Mensaje del Ministro de Hacienda

Mario Marcel Cullell | Ministro de Hacienda

I. INTRODUCCIÓN

La Exposición sobre el Estado de la Hacienda Pública ha sido entendida tradicionalmente como una cuenta por parte del ministro de Hacienda sobre el estado de la economía y las finanzas públicas; una fotografía del momento que enmarca el Proyecto de Ley de Presupuestos, cuando este ingresa al Congreso Nacional.

No obstante, si esta intervención se repite año tras año por la misma autoridad, adquiere también una dimensión complementaria: la rendición de cuentas respecto de las proyecciones, planes y compromisos asumidos previamente.

Así, es legítimo en esta instancia preguntarse si la economía se comportó de acuerdo con lo proyectado, qué factores alteraron su curso; cuánto se avanzó realmente en la agenda de política que se propuso; cuánto se cumplieron las metas fiscales, cómo se abordaron las eventuales emergencias o qué se hizo con las holguras no programadas.

Este ejercicio es especialmente válido al cabo de dos años y medio de la actual Administración. Cuando el Presidente Boric asumió, la economía chilena se encontraba en un difícil trance pues salía de la pandemia del Covid-19 con un impulso sobredimensionado de política y en plena escalada inflacionaria. Al mismo tiempo, el nuevo Gobierno levantaba expectativas de avanzar hacia una economía más sostenible e inclusiva. Hoy podemos revisar en retrospectiva cómo esas dos urgencias —la de resolver los desequilibrios de la economía y la de cumplir con los compromisos con la ciudadanía— se han logrado conciliar.

Efectuaremos este ejercicio considerando tres dimensiones de la cuenta presentada hace un año: (a) la situación macroeconómica y financiera de corto plazo; (b) el estado de las finanzas públicas, y (c) las iniciativas y compromisos orientados a mejorar las perspectivas de la economía en el mediano y largo plazo. Concluiremos con una sección dedicada al trabajo del Ministerio de Hacienda y cómo este ha enfrentado los nuevos desafíos económicos y sociales del país, acompañada de una reflexión sobre los principales riesgos que enfrenta la economía.

II. PROYECCIONES, COMPROMISOS Y AVANCES

Situación macroeconómica y financiera

Las proyecciones en octubre de 2023

• La actividad económica a finales de 2023 superará los niveles de fines de 2022.
• La Inflación se reducirá a cerca de 4% para fines de 2023.
• La cuenta corriente de la balanza de pagos se estabilizará y alcanzará niveles cercanos al promedio histórico a finales de 2023.
• Nuevamente se comenzaría a crear empleo.
• Se proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 2,5% para 2024.

En 2023 la economía completó el ajuste que requería e inició una senda de crecimiento que, con alguna interrupción, se ha prolongado hasta hoy. Aquel año registró un leve crecimiento del PIB de 0,2%, producto de una caída en el segundo trimestre y expansiones en toda la segunda mitad del año. Del lado del gasto se observó el necesario ajuste del consumo privado, mientras que la inversión cerró con un descenso, especialmente en maquinaria y equipos, lo que resultó en una contracción de la formación bruta de capital fijo de 1,1% para el año en su conjunto. En el intertanto, la inflación se redujo hasta 3,4% al término del año, mientras que la cuenta corriente de la balanza de pagos se acercó a valores históricos, con un déficit de 3,6% del PIB en 2023. En su conjunto, el desempeño efectivo de la economía fue similar o mejor al reflejado en las proyecciones de la Exposición del Estado de la Hacienda Pública (EEHP) de octubre de 2023, las que resultaron más acertadas que las del mercado.

Este proceso ha continuado entre enero-agosto de 2024. El primer trimestre fue ampliamente favorable en materia de crecimiento, con una moderada corrección en el segundo. Las cifras disponibles para julio y agosto indican que la economía volverá a expandirse en el tercer trimestre y que se encuentra bien posicionada para crecer a un ritmo similar al 2,5% previsto en la EEHP pasada —2,6% en las actuales proyecciones del Ministerio de Hacienda—. Esto será posible por varias razones, entre las que destacan: (i) el impacto positivo sobre el consumo privado de la expansión de la masa salarial; (ii) el continuo dinamismo de las exportaciones, vinculado a la mayor competitividad de precios de Chile; (iii) las mejores perspectivas para la inversión en la segunda mitad del año; (iv) el aumento del precio del cobre, y (v) la relajación previsible de las condiciones financieras, dadas las perspectivas para la evolución de la política monetaria en Chile y a nivel global.

Durante los últimos tres años, obedeciendo a las propias necesidades de ajuste en Chile y en el resto del mundo, la economía local ha debido desenvolverse en medio de condiciones financieras extraordinariamente restrictivas lo que ha incidido especialmente sobre la demanda interna y la inversión. Es así como el actual periodo es el más largo de estancamiento del crédito en los últimos 40 años, mientras que las tasas de interés de mercado se han mantenido en niveles inusualmente altos, en marcado contraste con tasas largas históricamente bajas entre 2011 y 2020. Este panorama se observó no sólo en el crédito bancario, sino también en el mercado de renta fija afectado además por el negativo legado de los retiros de fondos de pensiones de 2020 y 2021.

El restrictivo contexto financiero hace más destacable que el crecimiento en 2024 superará ampliamente el 1,8% que hace un año preveía el mercado para este año. Esta expansión de la actividad impactará positivamente en el mercado del trabajo, que registra un crecimiento anual acumulado de 230 mil empleos a agosto de 2024, cifra que se eleva a 530 mil empleos al comparar con marzo de 2022.

Las perspectivas para 2025 apuntan a un mayor dinamismo de la demanda y la actividad, alentado por mejores condiciones financieras producto de la menor incertidumbre, la continuación de la normalización monetaria en Chile y el inicio del mismo proceso a nivel global ilustrado por la reciente baja de la tasa rectora en la zona Euro y el recorte más pronunciado —de 50 puntos base— en Estados Unidos.

A este panorama se sumará un robusto desempeño del sector exportador y la expansión de la inversión. Con ello, se prevé que la economía crezca un 2,7%, con un reinicio de la convergencia de la inflación a la meta, pasado el peak generado por la normalización de tarifas eléctricas en el primer semestre del año. Para la inversión se espera un crecimiento de 5,9%, respaldado por un significativo incremento de los proyectos de inversión programados por el sector privado. Esta mayor inversión se financiará principalmente con ahorro doméstico dado que el saldo de cuenta corriente de balanza de pagos se proyecta en -2,3% del PIB.

De cumplirse estas perspectivas para la actividad económica, el crecimiento promedio anual de Chile desde antes de la pandemia hasta ahora sería superior al promedio de América Latina para el mismo período. Del mismo modo, el crecimiento del ingreso per cápita para el cuatrienio 2022-2025 superará el de los dos cuatrienios anteriores, cumpliendo la meta señalada por el Presidente de la República en su cuenta pública de junio pasado. Con este ritmo de crecimiento, el país también estará bien posicionado para lograr la meta de crear 700 mil puestos de trabajo durante la actual Administración.

Finanzas públicas

Las proyecciones en octubre de 2023

• La ejecución del Presupuesto para 2023 cerrará con un déficit estructural de 2,6% del PIB y un déficit efectivo de 2,3% del PIB. La deuda alcanzará a 38,2% del PIB. Para este efecto, el gasto crecerá 2,2%.
• En 2024 los ingresos fiscales crecerán un 5,7% real, lo que, combinado con las metas de balance estructural, determinarán un crecimiento del gasto de 3,5% real comparado con el presupuesto 2023 más reajustes más leyes especiales.
• El balance estructural en 2024 alcanzará a -1,9% del PIB, con un balance efectivo de -1,9% del PIB y una deuda pública de 41,1% del PIB.
• La inversión pública alcanzará un 4,1% del PIB, impulsada por la inversión en vivienda y los recursos derivados del royalty minero.
• Se reforzará la seguridad económica a través de una mejor preparación financiera y de equipamiento para afrontar desastres naturales, tras las pérdidas sufridas en la infraestructura social y productiva por los eventos climáticos de 2023.
• Se implementarán mejoras sustanciales en la transparencia de las transferencias a instituciones sin fines de lucro, reduciendo excepciones y casos especiales en glosas presupuestarias.
• El gasto en seguridad pública y administración de justicia crecerá con un enfoque en la lucha contra el crimen organizado, mayor dotación y equipamiento de las policías, y fortalecimiento del sistema judicial.

Tras el gran ajuste presupuestario realizado durante el primer año de Gobierno, la conducción de la política fiscal ha involucrado importantes desafíos.

El inédito ajuste fiscal de cerca de 10% del PIB en 2022 se logró en gran medida con disciplina y rigurosidad en el manejo del gasto, pero también ayudó el aumento transitorio de los ingresos como resultado de una Operación Renta inusualmente favorable y un récord de precios del litio, factores que se revertirían en los dos años siguientes.

En 2023 y 2024 la gestión financiera del Estado ha estado guiada por la regla de política fiscal, con metas específicas para el balance estructural de cada año, complementadas con un límite prudencial de deuda pública de 45% del PIB, ambas materias formalizadas por la ley N° 21.683 publicada en agosto de 2024 que reforma la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Estas metas se cumplieron a plenitud en 2023, registrándose una ejecución de 100,0% del gasto presupuestado, un déficit efectivo de 2,4% del PIB y un balance estructural de -2,7% del PIB. Para cumplir estas metas, durante el año se efectuaron importantes reasignaciones de recursos para atender los requerimientos extraordinarios resultantes de desastres naturales y de la necesidad de apoyo a los hogares mientras se reducía la inflación. En total, se efectuaron reasignaciones por un monto de US$1.673 millones, sin descuidar el cumplimiento de las metas comprometidas.

En 2024 las metas fiscales han apuntado a continuar con el esfuerzo de consolidación fiscal, con reducciones adicionales del déficit efectivo y estructural de acuerdo con la meta de política para el año. Para cumplir estos compromisos, el desafío ha provenido esta vez del lado de los ingresos y la base de cálculo del Balance Cíclicamente Ajustado (BCA), dado que en 2024 el resultado de la Operación Renta fue significativamente inferior a lo presupuestado y el precio del litio experimentó nuevas bajas. Por su parte, los mayores precios efectivos del cobre junto con la actualización de las Cuentas Nacionales redujeron las brechas respecto a los parámetros de referencia, generando un BCA más negativo en alrededor de 0,4% del PIB para el mismo nivel de ingresos y gastos.

Los efectos anteriores han sido compensados en parte por un comportamiento más dinámico de la recaudación de IVA, pero también se ha requerido aplicar ajustes importantes al nivel de gastos. Estos ajustes han evitado afectar la inversión pública, donde el gasto en capital ha tenido en los primeros 8 meses un desempeño muy superior al de años anteriores, ejecutándose un 54,1% de lo presupuestado (49,6% a la misma fecha en años anteriores). El Gobierno seguirá trabajando para asegurar el cumplimiento de las metas fiscales, tanto del lado de los ingresos como de los gastos, ayudado por las medidas transitorias de aplicación inmediata de la Ley de Cumplimiento Tributario recién aprobada.

El Proyecto de Ley de Presupuestos para 2025 cumplirá plenamente con las metas de política fiscal, reduciendo el déficit efectivo y cíclicamente ajustado a 1,0% del PIB y 1,1% del PIB, respectivamente. Para esto se contará con una expansión de los ingresos fiscales que no sólo reflejará el mayor crecimiento, sino que también sumará los efectos de medidas de política de la actual Administración, incluyendo el nuevo Royalty Minero, los ingresos por la explotación del litio en el Salar de Atacama con la incorporación del acuerdo Codelco-SQM y la Ley de Cumplimiento Tributario. La recaudación proveniente de estas fuentes, cercana a un 1% del PIB, permitirá que el gasto público crezca a un ritmo similar al de la actividad sin comprometer el avance de la consolidación fiscal.

Con ello, la deuda pública se estabilizará levemente por encima del 41% del PIB y significativamente por debajo del límite prudencial de 45% del PIB. Se terminará así con 17 años de crecimiento ininterrumpido de dicha deuda, cuestión que ha preocupado a observadores, analistas y clasificadoras de riesgo. Mirado en su conjunto, el Gobierno del Presidente Boric será el de menor crecimiento de la deuda pública bruta a lo largo de su mandato en los últimos 16 años y el único en los últimos 50 que terminará con un nivel de gasto público menor al del término del período presidencial precedente.

En efecto, al cierre de 2025 la deuda pública estará cerca de US$20.000 millones por debajo de lo que habría llevado la tendencia de los 12 años previos al inicio de Gobierno, lo que implica un ahorro en el pago de intereses de aproximadamente US$1.400 millones por año.

Para 2025 se prevé un crecimiento del gasto del Gobierno Central de 2,71% real respecto de lo presupuestado para el año anterior. Dado que durante 2024 se han efectuado reducciones de gastos, el crecimiento respecto a lo que efectivamente se desembolsará este año sería cercano al 4% real.

Dentro de esta expansión se consolidarán las prioridades del actual Gobierno. Es así como en materia de Salud se acumulará un crecimiento de casi 18% real respecto de la Ley de Presupuestos de 2022. Habiendo cumplido con creces el incremento del aporte per cápita a la salud primaria, en 2025 el énfasis estará ahora puesto en la reducción de listas de espera en la salud pública y la puesta en marcha de los hospitales y centros de salud construidos en el período. En el caso de Vivienda, los recursos para cumplir con las metas del Plan de Emergencia Habitacional crecerán más de 19% respecto de 2024, en torno al 11% real, acumulando una expansión de 64,6% desde 2022.

Con la incorporación de US$1.200 millones provenientes de la Ley de Cumplimiento Tributario, el Presupuesto para 2025 reservará los recursos para financiar el incremento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) una vez que la Reforma Previsional sea aprobada por el Congreso Nacional y permitirá cumplir con creces la meta de crecimiento de la inversión en seguridad pública de US$1.500 millones anuales fijada por el Presidente. Ello se reflejará en las asignaciones de recursos en los presupuestos de Interior, Justicia y el Ministerio Público, así como en la provisión de fondos para financiar una decena de proyectos de ley en tramitación o que serán ingresados al Congreso en el curso de la discusión presupuestaria.

Otras materias recogidas en el proyecto de presupuesto para 2025 son el avance en el cumplimiento de la meta de elevar el gasto en cultura a 1% del gasto público total, la constitución de nuevos Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y la asignación de los recursos provenientes del Royalty Minero a los gobiernos regionales y 309 municipios de todo el país.

Crecimiento de largo plazo

Las medidas comprometidas en octubre de 2023

• La agenda pro-crecimiento forma parte del Pacto Fiscal propuesto por el Presidente Boric en su discurso de junio de 2023.
• El Pacto Fiscal se discute en una mesa de diálogo con representantes de casi todos los partidos políticos y otros actores económicos y sociales.
• El Gobierno ha retirado la propuesta de tributar el patrimonio y algunos impuestos retenidos para facilitar el consenso en torno al impuesto a la renta.
• Se está preparando una reforma integral para simplificar la tramitación de permisos de inversión.
• La Estrategia Nacional del Litio abrirá espacio para inversiones públicas, privadas y de joint ventures.
• El Plan de Acción de Hidrógeno Verde 2023-2030 impulsará más de 50 proyectos en el país.
• Dar las condiciones para posicionar a Chile como centro de servicios digitales.

En Chile se ha discutido bastante respecto de la reducción del ritmo de crecimiento que ha experimentado nuestra economía en los últimos 20 años. El Gobierno ha compartido la preocupación de muchos actores al respecto, actuando para cambiar esta trayectoria. La resolución de los desequilibrios macroeconómicos y fiscales no ha sido un impedimento para avanzar en el diseño e implementación de una agenda para impulsar el crecimiento en el mediano y largo plazo.

Después de algunos pasos iniciales, este esfuerzo se tradujo en el Pacto para el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal. Este Pacto, también conocido como Pacto Fiscal, se encontraba aún en preparación hace un año, y fue finalmente presentado por el Gobierno en diciembre de 2023 después de varios meses de diálogo con representantes de casi todos los partidos políticos, así como con organismos gremiales representativos de empresas de todos los tamaños.

El documento final del Pacto Fiscal contiene 36 iniciativas de impulso al crecimiento, 12 propuestas de reformas del Estado, prioridades de gasto en 4 áreas (pensiones, salud, cuidados y seguridad pública), 12 principios para un sistema tributario moderno, 30 propuestas para reducir las brechas de cumplimiento tributario y una serie de mecanismos de seguimiento y evaluación.

Para dimensionar apropiadamente este esfuerzo, en la preparación del Pacto Fiscal se encargaron estimaciones externas para medir el potencial impacto de las medidas de estímulo al crecimiento sobre los ingresos fiscales, y para cuantificar el potencial de reasignación de recursos fiscales a través de medidas de revisión del gasto. En el primer caso se calculó el impacto de cuatro medidas procrecimiento tales como la reducción en un punto porcentual de la tasa de impuesto de primera categoría y la depreciación semi instantánea, reducción en un tercio de los plazos para el otorgamiento de permisos para inversiones, desarrollo del litio e hidrógeno verde y derivados. En el segundo caso, se consideró la experiencia internacional en revisiones transversales de varias categorías de gasto público. El efecto combinado de estas medidas permitiría reducir en 0,3% del PIB la brecha de financiamiento de las cuatro medidas de gasto, aliviando en la misma proporción el financiamiento requerido de medidas tributarias.

De esta manera, se conformó una agenda de trabajo que actualmente se encuentra en plena implementación. En materia legislativa, se identificaron 21 proyectos de ley ligados al Pacto Fiscal, que posteriormente fueron sujeto de un acuerdo con ambas mesas del Congreso Nacional para proceder a una tramitación más expedita. Aunque a la fecha sólo se han aprobado íntegramente tres de los proyectos priorizados, el avance de la agenda en su conjunto pasó de un 43% en mayo a 58% a fines de septiembre[1] respecto de los proyectos en tramitación legislativa.

En el avance de esta agenda destaca, junto a los proyectos aprobados de Reforma de la Ley de Responsabilidad Fiscal, Cumplimiento Tributario, y modificación de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el progreso de los proyectos de ley marco sobre Permisos Sectoriales, la reforma del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y la ley que crea la Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas y la Productividad, todas las cuales podrían despacharse antes del receso legislativo del próximo verano.

Asimismo, junto a la agenda legislativa se ha ido avanzando por la vía administrativa y reglamentaria, en una agenda de fortalecimiento de la base productiva, con metas concretas en seis sectores claves con ventajas comparativas existentes o emergentes: (a) minería limpia y sostenible; (b) minería del litio; (c) energías renovables; (d) industria del hidrógeno verde; (e) economía digital, y (f) turismo.

En todos estos sectores se aprecian avances importantes y perspectivas favorables para cumplir o aún exceder las metas fijadas. Es así como en el caso de la minería del cobre, tras la aprobación del Royalty Minero se ha multiplicado por cuatro el stock de proyectos de inversión programados para el cuatrienio 2024-2027 de acuerdo con la Corporación de Bienes de Capital. En lo que respecta al litio, se ha avanzado decididamente en la implementación de la Estrategia anunciada en abril de 2023, contando el acuerdo Codelco-SQM, los proyectos liderados por Codelco y Enami fuera del Salar de Atacama y el inicio del proceso para asignar Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOL) a operadores privados en seis sistemas salinos en los próximos meses.

Las energías renovables ya representan más del 60% de la matriz de generación eléctrica, y los proyectos en desarrollo elevarán dicha proporción a 85% en 2030. La generación de energías renovables, por su parte, constituye la base para la producción de hidrógeno verde, que ya registra más de 70 proyectos en estudio en Chile. De éstos, el catastro de la Corporación de Bienes de Capital ha incorporado recientemente dos nuevos proyectos, mientras que se han efectuado anuncios respecto del avance de proyectos que involucran varios miles de millones de dólares de inversión.

En lo que respecta a la economía digital se han identificado 28 proyectos de data center, adicionales a los 22 que se encuentran ya en operación. Unido al cable submarino que conectará con Asia-Pacífico a través de Chile, permitirá que el país se consolide como un proveedor de servicios digitales para las Américas. Por su parte, en materia de Turismo, el flujo de visitantes extranjeros se incrementó en 55% a/a en los meses de invierno de 2024, lo que se incrementará con la aprobación de las medidas de estímulo al turismo extranjero contenidas en la agenda legislativa del Pacto Fiscal.

La decisión del Gobierno de avanzar decididamente en la agenda del Pacto Fiscal se traduce en una respuesta de política pública para impulsar el crecimiento, la competitividad y la formalización de la economía considerablemente más robusta que lo observado en administraciones anteriores y que excede largamente lo previsto hace un año. Ello permitirá elevar el potencial de crecimiento futuro en un margen de medio punto a un punto completo por año, aumentando la creación de empleos formales. De esta manera, se avanza en incrementar el potencial de crecimiento de manera más sostenible e inclusiva.

III. EL MINISTERIO DE HACIENDA FRENTE A LOS NUEVOS DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES DEL PAIS

El demandante contexto macroeconómico, el esfuerzo por asegurar que ningún sector se quede atrás en la estabilización de la economía y el impulso al crecimiento inclusivo y sostenible a través del Pacto Fiscal, explican en parte el intenso trabajo legislativo desarrollado por el Ministerio de Hacienda durante el último año. En este período, el Ministerio ha ingresado 32 proyectos de ley bajo su liderazgo y ha logrado la aprobación de otros 27. Si se considera desde el 12 de marzo de 2022, el Ministerio ha contribuido con un 43% del total de proyectos de ley publicados en esta Administración (265), los que, a su vez, se han situado en un récord histórico para un mismo período de Gobierno.

Frente a esta evidencia, lo primero que corresponde es agradecer a las parlamentarias y parlamentarios que han apoyado este trabajo, no solo con su voto favorable, sino también aportando ideas para el mejoramiento de los proyectos que el Ministerio ha liderado.

No obstante, el trabajo legislativo ha abarcado más materias que las mencionadas más arriba. Una parte importante también ha respondido a las urgencias emergentes, sean originadas en desastres naturales o por problemas de política pública incubados desde antes del inicio de la actual Administración. En el primero de estos casos se ubica la necesidad de movilizar recursos adicionales para financiar la reconstrucción de los sectores de la región de Valparaíso asolados por los incendios del verano pasado. Entre los segundos debe destacarse la ley para resolver los problemas generados por la discriminación de precios en los seguros privados de salud y las iniciativas para normalizar la situación del sector eléctrico después de cinco años de congelamiento tarifario.

En estos dos últimos casos, la posición del Gobierno fue similar: resolver estos problemas dentro de los mismos sectores donde se generan, evitando trasladar los costos a la economía en general, ya sea directa o indirectamente a través de las finanzas públicas. Este es el mismo principio que se está aplicando en el proyecto de nuevo sistema de financiamiento universitario y fin del CAE.

Los dos casos recién señalados, son, al mismo tiempo, representativos de deudas heredadas, cuya resolución este Gobierno resolvió asumir con decisión, aplicando dosis extraordinarias de esfuerzo e ingenio. Si se cuantifica la magnitud de los recursos involucrados en estos dos casos y se le suman otros como el desfinanciamiento de la PGU y las deudas acumuladas con los proveedores de salud privados durante la crisis del COVID-19, podemos concluir que el actual Gobierno se hizo cargo de problemas con un costo equivalente a más de cinco mil millones de dólares, no registrados formalmente como deuda pública, los que ha sido capaz de encauzar y resolver sin un perjuicio para la población o la economía.

El trabajo regulatorio y legislativo del Ministerio de Hacienda también se ha relacionado con el desarrollo del sistema financiero y el mercado de capitales. Desde marzo de 2022 se ha aprobado la legislación sobre tecnología aplicada a las finanzas (Fintec), finanzas abiertas, resiliencia del sistema financiero y su infraestructura, garantías de crédito para sectores rezagados, revisión de la ley de fraudes bancarios y prevención del sobreendeudamiento de los hogares. Asimismo, el Ministerio ha continuado con el desarrollo de las finanzas verdes, contribuyendo a hacer de Chile un líder mundial en la materia — con una mayor proporción de sus emisiones de deuda en la forma de bonos temáticos —, mientras se dan los últimos pasos en la elaboración de una taxonomía verde que apoyará iniciativas similares de parte del sector privado.

El trabajo del Ministerio de Hacienda en materia financiera está lejos de concluir. Para el resto de este año está previsto avanzar en legislación sobre supervisión de seguros basada en riesgos, resolución bancaria y garantía de depósitos y a inicios de 2025 esperamos presentar propuestas para desarrollar la industria de capital de riesgo y el mercado de capitales. Este último debería verse impulsado adicionalmente por la aprobación de la Reforma Previsional que incrementará el ahorro en cuentas de capitalización individual y en reservas del seguro social.

Esta cartera tiene también una amplia agenda en materia de modernización del Estado, orientada al objetivo de recuperar la confianza en las instituciones públicas después de todos los eventos extremos que han sucedido en los últimos años, siendo un ingrediente fundamental el desarrollo tecnológico y la economía digital. En virtud de ello, a inicios de 2024 se concretó el traspaso de los equipos y la agenda de Gobierno Digital desde el Ministerio Secretaría General de la Presidencia hacia nuestro Ministerio. Materializado este traspaso y generadas las sinergias con otras instituciones y equipos radicados en el área de Hacienda, se ha buscado acelerar el avance de la agenda de Gobierno Digital. Esto se expresa en el fortalecimiento de la ventanilla única del Estado, la retroalimentación desde los usuarios al realizar trámites por vía electrónica y el mejoramiento de la funcionalidad de la clave única. La tecnología también permitió el desarrollo del Bolsillo Familiar Electrónico (BFE) como vehículo para canalizar el apoyo del Estado a los hogares, el que ha ido ampliando sus aplicaciones.

La modernización del Estado requiere también del desarrollo de relaciones laborales modernas al interior del sector público, capaces de equilibrar la responsabilidad hacia la ciudadanía con la generación de mejores condiciones de trabajo para las funcionarias y funcionarios. En esta perspectiva se ha seguido implementando una política de estímulo al retiro de los funcionarios de mayor edad, en virtud de la cual se han incrementado 17.645 cupos a los planes de retiro vigentes, para los años 2024 y 2025. Del mismo modo, se ha regularizado la situación de 11.803 personas a honorarios entre 2022 y 2024, de modo que esta modalidad contractual quede acotada a las tareas que realmente lo justifican.

También se ha buscado avanzar en la reducción del ausentismo en el sector público, situación especialmente grave en los servicios públicos de salud y educación. En esta materia, sin embargo, es mucho lo que queda por hacer, dado que el crecimiento de las licencias entre 2018 y 2023 en el sector público equivalen a 14.800 funcionarios a tiempo completo. Resolver este problema será esencial para aplicar en el sector público la reducción de la jornada laboral.

Finalmente, el Ministerio de Hacienda también ha desarrollado una extensa agenda en apoyo de la internacionalización y competitividad de nuestra economía. Expresión de ello son los avances en la facilitación de operaciones de comercio exterior, tanto a través de la plataforma SICEX como de la modernización tecnológica en el Servicio Nacional de Aduanas, la que, considerando las inversiones ya realizadas más los recursos comprometidos en los proyectos sobre Cumplimiento Tributario, Inteligencia Económica y Presupuesto para 2025, dejará operativos 17 scanners para el control ágil del tránsito de contenedores en los puertos y fronteras del país. Se agrega a ello la intensa actividad desplegada por el Ministerio en el desarrollo de la exportación de servicios y la promoción de inversión extranjera. Esto último se refleja en las cifras récord en la materia alcanzadas en 2023 y la primera mitad de 2024.

IV. RIESGOS Y AMENAZAS

El panorama que hemos resumido en esta exposición — y que se presenta en mayor detalle en los capítulos temáticos del informe — muestra un país que ha avanzado en resolver, con decisión y pragmatismo, importantes desequilibrios económicos, así como problemas de política pública acumulados a lo largo de los años. Al mismo tiempo se observan buenas oportunidades para recuperar el crecimiento de mediano plazo, mientras se van dando pasos concretos para aprovecharlas.

Este panorama, sin embargo, no está exento de riesgos. Por lo pronto, están los riesgos de empeoramiento de las condiciones externas. En el escenario actual, estos pueden asociarse a un deterioro adicional de la situación de la economía china, el agravamiento de conflictos geopolíticos en desarrollo o de eventos en mercados financieros internacionales que dificulten el aterrizaje suave de las mayores economías después de su propio proceso de ajuste. Para enfrentar estos riesgos, la economía chilena cuenta con amortiguadores que han logrado recuperarse, al menos parcialmente, de las tensiones del período 2019-2022.

En materia local, a los riesgos de desastres naturales que se han intensificado en los últimos años, se pueden agregar riesgos propiamente económicos, parte importante de los cuales se radican en el ritmo de recuperación del mercado de capitales tras los eventos y restricciones de los últimos años. Una ralentización o reversión de este proceso sin duda afectaría a sectores que ya vienen golpeados de años anteriores como la construcción y las empresas de menor tamaño. Dada la mayor estrechez fiscal, las finanzas públicas pueden actuar como amplificador de eventos de esa índole.

Sin embargo, los mayores riesgos para el panorama que aquí se presenta están asociados al contexto político. En efecto, la capacidad para consolidar la estabilidad lograda y aprovechar las nuevas oportunidades para el desarrollo productivo del país depende de manera crucial de que las regulaciones, políticas y recursos públicos puedan acompañar y reforzar dicho proceso.

No cabe duda que las tendencias políticas en Chile y buena parte del resto del mundo son a este respecto preocupantes. La dispersión de fuerzas, la polarización política, el populismo, las dinámicas identitarias, las fake news, son fenómenos globales que también se manifiestan en nuestro país. Los procesos electorales que se avecinan muchas veces agregan dosis de crispación política e inflexibilidad que hace más difícil alcanzar los acuerdos que el país necesita para avanzar.

Al mismo tiempo, sin embargo, en Chile tenemos muchas lecciones que el sistema político puede extraer de la experiencia de los pasados 5 años. La traumática experiencia del estallido social, el fracaso de dos propuestas constitucionales ante el veredicto popular, así como el desgaste causado por la incertidumbre y la inseguridad, han hecho evidente que la ciudadanía hoy exige una política menos confrontacional, descalificatoria y excluyente, donde se puedan lograr acuerdos que impulsen cambios sensatos, apoyados en instituciones sólidas, que respondan a las necesidades del país, aun cuando éstos se apliquen de manera gradual.

Escuchar este mensaje de la ciudadanía es también beneficioso para la economía y las políticas públicas. Los cambios que se requieren en materia de protección social, productividad, innovación, tecnología y emprendimiento necesitan oportunidad y persistencia en el tiempo para producir un efecto real. Esto significa ser capaces de superar los ciclos políticos de cuatro años, de tal manera que un Gobierno saliente sea capaz de dejar una base sólida para el siguiente y que el entrante tenga la disposición a construir sobre la base de lo que heredó.

No nos engañemos: tratar de obtener una ventaja electoral sobre la base del fracaso de las políticas de un Gobierno no significa que el siguiente tenga la pista libre para emprender sus reformas. Al contrario, revive la lamentable tendencia latinoamericana de volver una y otra vez al punto de partida. No hay ideas ni reformas ni programas que tengan la potencia de la acumulación sistemática de avances a lo largo del tiempo.

Por eso, al presentar este informe sobre el Estado de la Hacienda Pública, hacemos un llamado a aprender de nuestra historia reciente; escuchar a la ciudadanía, a quienes emprenden e innovan; aquilatar lo avanzado y lo que falta; tomar en cuenta los desafíos y oportunidades que nos presenta el futuro, y pensar cómo podemos construir el siguiente peldaño en la conducción de una economía y unas finanzas públicas al servicio del país.

La reciente aprobación por amplia mayoría del Proyecto de Ley sobre Cumplimiento Tributario a menos de un mes de las elecciones municipales y regionales es, en este sentido, una señal alentadora. Esperamos que las próximas definiciones legislativas, incluyendo la aprobación del Proyecto de Ley de Presupuestos para 2025 y la Reforma Previsional, se apoyen en esta positiva experiencia de la que todos, los aquí presentes, acabamos de ser partícipes.