III. Inversión y mercado de capitales

III.1. Desempeño de la inversión: estancamiento de largo plazo y estabilidad en el ciclo actual

Vencer el estancamiento de la inversión y la productividad, que se arrastra por más de una década, constituye un desafío importante para recuperar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) tanto en el corto plazo como el tendencial. Desde 2012, la formación bruta de capital fijo ha aumentado a una tasa anual promedio de 1% y la productividad[1] para la economía no minera[2] lo ha hecho a un ritmo de crecimiento promedio en torno a 0,3%.

En este ciclo de actividad (2012-2023), el consumo privado se mostró más volátil de lo habitual mientras que la formación bruta de capital fijo, lejos de colapsar, se comportó de manera más estable y menos procíclica que en ciclos anteriores.

En las Cuentas Nacionales de 2023, el nivel de la formación bruta de capital fijo de 2022 fue corregido al alza y de este modo durante el año creció 3,9%. En 2023 cerró con una contracción de 1,1% debido a las fuertes caídas trimestrales durante el segundo semestre, vinculada al deterioro de las condiciones financieras internacionales y una depreciación del tipo de cambio. Luego de estas caídas, la formación bruta de capital fijo aumentó 1,4% en el segundo trimestre de este año.

Impulsar la inversión y la productividad ha sido una preocupación creciente del Gobierno del Presidente Gabriel Boric. El Plan Invirtamos en Chile, que finalizó en diciembre de 2023, fue uno de los primeros pasos en esta dirección orientado a facilitar la articulación de la inversión, y la Agenda de Productividad, con medidas de corto y mediano plazo para retomar el aumento de la productividad.

En diciembre de 2023, el Gobierno presentó una ambiciosa propuesta de agenda multidimensional con el objetivo de proporcionar a Chile un horizonte de estabilidad y progreso social a lo largo de los próximos diez años llamado Pacto por el Crecimiento Económico, Progreso Social y Responsabilidad Fiscal (en adelante, el “Pacto”). Esto se expresa, entre otras cosas, en proyectos de ley en el fast track legislativo económico, tales como la modificación de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la regulación de las desaladoras, la reactivación del turismo y la creación de la Agencia de Financiamiento e Inversión para el Desarrollo (AFIDE).

III.1.1. Primeras iniciativas Pro-Inversión y Crecimiento.

Finalización del Plan Invirtamos en Chile (Agenda Pro-Inversión)

En diciembre de 2023 finalizó el Plan Invirtamos en Chile, una agenda de quince meses lanzada en septiembre de 2022, con 29 medidas destinadas a fomentar la inversión público-privada y generar empleo. El Plan fue un esfuerzo conjunto del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, con el apoyo de gremios empresariales como la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC), la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), PricewaterhouseCoopers (PwC), el Consejo Minero (CM), la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF). El 90% de las medidas fueron completadas, incluyendo aquellas de ejecución permanente, mientras que tres medidas relacionadas con la Reforma Tributaria quedaron pendientes para su inclusión en el Pacto por el Crecimiento Económico (Gráfico III.1.1.1).

Las medidas se organizaron en seis ejes: estímulos tributarios, acceso al financiamiento, mejora de la inversión pública, promoción de la inversión extranjera, eficiencia en regulaciones y permisos, y alianzas público-privadas. Entre los logros destacados se encuentra la priorización de proyectos con alto encadenamiento productivo en la Ley de Presupuestos 2024 y el fortalecimiento de InvestChile para atraer inversión extranjera. El seguimiento del Plan mostró que el 69% de las medidas fueron finalizadas y el 21% se encuentra en ejecución permanente (Gráfico III.1.1.2).

Avances de la Agenda de Productividad

La Agenda de Productividad, lanzada en enero de 2023, incluye 46 medidas organizadas en nueve ejes y fue diseñada en colaboración con diversos ministerios, la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), la CPC y asociaciones de MiPymes (micro, pequeña y mediana empresa). Su implementación es monitoreada por un grupo interministerial que incluye la participación de Presidencia y los Ministerios de Hacienda y Economía, con reuniones trimestrales para evaluar su progreso (Cuadro III.1.1.1).

Hasta julio de 2024, se habían completado siete medidas, incluyendo leyes publicadas, actos administrativos y medidas de gestión. Entre los avances más destacados está la movilización de recursos de inversionistas institucionales hacia capital de riesgo, la promulgación de la Ley N° 21.666, en abril de 2024, que moderniza el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, y la expansión de los programas de capacitación en competencias digitales, que financiarán más de cinco mil becas en 2024. Otras medidas en curso incluyen mejoras en el Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEX) y avances en digitalización, como el fortalecimiento de la clave única (Gráfico III.1.1.3).

Las medidas de la Agenda han avanzado significativamente, y se espera que esté casi completada a fines de 2025, con solo dos medidas pendientes para el primer trimestre de 2026. Estas acciones buscan mejorar la inversión, reducir tiempos de tramitación y promover la digitalización, con un impacto directo en el crecimiento económico y la competitividad del país.

Inversión Pública

Durante 2022 y 2023 la ejecución del presupuesto en inversión pública alcanzó el 86,3% y 82,2%, respectivamente, avance que estuvo asociado principalmente a variables externas, en particular mayores precios y garantías. En el primer caso, los precios de las ofertas de las y los proveedores en las licitaciones se ubicaron en su mayoría sobre el valor establecido, mientras que en el segundo caso se advertía que las empresas adjudicatarias de licitaciones públicas tenían problemas para acceder a garantías bancarias.

Una de las prioridades que definió el Gabinete Pro-Crecimiento y Empleo para 2024 fue adoptar medidas concretas para agilizar las tasas de ejecución de inversión pública. En dicha instancia, el Presidente de la República, instruyó identificar durante enero y febrero los proyectos específicos a los que se destinaría el 90% del presupuesto asociado a iniciativas de inversión. A febrero 2024, y de forma temprana, se identificó el 90,1% de proyectos.

Asimismo, para el seguimiento y agilización de los procesos de inversión se tomaron varias medidas como:

• Recomendación satisfactoria automática para proyectos de arrastre[3].
• Admisibilidad automática para conservaciones de arrastre.
• Autorización de adjudicación por hasta un 20% por sobre el monto autorizado.
• Elaboración de una normativa para la inversión pública ante emergencias.
• Definir el límite inferior de cinco mil Unidades Tributarias Mensuales (UTM) para el ingreso de proyectos de inversión al Sistema Nacional de Inversiones.

Al segundo trimestre del año, y respecto a la Ley de Presupuestos aprobada para el año en curso, el 47,2% del gasto de capital —que está compuesto por inversión y transferencias de capital— se ha ejecutado según el Informe de Ejecución que cada mes publica la Dirección de Presupuestos (Dipres) (Gráfico III.1.1.4).

Al desglosar este avance destaca el desempeño de la inversión pública, que a julio registró un avance sobre la Ley aprobada de 40,9%, la más alta desde 2019. Respecto de julio del año pasado la inversión acumulada registró un crecimiento anual de 29,4%.

A nivel de ministerios, la ejecución del gasto de capital fue impulsada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que a julio anotó un avance de un 54,2% de la mano del Plan de Emergencia Habitacional. También contribuyó el Ministerio de Obras Públicas, con una ejecución de 43,5%, por un mayor avance en gastos de inversión en la Dirección General de Concesiones, en la Dirección de Vialidad y en la Dirección de Obras Hidráulicas.

III.2. Determinantes de la INVERSIÓN y su relevancia en Chile

Los determinantes de la inversión en Chile incluyen tanto factores internos como externos. Internamente, la estabilidad macroeconómica, las expectativas de crecimiento y la confianza empresarial son fundamentales, ya que dependen de un entorno regulatorio predecible y una política fiscal responsable. Factores como los avances tecnológicos, la adaptación a nuevas cadenas globales de valor, así como los problemas geopolíticos y las tensiones comerciales, también desempeñan un papel crítico en las decisiones de inversión en el país.

Chile posee ventajas comparativas en sectores estratégicos como la minería, las energías renovables y la economía digital, que generan oportunidades significativas para la inversión privada. La apertura al comercio internacional es clave, ya que los acuerdos comerciales y los marcos regulatorios alineados con los estándares internacionales refuerzan el atractivo del país como destino de inversión. La integración de Chile en cadenas de valor globales también añade dinamismo a su economía exportadora.

Los costos asociados a los proyectos de inversión, el entorno regulatorio y los impuestos corporativos son factores determinantes en las decisiones de inversión. La capacidad del Gobierno para agilizar procesos administrativos y garantizar un entorno regulatorio claro puede mejorar considerablemente la percepción de Chile como un destino favorable para la inversión. Asimismo, la competencia en el mercado impulsa la eficiencia y la innovación, facilitando la entrada de nuevos actores y promoviendo la diversificación productiva.

El acceso al crédito y las condiciones financieras juegan un papel determinante en la inversión en Chile. Un acceso adecuado al financiamiento y tasas de interés competitivas son esenciales para reducir los costos de capital. Un sistema financiero estable y profundo permite que más proyectos estratégicos reciban el financiamiento necesario para su desarrollo.

III.2.1. Oportunidades de negocios e inversión en una economía abierta

La política comercial de Chile se encuentra marcada por la importante apertura a nivel internacional ya que un 88% del PIB mundial se encuentra cubierto por la red de acuerdos comerciales con 65 economías, los acuerdos para evitar la doble tributación con más de 30 jurisdicciones, 33 acuerdos de promoción y protección de inversiones, y otros instrumentos que fortalecen los beneficios y oportunidades económico-comerciales para el país. Continuamente se van adoptando políticas para expandir y mantener acuerdos comerciales internacionales ambiciosos que incluyan los más altos estándares, explorando constantemente nuevos mercados y promoviendo la modernización de los ya vigentes, para asumir los nuevos cambios económicos, sociales y geopolíticos a nivel mundial.

Durante el último periodo, se ha complementado esta red de acuerdos mediante:

• El Convenio para Evitar la Doble Tributación entre Chile y Estados Unidos (19 de diciembre de 2023).
• La suscripción del Acuerdo Marco Avanzado con la Unión Europea (UE) el 13 de diciembre de 2023, el cual se encuentra en primer trámite constitucional para su ratificación desde mayo de 2024 en Chile, y también en proceso de ratificación en los países miembro de la UE.
• La conclusión del proceso de modernización del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés) que reúne a Islandia, Suiza, Noruega y Liechtenstein. Fue suscrito por las autoridades respectivas el 19 de enero de 2024.
• El Acuerdo de Asociación Económica Integral con Emiratos Árabes Unidos suscrito el 29 de julio de 2024.

Paralelamente, también se ha iniciado un nuevo proceso de negociación con la Confederación Suiza con el objeto de celebrar un nuevo acuerdo bilateral de inversiones que contemple no solo nuevos estándares, sino que también se pueda ajustar a los desafíos en materia de sostenibilidad, género, participación ciudadana, entre otros.

La amplia, ambiciosa y robusta red de Tratados de Libre Comercio (TLCs) ha permitido un crecimiento sustancial en materia de comercio, no solo de bienes, sino también de servicios, facilitando la diversificación de mercados y la adaptación a las dinámicas económicas globales. De hecho, durante el primer semestre de 2024 la exportación de servicios presentó cifras inéditas alcanzando los US$ 1.387 millones, lo que constituye un alza del 34,6% con respecto a igual periodo de 2023 (+US$ 356 millones)[4]. Ello responde, en gran medida, a los esfuerzos realizados para modernizar y ampliar los compromisos en materia de comercio de servicios y de servicios financieros, además de favorables combinaciones de precios y tipo de cambio.

Gracias a estos acuerdos internacionales, ha sido posible alcanzar un marco jurídico transparente y confiable que promueve la Inversión Extranjera Directa (IED) en nuestro territorio y apoya a quienes buscan nuevas oportunidades en el extranjero. Se ha reconocido el rol fundamental de la IED en el crecimiento económico de Chile en los últimos años y por lo mismo, se han iniciado importantes reformas que buscan propiciar el clima de IED, tales como la reforma en materia de permisos y autorizaciones sectoriales (Boletín 16.566-03) y la reforma al SEIA (Boletín 16.552-12).

Chile recibió un flujo de inversión de US$ 21.738 millones durante 2023, 19,2% más que el registro de 2022, y significa un incremento de 50% con respecto del promedio de la serie histórica y de 36% respecto del promedio del último quinquenio[5]. Durante los primeros cinco meses de 2024, el país ha recibido un flujo neto de US$ 8.243 millones, un 31% más alto que el promedio para el mismo periodo (enero-mayo) en las últimas dos décadas o desde 2003. El componente más importante es la reinversión de utilidades (US$ 5.294 millones), lo que refleja una presencia consolidada de empresas extranjeras en Chile capaces de seguir la dinámica de la economía y aprovechar sus oportunidades.

Finalmente, es importante resaltar que la política comercial ha buscado que los TLCs incluyan y se desarrollen en un ambiente que promueva la igualdad de género y la sostenibilidad, que fomente la participación de Pymes y se mantengan bajo reglas justas y transparentes.

Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEX)

SICEX es la ventanilla de comercio exterior de Chile, un canal único electrónico para realizar las operaciones de comercio exterior, cuyos beneficios son la disminución de los tiempos y costos de las exportaciones e importaciones; transparencia y eficiencia de procesos; trazabilidad documental y de la carga; mejor recaudación fiscal, entre otros. Todo lo anterior, con el fin de alcanzar un comercio exterior más ágil y competitivo, siendo un factor clave para la modernización, productividad y competitividad del país.

En el ámbito social, SICEX beneficia al sector exportador a través de la disminución de días en el proceso de embarque de mercadería. De acuerdo con el estudio “Identificación, Cuantificación y Valorización Económica de los Beneficios del Sistema Integrado de Comercio Exterior”[6], para 2023, la reducción promedio de dos días generó más de US$ 30 millones de capital que las empresas pudieron disponer de forma anticipada y, por tanto, dar uso alternativo al dinero.

SICEX es parte de la iniciativa de Mercado Digital Regional de la Alianza del Pacífico, participando en la actualización de su hoja de ruta con los avances de interoperabilidad entre las ventanillas únicas de comercio exterior y será un actor clave en la Semana Digital de Alianza del Pacífico organizada por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, a realizarse en octubre de 2024 y cuyo objetivo es visibilizar y coordinar el trabajo sobre comercio y mercado digital.

Desde 2022 se avanza hacia la implementación generalizada y prioritaria del uso de SICEX en Chile, en cumplimiento con la política pública instruida por el Ministerio de Hacienda. Esta universalidad se ha desarrollado mediante un trabajo coordinado y conjunto con las entidades públicas que participan de los procesos de comercio exterior, en línea con las recomendaciones y acuerdos comerciales que promueven el uso y fortalecimiento de las ventanillas únicas de comercio como instrumentos claves para la eficiencia y competitividad de los países.

A fines de julio de 2024 se suscribió la primera declaración conjunta de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas (APEP), sobre buenas prácticas en la tramitación previa al arribo, dando un paso importante en la implementación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC), para permitir la presentación de documentación de importación en formato electrónico a través de las ventanillas únicas de comercio exterior con la debida cooperación de las agencias fronterizas.

Atendido el objetivo de la universalidad de SICEX, además de las exportaciones, a fines de 2023 se incorporaron las importaciones alcanzando en pocos meses un uso significativo del sistema.

Entre enero y abril de 2024, en promedio, se ha tramitado a través de SICEX el 79% de las exportaciones del país – equivalentes a un promedio de 90% del total de Aduanas en dólares FOB (libre a bordo, por sus siglas en inglés)–; y el 68% de las importaciones del país -equivalentes a un promedio de 68% del total en dólares CIF (costo, seguro y flete, por sus siglas en inglés)- (Gráfico III.2.1.1 y Gráfico III.2.1.2).

SICEX consiste en la integración de distintos sistemas o plataformas que interoperan entre sí, entre los cuales hay actores privados y entidades públicas tales como el Servicio Nacional de Aduanas (SNA), Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Instituto de Salud Pública (ISP), Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca), Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), Servicio de Impuestos Internos (SII) y Tesorería General de la República (TGR).

A nivel nacional, durante 2024 se finalizó la integración de SICEX con la ventanilla única marítima (VUMAR) del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, con el objetivo de mejorar la eficiencia y competitividad en el sistema portuario nacional, y la integración con los almacenes, aerolíneas, embarcadores y Servicio Nacional de Aduanas para la modernización del proceso documental y de carga en el Aeropuerto de Santiago.

A nivel internacional ya se intercambian los certificados zoosanitarios electrónicos entre las ventanillas de Chile y México, y a partir de fines de 2024, comenzará este proceso con Colombia, Perú y Uruguay, dentro del marco de la Alianza del Pacífico.

III.2.2. Reduciendo los costos de hacer negocios

El Pacto por el Crecimiento Económico incluye un conjunto de medidas claves destinadas a fomentar la inversión y acelerar el crecimiento económico en Chile. Entre estas medidas se destacan los incentivos tributarios diseñados para estimular la inversión privada, especialmente en sectores con alto impacto multiplicador en la actividad económica y la generación de empleo. Un componente esencial es la racionalización regulatoria para los proyectos de inversión, que busca reducir los tiempos de tramitación de permisos y mejorar la gestión de permisos ambientales y sectoriales. Este enfoque no solo reducirá la incertidumbre regulatoria, sino que también aumentará la competitividad de las inversiones al agilizar su implementación y operación.

Además, el Pacto introduce incentivos específicos, como la ampliación de beneficios tributarios a la investigación y desarrollo, así como la creación de un fondo de créditos tributarios para proyectos de alto impacto. Esto se complementa con medidas para fortalecer la diversificación productiva, destacando la importancia de sectores estratégicos como el litio, la minería, las energías renovables y el turismo. Todo esto forma parte de una estrategia integral para aprovechar las ventajas comparativas de Chile, impulsar su inserción en cadenas de valor globales, y garantizar un crecimiento económico sostenible y de largo plazo.

Fomento de la competencia en el cabotaje marítimo

La participación de actores extranjeros en el mercado de cabotaje ha sido históricamente baja, limitando posibles beneficios para las personas usuarias y provocando además una alta concentración en el mercado de grandes volúmenes. El cabotaje de carga entendido como transporte marítimo, fluvial o lacustre dentro del territorio nacional está reservado a naves con bandera chilena según el Decreto Ley N° 3.059. Excepcionalmente, naves extranjeras pueden participar bajo ciertas condiciones como licitaciones o permisos especiales.

Aun con estas excepciones, competidores extranjeros enfrentan barreras que desincentivan su participación como un arancel del 6% en licitaciones y posibles multas si hay reclamaciones. Además, para embarcar cargas menores a 900 toneladas se debe demostrar la falta de disponibilidad de buques chilenos y las naves extranjeras no pueden superar el 50% del tonelaje de la flota chilena.

El proyecto de ley sobre Cabotaje (Boletín 14.532-15) busca aumentar la competencia, aprovechando la capacidad ociosa de las naves extranjeras y mejorando la eficiencia logística, lo que reduciría costos para los sectores productivos y las y los consumidores. La iniciativa generaría importantes ganancias de eficiencia y crearía empleo en el sector incentivando la entrada de nuevos actores en un mercado que ha inhibido la competencia, lo que ha resultado en procesos logísticos ineficientes para otros sectores productivos y mayores costos para las y los consumidores finales.

Extensión de tiempo requerido para obtener permisos para proyectos de inversión

Una de las principales barreras que obstaculiza la inversión es la extensión de tiempo requerido para obtener una serie de permisos para realizar proyectos. En su mayoría, estos permisos experimentan retrasos excesivos o una gran variedad de permisos son requeridos, generando agudos cuellos de botella.

Un estudio de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP)[7] realizó un ejercicio en el que estimó el impacto en términos de plazos de la implementación de medidas recomendadas para atenuar este tipo de barreras. En particular, se analizó el potencial impacto de la disminución de los plazos de tramitación de los permisos sectoriales prioritarios para un proyecto de energías renovables no convencionales (planta fotovoltaica), donde se observó una reducción de casi un tercio en comparación con la situación actual; y para un proyecto minero de explotación nuevo los tiempos de tramitación podrían disminuir a la mitad.

El Gobierno ha priorizado una serie de proyectos de ley para perfeccionar estos procesos con el objetivo de reducir en un tercio los tiempos de tramitación de un proyecto de inver­sión estándar.

Modernización de la gestión de permisos ambientales

El proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales, con el objetivo de fortalecer la institucionalidad ambiental y mejorar su eficiencia tiene como propósito central optimizar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) para aumentar la certeza y celeridad en la tramitación de la calificación ambiental de los proyectos, sin comprometer los estándares ambientales vigentes. Además, busca mejorar otros instrumentos de gestión ambiental como la Evaluación Ambiental Estratégica y el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático. Entre las medidas propuestas destacan la eliminación del componente político del SEIA, otorgando al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) la facultad exclusiva para calificar los proyectos y concediéndole la rectoría técnica sobre los demás organismos que participan en el proceso; se amplían las causales de tramitación de urgencia para reducir plazos de proyectos; y se establece una vía única de reclamación, entre otras mejoras.

Marco legal común para permisos sectoriales en inversiones

El proyecto de ley que establece una ley marco de autorizaciones sectoriales y modifica cuerpos legales aborda todos los permisos no ambientales necesarios para el desarrollo de proyectos y actividades en áreas reguladas, simplificando los procesos y reduciendo los tiempos de tramitación, sin alterar los estándares técnicos y protegiendo la seguridad de las personas, la salud y el medio ambiente. Dentro de las principales medidas contempla: el establecimiento de normas mínimas de tramitación sectoriales referidas al examen de admisibilidad, interacciones entre servicios y el solicitante, plazos máximos y normas de silencio administrativo; la regulación de procedimientos regulares de revisión y mejoras regulatorias; y el establecimiento de técnicas habilitantes (aviso o declaración jurada), como alternativas a la obtención de una autorización, basadas en principios de estandarización, previsibilidad, proporcionalidad, simplificación administrativa y facilitación; la consagración de la ventanilla única digital para la tramitación de permisos; y, la creación de una gobernanza única en la materia, a través del Servicio para la Regulación y Evaluación Sectorial

III.3. Sistema financiero y mercado de capitales: desafíos de corto plazo y reformas en curso

III.3.1. Rol del sector financiero en la economía

El mercado de capitales juega un rol esencial en la economía al movilizar y canalizar los ahorros de hogares y empresas hacia usos más eficientes, contribuyendo a una serie de beneficios como el acceso a fuentes de liquidez, diversificación y gestión de riesgos, facilitación de pagos y generación de información ex ante sobre posibles alternativas de inversión, entre otros[9].

Existe consenso en la literatura empírica sobre la relación positiva entre la profundidad del mercado financiero y el desarrollo económico: una mayor profundidad financiera se asocia con tasas de crecimiento económico más altas, menor desigualdad y mayor estabilidad económica y financiera.

Uno de los aprendizajes claves de la crisis financiera de 2008 fue la importancia de contar con infraestructuras[10] financieras robustas que mitiguen riesgos financieros, legales, operacionales y de contraparte. Estas infraestructuras permiten pagos seguros y eficientes, así como la compensación, liquidación y registro de operaciones financieras, lo que es crucial para el buen funcionamiento de los sistemas de pagos.

En los últimos años, la profundidad del mercado de capitales se vio afectada por los retiros de fondos de pensiones que redujeron los activos administrados en un 20% del PIB (Gráfico III.3.1.1), deteriorando las condiciones de financiamiento a mediano y largo plazo (Gráfico III.3.1.2). Para enfrentar este desafío, el Ministerio de Hacienda ha impulsado diversas iniciativas para recuperar la profundidad del mercado de capitales, fortalecer la base de ahorros de largo plazo y promover mayor estabilidad e inclusión en el sistema financiero.

III.3.2. Agenda de trabajo

Educación e inclusión financiera

La incorporación de tecnología en los servicios financieros ha acelerado la digitalización a nivel global, particularmente desde la pandemia. Este cambio trae varios beneficios, tales como: facilitar la entrada de nuevos actores al mercado financiero, aumentando la competencia y disminuyendo precios de productos financieros; promover la innovación y creación de nuevos productos que respondan mejor a las necesidades de las y los consumidores; fomentar la inclusión financiera al dirigirse a sectores históricamente desatendidos; y mejorar la predicción de necesidades de las y los clientes, personalizando los servicios financieros.

En Chile, aún existen brechas significativas en términos de acceso a financiamiento, medios de pago electrónicos y productos de ahorro y seguros, especialmente para Pymes, mujeres y migrantes. Las Fintech han desempeñado un rol clave en cerrar estas brechas: el 58,3% de estas plataformas reporta clientes a personas o empresas no bancarizadas; un 50% atiende a personas o Pymes bancarizadas, y de las plataformas que ofrecen créditos, un 71% los destina a Pymes no bancarizadas. Estas cifras respaldan la importancia de la Ley N° 21.521 (Ley Fintec), que promueve la competencia e inclusión financiera a través de la innovación y tecnología en la prestación de servicios financieros.

Durante 2024 se ha trabajado en la elaboración de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), luego de que, en diciembre de 2022, la Comisión Asesora Presidencial para la Inclusión Financiera (CAPIF) acordara como objetivo mejorar la inclusión financiera dentro de la población. Su lanzamiento se realizará en lo que resta del presente año. Para su elaboración, se realizó un diagnóstico que identificó las brechas que deben abordarse con medidas específicas y objetivos alcanzables y medibles. El diagnóstico inicial reveló que, aunque no existen brechas significativas en la tenencia de cuentas según género, ingresos o edad, es necesario mejorar el uso de estos productos y servicios, así como la educación financiera y la protección al consumidor.

Se definieron grupos prioritarios, los cuales corresponden a personas en situación de pobreza o vulnerabilidad, jóvenes, micro y pequeñas empresas, mujeres y personas mayores, para quienes se analizó la brecha específica en diferentes dimensiones—educación financiera, acceso y uso de servicios financieros—y se desarrollaron medidas focalizadas.

La ENIF cuenta con un enfoque transversal de género que busca garantizar que las acciones sean inclusivas y equitativas contribuyendo a la reducción de brechas de género en el mercado financiero.

La implementación de la ENIF sentará las bases para un trabajo coordinado y colaborativo que potencie la inclusión financiera a través de la provisión de productos y servicios financieros de calidad, adecuados a las necesidades de las personas y las micro y pequeñas empresas. Adicionalmente, se busca tanto un resguardo apropiado de la protección de los derechos de las y los consumidores, como la promoción y fortalecimiento de la educación financiera. Por último, cabe mencionar que este tipo de inclusión es fundamental para el bienestar financiero ya que asegura el acceso y uso conveniente de productos y servicios que facilitan un mejor manejo de las finanzas, amortiguan el impacto de las fluctuaciones de ingresos y permiten enfrentar gastos imprevistos.

En la misma línea, el 30 de diciembre de 2023 se publicó la Ley N° 21.641, que fortalece la resiliencia del sistema financiero y sus infraestructuras. Esta ley no solo mejora la seguridad de las personas usuarias y la protección de las y los depositantes, sino que también aborda brechas regulatorias en entidades como las cooperativas, que juegan un rol clave para quienes tienen menor acceso al sistema financiero tradicional. Entre las modificaciones que establece se encuentra el perfeccionamiento del mercado de operaciones de venta con pacto de retrocompra (REPO’s); la ampliación del acceso a los sistemas de pagos y gestión de liquidez del Banco Central de Chile; mejoras en la institucionalidad para infraestructuras del mercado financiero; perfeccionamiento de la legislación aplicable a Cooperativas de Ahorro y Crédito (CAC); y simplificación del procedimiento para obtener el Rol Único Tributario, facilitando la internacionalización del peso chileno.

Protección del usuario y prevención del sobreendeudamiento

La protección de las y los usuarios financieros es una prioridad. Durante 2024, el Ministerio de Hacienda presentó un paquete de medidas orientadas a prevenir el sobreendeudamiento, incluyendo mecanismos para regular el pago mínimo en tarjetas de crédito y mejoras en la Ley de Fraudes. El objetivo de estas medidas es reducir la carga financiera de los hogares y fomentar un endeudamiento más responsable.

Entender cómo evolucionan los indicadores de endeudamiento y el potencial impacto en la capacidad de pago para hacer frente a los compromisos financieros (principalmente de personas naturales), ha sido uno de los temas relevantes en el contexto actual de restitución de los equilibrios macroeconómicos.

En junio de 2023, la mediana de la deuda de los hogares alcanzó $2.229.930, mientras que la carga financiera[11] se situó en 16,1%, y la mediana del apalancamiento se ubicó en 2,8 veces el ingreso mensual. Los resultados en comparación al año anterior muestran una disminución de 2,4% en los niveles de deuda, una disminución 0,9 puntos porcentuales de carga financiera y una disminución de 0,2 en el apalancamiento[12].

Para mitigar el sobreendeudamiento, en noviembre de 2023 el Ministerio de Hacienda presentó un proyecto de ley al Congreso, y logró su aprobación en el primer semestre de 2024. Específicamente, las medidas buscan aminorar el sobreendeudamiento, con el objetivo de disminuir la carga financiera a través de[13]:

• Programa de garantías de apoyo al sobreendeudamiento.
• Mecanismos para fijar y regular el pago mínimo en tarjetas de crédito.
• Mejoras a la Ley de Fraudes.
• Fondo de Garantías Especiales (Fogaes) para la Construcción y Vivienda.

En octubre de 2023, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) lanzó el portal Conoce tu Deuda[14], una herramienta que perfecciona el informe de deudas elaborado por la CMF y que puede ser solicitado por las personas usuarias del sistema financiero a través de la red Chile Atiende. Este portal es el resultado de un proceso de innovación pública colaborativo entre la CMF y la Coordinación de Modernización del Estado a través del Laboratorio de Gobierno. Su desarrollo incluyó la participación de 93 personas usuarias, 18 expertos en educación financiera y 31 entidades financieras, destacando la co-creación como una metodología clave para abordar el desconocimiento y la confusión que suelen existir en torno al endeudamiento. A su vez, este portal se enmarca en uno de los objetivos de la Política de Educación Financiera de la CMF, como es entregar a las y los clientes financieros información que apoye a adoptar mejores decisiones de contratación de productos financieros. Al proporcionar a las personas usuarias herramientas y recomendaciones específicas para la gestión de sus deudas, el portal fomenta una mayor comprensión y responsabilidad en el manejo de sus finanzas personales alineándose con la misión de la CMF de promover una cultura financiera sólida y sostenible.

El portal no solo ofrece detalles sobre las obligaciones crediticias de las personas, como la institución financiera acreedora, tipo de crédito (consumo, vivienda y comercial) y estado de pago, sino que también proporciona recomendaciones y herramientas de planificación financiera. Según el estado de la deuda y la carga financiera, el portal entrega orientación y acceso directo a consultas y reclamos una vez revisado el Informe de Deudas facilitando la interacción de las personas con el sistema financiero y promoviendo la educación financiera.

Las personas pueden suscribirse al envío mensual del Informe de Deudas, el cual es gratuito, se descarga en línea y se actualiza semanalmente. Este servicio está construido sobre una lógica que busca personalizar los mensajes y la información proporcionada a las personas usuarias, para promover conductas financieramente más responsables y evitar situaciones de sobreendeudamiento.

El impacto de esta iniciativa ha sido notable. En 2023 se emitieron 6,6 millones de informes de deuda, 48% más que el año anterior, casi la totalidad de ellos de manera remota gracias al lanzamiento del portal Conoce tu Deuda durante el último trimestre del año.

En la misma línea, se discutió y aprobó la Ley Nº 21.680, publicada en julio de 2024, que crea un Registro de Deuda Consolidada, con el objeto de contar con un adecuado sistema de evaluación de riesgo comercial y crediticio que beneficie a miles de personas chilenas con una mejor evaluación de su situación particular. No contar con un sistema adecuado de información crediticia presenta los siguientes inconvenientes:

1. Contribuye a generar mercados desintegrados, reduciendo la competencia en el otorgamiento de crédito.
2. No permite mejorar las condiciones de financiamiento de las personas con un buen comportamiento de pago, en la medida que las y los oferentes de crédito no pueden distinguirlos.
3. Fomenta el sobreendeudamiento, en la medida que no existe información completa e integrada.
4. Debilita la supervisión financiera en la medida que los reguladores financieros no pueden acceder a datos completos de endeudamiento de la población.

La Ley que crea un Registro de Deuda Consolidada persigue los siguientes objetivos:

• Ampliar la información sobre obligaciones financieras disponibles en el mercado para, por una parte, agregar información sobre el buen comportamiento de pago de las personas y su situación crediticia; y, por la otra, incorporar a otros agentes de crédito como aportantes de información al sistema. Ello, a fin de que el sistema no sólo refleje información negativa o deuda morosa, como ocurre actualmente, sino también sobre el buen comportamiento de pago de las personas, de manera que éstas puedan hacer uso de su capital reputacional y acceder en mejores condiciones al mercado del crédito. Se busca que, con más información, el sistema financiero pueda hacer una evaluación más acertada de los riesgos de las personas favoreciendo el acceso al crédito y en condiciones más acordes con la realidad de cada deudor.
• Dotar a una instancia administrativa de las facultades necesarias para regular y supervisar a los agentes del sistema de información comercial.
• Reforzar los derechos de las personas deudoras respecto de su información crediticia, entendiendo que éstas son dueñas de su propia información, regulando asimismo los procedimientos necesarios para que puedan hacer valer sus derechos.

Acceso al crédito de sectores rezagados

En el contexto de las medidas de apoyo al endeudamiento de las personas y empresas, se licitaron en julio de 2024 los Fondos de Garantía para Pequeños Empresarios (FOGAPE) y de Garantías Especiales (FOGAES), correspondientes al decreto Ley N° 3.472, de 1980, que crea el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios; y la Ley Nº 21.543, que crea un Fondo de Garantías Especiales, respectivamente.

FOGAES cuenta con tres programas de garantías con la finalidad de apoyar a empresas y personas:

• Construcción:[16] Licitó un total de cuatro millones de Unidades de Fomento (UF), enfocado en empresas según su tamaño, con un máximo de financiamiento de 75 mil y 500 mil UF para Mipymes y grandes empresas, con una cobertura de 80% a 90% y de 50% a 60%, respectivamente.
• Vivienda: Licitó un total de 0,5 millones de UF, enfocado principalmente en el apoyo a las familias para la obtención de un crédito hipotecario para la compra de su primera vivienda. Permite a las instituciones financieras aumentar el financiamiento y exigir un menor pie al disponer de una garantía del Fondo de hasta el 10% del crédito (monto máximo valor de propiedad 4.500 UF).
• Endeudamiento: Licitó un total de dos millones de UF, enfocado en personas naturales para refinanciar deudas de consumo o comerciales (monto máximo a refinanciar de 160 UF y Tasa de Cobertura de 50%).

Dentro de FOGAPE se generó el programa de garantías Chile Apoya, que licitó un total de diez millones de UF enfocado en empresas según tamaño de la siguiente manera:

En los cuatro programas mencionados se licitaron US$ 667 millones.

Para los programas de FOGAES las empresas que se adjudicaron esta licitación fueron Bancos, Filiales Bancarias, Cooperativas e Instituciones de Garantía Recíproca; mientras que para FOGAPE se distribuyeron entre Bancos y Factoring, Cooperativas e Instituciones de Garantía Recíproca.

A agosto de 2024 la situación de los programas indicados presenta el siguiente avance: