VI. Seguridad Económica, Pública y Social

VI.1. Seguridad Económica

La alta volatilidad económica y la incertidumbre producto de las masivas transferencias fiscales y los retiros de los fondos de pensiones, sumado a los efectos de la invasión rusa en Ucrania, gatillaron una escalada inflacionaria que afectó mayormente a los hogares de menores ingresos. Tras ello, esta administración reemplazó las transferencias masivas creando mecanismos de compensación para los hogares más vulnerables. De esta manera fue posible conciliar un canal de apoyo a los hogares para lograr una recuperación inclusiva, tomando en cuenta el contexto de ajuste de la economía y el compromiso de responsabilidad fiscal.

Aumento del Ingreso Mínimo Mensual

El 1 de julio de 2024 el Ingreso Mínimo Mensual (IMM) aumentó hasta los $500 mil para las personas trabajadoras entre 18 y 65 años, según lo establecido en la Ley N° 21.578, publicada en mayo de 2023, cumpliendo uno de los compromisos del programa de Gobierno del Presidente Boric.

El aumento del IMM a $500 mil completó una serie de seis incrementos graduales desde mayo de 2022 hasta julio de 2024, acumulando un alza de 19,1% real entre enero de 2022 y julio de 2024 (Gráfico VI.1.1). Comparativamente, se observa que la evolución del ingreso mínimo real se ha situado por sobre la variación de 3,4% del Índice de Remuneraciones (IR) real en el mismo periodo (Gráfico VI.1.2).

Reajuste de los valores y tramos de la Asignación Familiar (AF) y del monto del Subsidio Único Familiar (SUF)

En el contexto de la negociación anual con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), fue relevada la importancia de fortalecer algunas medidas para la seguridad económica de los hogares que han sido impulsadas durante el Gobierno, con especial énfasis en apoyar a las familias durante los meses de invierno. Este proceso de negociación, que culminó a fines de mayo del presente año, con la firma del “Acuerdo sobre materias sociales que afecten a los trabajadores y trabajadoras”1, incorporó diez medidas medidas, entre las que destacan el el reajuste de 4,5% de los valores del SUF y la AF establecidos en la Ley N° 21.550, que impulsa medidas para la seguridad económica.

Este acuerdo también incluyó un reajuste de los tramos de la AF en 8,7% para alcanzar un mayor número de personas beneficiarias; y un ajuste a la forma en que opera la AF y el SUF incorporando un mecanismo de incentivo para la formalización de las personas, asegurando que las y los beneficiarios del SUF que transiten a un empleo formal reciban por la AF el mismo aporte que hubiesen recibido por el SUF previo a su formalización, lo cual se extenderá por dos años.

Estas medidas se incorporaron en la Ley N° 21.685 que Reajusta los valores del SUF y la AF, otorga un aporte pagado a través del BFE por los meses de invierno de 2024 e inyecta recursos al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, que fue publicada el 13 de julio de 2024. De esta forma, a contar del 1 de julio de 2024, los montos y tramos de la AF quedaron establecidos de acuerdo con los siguientes valores (Gráficos VI.1.3 y VI.1.4):

• Tramo 1: entrega $21.243 por carga para las personas beneficiarias cuyo ingreso mensual no exceda de $586.227.
• Tramo 2: entrega $13.036 por carga para las personas beneficiarias cuyo ingreso mensual supere los $586.227 y no exceda de $856.247.
• Tramo 3: entrega $4.119 por carga para las personas beneficiarias cuyo ingreso mensual supere los $856.247 y no exceda de $1.335.450.

Aquellas personas cuyo ingreso mensual supere $1.335.450 no tendrán derecho a estos beneficios.

Bolsillo Familiar Electrónico

El Bolsillo Familiar Electrónico (BFE) fue implementado en mayo de 2023 como una evolución del aporte mensual para la Canasta Básica (Bono Canasta), que había sido introducido para mitigar los efectos del alza de los precios de los alimentos sobre los hogares más vulnerables. Este beneficio se diseñó para asignar un aporte mensual a través de una cuenta vinculada a la CuentaRUT, permitiendo que las personas beneficiarias pudieran usarlo exclusivamente en comercios del rubro alimenticio. El BFE no solo alivió el impacto económico del alza en el costo de vida, sino que también impulsó la bancarización y el uso de medios digitales de pago entre la población beneficiada.

A través de la Ley N° 21.550, publicada en marzo de 2023, el BFE operó inicialmente entre mayo y diciembre de 2023, asignando $13.500 mensuales por cada causante dentro del hogar. Este monto permitió cubrir más del 20% del valor total de la Canasta Básica de Alimentos (CBA) (Gráfico VI.1.5). La extensión de este beneficio hasta septiembre de 2024, bajo la Ley de Presupuestos del Sector, reafirma su relevancia en la política social del Gobierno, ofreciendo una mayor seguridad económica a más de 1,6 millones de hogares en situación de vulnerabilidad.

El BFE ha demostrado ser una herramienta ágil y eficiente para las transferencias fiscales en casos de emergencia. Durante las fuertes lluvias que afectaron a la zona centro-sur de Chile en agosto de 2023, se creó el Bolsillo Electrónico de Emergencia (BEE), permitiendo a los hogares afectados acceder rápidamente a hasta 50 Unidades de Fomento (UF) para la compra de materiales de construcción. Este modelo también fue utilizado para asistir a las víctimas de los incendios en la Región de Valparaíso en febrero de 2024 y para apoyar a las personas damnificadas por las inundaciones en el sur del país de este mismo año. Así, esta herramienta abre posibilidades para poder aplicarse a otras transferencias gubernamentales.

El Banco Mundial, a través de su programa “Government to People” (G2Px), realizó una evaluación del BFE, destacando su alta tasa de uso, con un 95% de las personas beneficiarias utilizando el subsidio al menos una vez (Gráfico VI.1.6). El informe también subrayó que el BFE facilitó el acceso a comercios locales, beneficiando tanto a pequeños negocios como a los hogares vulnerables. La facilidad de uso de la CuentaRUT, la penetración de la aplicación de BancoEstado y el alto porcentaje de mujeres beneficiarias (84%) fueron otros aspectos positivos mencionados. Además, se identificó que el BFE contribuyó a mejorar las capacidades financieras de los hogares, fomentando mejores hábitos de planificación y ahorro.

El impacto positivo del BFE ha sido ampliamente reconocido y fue galardonado con el Premio Nacional de Innovación Avonni 2023, en la categoría de Innovación Pública BID. Este reconocimiento destacó la capacidad del BFE para atender de manera eficiente las necesidades de los hogares más vulnerables, promoviendo al mismo tiempo la modernización del Estado en áreas como la educación financiera y la formalización de la economía. La posibilidad de incorporar el BFE como una herramienta permanente dentro de la política social del Gobierno está en evaluación, con miras a su implementación a partir de 2025.

Aporte Familiar Permanente

En 2024 el Aporte Familiar Permanente se entregó a 3,1 millones de personas, beneficiando a más de 1,6 millones de familias. En febrero de 2024 comenzó el pago del Aporte Familiar Permanente (también conocido como Bono Marzo), correspondiente a un beneficio que se otorga a las familias de menores ingresos que cumplen con los requisitos establecidos en la Ley N° 20.743 y que se otorga de forma regular por una sola vez a comienzos de cada año. Este año el monto de este beneficio alcanzó un valor de $61.793 por carga o causante y su entrega se efectuó entre los meses de febrero y marzo. Para acceder a este beneficio, las personas debían recibir pagos a diciembre de 2023 por el SUF, la AF o Asignación Maternal, o formar parte del Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar) o Chile Solidario.

Las ayudas económicas focalizadas en los hogares vulnerables han permitido que estos experimenten un aumento del ingreso disponible mayor a la evolución de la línea de la pobreza. Así, en enero de 2022 el ingreso disponible de un hogar promedio superaba la línea de pobreza en un 8,4%. Posteriormente, con la entrada en vigencia de mejores ayudas a las familias más vulnerables, esta cifra se incrementó a un 28,8% en mayo de este año (Gráfico VI.1.7).

Expansión y fortalecimiento de programas de Garantía Estatal (FOGAES)

Hasta 2023 la única herramienta disponible para apoyar y favorecer el acceso al financiamiento a aquellas empresas que carecían de garantías o que no podían acceder al sistema financiero formal, era el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (FOGAPE). Sin embargo, este Fondo va dirigido exclusivamente a micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales, de acuerdo con el artículo segundo de la Ley N° 20.416, que fija normas especiales para las empresas de menor tamaño, registran ventas anuales netas no superiores a las 100 mil UF.

Como no existía en Chile un mecanismo permanente equivalente a FOGAPE, que permitiera abordar situaciones adversas en forma oportuna, con independencia del tamaño de las y los beneficiarios a los que se quiera apoyar, se dictó la Ley N° 21.543, publicada el 13 de febrero de 2023, que creó un fondo de duración indefinida, cuyo objetivo es otorgar garantías a créditos u otros mecanismos de financiamiento para actividades o rubros de la economía que requieran apoyo, en determinadas circunstancias o contingencias especiales, en el mediano y largo plazo. Originalmente se crearon dos programas de apoyo a la construcción y a la vivienda, y luego, a través de la Ley N° 21.763, se ampliaron y reforzaron los programas vigentes y se incorporó uno nuevo destinado a refinanciar deudas de consumo y comerciales, convirtiéndose en el primer programa de garantías estatales destinado a personas naturales.

Considerando los aportes adicionales, el Fondo cuenta con un patrimonio de US$ 208 millones, y se faculta al reglamento a distribuir los recursos entre los distintos programas vigentes. El grueso de los recursos se ha concentrado en el programa de garantías a la construcción y al sector inmobiliario, alcanzando montos de financiamiento por más de 490 mil UF (7 mil UF en promedio). También se otorgaron US$ 90 millones al nuevo Programa de Garantías para Refinanciamiento de Deudas de Consumo y Comerciales (ver Recuadro III.G. del capítulo III).

Medidas para incentivar la formalización (+ PYMEs)

El Ministerio de Hacienda cuenta con una agenda para combatir la informalidad e incentivar la formalización de forma integral a través de un conjunto de medidas. En efecto, el combate a la informalidad forma parte esencial de la Ley Cumplimiento Tributario dentro del Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal, aprobada recientemente en el Congreso. Esta ley contempla tres pilares que incluyen el combate contra la evasión, informalidad y elusión de impuestos; la modernización de la administración tributaria; y el fortalecimiento de la Defensoría del Contribuyente. También busca generar mayores recursos fiscales, los cuales permitirán apoyar el financiamiento de la Reforma Previsional y los compromisos en materia de seguridad pública.

La Ley de Cumplimiento Tributario incorpora un conjunto de medidas para combatir la informalidad. Entre estas se encuentra el fin de la exención en la importación de bienes por debajo de los US$ 41, un nuevo procedimiento para el pago de Impuesto a las Ventas y Servicios (IVA) en la compra de bienes desde plataformas digitales ubicadas en el exterior, la obligación de los bancos de informar al Servicio de Impuestos Internos (SII) cuando una persona recibe más de 50 transferencias bancarias en un mes desde cuentas distintas y la obligación de los operadores de puntos de venta (POS), plataformas digitales e instituciones públicas, de exigir inicio de actividades a quienes interactúen con ellos, entre otras.

Por su parte, el proyecto de ley sobre Impuesto a la Renta también contribuirá a la formalización, al proporcionar incentivos concretos a las pequeñas y medianas empresas (Pymes). Esta iniciativa, que será presentada en los próximos meses, incorpora una nueva Ruta del Emprendimiento que acompañará el proceso de creación, desarrollo y crecimiento de las Pymes, lo que implica que todos los nuevos emprendimientos contarán con un régimen ultra simplificado de monotributo por dos años; y luego dos años adicionales de beneficios a nivel de IVA. Con ello, se facilitará el nacimiento de las Pymes, promoviendo su formalización desde las etapas más tempranas.

La Reforma de Pensiones de la actual administración promueve un sistema previsional más inclusivo y obligatorio, donde las empleadoras y empleadores deben aportar al Seguro Social Previsional, fomentando la formalidad de trabajadores. Además, el fortalecimiento de la capitalización individual y la mejora de la eficiencia del sistema brindan incentivos para que más personas participen formalmente en el mercado laboral, ya que podrían acceder a mayores beneficios.

La Ley N° 21.685, que reajusta los montos y tramos de la AF y el valor del SUF también contempla incentivos a la formalización en el empleo. Esta normativa, publicada en julio del presente año, introdujo modificaciones a la ley que regula el SUF para corregir el incentivo a permanecer en la informalidad por parte de las personas beneficiarias, permitiendo extender por dos años los aportes que se perciben por el SUF a quienes transiten a un empleo asalariado.

Otra medida que también contribuye a la formalización es el proyecto de ley que Modifica el Decreto Ley N° 825, de 1974, sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, para establecer un régimen tributario especial para comerciantes de ferias libres (Boletín 17.040-05). Este proyecto es el resultado de un protocolo de acuerdo con las ferias libres, tras un trabajo realizado durante varios meses a través de una mesa conformada por el Ministerio de Hacienda, el SII y organizaciones de ferias libres entre las que se encuentra la Confederación Gremial Nacional de Organizaciones de Ferias Libres (ASOF), la Federación Nacional de Sindicatos de Ferias Libres, Persas y Anexos (FETRACOM) y la Coordinadora de Ferias Libres, donde se abordó la heterogeneidad propia de la actividad y la necesidad de responder de manera uniforme a esta. El proyecto de ley establecerá un impuesto sustitutivo de IVA con una tasa de 1,5%, que se aplicará sobre las ventas realizadas a través de medios de pago electrónicos. De aprobarse, los contenidos de este acuerdo permitirán beneficiar a más de 100 mil personas trabajadoras de ferias libres, quienes además podrán formar parte de los rubros de uso del BFE.

Este conjunto de medidas es clave para reducir la informalidad en la economía, al promover la formalización de pequeñas empresas, comerciantes y personas trabajadoras mediante incentivos tributarios, modernización administrativa y ajustes normativos estratégicos.

VI.2. Participación laboral femenina

La participación laboral femenina ha mostrado una importante recuperación desde 2022, alcanzando un récord histórico del 60,5% en 2023 (Gráfico VI.2.1). Sin embargo, persiste una brecha significativa en comparación con la participación masculina (77,6%) y el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) (66,6%). Aumentar esta participación puede incrementar la oferta laboral y la productividad en los distintos sectores económicos del país.

Entre 2020 y 2023, la brecha de género en ingresos ha crecido, de acuerdo con los datos de la Encuesta Suplementaria de Ingresos del INE, pero se mantiene por debajo de los niveles observados previo a la pandemia. Por su parte, los resultados de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen, 2022) evidenciaron que a medida que aumenta el nivel educacional, la brecha de género salarial crece2. Para reducir estas diferencias, el Gobierno ha presentado modificaciones al Código del Trabajo que buscan consagrar la igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres que realizan trabajos de igual valor, avanzando hacia una mayor equidad salarial (Boletín 10.576-13 refundido con los boletines 12.719-13 y 14.139-34).

En 2023 el 43% de las personas ocupadas fueron mujeres, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) del INE, aunque su representación varía según el tipo de empleo. Solo el 31,2% de los directores y gerentes son mujeres, mientras que, en sectores como los servicios y ventas, ellas constituyen el 57,8%. Esta segmentación evidencia desafíos en cuanto a la inserción de mujeres en roles de liderazgo.

Uno de los principales obstáculos que enfrentan las mujeres para participar plenamente en el mercado laboral es la distribución desigual del trabajo doméstico no remunerado. Según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (2015)3, las mujeres dedican casi el doble de tiempo que los hombres a estas actividades (Gráfico VI.2.2). Incluso cuando están ocupadas, las mujeres dedican más horas a dicha labor que los hombres, lo que incrementa su carga global de trabajo y limita su participación en el empleo formal.

Esta desigual distribución del trabajo doméstico no remunerado es una barrera estructural que dificulta una mayor participación laboral femenina. Según datos de la ENE para el trimestre móvil abril-junio, un 30,7% de las mujeres que no participan del mercado laboral argumentan responsabilidades familiares, mientras que esta razón afecta solo al 2,8% de los hombres. Redistribuir estas tareas entre los hogares, el Estado y el sector privado es clave para lograr una mayor igualdad de género en el mercado laboral.

Promover el empleo formal femenino no solo mejora la autonomía económica de las mujeres, sino que también genera beneficios para la economía. Estudios para países del Cono Sur han demostrado que eliminar las barreras ocupacionales de las mujeres, como la discriminación salarial o la falta de capital humano, podría incrementar el PIB en un rango de entre 4% y 15%4. Además, el Comité de Expertos sobre Espacio Fiscal y Crecimiento Tendencial (2023)5 estima que reducir la brecha de participación laboral femenina al nivel de la OCDE podría aumentar el PIB en 1,8 puntos porcentuales, con impactos positivos en los ingresos fiscales.

Medidas legislativas como la Ley de Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral, y la Ley 40 horas, que reducen la jornada laboral, pueden facilitar la integración de las mujeres al empleo formal. Existe evidencia6 de que la flexibilidad en los arreglos laborales y el teletrabajo han mostrado ser eficaces para reducir las penalizaciones salariales que enfrentan las madres trabajadoras, especialmente aquellas con mayor nivel de educación.

La agenda de cuidados también juega un rol crucial en este desafío. Iniciativas como el proyecto de ley de Sala Cuna (Boletín 14.782-13); el proyecto de ley que reconoce el derecho al cuidado y crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados (Boletín 16.905-31; la identificación de personas cuidadoras7; y el aumento del presupuesto para programas de cuidado en un 25% para 2024, buscan aliviar la carga de las responsabilidades de cuidado, favoreciendo una mayor participación femenina en el empleo. La disponibilidad de servicios de cuidado infantil asequibles y de calidad es esencial para facilitar la inserción laboral de padres y madres, lo cual es especialmente relevante en un contexto de baja fecundidad y envejecimiento poblacional.

Finalmente, abordar la violencia basada en género (VBG) en ambientes laborales es fundamental para mejorar la inserción laboral de las mujeres. Leyes como la Ley N° 21.643 (Ley Karin) sobre el Acoso Laboral, Sexual y la Violencia y la Ley Integral Contra la Violencia Hacia las Mujeres, buscan crear un entorno más seguro para las mujeres en el ámbito laboral. También, iniciativas como el proyecto de ley Más Mujeres en Directorios (Boletín 15.516-34) apuntan a reducir las brechas de género en posiciones de liderazgo (ver Sección V.2.), contribuyendo a una mayor inclusión femenina en el mundo del trabajo.

Seguridad Económica en la Ley de Presupuestos 2025

Para 2025 el presupuesto dispone de un total de $3,8 billones para financiar iniciativas de inversión en ejecución y en nuevos proyectos. Destacan los mejoramientos y construcciones de caminos en la Carretera Austral (Ruta 7) por $55.163 millones, así como la construcción del Puente sobre el Canal de Chacao que conecta las provincias de Chiloé y Llanquihue en la Región de Los Lagos, para lo que se destinarán $41.605 millones. Para seguir consolidando la Estrategia Nacional del Litio, se creará el Instituto Nacional de Litio y Salares, con un presupuesto total de $6.250 millones para sus primeros diez años de funcionamiento. Adicionalmente, en 2024 se creó un nuevo Fondo de Financiamiento Estructural de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) para las universidades, que consiste en destinar recursos permanentes para que estas desarrollen sus capacidades de investigación y no dependan proyecto a proyecto. Para 2025, el presupuesto también considera la implementación de la etapa dos de este Fondo, incorporando $5.992 millones adicionales para el financiamiento de universidades. El nuevo Fondo permitirá que entre 2024 y 2034 se inviertan más de $80 mil millones en innovación.

VI.3. Seguridad pública

Para el año 2024 la Ley de Presupuestos estableció un incremento significativo de recursos para agencias como Carabineros y la Policía de Investigaciones, mejorando su capacidad operativa mediante la reposición de vehículos y equipamiento. También reforzó programas clave como el Plan Nacional Contra el Crimen Organizado y el Plan Calles Sin Violencia. Además, se incluyeron medidas de apoyo a la formación policial y atención en salud. Junto a estos esfuerzos, se promueve la participación ciudadana a través de programas de seguridad municipal y recuperación de espacios públicos, involucrando a las comunidades en la mejora de su entorno. Al igual que en 2024, para el año 2025 el gasto en seguridad pública y administración de justicia se incrementará con un enfoque en la lucha contra el crimen organizado, mayor dotación y equipamiento de las policías, y el fortalecimiento del sistema judicial.

Impactos macroeconómicos y gasto en combate del crimen

El crimen impone grandes costos sociales y económicos. Debido a la delicada interacción entre la actividad económica y el crimen (Gráfico VI.3.1), determinar los efectos causales del crimen no es fácil. De acuerdo a la literatura existe una doble causalidad: más actividad económica reduciría el crimen, pero a su vez, menos crimen impulsaría la economía. La inseguridad afecta el crecimiento económico al obstaculizar la acumulación de capital físico y humano, y disminuir la productividad, al desviar recursos hacia inversiones menos productivas como la seguridad de los hogares y empresas.

En 2022 Chile registró una tasa de homicidio de 6,7 por cada 100 mil habitantes (Gráfico VI.3.2 y Gráfico VI.3.3), alcanzado un máximo histórico y ubicándose muy por debajo del promedio observado para América Latina (19,6 cada 100 mil habitantes) y levemente por sobre el promedio mundial (5,6 cada 100 mil habitantes). En 2023 el Gobierno aumentó el gasto en orden público y seguridad en un 6,3% respecto al 2022, y, de acuerdo a las estadísticas de la Subsecretaría de Prevención del Delito, las víctimas de homicidio disminuyeron un 6% anual y la tasa de homicidio cayó hasta 6,3 por cada 100 mil habitantes, revirtiendo la tendencia al alza observada desde 2016.

Las investigaciones existentes para estimar el efecto causal del crimen, medido como la tasa de homicidios sobre la tasa de crecimiento económico, utilizan distintas estrategias empíricas. Un estudio reciente del Fondo Monetario Internacional8 para la región de América Latina muestra que reducir la diferencia en los niveles de delincuencia entre la región y el promedio mundial en un 50% impulsaría el crecimiento del PIB en 0,1 puntos porcentuales. Estudios anteriores9 que utilizan la misma estrategia empírica encuentran resultados similares.

En línea con los efectos del crimen sobre la actividad, existen estudios que estiman el costo público, privado y social del crimen. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)10 para América Latina estimó que en 2014 el costo del crimen y la violencia significó un 2,8% del PIB para Chile, mientras que para la región el costo estimado ascendió a 3,5%. El Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales11 estimó que el costo económico del crimen en Chile fue cercano a un 2% del PIB para 2022, equivalente a US$ 6.000 millones.

Finalmente, la literatura, utilizando distintas metodologías, también se ha encargado de estimar el tamaño y la evolución de la “underground economy” o economía informal, la cual está influenciada por una amplia gama de delitos. Uno de los métodos es el de Kaufmann12, que se basa en la relación entre el consumo de electricidad y el PIB, bajo la premisa de que el consumo de electricidad es una de las pocas variables económicas que no se ve afectada significativamente por el nivel de formalidad de la economía y permite captar las variaciones de la economía informal. Utilizando este método para Chile, con datos de consumo de electricidad del sector comercial, público y residencial, se estima que la economía informal se ubicaría entre un 6% y 12% del PIB para 2022, inferior al intervalo de 18% - 37% estimado para el periodo 1990-199313 y para 1999-200614 (19% - 20%), y similar a lo estimado para Estados Unidos (10%)15.

Inteligencia económica

En abril de 2023, el Ejecutivo y el Congreso acordaron una agenda priorizada en materia de seguridad que incluía un proyecto de ley sobre inteligencia financiera para perseguir el delito, la creación de capacidades especializadas en el SII, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Servicio Nacional de Aduanas (SNA), y el levantamiento del secreto bancario para la investigación y persecución del crimen organizado.

Este anuncio se materializó en el proyecto de ley que Crea el Subsistema de Inteligencia Económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que digan relación con el crimen organizado (Boletín N° 15.975-25). El objetivo principal del proyecto de ley es facilitar la persecución de la ruta del dinero proveniente del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos vinculados al crimen organizado, a través del análisis de datos, la trazabilidad de operaciones, el levantamiento del secreto bancario, la ampliación de rubros obligados a informar y un trabajo interinstitucional robusto.

El proyecto de ley organiza sus medidas en torno a tres ejes:

• Fortalecimiento del Ecosistema de Inteligencia y Análisis Económico:
  • Establecimiento de un Subsistema de Inteligencia y Análisis Económico integrado por la UAF y las Unidades de Inteligencia que se crean dentro del SII y el SNA. A través del Subsistema, se mejora la capacidad de estos organismos para recolectar y compartir datos relevantes sobre actividades económicas que digan relación con la comisión de delitos.
  • Se amplía el objeto de la UAF, agregando a los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, los delitos de crimen organizado. Para el adecuado cumplimiento de estas nuevas atribuciones que se otorgan en materia de crimen organizado, se le habilita para acceder a información protegida por el secreto o reserva bancaria sin autorización judicial, cuando dichos antecedentes fueran necesarios y conducentes a desarrollar o completar el análisis de una operación sospechosa.
• Prevención y Detección Temprana de Operaciones Sospechosas:
  • Se actualiza la normativa aplicable a los órganos que ejercen labores de supervisión en materia económica y se les habilita para intercambiar información.
  • Deber de los contribuyentes de IVA de individualizar a quienes paguen en efectivo servicios o bienes que individualmente considerados superen una unidad tributaria anual (UTA).
• Mejores Facultades Intrusivas y Sancionatorias:
  • Fortalecimiento de las facultades de fiscalización de los órganos que ejercen labores de supervisión en materia económica.
  • Aumento de las penas y sanciones aplicables a infracciones administrativas en materia tributaria, aduanera, financiera y del juego, entre otras.

A fin de alcanzar amplios acuerdos para la aprobación de este proyecto, el Ejecutivo constituyó una mesa de trabajo con la Comisión de Seguridad del Senado, que dio lugar a la presentación de más de 200 indicaciones y la aprobación de las disposiciones del proyecto sin ningún voto en contra. Tras ello, el proyecto se ha radicado en la Comisión de Hacienda del Senado.

Seguridad Pública en la Ley de Presupuestos 2025

La seguridad es un derecho y es deber del Estado garantizarla como tal. En ese camino ha avanzado el Gobierno, ya que entre el inicio de su periodo y finales de 2025 aumentarán 15,3% los recursos para seguridad y orden público, equivalente a $612 mil millones. Gracias a los compromisos de esta administración, se invertirán al año 2030, en total, $1,2 billones en infraestructura carcelaria, lo que permitirá sumar más de 12.100 nuevas plazas en cárceles.

El próximo año se reforzará la operación 24/7 de siete pasos fronterizos: Chacalluta, Chungará, Colchane, Los Libertadores, Cardenal Samoré, Integración Austral y San Sebastián, junto con robustecer las capacidades del Servicio Nacional de Migraciones a través de un incremento de 13,8% en su presupuesto. El Presupuesto 2025 también contempla recursos para continuar con los planes interinstitucionales que lidera la Subsecretaría del Interior, como el Plan Nacional Contra el Crimen Organizado y el Plan Calles sin Violencia, para los que se asignan $111.161 millones en total, lo que consolida un acumulado de $302.136 millones desde 2022, año en que este Gobierno creó dichas políticas.

VI.4. Seguridad Social

Una economía inclusiva requiere de un Estado que promueva la protección social para incentivar la participación de todos los actores. La seguridad social es un derecho fundamental que busca garantizar el bienestar económico y social de la población, especialmente en las personas más vulnerables. La reforma previsional tiene como objetivo aumentar las pensiones, cerrar brechas de género, y mejorar la eficiencia del sistema, incentivando la participación de la población.

VI.4.1. Reforma al Sistema Previsional

Con fecha 7 de agosto de 2024, el Ejecutivo y los senadores de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado suscribieron un protocolo16 de tramitación legislativa para la reforma al sistema de pensiones (Boletín 15.480-13), que luego fue ratificado por la sala del Senado. En este protocolo, se autorizó a la Comisión a que discuta el proyecto en general y particular a la vez. Sobre esa base el proyecto seguirá su tramitación y deberá quedar despachado a la sala antes del término del presente año y concluirá su segundo trámite constitucional en enero de 2025.

La Reforma de Pensiones presentada por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric se fundamenta en la necesidad de construir un sistema de pensiones que permita garantizar seguridad económica y pensiones dignas a las personas pensionadas por vejez, invalidez o sus sobrevivientes.

Para avanzar hacia un sistema de seguridad social, sostenible, que incentive la participación y resguarde elementos propios del esfuerzo individual y de la seguridad social, la reforma propuesta persigue una serie de objetivos:

• Aumentar las pensiones actuales y futuras

La Reforma tiene como primer y gran objetivo aumentar en forma efectiva y financieramente sostenible las pensiones de las personas actualmente pensionadas de nuestro país y las que se pensionarán en el futuro.

Para cumplir este objetivo, la Reforma propone aumentar el monto y la cobertura de la PGU, fortalecer el componente de capitalización individual del pilar contributivo y crear un nuevo componente contributivo denominado Seguro Social Previsional. Este último se basa en el ahorro colectivo y es financiado con el aporte de las y los empleadores, e incorpora mecanismos propios de la seguridad social entregando beneficios que permitan aumentar las pensiones de forma sostenible, para las personas que ya se encuentran pensionadas, y para las que se irán pensionando en el futuro.

De esta manera se esperan mejoras significativas en las tasas de reemplazo17 actuales y futuras del sistema de pensiones chileno.

• Cerrar brechas de género en el sistema previsional

La Reforma incluye, entre los beneficios a financiar con cargo al Seguro Social pagado por las personas empleadoras, beneficios concretos para cerrar las brechas en montos de pensión que se producen entre hombres y mujeres. En efecto, el Seguro Social incorpora una compensación en favor de las mujeres por las diferencias de expectativas de vida que se producen por el uso de tablas de mortalidad diferenciadas por sexo. De esta forma, el país busca hacerse cargo, a través de su sistema de pensiones, de corregir inequidades existentes al momento de pensionarse que perjudican a las mujeres.

• Mejorar la eficiencia del sistema, competencia, rentabilidad y reducir los costos para las personas afiliadas

Por otra parte, la Reforma busca mejorar la eficiencia y rentabilidad, especialmente de la capitalización individual, dividiendo las funciones de la industria entre las labores de soporte y administración de fondos, lo que permitirá mejorar la competencia y eficiencia del sistema. La inversión de multifondos del esquema contributivo actual se reemplaza por un modelo de Fondos Generacionales. En estos últimos, cada fondo mantiene un esquema de inversión que va volviéndose cada vez más conservador conforme sus afiliados y afiliadas se acercan a la edad de retiro, lo que permite disminuir la liquidez del sistema mejorando la rentabilidad de largo plazo. Adicionalmente, el proyecto incluye un mecanismo de licitación aleatoria y periódica de un porcentaje de personas afiliadas antiguas del sistema a la administradora de fondos que ofrezca la mejor comisión. Estos cambios producirán, como consecuencia de la eficiencia del sistema, una reducción de costos en comisiones que hoy pagan las personas afiliadas, mejorando el ingreso líquido de las y los cotizantes y aumentando la rentabilidad de los fondos en el tiempo, lo que irá paulatinamente mejorando las pensiones de las y los futuros pensionados.

• Otorgar legitimidad al sistema

Finalmente, esta reforma busca otorgar legitimidad ciudadana al sistema previsional, a través de un nuevo acuerdo social al respecto. Este objetivo se persigue a través de la creación de un modelo mixto, que combina elementos individuales y solidarios, una nueva arquitectura institucional y una mayor transparencia, eficiencia y participación de las y los afiliados.

En resumen, esta reforma permitirá que las personas perciban pensiones más elevadas ahora y en el futuro, avanzando hacia un sistema mixto que fortalece la capitalización individual, la propiedad y la libertad de elección, y que, a su vez, crea un Seguro Social con una cotización adicional de cargo del empleador o empleadora.

De este modo, la persona jubilada recibirá una pensión final compuesta por la sumatoria de los distintos pilares, a los que tenga derecho. Percibirá el piso no contributivo de pensión mínima que corresponde a la PGU, que asegurará un monto sobre la línea de pobreza. A lo anterior, se sumarán los montos de pensión a los que tenga derecho por el componente de aporte de la persona trabajadora y el nuevo Seguro Social, en función del historial de cotizaciones de las personas afiliadas, y los mecanismos solidarios complementarios, según corresponda. A esos montos se sumarán los aportes del Ahorro Previsional Voluntario si fuere el caso.

A partir de estos cambios a la gestión y al financiamiento del sistema, se fortalece el objetivo de que Chile cuente con un sistema de pensiones verdaderamente mixto y tripartito en el que participan el Estado, trabajadoras, trabajadores y las personas empleadoras, acercándose a los estándares de los sistemas de pensiones de los países de la OCDE.

VI.4.2. Transformaciones en la salud

Entre la Ley de Presupuestos 2022 y el proyecto de ley de Presupuestos 2025, la Atención Primaria en Salud (APS) consolida un inédito crecimiento acumulado de 24,8% en el periodo de Gobierno. El próximo año la APS beneficiará a 14,8 millones de personas. Estos mayores recursos serán utilizados, entre otras iniciativas, en la expansión del Programa de Atención Primaria Universal a siete nuevas comunas, totalizando 28 comunas y 362.272 beneficiarios. El próximo año los hospitales de Illapel, Rengo, San Javier y el Hospital Traumatológico de Concepción se incorporarán al conjunto de establecimientos financiados por el mecanismo de Grupos Relacionados de Diagnóstico (GRD), que aumenta en un 8,8% sus recursos y promueve la mejora de la calidad de la atención y un uso eficiente de los recursos públicos. Con esto, los establecimientos que utilizan el mecanismo GRD ascenderán a 76.

La reducción de los tiempos de espera para consultas médicas e intervenciones quirúrgicas es otro de los objetivos prioritarios de este Gobierno. Por ello, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), en 2023 el Gobierno comenzó a implementar los Centros Regionales de Resolución Quirúrgica (CRR), que han permitido aumentar en un 58% las atenciones quirúrgicas diarias en esos centros. Para 2025 los recursos destinados a la estrategia de Lista de Espera ascienden a $146.167 millones, lo que significa una expansión de 68,2% —equivalente a $59.294 millones— respecto de 2024.

VI.4.3. Reimpulso educativo, reducción de ausentismo y deserción escolar

El impulso fiscal en materia de reactivación educativa continúa, destinando $25.452 millones a programas relacionados con el plan de reactivación, que tiene como principales objetivos la disminución del ausentismo y la deserción escolar, así como el fortalecimiento de la revinculación escolar, por ejemplo, a través el Fondo para la Reactivación Educativa. En este sentido, destaca el nuevo Programa de Bienestar Socioemocional y Educación Integral con $5.000 millones a implementarse en cinco Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), que buscará además promover el desarrollo de habilidades socioemocionales mediante talleres deportivos, culturales y científicos.

Seguridad Social en la Ley de Presupuestos 2025

El Presupuesto 2025 permitirá completar la entrega de 260.000 viviendas durante el período de Gobierno, cumpliéndose así con la totalidad del Plan de Emergencia Habitacional. El compromiso de este Gobierno es que los cuidados se conviertan en el cuarto pilar del sistema de protección social, lo que implica una inversión inédita total de $226.286 millones en 2025, con lo que los recursos para programas de la Subsecretaría de Servicios Sociales, Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) y la Atención Primaria de Salud crecen un 27,3% respecto de 2024.

En 2017 el Congreso aprobó la Ley que crea un nuevo Sistema de Educación Pública, lo que ha implicado poner en marcha progresivamente los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). Como parte de su implementación, en 2025 se creará un fondo de $65.453 millones para mejorar la gestión administrativa de los SLEP en funcionamiento, que otorgará recursos adicionales a estas instituciones basados en criterios objetivos, para contribuir a su sustentabilidad financiera, eficiencia y correcta prestación del servicio educativo. En la misma línea, se destinarán $154.609 millones para mejorar las condiciones de infraestructura de los establecimientos educacionales públicos.

VI.5. PROTECCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS

En un contexto donde los eventos climáticos extremos son cada vez más frecuentes, es necesario implementar mecanismos que permitan al país enfrentar de manera más efectiva los desafíos del cambio climático, protegiendo tanto a la población como al medio ambiente. A través del Fondo Nacional de Reconstrucción, se canalizan recursos esenciales para la recuperación de las áreas afectadas y el apoyo a las comunidades impactadas. Además, la colaboración de Chile con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) potencia estas acciones al proveer financiamiento adicional y asistencia técnica para mejorar las estrategias de prevención, control y mitigación de incendios.

Fondo Nacional de la Reconstrucción

El Fondo Nacional de la Reconstrucción (en adelante, “el Fondo”), establecido por la Ley N° 20.444, continúa cumpliendo su objetivo de canalizar recursos provenientes de aportes privados, incentivados mediante beneficios tributarios, para destinarlos al financiamiento de la construcción, reconstrucción, reposición, remodelación, restauración o rehabilitación de infraestructura, obras y equipamiento en las zonas afectadas por catástrofes. Durante 2023 el Fondo estuvo activo respondiendo a situaciones de catástrofe como los incendios de febrero y sistemas frontales de junio y agosto, que aún se encuentran vigentes para el funcionamiento del Fondo. Durante 2024 dos nuevas catástrofes han sido incluidas para recibir donaciones: el incendio de febrero en la Región de Valparaíso y el sistema frontal de junio de la Región del Biobío.

Hasta el 31 de agosto, el Fondo había financiado un total de 66 proyectos en respuesta a las catástrofes mencionadas, por un total de $5.409 millones (Cuadro VI.5.1). De estos, las áreas con mayor ejecución fueron salud (35,3%), desarrollo regional (22,8%), vivienda (20,6%) y agricultura (12,0%).

Los proyectos ya ejecutados a la fecha y desarrollo están orientados a afectados de catástrofes de 31 comunas distribuidas en siete regiones del país, beneficiando a un total de 2.463 hogares, 218 productores agrícolas, cuatro comunidades deportivas, cinco comunidades educativas y 36 comunidades locales.

Adicional a lo expuesto, el Fondo ha desempeñado un papel crucial en la coordinación público-privada para la reconstrucción de las zonas afectadas por las catástrofes. Desde el segundo semestre de 2023 se han realizado distintas mesas de trabajo temáticas con empresas, organizaciones de la sociedad civil y organismos públicos afines con el objetivo de levantar campañas y líneas de trabajo para apoyar a las personas afectadas por las catástrofes. Asimismo, se han sostenido instancias con organizaciones no gubernamentales para presentar el Plan de Reconstrucción por incendios de la Región de Valparaíso18 e incentivar el trabajo colaborativo y coordinado en la reconstrucción de las zonas afectadas. En esa línea, se ha gestionado con organismos de la sociedad civil y financiamientos de privados la reposición de cinco infraestructuras educativas, reconstrucción de cinco sedes sociales, construcción de dos infraestructuras de salud, reposición de infraestructura del Jardín Botánico, reconstrucción y habilitación de viviendas, entre otros.

Por último, con el objeto de mejorar el trabajo de reconstrucción se modificó la normativa del Fondo a través de la Ley N° 21.681 que creó el Fondo de Emergencia Transitorio por incendios (de febrero) y establece otras medidas para la reconstrucción, con tal de entregar una respuesta más ágil a los afectados y hacer más transparente el uso de los recursos, incorporando la obligatoriedad de llevar un registro público actualizado de las entidades ejecutoras, las obras a su cargo y su estado de avance.

Colaboración BID respuesta incendios forestales

En marzo de 2023 el Ministro de Hacienda, como Gobernador ante el BID, propuso en la reunión Anual de Ciudad de Panamá crear un mecanismo de apoyo mutuo para enfrentar emergencias derivadas de incendios forestales. Así nació esta iniciativa que el BID patrocina y que ha sido trabajada en colaboración con la Plataforma Regional de Cambio Climático de Ministerios de Hacienda, Economía y Finanzas (en adelante, “la Plataforma”). Bajo la presidencia pro tempore del Ministerio de Hacienda de Chile, la Plataforma aprobó avanzar en el diseño del Mecanismo de Ayuda Mutua, como parte de un modelo más amplio que incluirá gestión de riesgos.

A la fecha, y con el apoyo del BID, se cuenta con una primera propuesta de diseño. El mecanismo será coordinado por una oficina técnica encargada de definir las condiciones y capacidades necesarias para que los países formen parte del Mecanismo de Ayuda Mutua. También establecerá estándares y programas de fortalecimiento de capacidades para los recursos humanos involucrados; construirá un inventario detallado de las capacidades y recursos disponibles para el mecanismo; y apoyará en la creación y firma de Memorandos de Entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) entre países para facilitar la colaboración. La oficina técnica proporcionará acompañamiento y soporte operativo permanente a la Plataforma y trabajará en la identificación y movilización de financiamiento para el desarrollo y sostenibilidad del mecanismo.

Durante la fase de respuesta ante un incendio forestal, se espera que la oficina técnica tenga la responsabilidad de mantener y disponer del inventario actualizado de recursos para el combate de incendios. Además, custodiará y supervisará el cumplimiento de los estándares operacionales de los planes de acción; proporcionará apoyo técnico y logístico en los procesos de entrada y salida de personal y de recursos (el financiamiento de los despliegues será definido en los MOU y planes operativos que sean suscritos entre los países); y realizará un seguimiento permanente del desempeño del Mecanismo de Ayuda Mutua para fomentar el aprendizaje para su mejora continua.

Emergencias Climáticas en la Ley de Presupuestos 2025

El Presupuesto 2025 continúa con el fortalecimiento de la institucionalidad para responder a emergencias y catástrofes acrecentadas por el cambio climático. El Presupuesto del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) aumentará en $7.034 millones respecto de 2024, lo que equivale a un alza de 30,2%. Destaca la implementación de la segunda fase del proyecto “Sistema de Alerta de Emergencias 2”, que permitirá modernizar el sistema por el que se envía información para que la población evacúe las zonas que podrían verse afectadas por la activación de peligros como tsunamis, incendios forestales, erupciones volcánicas y/o aluviones. En 2025 se destinarán $1.218 millones para implementar esta modernización.