X. Políticas Sociales y Laborales
1. Chile Apoya
El gobierno del Presidente Boric inició su mandato en un contexto económico de recuperación heterogénea de la crisis sanitaria y de alta inflación. La pandemia tuvo un impacto diferenciado en los distintos sectores productivos y los trabajadores, existiendo algunos que aún permanecen rezagados. Además, la inflación ha mantenido su tendencia alcista producto de las medidas de estímulo interno previamente adoptadas y de factores internacionales como la invasión de Rusia a Ucrania, que ha contribuido indirectamente a aumentar las presiones inflacionarias en los últimos meses, debido a sus efectos en el alza de los precios de la energía y los alimentos, lo que ha significado un encarecimiento en el costo de vida de los hogares, un deterioro en sus ingresos y poder adquisitivo (Banco Central, 2022; OECD, 2022).
Bajo este contexto, el gobierno presentó en abril el Plan “Chile Apoya: Plan de Recuperación Inclusiva”, enfocado en los sectores productivos y trabajadores que aún no han logrado recuperarse del impacto que les ha significado la pandemia del COVID-19. Atendiendo las necesidades de apoyo de las personas y de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), el Plan Chile Apoya contempla un conjunto de medidas en favor de los hogares y diversos sectores de la economía que son fruto de un exhaustivo trabajo interministerial y que se estructuran en torno a seis ejes: reincorporación al trabajo formal remunerado, inversión pública, apoyo a sectores rezagados en la recuperación, impulso a las MiPyMEs, protección de ingresos y costo de vida e institucionalización de mecanismos de protección económica y social (Cuadro X.1).
Para fortalecer el apoyo a los hogares durante el periodo de invierno y fomentar la recuperación del empleo y la actividad económica, en julio se incorporaron nuevas medidas al Plan Chile Apoya. Con el propósito de ayudar a los hogares a enfrentar el alza en el costo de la vida durante los meses de invierno y promover el empleo, sin abandonar el compromiso de responsabilidad fiscal, se incorporaron nuevas medidas al Plan, entre las que se incluyen la entrega excepcional de un bono de invierno, la extensión de los subsidios Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) Laboral, Protege Apoya y del permiso de postnatal parental por un máximo de 60 días. El Plan Chile Apoya contempla movilización de recursos por US$ 5.151 millones (DIPRES, 2022).
Asimismo, dentro de estas iniciativas se entregó el Bono Extraordinario de Invierno Chile Apoya que permitió a cerca de 7,5 millones de personas enfrentar el alza de productos básicos como los alimentos, la energía y la calefacción durante el periodo de invierno. Este aporte, equivalente a $120 mil, se entregó por única vez a quienes estaban registrados en las redes de apoyo del Estado[1]. El pago de este beneficio estuvo a cargo del Instituto de Previsión Social (IPS) y su monto fue transferido a las personas beneficiarias sin necesidad de postulación, pagándose en dos grupos durante agosto de 2022.
En definitiva, el Plan Chile Apoya ha constituido un canal de apoyo a los hogares y a diversos sectores de la economía para lograr una recuperación inclusiva, tomando en cuenta el contexto de ajuste de la economía y el compromiso de responsabilidad fiscal adquirido por el gobierno del Presidente Boric.
Cuadro X.1
Medidas del Plan Chile Apoya
Eje |
Medida |
Personas Beneficiarias (estimadas) |
Reincorporación al trabajo formal remunerado |
Extensión del IFE Laboral Apoya. |
380 mil personas beneficiarias de las cuales 260 mil corresponden a grupos prioritarios. |
Extensión del Subsidio Protege Apoya. |
Mujeres y hombres inscritos en el Registro Social de Hogares (RSH), con hijos/as de hasta cinco años que no cuentan con una red de apoyo y no tienen acceso a sala cuna. |
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Fortalecimiento del Programa de 4 a 7. |
Mujeres económicamente activas, responsables del cuidado de niños/as de entre 6 y 13 años y que pertenecen a los tres primeros quintiles de ingreso autónomo. |
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Restauración de bosques nativos. |
6.000 hectáreas, 18.000 empleos (6.500 directos y 11.000 indirectos) y 2.700 propietarios/as de tierras. |
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Ingresos y costo de vida |
Bono Chile Apoya de Invierno. |
7,5 millones de personas incorporadas en las redes de apoyo del Estado. |
Salario mínimo. |
Todas las trabajadoras y trabajadores que reciben el salario mínimo. |
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Congelamiento en los precios del transporte público regulado en todo Chile durante 2022. |
5,6 millones de usuarios/as de transporte público regulado a lo largo del país. |
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Contención del precio de la parafina, el petróleo y la bencina. |
Más de 1 millón de hogares. |
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Extensión de la competencia en el mercado del gas licuado para asegurar que las y los consumidores obtengan las mejores condiciones de precio. |
Todos los hogares que utilizan gas licuado a lo largo del país. |
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Proyecto de ley para estabilizar los precios de las cuentas de la luz. |
Todos los hogares y pequeños comercios que consumen mensualmente menos de 350 KW/h no verán alzas durante 2022, en tanto aquellos que consumen entre 350 KW/h y 500 KW/h verán un alza máxima de 5%, y quienes consumen más de 500 KW/h verán un alza máxima de 15%. |
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Aumento de la Beca de Alimentación para la Educación Superior (BAES) en un 15%. |
620 mil estudiantes con beneficio base. |
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Biocombustibles sólidos. |
Todos los usuarios/as de la leña, estimados en aproximadamente 2 millones de hogares. |
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Impulso a las MiPyMEs |
Aumento de la cobertura de los programas de CORFO y SERCOTEC. |
165 mil MiPyMEs. |
Agricultura familiar, campesina y artesanal. |
1.159 usuarios/as del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP). |
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Crédito a MiPyMEs no bancarizadas. |
100 mil micro y pequeñas empresas que no estén en los registros de los bancos. |
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Flexibilización de los programas de garantías para apoyar a empresas que no accedieron a créditos del Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (FOGAPE). |
Hasta 200 mil empresas. |
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Institucionalización y mecanismos de protección económica y social |
Proyecto de ley que activa automáticamente un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de amplia cobertura en caso de confinamiento. |
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Red local de apoyos y cuidados |
5.300 personas en situación de dependencia funcional moderada o severa y sus cuidadores/as principales. |
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Ampliación en 50% de los recursos en Centros Diurnos del Adulto Mayor (CEDIAM). |
Personas mayores que se encuentran en situación de dependencia leve o moderada y que pertenezcan al 60% más vulnerable de acuerdo al RSH. |
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Mejores Alimentos de Temporada (MAT). |
Habitantes de las regiones de Arica y Parinacota, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Lagos. |
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Inversión pública |
Fondo de US$ 300 millones para infraestructura de gobiernos locales. |
Municipios, gobiernos regionales y servicios públicos que podrán presentar proyectos para recibir financiamiento ante la Dirección de Presupuestos (DIPRES). |
Extensión de los Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) a todas las regiones del país. |
Personas mayores que, por motivos biológicos, psicológicos o sociales, requieren de un medio ambiente protegido y cuidados diferenciados para la mantención de su salud y funcionalidad. |
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Apoyo a sectores rezagados en la recuperación |
Bono para las y los trabajadores de la cultura. |
30 mil trabajadores y trabajadoras de la cultura. |
Apoyo a la pequeña minería. |
Pequeña minería metálica y no metálica del país. |
Fuente: Elaboración propia en base a información del sitio web Chile Apoya disponible en el siguiente enlace: https://www.gob.cl/chileapoya/
2. Políticas Laborales
En 2022 el mercado laboral ha continuado su recuperación respecto del deterioro registrado durante 2020, no obstante, aún existen brechas por cerrar. Durante la pandemia se registró una abrupta caída en el empleo y en la participación laboral que afectó tanto a hombres como mujeres, sin embargo, debido a las responsabilidades de cuidado familiar y labores domésticas, la participación femenina se ha visto proporcionalmente más afectada que la masculina, produciendo su salida del mercado laboral y dificultando su reincorporación. Si bien a la fecha el mercado laboral ha experimentado una recuperación progresiva respecto del deterioro observado en 2020, la ocupación y participación laboral aún permanecen en niveles inferiores a aquellos observados antes de la pandemia, especialmente en el caso de las mujeres (Gráficos X.1 y X.2). Y pese a que en el trimestre móvil mayo-julio de 2022 el desempleo presentó una disminución en 12 meses, todavía registra niveles superiores a 2019 (Gráfico X.3).
Gráfico X.1
Cantidad de personas ocupadas; variación respecto al mismo periodo de 2019 por sexo
(mes central del trimestre móvil correspondiente)
Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta Nacional de Empleo para el trimestre móvil mayo-julio de 2022, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Gráfico X.2
Tasa de participación laboral por sexo
(mes central del trimestre móvil correspondiente)
Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta Nacional de Empleo para el trimestre móvil mayo-julio de 2022 (INE).
La recuperación económica ha sido heterogénea, existiendo sectores productivos y trabajadores que aún permanecen rezagados, y la informalidad constituye un tema de atención. Si bien en el trimestre móvil mayo-julio de 2022, existen ciertos sectores y categorías ocupacionales que se han recuperado con respecto a su situación prepandemia; existen otros sectores como la agricultura, el comercio, el alojamiento y el gastronómico, que aún permanecen rezagados; al igual que el empleo por cuenta propia (Gráficos X.4 y X.5, respectivamente)[2]. Asimismo, debido a la magnitud que representa respecto del total del empleo a nivel país y a sus potenciales efectos en el crecimiento y desarrollo económico, la informalidad es un tema que requiere ser abordado (Ver Recuadro X.1). En efecto, entre mayo y julio de este año, cerca de 2,3 millones de personas se encontraban en el empleo informal[3], lo que equivale casi a un 30% de la ocupación nacional (Gráfico X.6).
Gráfico X.3
Tasa de desocupación por sexo
(trimestres móviles)
Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta Nacional de Empleo para el trimestre móvil mayo-julio de 2022 (INE).
Gráfico X.4
Diferencial de personas ocupadas del trimestre móvil mayo-julio 2019-2022 por sector económico
(miles de personas)
Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta Nacional de Empleo para el trimestre móvil mayo-julio de 2022 (INE).
Gráfico X.5
Variación de personas ocupadas respecto al mismo periodo de 2019 por categoría ocupacional
(miles personas, trimestres móviles)
Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta Nacional de Empleo para el trimestre móvil mayo-julio de 2022 (INE).
Gráfico X.6
Tasa de ocupación informal por sexo
(trimestres móviles)
Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta Nacional de Empleo para el trimestre móvil mayo-julio de 2022 (INE).
En este contexto, la recuperación del empleo formal y el mejoramiento de las condiciones laborales de las y los trabajadores es uno de los principales focos de atención del gobierno, razón por lo cual en lo que va de 2022 se han implementado una serie de iniciativas en esta dirección.
Reajuste del Ingreso Mínimo Mensual, Aporte Compensatorio del Aumento del Valor de la Canasta Básica de Alimentos y Subsidio Temporal para las micro, pequeñas y medianas empresas
Caminando hacia cumplir el compromiso de programa del Presidente Boric de un salario mínimo de $500 mil. Después de seis años, el gobierno logró un acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) para mejorar el ingreso mínimo de las y los trabajadores, apoyar a los hogares para enfrentar el aumento en el costo de vida y ayudar a las MiPyMEs a compensar el incremento en los costos salariales.
Se logró el mayor reajuste del ingreso mínimo en 29 años. El reajuste del ingreso mínimo mensual permitió alcanzar un salario mínimo de $400 mil a contar de agosto de 2022, e incorporó un mecanismo de ajuste automático en el caso que la inflación supere cierto umbral en 2023. El 26 de mayo de 2022 se publicó la Ley 21.456, que reajustó el ingreso mínimo mensual y otros beneficios sociales tales como la asignación familiar y maternal, además del subsidio único familiar, constituyendo el mayor reajuste efectuado en 29 años.
Este aumento se realizó en dos etapas. La primera, contempló un incremento del salario mínimo desde $350 mil hasta $380 mil para las y los trabajadores de entre 18 y 65 años, desde el 1° de mayo de 2022; en tanto en la segunda fase se subió el ingreso mínimo mensual desde $380 mil a $400 mil a contar del 1° de agosto de 2022 para el mismo grupo de personas trabajadoras. Estos cambios representan un reajuste nominal de 8,6% y 5,3% en cada etapa.
Adicionalmente, la ley incorporó una disposición especial en el caso que la inflación supere el 7% en un periodo de 12 meses a diciembre de 2022, que consta de incrementar el salario mínimo automáticamente a $410 mil a partir de enero de 2023 para las y los trabajadores mayores de 18 y menores de 65 años.
Este reajuste incorporó, de forma inédita, elementos en favor de los hogares para ayudarlos a enfrentar el aumento en el valor de la Canasta Básica de Alimentos (CBA). En abril de 2022 el valor de la CBA alcanzó $55.346, lo que representa una variación mensual de 2,3% y una variación acumulada de 15,3% en 12 meses, en tanto, en el mismo periodo, el IPC de alimentos y bebidas no alcohólicas experimentó una variación equivalente a 14,8% en 12 meses. En este contexto, la Ley 21.456 estableció la entrega de un aporte mensual en dinero, de cargo fiscal, para los causantes del subsidio familiar, de la asignación familiar y maternal, del Subsidio Único de Prestaciones Familiares y los causantes de las familias que fueran usuarias del Subsistema Seguridades y Oportunidades o que estuviesen participando en el Subsistema Chile Solidario al 31 de diciembre de 2021[4].
Este beneficio comenzó a entregarse el 1° de mayo del presente año y se extenderá hasta el 30 de abril de 2023. Es pagado mensualmente por el Instituto de Previsión Social (IPS) en función del monto mensual informado por el Ministerio de Hacienda a partir de la diferencia entre el valor nominal de la CBA, informado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSF), y el valor del mismo mes del año inmediatamente anterior. A la fecha, el monto por carga de los aportes mensuales corresponde a $7.342 (mayo), $ 7.342 (junio), $8.258 (julio), $ 8.575 (agosto) y $9.924 (septiembre).
La ley de reajuste del ingreso mínimo también incorporó un subsidio especial para las Mipymes, buscando apoyarlas a complementar el aumento en la remuneración de sus trabajadores y trabajadoras. La Ley 21.456 estableció un subsidio mensual y de cargo fiscal en favor de las MiPyMEs, cooperativas, personas jurídicas sin fines de lucro y comunidades, para ayudarlas a cubrir los mayores costos salariales asociados al aumento del salario mínimo. A partir de mayo de 2022, el subsidio fue establecido en $22 mil por trabajador/a afecto/a al incremento del ingreso mínimo, el cual incrementó a $26 mil en agosto del presente año y, en el caso que en enero de 2023 se aplique el reajuste por inflación previamente descrito, entre enero y abril de ese año, dicho aporte aumentará a $32 mil hasta la próxima negociación del salario mínimo.
Modificaciones al Ingreso Mínimo Garantizado
A fin de corregir algunos problemas operativos en la entrega del beneficio y mejorar el monto del subsidio para cierto grupo de trabajadores(as), se efectuaron algunas modificaciones a la Ley 21.218 del Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) en el contexto del reajuste del salario mínimo. El IMG corresponde a un subsidio temporal de cargo fiscal creado en 2020 para mejorar las remuneraciones que perciben las y los trabajadores de menores ingresos y fomentar la formalidad, se entrega mensualmente a las y los trabajadores dependientes con una jornada laboral entre 30 y 45 horas semanales, que posean una remuneración bruta mensual de hasta $452.477 y que integren un hogar en los nueve primeros deciles, según el Registro Social de Hogares (RSH).
Además de estas modificaciones, se decidió no extender la vigencia del subsidio más allá de diciembre de 2023 por tres razones: (i) debido a que no llega al universo de trabajadores afectos al salario mínimo, (ii) de quienes acceden al beneficio menos de la mitad pertenece, comprobadamente, a empresas pequeñas y medianas[5] y (iii) a que constituye un ingreso no imponible[6]. Para evitar estas distorsiones, es preferible que los ingresos del trabajador fueran percibidos en forma de remuneraciones y que la acción del Estado se centre en crear políticas de apoyo a las micro y pequeñas empresas. Así, las modificaciones que se efectuaron al IMG correspondieron a:
- Se eliminó el cálculo proporcional del subsidio para aquellos trabajadores y trabajadoras cuya jornada laboral fuese inferior al máximo semanal.
- Se eliminó la obligatoriedad del empleador de efectuar mensualmente la postulación al subsidio del trabajador o trabajadora, otorgándole a éste la posibilidad para realizar la postulación a través de la plataforma dispuesta para estos efectos por el MDSF (evitando así una potencial disminución en la cobertura del subsidio).
Extensión del Permiso Postnatal Parental
Para apoyar a las madres y padres trabajadores y proteger la salud de los niños y niñas causantes del permiso, se extendió el permiso postnatal parental hasta por 60 días. El 27 de julio de 2022 se publicó la Ley 21.474 que extendió el permiso postnatal parental, permitiendo a las y los trabajadores ausentarse de sus trabajos hasta por 60 días para facilitar el cuidado de niños y niñas, resguardando así su salud en consideración del alto porcentaje de ocupación de las camas UCI y UTI pediátricas producto de las enfermedades respiratorias, que tienen alta ocurrencia durante el invierno y el estado de alerta sanitaria ocasionado por la pandemia de COVID-19. Este beneficio, dirigido a las y los trabajadores dependientes del sector público y privado e independientes, aplica de forma retroactiva a las y los trabajadores que hayan finalizado su permiso postnatal parental entre el 1° de mayo y el 30 de septiembre de 2022.
Extensión del subsidio IFE Laboral Apoya
Con el propósito de facilitar el retorno al empleo formal de las y los trabajadores, se ampliaron las postulaciones al IFE Laboral Apoya hasta el último trimestre de 2022. Corresponde a un incentivo para fomentar el empleo formal de las y los trabajadores previamente cesantes, que se otorga por un máximo de tres meses y cuyo monto varía dependiendo de si la persona trabajadora pertenece al grupo prioritario[7] y al periodo de remuneración. Para acceder a este beneficio, la persona trabajadora debe presentar un nuevo contrato de trabajo (en virtud del cual se postula al subsidio), tener una remuneración bruta mensual inferior a tres ingresos mínimos mensuales y haber estado cesante durante todo el mes anterior al inicio del nuevo contrato de trabajo.
Extensión del subsidio Protege Apoya
Hasta diciembre de este año se amplió el subsidio para incorporar a las y los trabajadores que tienen la responsabilidad del cuidado de niños y niñas, entre dos y cinco años, y que no cuentan con una red de apoyo para su cuidado. La Línea Protege Apoya corresponde a un subsidio mensual de $200 mil, orientado a las madres trabajadoras dependientes o independientes que tengan a cargo el cuidado de un niño o niña menor de dos años, y que no tengan garantizado el derecho a sala cuna por parte de su empleador. Adicionalmente, y a contar del 1° de mayo de 2022, podrán postular a este beneficio las madres dependientes e independientes que posean el cuidado de un niño o niña de entre dos y cinco años.
3. Participaciones de la Coordinación Microeconómica en distintas instancias interministeriales
El Ministerio de Hacienda a través de su Coordinación Microeconómica participa periódicamente en distintas instancias interministeriales con el propósito de coordinar, diseñar y apoyar la implementación de diversas iniciativas de política pública, entre las cuales es posible mencionar:
- Consejo de Expertos de Mejor Niñez: en enero de 2021, la Ley 21.302 creó el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, donde se estableció un Consejo de Expertos encargado de asesorar al Servicio en diversas funciones relacionadas con estas materias. La misma ley determinó que el Ministerio de Hacienda integraría dicho Consejo en calidad de participante, representación que desde noviembre de 2021 ha sido asumida por la Coordinación Microeconómica, colaborando en la discusión de distintos reglamentos, particularmente en el Decreto 5, que aprueba el reglamento que fija los estándares para la acreditación de colaboradores y para los programas de las líneas de acción del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, publicado el 24 de diciembre de 2021.
- Objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible: corresponde a una agenda orientada a la reducción de la pobreza en base a una serie de objetivos, metas e indicadores en diversos ámbitos que incluyen salud, educación e igualdad de género, entre otros. A partir de 2022[8], la Coordinación Microeconómica actúa como contraparte técnica para el reporte de los distintos indicadores asignados al Ministerio de Hacienda en lo relativo al Fin de la Pobreza, Hambre Cero, Acción Climática y Producción y Consumo Responsable. El reporte de esta información se realiza a los ministerios de Economía, Fomento y Turismo y Desarrollo Social y Familia, al Instituto Nacional de Estadísticas y a las Naciones Unidas, este permite medir los avances en materias fundamentales para el desarrollo integral del país, aumentando la transparencia hacia la ciudadanía sobre el estado de ejecución de las iniciativas gubernamentales impulsadas en esta materia.
- Participación en mesas de trabajo interministeriales para el diseño de políticas de mediano y largo plazo: a comienzos del presente año se inició el trabajo interministerial para la elaboración del nuevo Plan Nacional de Política Migratoria, el cual se estructura en torno a los ejes de ayuda humanitaria, comunidades de acogida y seguridad. Es liderado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y participan los ministerios de Hacienda, Educación y MDSF, entre otros. También, la Coordinación actúa como punto focal en la elaboración del Plan Nacional de Accesibilidad Universal 2022-2032 que es liderado por el Servicio Nacional de Discapacidad (SENADIS)[9].
- Adicionalmente, la Coordinación Microeconómica participa en las siguientes instancias de trabajo interministerial: Mesa de Trabajo de la Reforma de Pensiones, Mesa de Trabajo de Productividad, Mesa Interministerial de Litio y Salares, Sistema de Empresas Públicas, Subcomisión de Estadísticas de Género, Comisión Asesora Presidencial de Pensiones de Gracia, Comité Interministerial Institucional, entre otros.
RECUADRO X.1:
INFORMALIDAD LABORAL: DIAGNÓSTICO Y RECOMENDACIONES
La informalidad es un fenómeno complejo de definir y medir, debido a su naturaleza dinámica que evoluciona a través del tiempo y requiere ser analizada desde distintas áreas de la política pública. Esta complejidad ha propiciado el surgimiento de múltiples definiciones que dificultan el diseño de políticas públicas efectivas, con lo que se corre el riesgo de sintetizar un fenómeno complejo en una definición única, dejando de lado aspectos clave que requieran ser abordados en las políticas públicas.
La informalidad laboral contiene potenciales efectos sociales y económicos que crean ineficiencias y afectan el crecimiento y el desarrollo económico del país. Tal como ha sido documentado en la literatura, el empleo informal tiene el potencial de debilitar los ingresos y la provisión de bienes públicos dificultando el crecimiento y el combate contra la pobreza; limitar el crecimiento de las firmas bajo la escala de producción eficiente y disminuir su capacidad para acumular capital; reducir su productividad y producto potencial. La informalidad también está asociada a altas y persistentes tasas de desempleo y menor participación laboral, condiciones laborales más desventajosas y menores oportunidades de capacitación laboral (Kelmanson et al., 2019).
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Empleo (INE), en el trimestre móvil de mayo-julio de 2022, la informalidad alcanzó a un 26,6% de las personas ocupadas, lo que equivale a aproximadamente 2,3 millones de personas a nivel país. Desde 2017 la tasa de informalidad ha oscilado en torno al 30%, no obstante, en el momento más crítico de la pandemia y a diferencia de otras crisis, ésta se redujo casi al 22%. Debido a las restricciones de confinamiento y aislamiento sanitario, las ocupaciones informales no ofrecieron el tradicional refugio ante la destrucción de empleos formales, lo que evidencia la vulnerabilidad de estos trabajadores y trabajadoras a la protección social y a las pérdidas repentinas de ingresos.
La informalidad se concentra principalmente en las empresas del sector informal. En efecto, en el trimestre móvil mayo-julio de 2022, un 62,1% del empleo informal se concentró en las empresas del sector informal y un 31,1% en las empresas del sector formal; mientras que sólo un 6,8% provino de los hogares como empleadores. Por su parte, las principales fuentes de empleo informal provienen de los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia en empresas informales (1,2 millones) y de los asalariados y asalariadas informales en empresas formales (700 mil), los que representan el 53% y 30% del total de trabajadores y trabajadoras informales del periodo (Figura X.1). Asimismo, las mayores tasas de empleo informal se concentran en las mujeres (28,1%, Gráfico X.7); en los jóvenes entre 15 y 24 años (33,3%) y en las personas adultas de 65 y más años (51,8%); en las personas sin o con un escaso nivel educacional (62,9%); en los hogares como empleadores (52,6%), la agricultura (36,7%) y la construcción (33,9%), y en las empresas con menos de 5 trabajadores/as (62,9%)[10].
La información a nivel nacional permite extraer dos hallazgos importantes sobre el empleo informal. Primero, la informalidad se expresa en múltiples dimensiones y segundo, existen distintos grados de persistencia en la informalidad. El primer hallazgo indica que se observa empleo informal tanto a nivel de trabajadores/as, como de las unidades económicas donde éstos se desempeñan (es decir, en las empresas del sector formal, informal y los hogares). En tanto, el segundo hallazgo señala que existen distintos grados de persistencia en la informalidad, es decir, dependiendo de su origen (en la empresa o en la ocupación), la complejidad de transitar hacia la formalización puede ser mayor o menor, lo cual es relevante para el diseño y focalización de las políticas públicas para combatir la informalidad.
No existe una bala de plata para abordar la informalidad, por lo que deben crearse líneas de acción que ayuden a la formalización y establezcan herramientas eficaces de fiscalización. En efecto, algunas propuestas apuntan hacia la focalización de las capacitaciones en las y los trabajadores que posean mayores barreras para incorporarse al mercado laboral y a la revisión de la actual oferta programática, colocando especial énfasis en la empleabilidad y los beneficios que se derivan de ésta. También, se recomienda profundizar la fiscalización con el propósito de disminuir la informalidad que proviene del no pago de las cotizaciones de seguridad social de las y los trabajadores, como también de aquella que se origina en las empresas informales producto de su falta de registro ante el Servicio de Impuestos Internos (SII). Asimismo, pueden implementarse medidas que permitan empaquetar los beneficios de la formalidad, que contengan ferias de créditos y asistencias técnicas cuya asignación posea como prerrequisito estar formalizado y evaluar formas de retiro y discontinuidades de los beneficios sociales, de modo que la pérdida de éstos no sea motivo para que las y los trabajadores eviten transitar hacia la formalidad.
Figura X.1
Distribución del empleo informal según su origen
(trimestre móvil mayo-julio de 2022)
Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta Nacional de Empleo para el trimestre móvil mayo-julio de 2022 (INE).
Gráfico X.7
Número de personas ocupadas y tasa de ocupación informal por sexo
(trimestre móvil mayo-julio de 2022, porcentaje, miles de personas)
Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta Nacional de Empleo para el trimestre móvil mayo-julio de 2022 (INE).
Bibliografía
Banco Central de Chile (2022). Informe de Política Monetaria, junio de 2022.
Dirección de Presupuestos (2022). Informe de Finanzas Públicas, segundo trimestre 2022.
Instituto Nacional de Estadísticas (2022). Boletín Estadístico: Informalidad Laboral. Edición N° 19, agosto de 2022.
Kelmanson, B., Kirabaeva, K., Medina, L., Mircheva, B., & Weiss, J. (2019). Explaining the shadow economy in Europe: Size, causes, and policy options. International Monetary Fund (IMF), working paper, 19(278), Washington, DC.
OECD (2022). Economic Outlook (Chile), volume 2022, Issue 1.
[1] El detalle de las personas beneficiarias se encuentra descrito en el art. 1° de la Ley 21.474.
[2] Para efectos referenciales, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo en el trimestre móvil mayo-julio de 2019, la ocupación en los sectores de agricultura, comercio y alojamiento alcanzó 629.870, 1.744.234 y 451.994 personas, respectivamente. Para el mismo periodo, existían 1.862.924 trabajadoras y trabajadores por cuenta propia.
[3] De acuerdo con el INE, son informales los trabajadores y trabajadoras dependientes y del servicio doméstico que no cuentan con cotizaciones de salud y previsión social en virtud de su relación laboral; los empleadores y trabajadores por cuenta propia que pertenecen al sector informal, es decir, que no están registrados en el SII y tampoco poseen sistemas de contabilidad completa o simplificada que permitan separar los gastos de la empresa de los propios, y los familiares no remunerados del hogar.
[4] De forma excepcional y solo por una vez, se estableció el pago del aporte en el mes de mayo de 2022 a las personas beneficiarias de la asignación familiar y maternal y a las y los beneficiarios del subsidio familiar (con excepción de las causantes madres SUF).
[5] El beneficio promedio entregado a trabajadores MiPyMEs es inferior al de grandes empresas ($23.248 en relación con $25.847).
[6] Es decir, no contempla aportes al fondo de pensiones del trabajador, a sus cotizaciones de salud ni al seguro de cesantía, no sirviendo de base de cálculo para las horas extraordinarias o gratificaciones.
[7] Integrado por mujeres, jóvenes entre 18 y 24 años, hombres mayores de 55 años, personas con discapacidad debidamente certificada y asignatarios de una pensión de invalidez.
[8] La Agenda está compuesta por 17 objetivos, 169 metas y más de 230 indicadores y está basada en tres principios rectores: universalidad (los objetivos son relevantes para todos los gobiernos y actores), integración (un enfoque integrado implica la mitigación de los impactos negativos y la maximización de las sinergias entre objetivos) y en que nadie se quede atrás (que ningún objetivo sea logrado a menos que se cumpla para todas las personas).
[9] Este plan consta de 120 medidas que se agrupan en doce ámbitos prioritarios y un ámbito transversal. Dentro de estas medidas, se consideran acciones en línea con accesibilidad al medio físico y social, información, conciencia y formación en inclusión, investigación, entre otras.
[10] Los porcentajes corresponden al trimestre móvil de mayo-julio de 2022 en base a los datos de la Encuesta Nacional de Empleo del INE.