidad y disposición del gobierno para recopilar aportes y comentarios de la población y partes interesadas. Finalmente, examina cómo los gobiernos responden e integran los comentarios de las personas en la formulación de políticas.

La Encuesta de Confianza de la OCDE también evalúa cómo la ciudadanía contribuye a construir una cultura de gobierno abierto o el “lado de la demanda” para la acción política y cívica, mediante preguntas sobre la capacidad de las personas para participar e influir en la política (eficacia política), así como sobre sus formas de participación política.

Finalmente, el cuestionario de la Encuesta de Confianza de la OCDE en Chile incluyó una pregunta específica sobre las percepciones de las personas acerca de la apertura del gobierno nacional hacia las necesidades y opiniones regionales, dada su relevancia en un contexto de recientes esfuerzos de descentralización política.

En general, los resultados de la Encuesta de Confianza de la OCDE de 2023 muestran que muchas personas en Chile perciben positivamente la transparencia y el acceso a la información. Paradójicamente, aunque se sienten capaces de participar en la política y lo hacen, la mayoría de las personas sienten que carecen de una voz política y demandan una comunicación más clara por parte del gobierno. La apertura en la gobernanza pública es un factor significativo de confianza en el gobierno local, así como en el servicio civil y el gobierno nacional.

4.1.1. Chile ha tenido éxito en promover la transparencia, pero podría comunicar más claramente sobre políticas y reformas

Chile es un líder regional y global en términos de transparencia. En 2008, como un esfuerzo colectivo para establecer salvaguardias legales contra cualquier posibilidad de una futura reversión a una gobernanza opaca y autocrática, el país adoptó la Ley 20.285 sobre Acceso a la Información Pública (Orme, 2017). Por su carácter integral y su naturaleza innovadora, este marco legal es uno de los mejor valorados en la región, tanto por el Global Right to Information Rating como por el Índice de Estado de Derecho del WJP. De hecho, al evaluar el derecho a la información, Chile ocupa el 9° lugar entre 128 países, muy por encima de los promedios regionales y globales (World Justice Project, 2020). Entre los principales puntos fuertes de la ley se encuentra el Consejo para la Transparencia, un órgano independiente de supervisión administrativa que gestiona un sitio web público con acceso directo a bases de datos y portales fáciles de usar para solicitudes de información pública (Orme, 2017; Global Right to Information Rating, n.d.). Además, Chile es uno de los miembros fundadores de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), comprometida con la promoción de una gobernanza transparente, participativa, inclusiva y responsable.

Además de las disposiciones sobre transparencia y acceso a la información, una comunicación pública efectiva puede generar confianza en las instituciones al aumentar la conciencia sobre las acciones del gobierno, demostrar el compromiso con valores como la apertura y la integridad, y mostrar la capacidad de respuesta a las preocupaciones públicas. Además, la comunicación también se considera en sí misma un servicio que, a través del intercambio de información, puede mejorar los resultados para los usuarios e incrementar su satisfacción con las instituciones. Por el contrario, si la comunicación se percibe como inexacta, inaccesible, parcial o irrelevante, puede dañar la confianza pública, llevando a percepciones de que las instituciones son poco confiables o no dignas de confianza. La Encuesta de Confianza de la OCDE capta cómo las personas en Chile perciben los esfuerzos de comunicación pública en tres áreas: acceso a información clara sobre procedimientos administrativos, comunicación sobre reformas y estadísticas gubernamentales.

Las personas en Chile tienden a estar más satisfechas con los aspectos más "técnicos" o rutinarios de la comunicación pública que se relacionan con sus interacciones cotidianas con las instituciones públicas. Una gran mayoría de la población (63%) cree que es fácil acceder a información clara sobre los procedimientos administrativos públicos, ligeramente por debajo del promedio de la OCDE (67%) (ver Figura 3.8 en el Capítulo 3). Sin embargo, los grupos de población más vulnerables encuentran más difícil acceder a la información pública que el resto de la población. Las diferencias en las percepciones sobre el acceso a la información dentro de los grupos de población muestran tendencias similares a las encontradas en los países de la OCDE, aunque la juventud en Chile encuentran significativamente más difícil acceder a información sobre procedimientos administrativos públicos que sus pares de la OCDE(Figura 4.1).

Por el contrario, la gente es más pesimistas respecto a la capacidad o disposición del gobierno para explicar cómo las reformas afectarán a las personas. Solo el 38% de las personas encuestadas cree que el gobierno comunica claramente cómo una reforma les afectará, en línea con el promedio de los países de la OCDE (39%) (Figura 4.2). Los resultados indican un área potencial de enfoque para la acción gubernamental, ya que la comunicación efectiva de las reformas es un determinante significativo de confianza en el gobierno nacional en Chile, en base al análisis de los diferentes aspectos de gobernanza pública (ver el Capítulo 2).

Las instituciones gubernamentales proporcionan estadísticas como parte de sus esfuerzos de transparencia. Estas estadísticas ayudan al público a comprender y evaluar los desarrollos económicos, sociales y gubernamentales. Alrededor de una de cada tres personas reporta confiar en la confiabilidad (33%), accesibilidad (34%) o facilidad de comprensión (37%) de las estadísticas gubernamentales. Esto representa un área de mejora potencial, ya que cerrar la brecha entre la percepción algo pesimista de las estadísticas gubernamentales por parte de las personas y su calidad real podría ayudar a que la gente confíe y comprenda mejor la evidencia utilizada en el desarrollo de políticas, y evalúe el desempeño del gobierno. Traducir las estadísticas en mensajes relevantes, por ejemplo, a través de la visualización de datos, puede ser un paso relevante a tomar.

A su vez, dado que casi la mitad de la población chilena cree que el gobierno puede confiar en las personas para proporcionar información precisa al solicitar servicios sociales o al declarar impuestos (Figura 2.5 en el Capítulo 2), estos hallazgos también podrían sugerir que se percibe una asimetría en términos de flujos de información, poniendo en peligro la confianza entendida como una calle de doble sentido. Por tanto, para reforzar la confianza, Chile podría intensificar sus esfuerzos de comunicación proactiva y ampliar la audiencia a la que llega. Por ejemplo, durante las preparaciones para la reforma de pensiones, las personas encargadas de formular políticas viajaron por todo el país para explicar el contenido del proyecto de reforma, su alcance y sus impactos. Además, la reforma propuesta fue uno de los dos temas políticos (pensiones y salud) de la Asamblea Deliberativa en Línea LXS400, lanzada por el Senado de Chile y dirigida por la Fundación Tribu en cooperación con el Centro para la Democracia Deliberativa de la Universidad de Stanford (Tribu Foundation, n.d.). Estas prácticas están en línea con las recomendaciones de la Unión Europea para una comunicación pública confiable, que destacan que los comunicadores públicos deberían invertir más en formas efectivas de escuchar a la ciudadanía para aumentar la confianza en su administración pública y en la democracia (Smillie and Scharfbillig, 2024). Asimismo, Chile también podría basarse en ejemplos de otros países de la OCDE, utilizando un lenguaje claro y sencillo para simplificar la comunicación, y apuntar a audiencias específicas a través de canales identificados como relevantes. El Manual de Comunicación de Costa Rica, que incluye directrices detalladas sobre cómo comunicarse con grupos vulnerables y sobre temas delicados (incluyendo migración, violencia de género, derechos LGTBQ+ y personas con discapacidades) podría ser un ejemplo relevante (OECD, 2021). Las lecciones sobre la comunicación de la reforma de pensiones incluidas en el Reporte de Sistemas de Pensiones de la OCDE 2022 de Eslovenia también podrían ser útiles (Cuadro 4.1).

4.1.2. La mayoría de las personas se informa sobre política principalmente a través de redes sociales, en un entorno de información cada día más desafiante

Tanto el acceso a la información pública como la comunicación pública han sido impactados por los cambios globales en el entorno informativo, notablemente por la rápida digitalización (OECD, 2021). Las preocupaciones sobre la integridad y fiabilidad de la información han crecido significativamente en los últimos años (OECD, 2024). Estas preocupaciones a menudo se traducen en desconfianza hacia los medios de comunicación. La Encuesta de Confianza de la OCDE encontró que, en Chile, solo el 28% de la población expresa una confianza de moderada a alta en los medios de comunicación, 11 puntos porcentuales por debajo del promedio de la OCDE. La falta de confianza en los medios puede distorsionar la relación de los individuos con las instituciones públicas, generando una fe ciega injustificada en las instituciones o cinismo hermético a nueva información.

Con más de 5 mil millones de usuarios activos a nivel mundial, las redes sociales, con su acceso irrestricto y consumo rápido, se han convertido en una fuente popular de información (We Are Social and Meltwater, 2024). Al mismo tiempo, las redes sociales han facilitado la propagación de desinformación a una velocidad y volumen sin precedentes. Esto ha dañado el discurso público, la participación democrática y la confianza pública (OECD, 2024)., y las redes sociales han facilitado la distribución masiva de estos tipos de mensajes, en un contexto en el que las creencias personales y las emociones juegan un papel cada vez mayor en la formación de la opinión pública, más allá de los hechos objetivos (Schnell, 2022).

La confianza de las personas en el gobierno está relacionada con sus hábitos de consumo de noticias (OECD, 2024). Solo el 15% de las personas en Chile que prefieren no seguir noticias políticas reportan una confianza moderada o alta en el gobierno, mientras que la proporción se duplica (31%) entre aquellos que siguen las noticias de alguna manera (Figura 4.3). Además, muy pocas personas (2%) no siguen noticias políticas. Asimismo, las personas que se mantienen informadas sobre política o asuntos actuales a través de la prensa escrita (39%) o redes sociales (33%) tienden a confiar más en el gobierno nacional en Chile que aquellos que no utilizan estos medios (25% y 26%, respectivamente). Sin embargo, los niveles de confianza son prácticamente los mismos entre quienes usan la televisión o la radio para informarse (31%) y quienes no lo hacen (30%). En contraste con los hallazgos en la OCDE, donde el consumo de información mediante redes sociales parece vincularse a menores niveles de confianza, el consumo de noticias a través de redes sociales en Chile podría estar influyendo en el conocimiento y/o interés de las personas sobre política, dejando de lado todos los factores socioeconómicos que influyen en la elección de medios o el interés por las noticias. Estos hallazgos pueden interpretarse con un ligero optimismo, ya que el uso de redes sociales en Chile (48%) está por encima del promedio en los países de la OCDE (33%).

Sin embargo, más evidencia de la Encuesta de Confianza de la OCDE muestra desafíos potenciales con respecto al uso de redes sociales y la integridad de la información en Chile. En comparación con personas encuestadas en los países de la OCDE (35%), más chilenas informaron que consideran que la persona que comparte la noticia es un criterio clave para evaluar la confiabilidad de la información (42%). Mientras que sólo una de cada tres personas (33%) confía en que las instituciones públicas proporcionen estadísticas confiables todo o la mayor parte del tiempo, por debajo del promedio de la OCDE (37%).

Asimismo, durante entrevistas realizadas en el marco de este estudio, con personas expertas nacionales, estas señalaron que las preocupaciones anteriores también deberían considerar campañas recientes de desinformación en varios ámbitos de la vida pública en Chile. Estas campañas ocurrieron, por ejemplo, durante el proceso constitucional y en situaciones de desastres naturales. Incluso hubo campañas destinadas a disuadir a las personas de no participar en el censo nacional. No obstante, las personas en Chile reportaron estar ligeramente menos preocupadas que los ciudadanos de la OCDE sobre los peligros de las redes sociales (4% frente al 6%, respectivamente) y la propagación de la desinformación y las noticias falsas (7% frente al 11%). Subestimar estos desafíos podría hacer que las personas sean más vulnerables a los riesgos de la información, lo que refuerza la necesidad de que el gobierno chileno invierta en un entorno informativo saludable.

Chile podría promover un ecosistema informativo saludable mediante el fortalecimiento de un enfoque proactivo y holístico en la comunicación que fomente medios diversos, independientes y de calidad, y que ayude a prevenir y combatir la desinformación y la difusión de información errónea. Algunas iniciativas que se están llevando a cabo en países de la OCDE, que buscan mejorar la capacidad del gobierno para usar las redes sociales y abordar la desinformación, podrían servir como ejemplos relevantes (Cuadro 4.2).

4.1.3. Las iniciativas hacia una mayor inclusión en la toma de decisiones muestran un impacto positivo, pero la mayoría de la población todavía siente que carece de voz política

El retorno de Chile a la democracia a fines del siglo XX ha estado acompañado de un sentimiento generalizado de exclusión política (ver Capítulo 1). Los sesgos mayoritarios del sistema electoral binominal y un sistema de partidos cerrado contribuyeron a la percepción de que el voto el voto individual tenía un impacto irrelevante, disminuyendo los niveles de participación electoral (Couffignal, 2011). Sin embargo, una serie de reformas políticas en las últimas décadas—que van desde la abolición de los senadores vitalicios hasta el establecimiento de la representación proporcional, cuotas de género o el voto obligatorio—y los recientes procesos constitucionales parecen haber comenzado a abrir el espectro político hacia una mayor representación e inclusión. En esta línea, la literatura sobre sistemas electorales ha subrayado que, a lo largo de la historia, el voto obligatorio en América Latina podría entenderse como una forma de promover la igualdad política (Carey and Horiuchi, 2017; Lijphart, 1997). Así, el restablecimiento del voto obligatorio en Chile en 2022 llevó a altos niveles de participación. El 76% de las personas encuestadas en la Encuesta de Confianza de la OCDE 2023 en Chile informó haber votado en las últimas elecciones nacionales, y el 57% en las últimas elecciones municipales, ligeramente por encima de las cifras administrativas del SERVEL de 56% y 43%, respectivamente (así como se observa en otros países encuestados, la diferencia en porcentajes que puede estar relacionada con el sesgo de deseabilidad social, y en particular en Chile con el establecimiento del voto obligatorio y el intenso calendario electoral de los últimos años). Además, las percepciones de las personas sobre el sistema electoral son bastante positivas, siendo la segunda institución más confiable del país, solo por debajo de la policía (Figura 2.7 en el Capítulo 2).

Más allá de los aspectos electorales, Chile ha implementado múltiples iniciativas para promover la participación ciudadana en la vida pública. La Ley 20.500 (2011) sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública requiere a las agencias públicas que creen Consejos de la Sociedad Civil (COSOC) y los consulten al desarrollar políticas y programas que afecten los intereses de sus grupos de población. Por ejemplo, los Consejos de Niños y el Instituto Nacional de la Juventud tienen un papel clave y están elaborando la agenda estratégica en las discusiones hacia una Política Nacional de la Infancia. Otros buenos ejemplos son las consultas públicas organizadas por el Ministerio del Medio Ambiente, que no solo proporcionan información y cronogramas sobre las consultas, sino que también organizan talleres abiertos al público para intercambiar y proporcionar detalles sobre los procesos. Además, durante los recientes procesos constitucionales, se alentó a las personas a presentar iniciativas populares. En el último proceso, más de 600.000 personas participaron y 31 propuestas fueron discutidas por la Convención. Al respecto, estas instancias de apertura del gobierno a la participación pública en el diseño de políticas pueden haber influido en las percepciones relativamente positivas sobre la capacidad de respuesta del gobierno: según la Encuesta de Confianza de la OCDE, alrededor de cuatro de cada diez personas en Chile (42%) creen que es probable que las políticas nacionales cambien si más de la mitad de las personas expresaran claramente una opinión en contra, en comparación con el 37% en promedio en los países de la OCDE.

De manera similar, las iniciativas mencionadas anteriormente pueden tener un impacto positivo en la participación política en el país. Alrededor de una de cada cinco personas encuestadas (23%) informó haber participado en consultas públicas, en comparación con el 10% de las personas en promedio en los países de la OCDE. Las personas encuestadas en Chile también informaron participar más (28%) que el promedio de la OCDE (16%) a través de canales digitales (publicando contenido en redes sociales) o manifestándose (14% frente al 8,6%, respectivamente) (Figura 4.4). Además, cerca de la mitad de la población en Chile (47%) reportó sentirse confiada en su propia capacidad para participar en la política, por encima del promedio de la OCDE (40%) (Figura 4.5). Sin embargo, es importante tener en cuenta que, dado el momento en que se realizó la Encuesta de Confianza de la OCDE —dos meses antes del plebiscito sobre la segunda propuesta constitucional—, los esfuerzos participativos establecidos para reescribir la Constitución del país pueden haber influenciado las experiencias positivas reportadas en el país.

Un elemento adicional a destacar es que las cifras sobre participación política por encima de los promedios de la OCDE se refieren a muchas formas de participación que tienen una naturaleza más reactiva e individual, en comparación con otras formas de participación, como asistir a reuniones de partidos políticos o sindicatos, que implican una reflexión y acción colectiva —posibles bases para fortalecer el capital social en el país (Prats and Meunier, 2021). Además, las percepciones sobre las instituciones que combinan y representan intereses colectivos son muy bajas en Chile. Los partidos políticos y el Congreso son menos confiados que en promedio en los países de la OCDE, y solo tres de cada diez (33%) personas dicen confiar en la sociedad civil y en las organizaciones no gubernamentales (Figura 2.7 en el Capítulo 2).

Asimismo, a pesar de las percepciones positivas sobre la capacidad personal para participar en política y las altas tasas de participación en ciertos tipos de actividades políticas, las personas encuestadas en Chile son menos propensas a creer que realmente pueden influir en las decisiones políticas, lo cual puede estar relacionado con la falta de compromiso político colectivo, como también se señala en un reciente informe realizado por el PNUD (PNUD, 2024). Solo el 22% de la población cree que tiene voz en lo que hace el gobierno, por debajo del promedio de los países de la OCDE (30%) y de los cuatro países latinoamericanos de la OCDE (28%) (Figura 4.6). Este resultado es consistente con más evidencia que muestra que, aunque ligeramente por encima del promedio de los países de la OCDE, solo el 36% de las personas respondieron que sería probable que el gobierno considerara sus opiniones si fueran consultadas (Figura 4.7). Los porcentajes son aún más bajos entre los grupos de población más vulnerables, que sienten que carecen de voz política. Las diferencias entre los grupos de población son similares a las encontradas en los países de la OCDE, salvo en términos de edad, siendo la juventud chilena más escéptica que sus pares de la OCDE. Además, las percepciones sobre la voz política según las preocupaciones financieras muestran la mayor brecha entre los grupos de población y en comparación con los promedios de la OCDE (Figura 4.8), en línea con los resultados relacionados con la equidad, incluidos en otra sección de este capítulo.

Los resultados anteriores también sugieren una brecha entre las percepciones de la población a nivel personal —con respecto a su papel en el sistema— y aquellas a nivel sistémico —sobre el sistema mismo—. Muchas personas se sienten capaces de participar en la vida pública, pero muy pocas se sienten capaces de influir en la política. Aunque muchas informan participar en consultas públicas, muy pocas sienten que sus voces son escuchadas. En línea con estos resultados, una gran mayoría de la población (84%) cree que la ciudadanía debería votar directamente sobre temas específicos, mientras que es bastante escéptica sobre las instituciones de la democracia representativa y la acción colectiva. El apoyo de la gente en Chile a los mecanismos de democracia directa está ligeramente por encima del promedio de los países de la OCDE (79%).

Chile podría invertir en construir puentes para acortar estas brecha y abordar el posible escepticismo, especialmente considerando que los resultados no parecen sugerir desinterés, sino, por el contrario, apetito por la participación. Estos puentes podrían involucrar diferentes tipos de iniciativas. Primero, Chile podría basarse en sus propias experiencias positivas, reforzando los programas existentes para aumentar las oportunidades de participar y mejorar la percepción de ser escuchado, lo cual no se relaciona con aumentar la cantidad sino la calidad de las consultas (Nabatchi, 2012). Para aprovechar la participación chilena en las consultas públicas, el gobierno podría aumentar los esfuerzos en comunicar objetivos específicos y pasos, establecer expectativas realistas entre la ciudadanía, y dar retroalimentación a los aportes proporcionados por la gente, para que puedan seguir su impacto en las políticas. Los esfuerzos de los gobiernos brasilero, australiano y escocés sobre consultas públicas pueden ser ejemplos relevantes a considerar (Cuadro 4.3).

En segundo lugar, y más allá de mejorar las iniciativas existentes, Chile podría explorar la implementación de enfoques innovadores para la participación e involucramiento, como una forma de adaptarse y responder a formas innovadoras de participación. A través de la participación creativa, grupos históricamente marginados como mujeres y jóvenes han logrado superar a los hombres mayores que durante mucho tiempo han dominado la participación política tradicional (Theocharis and de Moor, 2021). Los mecanismos innovadores para promover la participación pueden incluir, por ejemplo, experiencias deliberativas representativas (Cuadro 4.4). Como parte de estos procesos, un grupo de personas seleccionadas al azar (representativo de una comunidad) formula recomendaciones colectivas para los responsables de la formulación de políticas sobre problemas complejos, después de dedicar su tiempo a aprender y trabajar juntos a través de una deliberación asistida. Gracias al muestreo estratificado y la selección aleatoria, estos mecanismos tienen el potencial de incluir a grupos previamente marginados con frecuencia en la formulación de políticas públicas y la toma de decisiones.

Involucrarse en política a menudo se ha vinculado con los recursos individuales; y las personas con más ingresos, educación o tiempo tienden a participar más en política que otras, tanto en Chile como en el mundo (Castillo et al., 2015). Por lo tanto, incluso para formas creativas de participación, la educación sigue siendo una barrera, y muchas de estas formas se centran en la participación individual. Es por eso que, junto con las sugerencias anteriores, Chile también debería fortalecer las instituciones tradicionales de la democracia representativa, como los partidos políticos, y seguir mejorando el sentido de agencia política de los chilenos. En sociedades contemporáneas y complejas, los partidos políticos y los sindicatos han sido una solución para coordinar las diversas y múltiples preferencias y asegurar la representación de sus intereses en la formulación de políticas. Siendo estas las instituciones menos confiables, necesitan un fortalecimiento urgente mediante, por ejemplo, la adopción de una posición proactiva para mejorar la apertura y la buena gobernanza, garantizando la rendición de cuentas de los líderes y la selección democrática de las candidaturas. Al mismo tiempo, fomentar la participación estudiantil desde una edad temprana se puede lograr implementando programas educativos, como las elecciones simuladas realizadas en las escuelas noruegas con el objetivo de promover el compromiso participativo y con las instituciones democráticas representativas desde temprano (Cuadro 4.5) o incluyendo alguna forma de actividades políticas o cívicas, como el aprendizaje basado en el servicio o actividades de servicio comunitario que brinden a los jóvenes oportunidades accesibles para contribuir a sus comunidades (Beaumont, 2010).

4.1.4. Existe apetito por mayor influencia política y un rol creciente para los gobiernos subnacionales

Chile es un país unitario y altamente centralizado. En 2021, se eligieron gobernadores regionales por primera vez, y Chile está atravesando un proceso de descentralización. No obstante, muchos de los mandatos de los gobiernos subnacionales aún deben definirse, cuentan con recursos financieros y humanos limitados, y el diseño e implementación de políticas se define en gran medida a nivel central (OECD, 2017).

Garantizar a las personas la oportunidad de expresar sus opiniones sobre decisiones que afectan a su comunidad es el factor más significativo para generar confianza en los gobiernos locales en Chile. Sin embargo, solo el 35% de las personas cree que tendría la oportunidad de expresar su opinión sobre asuntos comunitarios. Estos resultados representan las percepciones más bajas de apertura en Chile y están por debajo del promedio de los países de la OCDE (41%) (Figura 4.9). En línea con lo antedicho, personas expertas y funcionarias entrevistadas para este informe destacaron que la mayoría de las políticas en Chile se diseñan y deciden a nivel central. También expresaron preocupaciones relacionadas con la reciente elección por primera vez de autoridades regionales, señalando que la ciudadanía aún carece de claridad sobre sus funciones y mandatos.

Además, como se destacó durante entrevistas realizadas en ocasión de este estudio, debido a su extensión territorial, personas que no viven en la Región Metropolitana reportaron experimentar una "distancia" con las instituciones gubernamentales, especialmente en términos de voz política. Por ejemplo, aquellos que viven fuera de Santiago tienen percepciones más bajas sobre que el gobierno incorpore sus aportes de las consultas públicas (Figura 4.10).

Finalmente, el 44% de la población cree que el gobierno tomaría en consideración las necesidades y opiniones regionales al diseñar políticas nacionales, lo que podría interpretarse como una demanda de mayor representación de las perspectivas locales y regionales. Además, entre aquellas personas que consideran probable que el gobierno nacional tome en consideración las necesidades y opiniones de los

representantes regionales, el 51% reporta una confianza alta o moderadamente alta en el gobierno nacional, mientras que este porcentaje se reduce al 12% entre las escépticas (Figura 4.11). Este resultado sugiere demandas de una mayor representación regional en línea con el avance de la reforma de descentralización.

Considerando los resultados anteriores y para reforzar la voz política y la confianza a nivel local, Chile podría continuar fortaleciendo su agenda de descentralización junto con explorar iniciativas para abrir la formulación de políticas a los aportes ciudadanos a nivel local. Algunas iniciativas implementadas en países de la OCDE podrían servir de ejemplo (Cuadro 4.6).

4.1.5. Oportunidades para mejorar la apertura y lograr una participación significativa

Los resultados de la Encuesta de Confianza de la OCDE de 2023 indican que las personas en Chile son optimistas sobre su acceso a la información y su capacidad para participar en la política. Sin embargo, la mayoría de las personas sienten que no tienen voz en lo que hace el gobierno, y muchas esperan que el gobierno use mejor los aportes públicos y comunique más claramente sobre las reformas. Las acciones políticas para mejorar la apertura y aumentar la confianza pública incluyen las siguientes:

Continuar intensificando los esfuerzos de comunicación proactiva de Chile y ampliar la audiencia a la que se llega. El gobierno también podría basarse en ejemplos de otros países de la OCDE, utilizando un lenguaje claro y sencillo para simplificar la comunicación, y dirigirse a diferentes grupos de audiencias a través de canales relevantes identificados.

Promover un entorno de medios saludable, diverso e independiente que mejore las oportunidades de escrutinio público y toma de decisiones informada, y al mismo tiempo invertir en enfoques basados en evidencia para la alfabetización mediática con el fin de fomentar la resiliencia social.

Reducir la brecha entre las percepciones de participación política a nivel individual y la falta de voz en los entornos institucionales y el sistema político. Esto se podría lograr mediante una serie de iniciativas, que incluyen:

• Primero, Chile podría basarse en sus propias experiencias positivas, reforzando las iniciativas existentes. Para aprovechar la participación chilena en las consultas públicas, el gobierno podría aumentar los esfuerzos en comunicar los objetivos y pasos de las consultas, establecer expectativas realistas entre la ciudadanía, y dar retroalimentación a los aportes proporcionados, para que puedan seguir el impacto en las políticas.
• Segundo, Chile podría explorar la implementación de mecanismos innovadores para promover la participación, como experiencias deliberativas representativas. A través del muestreo estratificado y la selección aleatoria, estos mecanismos tienen el potencial de incluir a grupos que con frecuencia han sido marginados en la formulación de políticas públicas y la toma de decisiones.

• Chile también podría fortalecer las instituciones tradicionales de la democracia representativa, como los partidos políticos (i.e., garantizando la rendición de cuentas de los líderes y los procedimientos de selección democrática de candidaturas); y seguir mejorando el sentido de agencia política de la población, fomentando la participación estudiantil desde una edad temprana mediante elecciones simuladas o incluyendo en el currículo escolar alguna forma de actividades políticas o cívicas.
• Reforzar la voz política y la confianza a nivel local mediante el fortalecimiento y la profundización de su agenda de descentralización, junto con explorar iniciativas para abrir la formulación de políticas a los aportes ciudadanos a nivel local.

4.2. Integridad

La integridad pública se refiere a la alineación constante y la adhesión a valores éticos compartidos, principios y normas para defender y priorizar el interés público sobre los intereses privados en el sector público (OECD, 2017). La integridad fomenta un cambio de mentalidad en el sector público y en la sociedad en general, así como implica un sistema integral y bien coordinado de procedimientos eficientes de rendición de cuentas entre las instituciones y entre el gobierno y la ciudadanía.

Promover la integridad pública y prevenir la corrupción es crucial para generar confianza en el gobierno y las instituciones públicas (Mungiu-Pippidi, 2015; Murtin et al., 2018; Van de Walle and Migchelbrink, 2020). Por definición, la corrupción implica el abuso de la confianza depositada en una obligación pública, socavando la percepción de las personas sobre las instituciones públicas. Por el contrario, la integridad es una condición previa para que los gobiernos funcionen de manera efectiva, sean percibidos como legítimos y confiables.

El Marco Analítico de la OCDE sobre los Determinantes de la Confianza en las Instituciones Públicas considera la integridad en relación con el mandato del gobierno de usar los poderes y los recursos públicos de manera ética, manteniendo altos estándares de conducta, comprometiéndose a luchar contra la corrupción y promoviendo la rendición de cuentas. La Encuesta de Confianza de la OCDE incluye cuatro preguntas para medir la integridad, abordando corrupción menor/sobornos por parte de las personas funcionarias públicas, las "puertas giratorias" del alto funcionariado político, las percepciones sobre la captura de políticas y la rendición de cuentas entre las diferentes ramas del gobierno.

Aunque aún hay margen de mejora, las percepciones chilenas sobre la integridad pública están ligeramente por encima del promedio de la OCDE. La única excepción son las opiniones de las personas encuestadas respecto a la disposición de las personas funcionarias públicas hacia el soborno, lo cual podría estar relacionado con los bajos niveles de confianza en el servicio civil nacional. La confianza en que el Congreso haga responsable al gobierno por sus acciones y políticas es el único determinante de gobernanza pública en materia de integridad que está asociado con la confianza en el gobierno nacional, el gobierno local y el servicio civil en Chile.

4.2.1. Chile es un líder regional en promover la integridad pública

Chile ha sido durante mucho tiempo un pionero regional en cuanto a iniciativas para promover la integridad pública y evitar la captura de políticas. Hace una década, mediante la Ley 20.730 (2014), se convirtió en el primer país de América Latina y uno de los primeros entre los países de la OCDE en regular el lobby y la representación de intereses privados ante las autoridades y funcionariado públicos. Chile cuenta con un marco legal robusto y mecanismos efectivos para investigar y sancionar prácticas corruptas, y en 2023 lanzó su primera y comprehensiva "Estrategia Nacional de Integridad Pública" (Cuadro 4.7). Según evaluaciones de expertas/os, Chile es el país menos corrupto de América Latina y ocupa el puesto 29 entre 180 países en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional (GAN Integrity, n.d.; Transparency International, n.d.). Consistentemente, como se puede ver en la Figura 4.12 y como se verá en más detalle en las siguientes secciones, las percepciones de las personas sobre la integridad pública están por encima del promedio de la OCDE.

4.2.2. Pero la gente en Chile identifica la corrupción como un desafío y sus percepciones sobre sobornos parecen no cumplir con las expectativas

La corrupción es reportada como uno de los problemas más relevantes que enfrenta Chile por el 32% de las personas, en comparación con el 20% en promedio entre los países de la OCDE (ver Figura 2.3 en el Capítulo 2). Además, solo un tercio de la gente (31%) cree que las personas funcionarias públicas rechazarían dinero para acelerar el acceso a un servicio, por debajo del promedio de la OCDE (36%). Estas percepciones son peores entre quienes reportaron tener preocupaciones financieras, sentirse discriminados o preocuparse por el crimen (Figura 4.13), lo cual alimenta su sensación de exclusión y acceso desigual a las instituciones y servicios públicos en sus interacciones diarias.

Además, expertos/as entrevistados/as para este estudio destacaron que aún existen debilidades en el sistema de integridad chileno. Estas incluyen, por un lado, la ausencia de una única agencia independiente que supervise la agenda de integridad, y, por otro lado, capacidades insuficientes para garantizar la aplicación de las regulaciones de integridad en todos los niveles de gobierno, particularmente en los municipios, que son los principales responsables de la prestación de servicios. Estos hallazgos están respaldados por evidencia de la Fiscalía (Ministerio Público) sobre recientes y crecientes escándalos de corrupción a nivel local, como se destacó durante las entrevistas para este estudio. Por lo tanto, y para reforzar la integridad pública y aumentar la confianza, Chile podría priorizar garantizar estándares de integridad en todos los niveles de gobierno. En este sentido, la propuesta de avanzar en integridad a nivel municipal es un paso importante, y los casos de Perú y Brasil podrían servir como ejemplos relevantes sobre cómo integrar la integridad en toda la administración pública (Cuadro 4.8).

Finalmente, la integridad no se limita al sector público. Las empresas, las organizaciones de la sociedad civil y los individuos son parte de la sociedad, y su comportamiento también puede impactar la integridad en su comunidad. Basado en las entrevistas realizadas en ocasión de este estudio, las percepciones bajas sobre la integridad pública se extienden a la sociedad en general, lo que podría sugerir un "desafío moral" en Chile. Según el Índice de Confianza Global de IPSOS 2023, solo una de cada cinco personas en Chile cree que los líderes empresariales (20%) o los periodistas (22%) son confiables (IPSOS, 2023). A su vez, una investigación reciente del PNUD encontró que alrededor de la mitad de la élite (49%) cree que las personas son individualistas y no se preocupan por el bien común (PNUD, 2024). Asimismo, los hallazgos de la Encuesta Mundial de Valores muestran que una de cada cinco personas en Chile (20%) cree que podría ser justificable evitar el pago de una tarifa en el transporte público o hacer trampa en los impuestos (WVS, 2018), y solo alrededor de tres de cada cinco personas (58%) creen que no es en absoluto justificable evadir impuestos (Latinobarometer, 2023). De manera similar, cuando se les preguntó en la Encuesta de Confianza de la OCDE, un tercio de la población (33%) cree que la gente no puede ser confiable para proporcionar información precisa al solicitar beneficios sociales o declarar impuestos (Figura 2.2). Por lo tanto, Chile podría invertir activamente en comunicar al público su papel y responsabilidad para mantener la integridad. Por ejemplo, incluyendo no solo un currículo integral sobre integridad pública en las escuelas, sino también capacitación para los educadores (OECD, 2024).

4.2.3. Muchas personas están preocupadas por que los intereses privados sesguen las políticas públicas respecto del interés público

Además de los tipos de corrupción manifiesta y abordada legalmente, como el soborno, otras formas más encubiertas de corrupción pueden distorsionar la toma de decisiones públicas respecto a lo que es mejor para la población en general. Esto puede incluir, por ejemplo, permitir que los intereses privados del funcionariado influyan de manera indebida en el proceso de toma de decisiones o usar conexiones personales o posiciones privilegiadas para influir en las políticas.

Chile tiene muchas regulaciones para prevenir y abordar la influencia indebida, pero existen debilidades en lo que respecta a la implementación y el cumplimiento. Un informe reciente sobre la regulación del lobby y la influencia en Chile encontró que el marco legal del país no cubre todas las actividades de influencia ni a todos los actores potencialmente involucrados y que su régimen de sanciones no es efectivo, creando vacíos legales y oportunidades para la influencia indebida (OECD, 2024).1 Chile también carece de regulaciones sólidas posteriores al empleo público, así como de reglas para los lobistas que buscan pasar al sector público. Además, en entrevistas realizadas en ocasión de este estudio, expertas/os señalaron una serie de casos de corrupción con impunidad, en los cuales las personas culpables recibieron solo sanciones simbólicas. Esto está en línea con la evidencia de un informe que monitorea la implementación de la Convención Antisoborno de la OCDE en Chile, que destacó fallas significativas en la ley de responsabilidad corporativa de Chile y en sus modelos de prevención de delitos, como los programas de cumplimiento corporativo, incluso en casos en que altos directivos se involucran en sobornos extranjeros (OECD Working Group on Bribery, 2018).

Los resultados de la Encuesta de Confianza de la OCDE muestran que las personas en Chile tienen preocupaciones sobre la influencia indebida, incluso si las percepciones chilenas sobre "puertas giratorias" o captura de políticas son ligeramente mejores que el promedio entre los países de la OCDE. La mayoría (52%) cree que es improbable que un formulador de políticas rechace un trabajo bien remunerado en el sector privado ofrecido a cambio de un favor político, en comparación con el 48% entre los países de la OCDE (Figura 4.14). Las personas con preocupaciones financieras y que se identifican como pertenecientes a un grupo discriminado tienden a ser más escépticas de que las mismas reglas se apliquen a todos (Figura 4.15).

Los resultados sobre las percepciones de captura de políticas pueden interpretarse de manera más positiva que las percepciones sobre la integridad del funcionariado público y responsables de políticas, a pesar de que siguen siendo desafiantes. Más de un tercio de la población encuestada (35%) cree probable que el gobierno sea capaz de resistir el lobby de una corporación para una política que podría beneficiar a su industria, pero ser perjudicial para la sociedad en su conjunto. Esto está por encima del promedio de los países de la OCDE (30%) (Figura 4.16). Además, en comparación con aquellos en posiciones más ventajosas, las personas que informaron tener preocupaciones financieras o que se identifican como pertenecientes a un grupo discriminado ven al gobierno como más resistente a los intereses privados (Figura 4.17).

Basándose en los datos y reportes recientes, el gobierno de Chile podría mejorar las percepciones sobre la influencia indebida y aumentar la confianza ampliando el alcance de su marco legal actual para cubrir formas indirectas de lobby, como el lobby a través de redes sociales, anuncios políticos pagados e iniciativas de base, siguiendo ejemplos de definiciones más amplias de lobby en otros países de la OCDE (OECD, 2022) (Cuadro 4.9). El reporte de la OCDE sobre el marco regulatorio y las prácticas actuales en torno al lobby también recomienda aclarar el comportamiento esperado del funcionariado público al tratar con el lobby, fortalecer las regulaciones sobre "puertas giratorias", asignar responsabilidades más claras para la aplicación de la ley a un organismo independiente y reforzar el régimen de sanciones (OECD, 2024). Dos proyectos de ley para fortalecer el marco del lobby e introducir regulaciones robustas sobre las puertas giratorias, considerando las recomendaciones clave de la OCDE, fueron presentados por el gobierno en junio de 2024 y siguen en discusión al momento de redactar este informe (Government of Chile, 2024).

4.2.4. Las personas tienen una visión relativamente positiva de la rendición de cuentas entre los poderes del Estado

Los pesos y contrapesos entre los poderes del Estado son uno de los principios clave de las democracias, que tienen como objetivo asegurar la representación de diferentes ideas y principios en el gobierno, así como proteger las instituciones contra cualquier intento de abuso de poder (es decir, que ninguna persona o institución gobierne sola). Junto con Uruguay y Costa Rica, Chile ha sido reconocido durante mucho tiempo como una de las pocas democracias en América Latina donde el poder legislativo (y los partidos), el ejecutivo y el judicial operan dentro de sus respectivos marcos institucionales, lo que permite controles institucionales eficientes y roles claramente definidos para cada poder en términos de elaboración de políticas y asignación de poder (O’Donnell, 1996).

Sobre del promedio en los países de la OCDE, el 44% de las personas encuestadas en Chile por la Encuesta de Confianza de la OCDE, perciben que el Congreso Nacional responsabilizaría efectivamente al gobierno nacional por sus políticas y comportamiento (Figura 4.18). Este resultado es de gran relevancia en un contexto general en el que el apoyo a la democracia está disminuyendo alarmantemente (Foa et al., 2020), y más aún si se considera que las percepciones de la rendición de cuentas horizontal son un factor significativo de confianza en el gobierno, en el gobierno local y en el servicio civil en Chile (así como en el gobierno nacional en los países de la OCDE (OECD, 2024). No obstante, aún hay

margen para avanzar, y Chile podría aprovechar la implementación de la reforma de descentralización para crear más instancias de rendición de cuentas horizontal entre las agencias e instituciones del gobierno regional y central.

4.2.5. Oportunidades para el fortalecimiento de la integridad

StatLink 2 https://stat.link/c281u4

Las percepciones chilenas sobre la integridad pública están ligeramente por encima del promedio de la OCDE, pero aún hay margen para mejorar. De manera consistente con los bajos niveles de confianza en el servicio civil, la percepción más baja de integridad se relaciona con las opiniones de las personas sobre los sobornos. Las acciones de política para mejorar la integridad y fortalecer la confianza pública incluyen lo siguiente:

Priorizar el reconocimiento e implementación de normas de integridad en todos los niveles de gobierno.

Invertir activamente en comunicar al público su rol y responsabilidad en mantener la integridad pública.

Ampliar el alcance del marco legal actual sobre lobby e influencia, ampliando la definición de lobby, cubriendo así más actividades/actores, como en otros países de la OCDE, y fortalecer el régimen de sanciones.

Aprovechar la reforma de la descentralización para crear más instancias de rendición de cuentas horizontal entre los organismos nacionales y las instituciones de la administración regional y central.

4.3. Equidad

Garantizar igualdad de condiciones para la gente, así como equidad e imparcialidad en los procedimientos que sigue el gobierno y en los resultados que logra es una de las principales responsabilidades de quienes están en el poder. La equidad está estrechamente vinculada a la apertura y la integridad; las acciones poco éticas en el sector público pueden inclinar injustamente la balanza a favor de personas ricas y poderosas, mientras que la participación ciudadana transparente e inclusiva promueve procedimientos equitativos. Del mismo modo, la equidad es esencial para la confianza pública y una buena gobernanza pública. Cuando las personas perciben que las desigualdades son altas o que las oportunidades son solo para unos pocos, esto puede llevar a un menor apoyo a los principios y logros democráticos, menor cumplimiento de las regulaciones y menor confianza en las instituciones (Schnaudt, Hahn and Heppner, 2021; Lipps and Schraff, 2020). Además, si la ciudadanía cree que ha recibido un trato justo, es más probable que acepte consecuencias desfavorables, incluidas sanciones financieras (Frey, Benz and Stutzer, 2004).

Como una dimensión de la confianza, la equidad captura que tan bien los gobiernos protegen a todas las personas por el bien de la sociedad en su conjunto, tratan de manera justa a las empresas y ciudadanía, y se aseguran de que los costos y beneficios se distribuyan de manera equitativa entre todos los miembros de la sociedad.

En general, las percepciones chilenas sobre la equidad son las más bajas entre los principales determinantes de confianza en materia de gobernanza pública, y las que muestran las mayores brechas en comparación con los promedios de la OCDE. Estos resultados sugieren que existen varias oportunidades de mejora. En concreto, mejorar la percepción de equidad en el trato y distribución de beneficios gubernamentales tendría un impacto positivo significativo en la confianza en el servicio civil de Chile.

4.3.1. Las percepciones de desigualdad y discriminación son altas y socavan el contrato social en Chile

Las percepciones chilenas sobre la equidad y la desigualdad están moldeadas por su historia autoritaria reciente. Los 17 años de gobierno autoritario de Pinochet cambiaron la forma en que las personas se percibían y perciben entre sí en la sociedad. El fuerte individualismo y la priorización del esfuerzo y la ambición individual sobre los esfuerzos colectivos se enraizaron como parte de la idea autoritaria de una sociedad competitiva y móvil (Araujo and Martuccelli, 2012; Araujo and Martuccelli, 2013). Luego, durante el retorno a la democracia, y tras muchos años de enfrentarse a situaciones en las que las personas no fueron tratadas con cortesía, las demandas ciudadanas de equidad, vinculadas a la reducción de asimetrías, el "verticalismo" y el rechazo al uso del poder y los privilegios se convirtieron en precondiciones para construir su sentido de dignidad (Araujo, 2013).

La literatura académica enfatiza que la evolución histórica de Chile ha estado caracterizada por niveles significativos de desigualdad (del Pozo Artigas, 2023) (ver también el Capítulo 3 y la sección 4.2). Además, un estudio reciente en 18 países de América Latina encontró una fuerte relación estadísticamente significativa entre la desigualdad de ingresos y las percepciones de injusticia entre los países y a lo largo del tiempo (Reyes and Gasparini, 2022).

A pesar de los considerables avances en la reducción de la pobreza y la desigualdad en las últimas décadas (OECD, 2022), en Chile persisten legados de individualismo y una sensación extendida de desigualdad en las interacciones diarias entre la ciudadanía y el gobierno (PNUD, 2024). Alrededor de tres de cada diez personas reportaron sentirse parte de un grupo que es discriminado, en comparación con menos de dos de cada diez en promedio en los países de la OCDE. Las evaluaciones de expertos/as sitúan a Chile por debajo del promedio de la OCDE en términos de la protección igualitaria de derechos y libertades entre los diferentes grupos sociales (Proyecto Varieties of Democracy). Estas cifras podrían considerarse desafiantes si se considera que el análisis de los resultados de la Encuesta de Confianza de la OCDE 2023 encontró que las percepciones de discriminación en Chile (así como en los países de la OCDE) están asociadas con menores niveles de confianza en todas las instituciones públicas consideradas, con las mayores brechas de confianza en la policía, el sistema electoral y el gobierno local (Figura 4.19).

De acuerdo a la Encuesta de Confianza de la OCDE las percepciones sobre la injusticia y la discriminación atraviesan las percepciones chilenas sobre las políticas y los servicios públicos. Alrededor de cuatro de cada diez personas (39%) perciben que el funcionariado público los trataría de manera igualitaria, independientemente de su nivel de ingresos, identidad de género, orientación sexual, etnia o país de origen, en comparación con un 45% en promedio en los países de la OCDE. Una proporción similar de personas encuestadas (39%) cree que sus solicitudes de beneficios o servicios del gobierno serían tratadas de manera justa, 13 puntos porcentuales por debajo del promedio de la OCDE (52%) (Figura 4.20). Estas proporciones son aún menores entre los grupos de población más vulnerables (Figura 4.21). Los resultados reflejan lo mencionado por expertas/os entrevistadas/os en ocasión de este estudio, quienes destacaron una desconfianza generalizada hacia la equidad en el diseño y asignación de beneficios sociales, reforzada por los desafíos de alfabetización y comprensibilidad.

4.3.2. Muchas personas son escépticas sobre la disposición y capacidad de las

instituciones públicas para representar sus intereses de manera justa

También se experimenta una sensación de injusticia en la vida política. Como se mencionó en la sección 4.1, existe un sentimiento generalizado de exclusión política y desigualdad. Por debajo del promedio de los países de la OCDE, solo uno de cada tres personas encuestadas (29%) cree que es probable que el Congreso Nacional equilibre adecuadamente las necesidades de las diferentes regiones y grupos de la sociedad, mientras que el 49% piensa que es improbable (Figura 4.22). Entre aquellas personas que informaron sentirse ignoradas y discriminadas, incluso menos creen que este equilibrio sea probable (Figura 4.23), lo que refuerza la sensación de injusticia y la percepción de un doble estándar por parte de las instituciones públicas.

Además, a nivel mundial, algunos grupos de la población, como la juventud, se sienten cada vez más alienados de la política electoral tradicional. La participación electoral de jóvenes y su membresía en partidos políticos están en su punto más bajo (Sloam, 2014) y la discrepancia entre la población en edad de votar y los/as miembros de los cuerpos políticos electivos muestra que las personas menores de 30 años representan la mitad de la población mundial, pero solo el 2% de representantes (Stockemer and Sundström, 2023).

Basándose en la evidencia anterior, el gobierno de Chile podría redoblar sus esfuerzos para mejorar la equidad y aumentar la confianza. De hecho, los resultados de la Encuesta de Confianza de la OCDE muestran que existe una percepción generalizada de desigualdad e injusticia en la que el gobierno chileno necesita concentrar sus esfuerzos. Una amplia mayoría (81%) cree que el gobierno debe priorizar la igualdad de oportunidades para todos/as, y una de cada tres personas considera que la pobreza y la desigualdad son de los desafíos más relevantes para el país. Por lo tanto, más allá de los aspectos económicos, Chile podría recopilar datos sobre grupos vulnerables en un formato abierto de manera regular y compartirlos entre las instituciones públicas, lo que podría ayudar a orientar mejor las políticas, abordar las desigualdades y vulnerabilidades, como, por ejemplo, se hace actualmente en Australia. Además, podría promover iniciativas positivas para seguir asegurando una representación diversa, tanto en el sector público como en la política. El programa de graduados de comunidades étnicas de Nueva Zelanda puede ser un ejemplo relevante (Cuadro 4.10).

4.3.3. Oportunidades para promover la equidad de forma transversal en las instituciones públicas

Las percepciones chilenas sobre la equidad son las más bajas entre los principales determinantes de confianza en materia de gobernanza pública, y las que muestran las mayores brechas en comparación con los promedios de la OCDE, lo que sugiere un amplio margen de mejora. Las acciones de política para mejorar la equidad y fortalecer la confianza pública incluyen lo siguiente:

Recopilar y compartir datos agregados sobre grupos vulnerables entre las instituciones públicas, lo que podría ayudar a orientar mejor las políticas y abordar las desigualdades y vulnerabilidades.

Promover iniciativas para seguir fomentando y asegurando una representación diversa, tanto en el sector público como en la política.

Referencias

Araujo, K. (2013), “La igualdad en el lazo social: procesos sociohistóricos y nuevas percepciones de la desigualdad en la sociedad chilena”, Dados, Vol. 56/1, pp. 109-132, https://doi.org/10.1590/s0011-52582013000100005.

Araujo, K. and D. Martuccelli (2013), “Beyond institutional individualism: Agentic individualism and the individuation process in Chilean society”, Current Sociology, Vol. 62/1, pp. 24-40, https://doi.org/10.1177/0011392113512496.

Araujo, K. and D. Martuccelli (2012), Desafíos Comunes. Retrato de la Sociedad Chilena y sus Individuos, LOM Ediciones., Santiago de Chile.

Aruguete, N. et al. (2021), Trustful Voters, Trustworthy Politicians: A Survey Experiment on the Influence of Social Media in Politics, Inter-American Development Bank, https://doi.org/10.18235/0003389.

Bauhr, M. and M. Grimes (2014), “Indignation or Resignation.”, Governance, Vol. 27/2, pp. 291- 320.

Beaumont, E. (2010), Political Agency and Empowerment: Pathways for Developing a Sense of Political Efficacy in Young Adults, Wiley, https://doi.org/10.1002/9780470767603.ch20.

Beshi, T. and R. Kaur (2020), “Public Trust in Local Government: Explaining the Role of Good Governance Practices”, Public Organization Review, Vol. 20/2, pp. 337-350, https://doi.org/10.1007/s11115-019-00444-6.

Bobbio, N. (1986), El futuro de la democracia, Fondo de Cultura Económica.

Borge, J. (2016), “Tuning in to formal politics: Mock elections at school and the intention of electoral participation among first time voters in Norway”, Politics, Vol. 37/2, pp. 201-214, https://doi.org/10.1177/0263395716674730.

Brezzi, M. et al. (2021), “An updated OECD framework on drivers of trust in public institutions to meet current and future challenges”, OECD Working Papers on Public Governance, No. 48, OECD, Paris.

Carey, J. and Y. Horiuchi (2017), “Compulsory Voting and Income Inequality: Evidence for Lijphart’s Proposition from Venezuela”, Latin American Politics and Society, Vol. 59/2, pp. 122-144, https://doi.org/10.1111/laps.12021.

Castillo, J. et al. (2015), “Inequality, Distributive Justice and Political Participation: An Analysis of the Case of Chile”, Bulletin of Latin American Research, Vol. 34/4, pp. 486-502, https://doi.org/10.1111/blar.12369.

Couffignal, G. (2011), “Stabilité politique et crise de la représentation au Chili”, Cahiers des Amériques latines, Vol. 2011/3/68, pp. 109-124, https://doi.org/10.4000/cal.149.

del Pozo Artigas, J. (2023), Historia de Chile. La construccion de una sociedad desigual, LOM Ediciones, Santiago de Chile.

Foa, R. et al. (2020), The Global Satisfaction with Democracy Report 2020, Centre for the Future of Democracy, Cambridge, United Kingdom.

Frey, B., M. Benz and A. Stutzer (2004), “Introducing Procedural Utility: Not Only What, but Also How Matters”, Journal of Institutional and Theoretical Economics (JITE) / Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft, Vol. 160/3, pp. 377-401.

GAN Integrity (n.d.), Chile risk report, https://www.ganintegrity.com/country-profiles/chile/.

Global Right to Information Rating (n.d.), Chile.

Government of Chile (2024), Gobierno ingresa proyectos de Lobby 2.0 y Regulación de Puerta Giratoria, https://www.gob.cl/noticias/gobierno-ingresa-proyecto-lobby-puerta-giratoria/.

Grimmelikhuijsen, S., S. Piotrowski and G. Van Ryzin (2020), “Latent transparency and trust in government: Unexpected findings from two survey experiments”, Government Information Quarterly, Vol. 37/4, p. 101497, https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101497.

IPSOS (2023), IPSOS Global Trustworthiness Index 2023. Who does the world trust?, IPSOS. Jacquet, V., R. van der Does and M. Ryan (2023), The Impacts of Democratic Innovations, ECPR Press, Colchester.

Lijphart, A. (1997), “Unequal Participation: Democracy’s Unresolved Dilemma Presidential Address, American Political Science Association, 1996”, American Political Science Review, Vol. 91/1, pp. 1-14, https://doi.org/10.2307/2952255.

Lipps, J. and D. Schraff (2020), “Regional inequality and institutional trust in Europe”, European Journal of Political Research, Vol. 60/4, pp. 892-913, https://doi.org/10.1111/1475- 6765.12430.

Morel, A. and C. Ossandón (2024), Radiografía al histórico vínculo entre la élite y la clase política en Chile: el privilegiado origen social de las autoridades de derecha, centro e izquierda.

Mungiu-Pippidi, A. (2015), PUBLIC INTEGRITY AND TRUST IN EUROPE, European Research Centre for Anti-Corruption and State-Building (ERCAS), Hertie School of Governance.

Murtin, F. et al. (2018), ““Trust and its determinants: Evidence from the Trustlab experiment””, OECD Statistics Working Papers, No. 2018/02, OECD, Paris.

Nabatchi, T. (2012), “Putting the “Public” Back in Public Values Research: Designing Participation to Identify and Respond to Values”, Public Administration Review, Vol. 72/5, pp. 699-708, https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2012.02544.x.

O’Donnell, G. (1996), “Otra institucionalización”, Politica y Gobierno, Vol. 3/2, pp. 219-244. OECD (2024), Anti-Corruption and Integrity Outlook 2024, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/968587cd-en.

OECD (2024), Facts not Fakes: Tackling Disinformation, Strengthening Information Integrity, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/d909ff7a-en.

OECD (2024), OECD Survey on Drivers of Trust in Public Institutions – 2024 Results: Building Trust in a Complex Policy Environment, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9a20554b-en.

OECD (2024), Promoting Public Integrity across Ecuadorian Society: Towards a National Integrity System, OECD Public Governance Reviews, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/bae418f9-en.

OECD (2024), The Regulation of Lobbying and Influence in Chile: Recommendations for Strengthening Transparency and Integrity in Decision Making, OECD Public Governance Reviews, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/e84a846f-en.

OECD (2023), Drivers of Trust in Public Institutions in New Zealand, Building Trust in Public Institutions, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/948accf8-en.

OECD (2022), Building Trust to Reinforce Democracy: Main Findings from the 2021 OECD Survey on Drivers of Trust in Public Institutions, Building Trust in Public Institutions, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/b407f99c-en.

OECD (2022), Drivers of Trust in Public Institutions in Norway, Building Trust in Public Institutions, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/81b01318-en.

OECD (2022), OECD Economic Surveys: Chile 2022, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/311ec37e-en.

OECD (2022), OECD Reviews of Pension Systems: Slovenia, OECD Reviews of Pension Systems, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/f629a09a-en.

OECD (2021), OECD Report on Public Communication: The Global Context and the Way Forward, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/22f8031c-en.

OECD (2020), Innovative Citizen Participation and New Democratic Institutions: Catching the Deliberative Wave, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/339306da-en.

OECD (2019), OECD Integrity Review of Argentina: Achieving Systemic and Sustained Change, OECD Public Governance Reviews, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/g2g98ec3-en.

OECD (2017), “OECD Recommendation of the Council on Open Government”, OECD Legal Instruments, OECD/LEGAL/0438, OECD, Paris, https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0438 (accessed on 12 March 2021).

OECD Working Group on Bribery (2018), Implementing the OECD Anti-Bribery Convention. Chile Phase 4 Report, OECD Working Group on Bribery.

Orme, B. (2017), Access to Information: Lessons from Latin America. Cuadernos de Discusión de Comunicación e Información 8, UNESCO/Global Forum for Media Development, Montevideo.

PNUD (2024), Informe sobre Desarrollo Humano en Chile 2024. ¿Por qué nos cuesta cambiar?: conducir los cambios para un Desarrollo Humano Sostenible., PNUD, Santiago de Chile.

Prats, M. and A. Meunier (2021), “Political efficacy and participation: An empirical analysis in European countries”, OECD Working Papers on Public Governance, No. 46, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/4548cad8-en.

Reyes, G. and L. Gasparini (2022), “Are Fairness Perceptions Shaped by Income Inequality? Evidence from Latin America (2017)”, Documentos de Trabajo del CEDLAS, No. 209, CEDLAS-Universidad Nacional de La Plata.

Schmidthuber, L., A. Ingrams and D. Hilgers (2020), “Government Openness and Public Trust: The Mediating Role of Democratic Capacity”, Public Administration Review, https://doi.org/10.1111/puar.13298.

Schnaudt, C., C. Hahn and E. Heppner (2021), “Distributive and Procedural Justice and Political Trust in Europe”, Frontiers in Political Science, Vol. 3, https://doi.org/10.3389/fpos.2021.642232.

Schnell, S. (2022), “Transparency in a “Post-Fact” World”, Perspectives on Public Management and Governance, Vol. 5/3, pp. 222-231, https://doi.org/10.1093/ppmgov/gvac010.

Sloam, J. (2014), “‘The outraged young’: young Europeans, civic engagement and the new media in a time of crisis”, Information, Communication & Society, Vol. 17/2, pp. 217-231, https://doi.org/10.1080/1369118x.2013.868019.

Smillie, L. and M. Scharfbillig (2024), Trustworthy Public Communications, Publications Office of the European Union, JRC137725.

Stockemer, D. and A. Sundström (2023), “Age Inequalities in Political Representation: A Review Article”, Government and Opposition, pp. 1-18, https://doi.org/10.1017/gov.2023.11.

Theocharis, Y. and J. de Moor (2021), Creative Participation and the Expansion of Political Engagement, Oxford University Press, https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.1972.

Transparency International (n.d.), CPI, https://www.transparency.org/en/countries/chile.

Tribu Foundation (n.d.), LXS400 Chile Delibera, https://tribu.ong/lxs400.

Van de Walle, S. and K. Migchelbrink (2020), “Institutional quality, corruption, and impartiality: the role of process and outcome for citizen trust in public administration in 173 European regions”, Journal of Economic Policy Reform, Vol. 25/1, pp. 9-27, https://doi.org/10.1080/17487870.2020.1719103.

We Are Social and Meltwater (2024), Digital 2024 Global Overview Report. World Justice Project (2020), Rule of Law Index.

WVS (2018), World Values Survey, Wave 7 (2017-2022), https://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV7.jsp?COUNTRY=3460.