III. Impulsando el Crecimiento

El crecimiento de la economía chilena ha mostrado una importante desaceleración a lo largo de las últimas décadas. Durante los años 90 el crecimiento promedio del Producto Interno Bruto (PIB) fue de 6,2%, pero este dinamismo ha ido, con altibajos, aminorando de modo que desde 2014 hasta 2022 el alza del PIB promedio por año fue solo de 2,2%. Si bien parte de esta disminución está influida por los rendimientos decrecientes de la minería, el PIB No Minero (a costo de factores) también ha replicado una tendencia similar desacelerándose desde una expansión promedio de 6,4% en los 90 a 2,5% en la última década (Gráfico III.1).

Las previsiones del PIB no apuntan a cambios significativos al alza en la economía chilena. Las cifras de crecimiento del PIB Tendencial para los próximos años reportadas por el Comité Consultivo del PIB No Minero Tendencial (Capítulo II.1) en su última estimación se ubican alrededor de 2,1% para el período 2023-2028 (Gráfico III.2), algo inferior al resultado efectivo desde 2014 a la fecha. Estas cifras son cercanas a la última proyección de diciembre de 2022 del Banco Central, el que estima una capacidad de expansión de mediano plazo de la actividad no minera para el periodo 2023-2032 de 2,2%.

Los elementos que inciden en este descenso del crecimiento proyectado para los próximos años son variados. Entre ellos, una trayectoria de los factores productivos que seguirán afectados por las menores tasas de expansión del stock de capital, el envejecimiento poblacional y un estancamiento en la productividad total de factores, en particular aquella de los sectores no mineros, que en lugar de crecer a ritmos del orden de 2,7% como en la década de los 90, muestra valores cercanos a cero desde 2014 en adelante.

Por su parte, la inversión ha descendido de aumentos promedios anuales por sobre 9% entre 1990 y 2008, a sólo 1% promedio desde 2014 en adelante. Aunque los resultados han sido bastante mejores que los pronósticos que se hacían a comienzos del actual Gobierno[1] —en 2022 la inversión finalmente creció 2,8% y para este año las perspectivas han ido al alza (Capítulo I.2)—, no cabe duda que elevar la inversión y la productividad son aspectos esenciales para recuperar tanto el crecimiento del PIB a corto plazo como el Tendencial. Por ello, estos objetivos se han situado en el centro de las políticas económicas promovidas por el Gobierno. A fines de 2022, se puso en marcha una Agenda Pro-Inversión con 29 medidas que apuntaban a fortalecer el crecimiento del stock de capital, cuyo estado de avance marcó un 80% al primer semestre de 2023. También a principios de año se presentó la Agenda de Productividad, que aborda nueve ejes con 46 medidas cuyo avance es regularmente monitoreado desde Presidencia en conjunto con los Ministerios de Hacienda y Economía, Fomento y Turismo. Además, el Gobierno ha propuesto una serie de reformas ligadas a la racionalización regulatoria para proyectos de inversión. Junto con el énfasis en estas variables, los Mercados de Capitales y los Tratados de Comercio Exterior también han sido identificados como relevantes impulsores del crecimiento. La apertura a los mercados internacionales a través de tratados de comercio y la atracción de inversión extranjera directa contribuyen a fortalecer el entorno económico y a fomentar una mayor expansión.

Impulsar la capacidad de crecimiento de la economía chilena no solo constituye un desafío, si no que también una oportunidad: Chile puede aprovechar sus grandes ventajas comparativas para desarrollar las nuevas industrias que el mundo necesita para enfrentar el cambio climático. Estas áreas de diversificación productiva incluyen el desarrollo de una minería de cobre más limpia, la extracción de litio, la generación de energías renovables, la producción de hidrógeno verde y el desarrollo de la economía digital. Todas estas áreas presentan una oportunidad única para lograr una transformación productiva que sea un impulso para dar un salto hacia el desarrollo.

Este conjunto de medidas reflejan la importancia que se otorga a la inversión y la productividad en la formulación de políticas, implementando acciones cruciales, tanto en el corto como en el mediano y largo plazo, para elevar el crecimiento actual y tendencial.

III.1. Agenda Pro-Inversión

Durante septiembre de 2022 el Gobierno del Presidente Gabriel Boric presentó el Plan “Invirtamos en Chile”, un conjunto de iniciativas para estimular la inversión atendiendo a un contexto que anticipaba el inicio de un ajuste económico. Esta agenda contempló 29 medidas tanto de carácter legal como administrativo, que apuntaban a impulsar la inversión público-privada y a generar nuevas ocupaciones, las que fueron agrupadas en seis ejes de trabajo, recogiendo propuestas anteriormente presentadas por diversos gremios en reuniones con el Gobierno, así como diagnósticos en torno a los procesos de inversión en Chile. Los seis ejes enunciados fueron: estímulos tributarios a la inversión privada; mejoras al acceso al financiamiento; mejorar la inversión pública; promover la inversión extranjera; mejoras a la eficacia de los procedimientos en regulaciones y permisos; y alianzas público-privadas para la inversión.

La conformación de esta agenda fue resultado de un trabajo interministerial entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que incluyó también la creación de un grupo de seguimiento compuesto por representantes del sector público y del sector privado. Entre ellos se encuentran los ministerios de Hacienda; Economía; Desarrollo Social y Familia; la Cámara de Comercio de Santiago (CCS); la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC); la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa); PriceWaterhouseCoopers (PwC); el Consejo Minero (CM); la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC); la Cámara Chilena de la Construcción (CChC); y la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF).

El avance de las medidas ha sido significativo, ya que el 80% se encontraban totalmente completadas a junio de 2023, de la cuales 59% están finalizadas y el restante 21% corresponde a aquellas con ejecución permanente, como instancias de cooperación u operación (Gráfico III.1.1). Sólo un 3% de las medidas están actualmente en ejecución a la espera de ser finalizadas y otro porcentaje similar están pendientes de implementación. Un 14% corresponde a incentivos tributarios a la inversión, los cuales no se han implementado dado que originalmente estaban incluidos en el proyecto de Reforma Tributaria.

Analizados por eje, se observa que tres de los seis tienen el total de sus medidas finalizadas o en ejecución permanente (Gráfico III.1.2). En relación con el eje orientado a promover la inversión extranjera, se encuentra pendiente el fortalecimiento del equipo de promoción de inversión, lo cual ya fue incluido como prioridad presupuestaria por el Ministerio de Economía para 2024. Asimismo, en el eje de propuestas para mejorar la inversión pública, la única medida pendiente es la creación de una cartera de inversiones regionales con encadenamiento productivo que ya se encuentra en ejecución.

Respecto a las medidas de la agenda que han sido llevadas a cabo, se destacan tres aprobadas en el eje de estímulos tributarios, como la extensión de la reducción del Impuesto de Primera Categoría para las Pymes a 10% durante 2023 y a 12,5% durante 2024; los incentivos a la inversión minera, donde se considera la depreciación y la inclusión de los gastos de puesta en marcha de un proyecto en los costos para determinar la base imponible; y la eliminación de cambios tributarios de contratos de leasing. En lo que respecta a acceso a financiamiento, destacan la aprobación de la Ley de Garantía Estatal para el pie hipotecario en la adquisición de la primera vivienda; la extensión del porcentaje de cobertura del seguro de remate hasta el 100% del financiamiento de la compra de viviendas nuevas en caso de remate del inmueble y un programa de créditos de segundo piso de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) que ha otorgado financiamiento a más de 60 mil empresas por más de $150 mil millones. En el ámbito de regulaciones y permisos, las tres medidas del eje ya han sido finalizadas, como la incorporación de un fondo para el fortalecimiento de servicios críticos en la tramitación de proyectos, y el fortalecimiento de la Oficina de Grandes Proyectos (OGP), ambas incluidas en la Ley de Presupuestos 2023. Por último, dentro del eje de mejoras a la inversión pública se incluye la actualización de las Normas, Instrucciones y Procedimientos (NIP); cambios en los procesos de autorización de conservaciones y la incorporación de herramientas de confirming por parte de BancoEstado.

Producto del alto grado de avance de la Agenda durante 2022 y 2023, se ha abierto el espacio para la entrega de nuevas propuestas de los participantes de las distintas instancias que integran el trabajo del Plan Invirtamos en Chile. De esta manera, se dará continuidad al esfuerzo realizado por los ministerios, organismos públicos y gremios involucrados, para dar un mayor impulso a la inversión y apoyar la recuperación del crecimiento económico del país. La cartera de inversión regional y las medidas de estímulo tributario a la inversión privada aún no completadas, como la depreciación semi-instantanea y el fondo de créditos tributarios para inversiones con efecto multiplicador, se incluyen dentro de las medidas de impulso al crecimiento del Pacto Fiscal, además de otras nuevas medidas propuestas.

III.2. Agenda de Productividad

El aumento de la productividad en 1,5% promedio anual ha sido declarado como un desafío central del Gobierno del Presidente Boric[2], no solo porque para toda economía es fundamental operar de la forma más eficiente posible, sino porque constituye el camino más efectivo para impulsar el debilitado crecimiento potencial de nuestro país de los últimos años y, de esa manera, mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos.

El desarrollo de una Agenda de Productividad ha recaído en los Ministerios de Hacienda, y Economía, que han recogido una serie de recomendaciones de parte de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), en torno a materias que permitirían aumentar la eficiencia productiva y de los servicios financieros. Este trabajo dio origen a un conjunto de medidas articuladas en ocho ejes, que fue presentado durante 2022 por los ministerios antes señalados junto a la CPC y sus ramas, a las asociaciones de Mipymes a través del Consejo Nacional Consultivo de Empresas de Menor Tamaño, y a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Lo anterior dio paso a una instancia colaborativa que permitió perfeccionar los distintos ejes de trabajo. Además, a raíz de las recomendaciones de la CUT en materia de habilitación de las y los trabajadores y movilidad intersectorial, se agregó un nuevo eje denominado Capacitación y Reconversión Laboral a cargo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. De esta manera, la Agenda de Productividad está compuesta por los siguientes nueve ejes:

1. Mejoras de procesos para inversiones
2. Facilitación de comercio
3. Mercado de capitales
4. Informalidad laboral
5. Capacitación y reconversión laboral
6. Innovación y transformación productiva
7. Productividad en Mipymes
8. Más competencia
9. Desnotarización y digitalización

Una segunda etapa de trabajo conllevó múltiples reuniones de carácter técnico para abordar el diagnóstico y las medidas elaboradas por los ministerios en cada uno de los ejes y recibir nuevas propuestas desde los representantes de las diferentes entidades gremiales. De esta manera, durante enero de 2023 se lanzó finalmente la Agenda de Productividad con 46 medidas medidas, a fin de generar efectos en los sectores público y privado.

Actualmente, la Agenda cuenta con distintas instancias de seguimiento de carácter interministerial (Cuadro III.2.1). En primer lugar, una instancia en la que participan Presidencia, los Ministerios de Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Hacienda, y Economía. En ella se informan de manera bimestral los avances de la Agenda a nivel general. Adicionalmente, el seguimiento regular funciona en conjunto a un Comité de Alertas, cuyo propósito es generar espacios de colaboración entre los distintos organismos participantes y resolver problemas que surjan durante la implementación de las medidas de la Agenda. Por último, el seguimiento del día a día es realizado por los Ministerios de Hacienda y Economía, los cuales se reúnen periódicamente con los líderes de cada eje, para conocer el avance de cada medida en particular.

A continuación, se presentan los principales avances de la Agenda de Productividad (Cuadro III.2.1) en aquellos ejes cuyo seguimiento es responsabilidad del Ministerio de Hacienda:

• Facilitación de comercio: se trabaja en conjunto a otros servicios públicos en la incorporación de todas las operaciones de importación al Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEX). Estas modificaciones permitirán que los tiempos de respuesta de algunos trámites de exportación se acorten de un rango de 4 a 20 horas, a uno de 1 a 2 minutos.
• Mercado de capitales: se avanza en conjunto con la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en el reconocimiento internacional por parte de la Comisión Europea de la equivalencia regulatoria para los requisitos prudenciales de supervisión y de regulación aplicados en Chile a la industria bancaria, con el objetivo de contar con mayor liquidez y competitividad en el mercado de capitales.
• Informalidad laboral: se trabaja en conjunto con el Ministerio del Trabajo y Previsión Social en el rediseño de los subsidios al desempleo, de manera de mejorar su efectividad al momento de ofrecer incentivos a los trabajadores para formalizarse en el mercado laboral.
• Capacitación y reconversión laboral: el programa Talento Digital responde al objetivo de que el país cuente con capital humano necesario para la instalación de empresas extranjeras de contenido tecnológico en Chile. Esta es una iniciativa público-privada, liderada por el Ministerio de Hacienda y co ejecutada por Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Servicio Nacional de Capacitación y Empleo; CORFO; Fundación Chile; Fundación Kodea; Sofofa; CPC; OTIC Sofofa y Acti, desde el año 2019, la cual realiza aproximadamente 5.000 capacitaciones al año en el rubro de tecnologías de la información.
• Desnotarización y digitalización: se aprobó la Ley N° 21.582, publicada el 7 de julio de 2023, de Desnotarización, la cual suprimió la exigencia de reducir a escritura pública un conjunto de trámites, incorpora el uso de documentos electrónicos con firma avanzada y reduce ciertas formalidades de otra especie.

Las medidas de la Agenda de Productividad no agotan la tarea que nos cabe como nación de progresar en materia de eficiencia. La productividad es un proceso de mediano y largo plazo, por lo que debemos pensar en políticas que impulsen hacia arriba esta variable como una misión, una tarea sistemática que nos compete a todos y todas, y una invitación a seguir perfeccionando y completando esta agenda a futuro.

El impulso al crecimiento a través de la inversión, productividad y formalización de la economía es uno de los pilares del Pacto Fiscal (Capítulo VII.4). Es por ello que este recoge medidas de esta Agenda para incentivar la investigación y desarrollo privado; el financiamiento al capital de riesgo; la capacitación en Pymes; disminuir la informalidad laboral; y para la mejora de los procesos de inversiones. Este último eje es una de las principales medidas propuestas en el Pacto Fiscal, ya que la reducción de los tiempos de tramitación de permisos para proyectos de inversión corresponde a un importante desafío a nivel estatal, cuya resolución adecuada resulta clave para aumentar la competitvidad de nuestro país.

III.3. Racionalización regulatoria para proyectos de inversión

Una de las principales barreras que obstaculiza la inversión corresponde a la extensión de tiempo requerido para obtener una serie de permisos para realizar proyectos. En su mayoría, estos permisos experimentan retrasos excesivos o son requeridos por una gran variedad de proyectos, generando agudos cuellos de botella.

La preocupación del Gobierno por enfrentar este problema y crear así las condiciones necesarias para recuperar el crecimiento de la inversión se ve reflejada en los ejes: mejoras a la eficacia de los procedimientos en regulaciones y permisos de la Agenda Pro-Inversión, que ya ha finalizado el avance de las tres medidas contempladas y mejora de procesos para inversiones de la Agenda de Productividad, que propone una reforma estructural del sistema de permisos sectoriales para inversiones y fortalecer el proceso de tramitación de permisos sectoriales críticos. En el marco del Pacto Fiscal (Capítulo VII.4), se ha planteado una serie de reformas ligadas a la racionalización regulatoria para proyectos de inversión: Reforma Integral a la Tramitación de Permisos Sectoriales (RITPS), Reforma a las Concesiones Marítimas, Reforma a la Ley de Patrimonio del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), Reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y Reforma a la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente. El objetivo de estas reformas es reducir los tiempos de tramitación en al menos un tercio, para lo cual se generará un marco de monitoreo que logre medir el impacto de estas medidas y constatar el cumplimiento de la meta propuesta.

III.3.1. Reforma Integral a la Tramitación de Permisos Sectoriales

El sistema de permisos ha llegado a un nivel elevado de complejidad y creciente desactualización. El diagnóstico de la CNEP en 2019[3] daba cuenta de un sistema de permisos sectoriales (es decir, permisos diferentes a los considerados en la evaluación ambiental) que desincentivaba el desarrollo de inversiones, especialmente aquellas de mayor magnitud. Lo anterior resulta especialmente preocupante para la competitividad de Chile, no sólo en términos de atraer cualquier tipo de inversión, sino específicamente para las industrias que han sido apuntadas como estratégicas para nuestro país, a propósito de las oportunidades que los nuevos paradigmas de desarrollo están generando (Capítulo IV). Minería, generación de energías renovables no convencionales, plantas de Hidrógeno Verde y desalación, entre otros, se están enfrentando a extensos plazos de tramitación y altos índices de rechazo, ya que requieren una cantidad significativa de estos permisos críticos[4].

En el estudio “Análisis de los permisos sectoriales prioritarios para la inversión en Chile” (2023), solicitado por el Presidente de la República en febrero de 2023, la CNEP llevó a cabo un exhaustivo proceso de revisión y análisis de los permisos sectoriales claves y encontró en total 439 trámites que afectan el proceso de inversión. Luego, enfocándose en aquellos que podrían convertirse en barrera para las inversiones, identificó un conjunto de 309 permisos sectoriales que requieren un pronunciamiento favorable expreso de la autoridad correspondiente para autorizar el desarrollo de un proyecto. Como resultado, se identificaron 63 permisos sectoriales prioritarios para la inversión, un número importante de los cuales exhiben serias deficiencias, tanto en términos de plazos de tramitación como de niveles de rechazo. Con miras a avanzar a un sistema de tramitación de permisos eficiente, previsible y estable, que incentive el desarrollo de proyectos de inversión sustentables, se realizaron una serie de recomendaciones de implementación reglamentaria, legal y basadas en gestión:

• Plazos y trámites pendientes: incorporar mecanismos de revisión externa de expedientes que permita un análisis más rápido, pero bajo condiciones controladas y exigentes, aliviando la carga de los respectivos servicios públicos. Establecer una instancia coordinadora para complementar temporalmente los recursos de aquellos servicios públicos con mayores niveles de atraso.
• Tasas de rechazo: establecer una nueva gobernanza y promover prácticas que alineen en forma previa los contenidos de las solicitudes de permisos con las condiciones técnicas requeridas durante la revisión para la aprobación.
• Reducir la cantidad de permisos que deben ser tramitados, transitando hacia un análisis basado en el riesgo específico de la actividad a desarrollar que permita enfocarse en aquellas con mayores niveles de riesgo, sumado a un potenciamiento de los mecanismos de fiscalización.
• Modificaciones en permisos y servicios públicos específicos que generan retrasos significativos en la ruta crítica de los proyectos: las Concesiones Marítimas, los permisos del CMN, el Informe Favorable para la Construcción, y las Consultas de Pertinencia de ingreso al SEIA.

En línea con estas recomendaciones, el Ministerio de Economía ingresará durante el segundo semestre del 2023 un proyecto de Ley que implementará una reforma profunda a los procedimientos de tramitación de permisos sectoriales, buscando configurar un sistema que permita: i) simplificar los procedimientos de tramitación y reducir de forma sustantiva sus tiempos; ii) aumentar la certeza jurídica del sistema mediante principios y normas claras y efectivas, un mejor acceso a información y una óptima trazabilidad de los trámites; y iii) velar por adecuados procesos de evaluación, que aseguren el resguardo de los objetos de protección y la calidad de los proyectos. Para estos objetivos, la reforma buscará:

• Definir plazos para todos los permisos, crear etapas de admisibilidad, regular iteraciones entre titulares y servicios y aplicar silencios positivos intermedios.
• Establecer un sistema de tramitación de permisos según criterios de proporcionalidad. En el caso de proyectos de bajo riesgo, los permisos de autorización de proyecto y funcionamiento serán reemplazados por declaraciones.
• Crear una ventanilla única digital del Estado para la tramitación sectorial, a cargo de una agencia autónoma que coordine la tramitación sectorial y fiscalice el cumplimiento de normas de tramitación por parte de las instituciones públicas a cargo de los permisos.

Por otra parte, se realizarán reformas legales y reglamentarias a los permisos y servicios públicos que generan retrasos significativos y de mayor importancia cuantitativa. Las más importantes corresponden a:

• Reforma a las Concesiones Marítimas (Boletín N°8.467-12): los permisos para concesiones marítimas están dentro de los que tienen mayor retraso en relación con sus plazos de tramitación legales. Estos permisos dependen actualmente de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa Nacional y se propone su traspaso al Ministerio de Bienes Nacionales.
• Reforma a la Ley N° 17.288, publicada el 4 de febrero de 1970: que legisla sobre Monumentos Nacionales y modifica otros cuerpos legales (Boletín N°12.712-24). Una gran cantidad de proyectos requiere permisos del CMN, por lo que se han acumulado muchos pendientes de aprobación. Se propone fortalecer los equipos evaluadores, la revisión de procesos y propuestas de mejoras de gestión, y el seguimiento de medidas acordadas con los servicios.

El estudio de la CNEP realiza un ejercicio en el que estima el impacto en términos de plazos de la implementación de sus medidas recomendadas[5]. En particular, se analiza el potencial impacto de la disminución de los plazos de tramitación de los permisos sectoriales prioritarios para un proyecto de energías renovables no convencionales (planta fotovoltaica), donde se observa una reducción de casi un tercio en comparación con la situación actual (Gráfico III.3.1.1), y para un proyecto minero de explotación nuevo, para el cual los tiempos de tramitación se podrían disminuir a la mitad (Gráfico III.3.1.2).

III.3.2. Reforma a la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente (Ley N°19.300) y Reforma al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental

En nuestro país, además de los permisos sectoriales, la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, publicada el 9 de marzo de 1994, establece que ciertos proyectos deben someterse al SEIA, el cual es administrado por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). A través del SEIA, el titular informa al SEA los efectos de su proyecto o actividad, para dimensionar su impacto ambiental. El proceso de evaluación ambiental concluye con la dictación de una resolución que califica ambientalmente el proyecto (Resolución de Calificación Ambiental, RCA) la cual, en caso de ser favorable, debe señalar las condiciones o exigencias que deben cumplirse para ejecutar el proyecto o actividad respectivo y las medidas de mitigación, compensación y reparación, cuando corresponda.

Actualmente, en la tramitación posterior a una RCA favorable, algunos servicios públicos vuelven a evaluar aspectos ya tratados en el SEIA, generando dilaciones importantes. Además, el sistema tiene cuatro instancias de impugnación de la RCA, con doble vía a través de invalidación, lo que genera una lentitud de los procesos regulatorios y de protección de áreas naturales.

Con el objetivo de reducir los tiempos de tramitación de permisos, sin que ello afecte el cumplimiento de la normativa ambiental ni otros objetos de protección, el Ministerio de Medio Ambiente está elaborando una propuesta de Reforma a la Ley N° 19.300 y una Reforma al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Las principales modificaciones corresponden a:

• Fortalecer el rol técnico de la evaluación de proyectos e impugnación de RCA: eliminación del Comité de Ministros y de las Comisiones de Evaluación Ambiental (COEVAS), radicando la vía administrativa en la Directora Ejecutiva del SEA; y el establecimiento de un modelo de recursos administrativos único y amplio.
• Revisión RCA: reemplazar Consulta de Pertinencias de modificación por Declaración Jurada.
• Tipologías de ingreso: incluir tipologías para almacenamiento de energía en baterías, desaladoras de agua, prospecciones con fines geotérmicos, entre otros.
• Fortalecimiento de la Ventanilla Única del SEIA: disminuir los tiempos totales de tramitación, entregando certezas a todas las partes, agilizar evaluación de Declaraciones de Impacto Ambiental sin impactos de relevancia.
• Proyectos que ingresen a SEIA obtengan en él todos los Permisos Ambientales Sectoriales (PAS) que requieran, eliminando los PAS Mixtos.
• Participación Temprana: establecer etapas de participación temprana de titulares y ciudadanía.

III.4. Mercados de Capitales

El mercado de capitales cumple un rol fundamental en la economía, permitiendo la movilización y canalización de los ahorros, tanto de los hogares como de las empresas, hacia usos más eficientes. A través de esta interacción se logra una serie de beneficios para el funcionamiento de la economía en general, como el acceso a fuentes de liquidez, diversificación y gestión de riesgos, facilitación de pagos y producción de información.

En ese contexto, el Ministerio de Hacienda ha estado impulsando una serie de iniciativas con el propósito de promover un mercado de capitales más profundo, estable e inclusivo.

1. Ley que crea un Fondo de Garantías Especiales (Ley N° 21.543)

En los últimos años las condiciones financieras se estrecharon producto de la inestabilidad del escenario macroeconómico internacional y el desequilibrio macroeconómico interno a consecuencia de los estímulos monetarios y fiscales para enfrentar la pandemia (Capítulo I). Si bien las empresas han exhibido una situación financiera estable a nivel agregado, con niveles de impago moderados, permanecen flancos de vulnerabilidad en los grupos más afectados por la pandemia y sus secuelas. Dicho diagnóstico[8] sugiere que existen contingencias que podrían requerir que el Estado disponga de herramientas de apoyo en ámbitos específicos de la economía, a través del otorgamiento de garantías al financiamiento[9].

En ese contexto, el Ministerio de Hacienda presentó a principios de este año (9 de enero) un proyecto de Ley, finalmente publicado como Ley el 13 de febrero de 2023, que creó un Fondo de Garantías Especiales, de duración indefinida, que permite otorgar garantías a créditos u otros mecanismos de financiamiento a aquellas actividades o rubros de la economía que requieran un apoyo, dadas circunstancias o contingencias especiales, en el mediano y largo plazo. El Fondo opera mediante la creación, por ley, de programas especiales. A la fecha se encuentran vigentes dos programas, cuyos reglamentos fueron publicados el 21 de marzo de 2023. Así, las garantías se otorgarán en la forma, plazo y demás condiciones que se determinen, en cada caso, a través de tales programas.

Luego de un análisis y trabajo coordinado con el Ministerio de Economía, y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en esta primera instancia se crearon dos programas transitorios en apoyo a los sectores inmobiliarios y de la construcción, rubros que han presentado dificultades financieras producto del aumento de sus costos y a la menor actividad económica, comprimiendo sus márgenes y deteriorando su capacidad de pago. Lo anterior, ha generado un riesgo relevante debido a las múltiples interconexiones y canales de propagación que dichos sectores mantienen con la economía y las personas.

• Programa de garantías de apoyo a la construcción: permite otorgar una garantía estatal entre el 60% y 70% del saldo deudor en créditos destinados para inversiones, refinanciamientos y capital de trabajo de empresas del sector inmobiliario y de la construcción con ventas anuales por sobre las 100.000 unidades de fomento (UF) y que no excedan de 1.000.000 UF.

• Programa de garantías de apoyo a la vivienda: permite otorgar una garantía estatal de hasta el 10% del valor de la vivienda, a aquellas personas que quieran adquirir su primera vivienda, sin subsidio, por un valor inferior a las 4.500 UF. A través de esta garantía, se estima que las personas podrán acceder a créditos hipotecarios pagando un 10% de pie, manteniendo tasas de interés similares a las actuales.

Hasta mediados de septiembre se habían cursado 470 operaciones del programa de garantías de apoyo a la construcción, equivalentes a un financiamiento cercano a los 5 millones de unidades fomento; y se habían registrado 3.950 solicitudes del programa de garantías de apoyo a la vivienda, equivalentes a un financiamiento entorno a los 9,5 millones de unidades de fomento (Cuadro III.4.1).

2. Proyecto de Ley que crea un Registro de Deuda Consolidada (Boletín N°14.743-03)

El Ministerio de Hacienda elaboró un proyecto de ley para crear un registro público de información crediticia. Este tipo de información es una herramienta fundamental para el buen funcionamiento del mercado de créditos, permitiendo a los acreedores evaluar a las personas deudoras, disminuir la incertidumbre, otorgar mejores tasas a quienes cumplen con los pagos y evitar el sobreendeudamiento. En este sentido, la iniciativa crea un registro denominado “Registro de Deuda Consolidada”, cuyas principales características son:

• Ampliar la información sobre obligaciones crediticias, agregando antecedentes sobre el comportamiento de pago e incorporando a oferentes de créditos no bancarios como aportantes y receptores de información
• Reforzar los derechos de las personas deudoras, reconociéndoles como dueñas de su información crediticia y regulando sus derechos y
• Entregar herramientas a la CMF, institución que estará encargada de la administración del registro

Es relevante resaltar que este proyecto cuenta con el potencial de contribuir a la reducción de las disparidades de género presentes en el mercado crediticio. La implementación de un registro de deuda consolidada podría ser especialmente favorable para las mujeres, ya que su historial de pago tiende a ser mejor en comparación con el de los hombres[10]. Por lo tanto, poder integrar información sobre su comportamiento crediticio podría brindarles beneficios significativos.

El proyecto ingresó al Congreso el 13 de diciembre de 2021, a través de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde el Ejecutivo presentó indicaciones el 2 de agosto de 2022, 18 de octubre de 2022, 25 de octubre de 2022 y 29 de noviembre de 2022, con el objetivo de fortalecer los derechos de las personas deudoras y el tratamiento de su información.

El proyecto fue aprobado el 8 de mayo de 2023 por la Cámara y pasó a su segundo trámite en el Senado el 9 de mayo de 2023, donde se encuentra actualmente.

3. Proyecto de Ley que fortalece la Resiliencia del Sistema Financiero y sus Infraestructuras (Boletín N°15.322-05)

El Ministerio de Hacienda elaboró un proyecto de ley para fortalecer la resiliencia del sistema financiero y sus infraestructuras. Las circunstancias económicas y financieras que el Banco Central de Chile enfrentó en los últimos años, producto de la crisis social y económica causada por la pandemia, dejaron de manifiesto la relevancia de contar con un sistema financiero resiliente, que contribuya a atenuar los efectos de las distintas crisis que puedan surgir a futuro[11].

En particular, esta iniciativa busca mejorar el marco institucional respecto a cincos grandes áreas:

• Fortalecimiento del marco legal de las operaciones REPO. Una de las herramientas para enfrentar escenarios críticos en materia de liquidez y estrés financiero son los financiamientos con colaterales de corto plazo, dentro de los cuales resaltan las operaciones de venta con pacto de retrocompra (REPO, por su sigla en inglés). Este tipo de operaciones son utilizadas por distintas entidades para administrar su liquidez de corto plazo, sin embargo, en Chile existe un escaso desarrollo de este mercado. Ello estaría explicado por el rol predominante de la industria bancaria en la provisión de liquidez y por la poca claridad que habría en la legislación de insolvencia respecto al tratamiento aplicable en caso de eventos de default de la contraparte deudora en una operación REPO.
• Ampliación de los servicios del Banco Central de Chile a infraestructuras del mercado financiero e intermediarios financieros no bancarios. Actualmente, las instituciones bancarias son las únicas que tienen un acceso directo a los servicios de liquidez y financiamiento de emergencia, y otros servicios del banca central (como el sistema de pagos y liquidación, LBTR), por lo que este proyecto, en línea con las recomendaciones internacionales, amplía los servicios a las sociedades de infraestructura de mercado e intermediarios financieros no bancarios, con el objeto de contribuir a un manejo más eficaz de las situaciones de estrés financiero y así velar por el buen funcionamiento del sistema financiero y la continuidad de los pagos internos y externos.

• Mejora de la institucionalidad de las infraestructuras del mercado financiero. Las sociedades de infraestructura del mercado financiero son instituciones cuya relevancia viene dada por sus roles de articulación entre instituciones financieras, entrega de información de transacciones, y mitigación de riesgos, entre otros, como asimismo por el de fomentar un mercado competitivo y eficiente, promoviendo la integración internacional. En este sentido, se realizan mejoras en su institucionalidad con tal de equiparar los estándares a nivel internacional, de acuerdo a las mejores prácticas en otras jurisdicciones relevantes.
• Perfeccionamiento de la legislación de las cooperativas de ahorro y crédito. Las Cooperativas de Ahorro y Crédito (CAC) actualmente realizan actividades de intermediación financiera equivalentes a los bancos; sin embargo, y a diferencia de estos, se concentran en segmentos de la población que normalmente no tienen acceso a la banca, cumpliendo con un importante rol de inclusión financiera. En este proyecto se busca, entre otras cosas, fortalecer el gobierno corporativo y gestión de riesgo de crédito de estas instituciones[12], reduciendo así la probabilidad de eventos de inestabilidad.
• Incorporar un procedimiento simplificado de obtención de Rol Único Tributario. El Banco Central de Chile, desde 2019, ha anunciado una serie de acciones que buscan avanzar en la internacionalización del peso chileno, con el fin de lograr una mayor competitividad de los mercados financieros locales, contribuir a una mejor formación de precios asociados a determinadas operaciones financieras en pesos chilenos, aumentar los niveles de liquidez, profundizar el mercado chileno, entre otras cosas[13]. Si bien la ejecución de tales operaciones transfronterizas en pesos chilenos cuenta con el potencial de generar una serie de beneficios sobre el mercado financiero local, es necesario que aquellos sujetos no residentes que tomen parte en dichas operaciones obtengan un Rol Único Tributario (RUT) por los eventuales impuestos que generen como consecuencia de su actividad.

El proyecto ingresó al Congreso el 5 de septiembre de 2022, a través de la Cámara de Diputadas y Diputados, fue aprobado con modificaciones en mayo de 2023, el 26 de septiembre fue despachado por el Senado, y hoy se encuentra en tercer trámite en la Cámara de Diputados.

4. Proyecto de Ley que establece un Sistema de Supervisión basado en Riesgo para las compañías de seguros (Boletín N°7.958-05)

El Ministerio de Hacienda está preparando indicaciones con el objetivo de actualizar e impulsar el proyecto de Ley de supervisión basado en riesgo para las compañías de seguro, en línea con las mejores prácticas internacionales. La supervisión basada en riesgos busca asignar de manera más eficiente los recursos de supervisión de acuerdo con la vulnerabilidad de las entidades supervisadas. Del mismo modo, el regulador es capaz de enfocar sus recursos en aquellas empresas más riesgosas, en cuanto a inspecciones y desarrollo de planes de mitigación.

Por tanto, este proyecto permitirá mejorar la solvencia y resiliencia de la industria de seguros, fomentando además la competitividad internacional. En particular, entre sus principales características se encuentran:

• Nuevo requerimiento de capital basado en riesgos, que incorpora un resguardo de conservación similar a la Ley General de Bancos (LGB)
• Flexibilización del régimen de inversiones
• Incorporación de medidas de regularización temprana y
• Otras modificaciones orientadas a reforzar el gobierno corporativo de las aseguradoras, y disposiciones para la autorización de existencia y traspaso de propiedad accionaria de las compañías de seguro

El proyecto ingresó al Congreso el 28 de septiembre de 2011, a través de la Cámara de Diputadas y Diputados. Posteriormente, el 6 de noviembre de 2012 avanzó a su segundo trámite constitucional en el Senado, donde se encuentra actualmente. La presente administración, en un trabajo coordinado con la CMF, se encuentra elaborando indicaciones con el fin de impulsar, actualizar y mejorar la iniciativa.

III.5. Tratados Comercio Exterior

Durante las últimas décadas, Chile ha liderado el camino de apertura al comercio internacional y a la integración a nivel regional y global. En este marco, la política comercial ha impactado significativamente en nuestra economía. En la actualidad, Chile cuenta con acuerdos comerciales vigentes con 65 mercados, acuerdos para evitar la doble tributación con más de 30 jurisdicciones, 33 acuerdos de promoción y protección de inversiones y otros instrumentos que fortalecen los beneficios y oportunidades para nuestro país.

En el contexto actual de cambios económicos, sociales y geopolíticos se vuelve crucial adaptar nuestra política comercial. La nueva perspectiva se enfoca en promover un desarrollo sostenible e inclusivo, que beneficie a las personas de manera más equitativa, considerando los desafíos de las nuevas tecnologías y las cadenas globales de valor. Para ello, se han incorporado en los capítulos de los tratados temas como género, Pymes, y medio ambiente, buscando establecer un marco regulatorio moderno y alineado con los estándares internacionales actuales.

Además, en respuesta al contexto internacional marcado por tensiones comerciales y sus efectos en las disrupciones de las cadenas de suministro y los shocks de oferta de ciertos commodities, se han incluido elementos estratégicos en este tipo de acuerdos comerciales para fomentar el comercio entre países con valores y principios compartidos. Estos enfoques buscan establecer un intercambio comercial con reglas, transparentes y sin distorsiones.

Chile es poseedor de una de las redes de Tratados de Libre Comercio (TLCs) más robustas del mundo. Los 30 acuerdos, con 65 economías, que abarcan el 88% del PIB mundial, brindan condiciones preferenciales de acceso al 65% de la población global. En el periodo enero-agosto de 2023, el 95,7% de las exportaciones chilenas se dirigieron a países con los que se han suscrito TLCs[17]. Además, en 2022 el arancel ad valorem efectivo fue de solo 0,71%.

Ante la perspectiva de un menor crecimiento económico global, debido a los efectos de la pandemia, el estrechamiento de las condiciones financieras asociado a esfuerzos por controlar la inflación, la invasión rusa a Ucrania y las tensiones geopolíticas y comerciales, la integración se vuelve aún más vital para enfrentar medidas proteccionistas que afectan especialmente a economías pequeñas y abiertas como la chilena.

La entrada en vigor, el 21 de febrero de 2023, del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés) marca un hito significativo para la política comercial chilena. Este acuerdo no solo nos ubica en uno de los bloques más relevantes del comercio internacional, sino que también promueve normas compartidas entre economías afines como Canadá, Perú, Japón, México, Australia y Nueva Zelanda, lo que brinda un marco regulatorio internacional predecible y eficiente, crucial para Chile. El CPTPP implica un compromiso claro hacia la liberalización del comercio internacional, con rebajas arancelarias en el sector agrícola y forestal, así como reglas que fomentan las cadenas globales de valor en productos, al permitir la acumulación de origen. Esto último podría generar un incentivo para la producción en Chile de bienes con mayor valor agregado o el incremento en la demanda por insumos originados en Chile, encadenándonos productivamente con el resto de los países del CPTPP.

Además, el CPTPP incluye ambiciosos compromisos de liberalización del comercio de servicios, incluyendo servicios financieros y de las inversiones dentro del bloque, promoviendo altos estándares en protección de inversiones, junto con el reconocimiento de las facultades regulatorias de los estados para perseguir objetivos legítimos de política pública.

La adhesión del Reino Unido al CPTPP el 16 de julio de 2023 fortalece a este bloque. Considerando al Reino Unido, el bloque representaría el 14,5% del PIB mundial, el 8% de la población mundial y el 18% de las importaciones globales. Esta adhesión permitirá modernizar y afianzar la relación bilateral entre Chile y el Reino Unido, por ejemplo, mediante la eliminación de aranceles en más de 900 partidas.

Paralelamente, se ha continuado trabajando en el proceso de modernización del Acuerdo de Asociación Política y Económica con la Unión Europea, con el objetivo de suscribirlo a fines de este año, tanto por Chile, como por el Parlamento Europeo y los 27 países que componen tal bloque. Este proceso de modernización es de suma relevancia para nuestra economía ya que permitirá la incorporación de altos estándares regulatorios en materia de sostenibilidad, energía, compras públicas, entre otros.

El acuerdo también incluye un capítulo de “Servicios Financieros” que establece un marco ambicioso de liberalización del sector financiero, permitiendo el suministro transfronterizo de servicios financieros entre el bloque y nuestro país, junto con la promoción de normativas transparentes y con altos estándares internacionales, que aseguran una adecuada regulación del sector, preservando las facultades prudenciales del supervisor financiero[20].

En el ámbito del comercio electrónico se han logrado avances importantes. Nacido del interés común de Chile, Nueva Zelanda y Singapur por aprovechar el potencial de la Economía Digital para beneficiar a las economías más pequeñas y proporcionar más oportunidades para incluir a más personas y Mipymes en la economía global, la Asociación de Economía Digital (DEPA, por sus siglas en inglés) está llevando a cabo diversos procesos de negociación para evaluar la adhesión de nuevos miembros (tales como Corea del Sur, Canadá y China). Por otra parte, Chile se encuentra participando en las negociaciones de la Iniciativa Conjunta de Comercio Electrónico junto con otros 88 miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que tiene como objetivo desarrollar un marco regulatorio que permita facilitar el comercio electrónico, discutiendo distintos aspectos tales como firma electrónica, libre flujo de datos, localización de servidores, confianza de los consumidores en línea, privacidad de datos personales, entre otros.

III.6 Transformación productiva: un impulso al crecimiento potencial

Chile cuenta con una inigualable oportunidad ante la profunda y compleja transformación energética que está experimentando la economía global debido a la crisis climática. En nuestro país existe un gran potencial en el ámbito de las energías renovables, destacando la abundante radiación solar en el desierto de Atacama y los persistentes vientos en la Patagonia Magallánica, lo cual significa una gran ventaja comparativa al momento de transformar nuestra matriz energética por una 100% libre de combustibles fósiles.

Acorde con esta transición, las inversiones en minería han aumentado sustancialmente con el fin de desarrollar una industria más limpia y ecológica; el litio ha pasado a ser un mineral de alto valor estratégico debido a su importancia en el proceso global de transición energética; las energías renovables han crecido sin precedentes en los últimos años; hoy existen más de 50 iniciativas relacionadas con hidrógeno verde y sus derivados a lo largo del país; y el apoyo para superar las brechas digitales se ha configurado de manera íntegra al facilitar la conexión entre los servicios globales ofrecidos y la demanda existente. De esta manera, el Gobierno ha destacado 5 áreas fundamentales como prioritarias en el proceso de diversificación productiva: Minería más limpia y competitiva, Litio, Energías Renovables, Hidrógeno Verde y Economía Digital.

Esto se alinea perfectamente con la necesidad de descarbonizar la matriz energética nacional. El progreso hacia una transición energética equitativa y sostenible que promueva la reducción de emisiones de carbono a nivel nacional y estimule el crecimiento económico, al mismo tiempo que preserva nuestro capital natural, se presenta como una ventana que permitirá a nuestro país crear nuevas oportunidades industriales a nivel internacional y local. La descarbonización y el desarrollo de la Industria del Litio y del Hidrógeno Verde y sus derivados, podrían provocar que esta transformación productiva se convierta en la principal impulsora del crecimiento en nuestro país: estimamos que estas tres áreas podrían contribuir, en conjunto, con un 0,5% adicional al crecimiento de largo plazo[21].

Ahora el reto consiste en establecer las condiciones necesarias para materializar este sustancial cambio para el desarrollo económico y social del país: una transformación productiva que impulse el crecimiento potencial, y a su vez, asegure un futuro más verde y competitivo. Para alcanzar este objetivo se requiere una acción temprana, decidida y coordinada, por parte de todas y todos los actores involucrados, y el compromiso intersectorial tanto a nivel de Estado como público-privado, pues no basta con que este potencial permanezca latente, es necesario convertirlo en realidad. Nuestra ventaja comparativa de producir energía renovable a bajo costo es un punto de inicio, pero debemos avanzar más y por ello estamos trabajando en la creación de la institucionalidad, la infraestructura y las regulaciones adecuadas para hacerlo posible.

En este marco es que el Ministerio se ha mantenido trabajando en un Pacto Fiscal para el Desarrollo, el Plan Nacional de Hidrógeno Verde 2023-2030, la Ley de Royalty Minero, el Plan de Descarbonización, la Mesa Estratégica para la Transición Energética, la Estrategia Nacional del Litio, la Agenda de Productividad, la Mesa Público-Privada de Finanzas Verdes, entre otros esfuerzos con miras de impulsar el crecimiento potencial.

III.7 Minería verde y competitiva

La minería desempeña una función esencial en la transformación de la matriz productiva al posibilitar la extracción de los metales necesarios para impulsar el progreso tecnológico en el ámbito de las energías limpias, en el cual Chile destaca por su potencial a nivel global. Las últimas tecnologías e innovaciones han impulsado la idea central de “minería verde”, una estrategia que se enfoca en mejorar la eficiencia y guiar al país hacia la descarbonización a través de ajustes en las regulaciones mineras. En términos generales, las prácticas mineras se adaptan al cambio climático, se insertan en sistemas de producción circular, incrementan su eficiencia en el uso intensivo de energías renovables y un bajo uso de agua, e impulsan el desarrollo de encadenamientos productivos.

Mediante la adopción de prácticas de minería más innovadoras y la transición hacia una matriz energética 100% limpia, las empresas tienen la oportunidad de generar una industria que cree empleos de calidad e impulse el desarrollo de encadenamientos productivos de alto valor en una industria que, por lo demás, aporta más del 13% del PIB de forma directa y que asciende a un 25% cuando se considera su efecto multiplicador por encadenamiento productivo[24].

Dentro de las prácticas que caracterizan a la minería verde se incluyen: la inversión en plantas desalinizadoras, procesos de recirculación de agua, suministros de energía renovable, normas de emisiones más estrictas y plantas de fundición más eficientes y limpias. Un ejemplo elocuente del compromiso del Estado con la descarbonización de la matriz energética son los Compromisos de Desarrollo Sustentable 2030 de la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codeco). Uno de sus principales objetivos corresponde a la reducción del 70% de sus emisiones de gases de efecto invernadero, lo que se lograría a través de la transformación de las minas subterráneas a un 100% de electromovilidad y la disminución del 10% de emisiones en camiones de extracción de alto tonelaje (CAEX).

En el ámbito fiscal, el Ministerio de Hacienda se ha comprometido a dirigir recursos para respaldar esta transición. La aprobación de iniciativas como la Ley de Royalty Minero N° 21.591, publicada el 10 de agosto de 2023, generó mayor certeza impactando positivamente en las inversiones. De hecho, de acuerdo con el último catastro de la Corporación de Bienes de Capital, a junio de 2023, la inversión proyectada en la minería para el quinquenio 2023-2027 se elevó a US$15.440 millones, superando la proyección del primer trimestre de 2023 en US$7.773 millones. Este aumento se debió, principalmente, al ingreso al catastro de nuevas iniciativas ligadas a este sector tras la aprobación del proyecto. Los fondos recaudados por la Ley de Royalty Minero permitirán financiar reformas sociales y direccionar recursos hacia actividades que, por un lado, impulsen la productividad y promuevan una mayor investigación y desarrollo, y, por otro lado, prioricen proyectos que contribuyan al crecimiento del país. Particularmente, la sexta parte de las rentas generadas por el royalty minero se destinarán al desarrollo de actividades verdes, como es el caso de la Estrategia Nacional del Litio y el desarrollo de la Industria del Hidrógeno Verde y sus derivados, fomentando la estabilidad financiera necesaria para la creación de una minería limpia y competitiva.

Dentro del Pacto Fiscal impulsado por el ministerio, se contemplan diferentes medidas pro-inversión (Capítulo VII.4) con un enfoque “verde”, lo que beneficiará a la minería. Entre estas medidas se encuentra la creación de un fondo de créditos tributarios imputables al Impuesto de Primera Categoría para inversiones con alto efecto multiplicador, así como la aplicación de créditos tributarios a proyectos de reducción de emisiones y eficiencia hidráulica. También, se ampliarán los beneficios tributarios a la investigación y desarrollo privado, buscando triplicar el monto de créditos a asignar por cada proyecto de Investigación y Desarrollo Además, dentro de los compromisos del Protocolo de Acuerdo para la Ley de Royalty Minero, se encuentra la reducción en un tercio del tiempo de tramitación de proyectos mineros.

Para alcanzar los avances deseados es fundamental establecer asociaciones con actores internacionales, tanto para acceder a financiamiento como para obtener conocimientos especializados. El objetivo de esta administración es participar activamente en cadenas de producción a nivel global y formar parte de redes internacionales de conocimiento, lo cual representa un desafío significativo, pero esencial para el progreso al que se apunta.

III.8. Estrategia Nacional del Litio

El litio ha pasado a constituir un mineral de alto valor estratégico en el proceso global de transición energética mundial, puesto que sobre este mineral se sostienen las soluciones de almacenamiento energético y electromovilidad. Dado este proceso de transición, se estima un crecimiento de 16% promedio por año de la demanda mundial por Carbonato de Litio Equivalente (LCE) entre 2021 y 2035 para cubrir los requerimientos de este acelerado proceso global[26].

El mercado internacional de litio ya ha recogido esta nueva realidad asociada al cambio climático. El precio del carbonato de litio en los mercados internacionales ha mostrado un alza significativa desde mediados de 2021. El precio alcanzó un máximo de US$69 por kilo a fines de 2022, lo cual representa 5 veces el promedio anual de 2018 (Gráfico IV.2.1). Aunque en 2023 se registró una leve caída en su valor, el precio del carbonato de litio sigue manteniendo valores tres veces por sobre lo visto en 2018. Por su parte, las exportaciones de Chile de este producto subieron desde, aproximadamente, US$245 millones en 2015 a US$1.233 millones en 2021 y a US$8.093 millones en 2022 (Gráfico IV.2.2), llegando a representar el 8,2% del total de envíos de bienes en 2022[27]. De esta forma, el litio se ha constituido como el segundo principal mineral exportado, luego del cobre. El destino de los embarques se concentra en China con 74%, y Corea del Sur con 13%.

La producción de litio en Chile representó 34% de la producción mundial en 2022[28]. Dentro de los compuestos del mineral, el carbonato de litio ha representado la mayor contribución a la producción total del país, llegando en 2022 a tener una participación del 67%. No obstante, el hidróxido ha tenido una evolución creciente en el tiempo (Gráfico IV.2.3) y, según las proyecciones de la demanda, se espera que mantenga esta tendencia en el futuro, llegando a equiparar a la producción de carbonato[29].

En estas circunstancias, el litio se constituye como un elemento estratégico para Chile en múltiples dimensiones. Así, el programa de Gobierno del Presidente Gabriel Boric, plantea un camino de desarrollo para los próximos años, plasmado en el diseño de una Estrategia Nacional del Litio[30], dada a conocer en abril de 2023, y cuyos objetivos recogen integralmente las diversas dimensiones que caracterizan a esta industria.

Para la economía chilena este escenario abre una significativa oportunidad de crecimiento, puesto que es el país que tiene las mayores reservas mundiales de litio (42% del total), por sobre Australia (26%), Argentina (10%), además de China y Estados Unidos, que poseen en conjunto un 10% adicional. Entre estas cinco economías cubren el 80% de las reservas mundiales de litio[31].

La creciente importancia global del litio plantea un desafío al futuro de la industria chilena. Esta debe avanzar no solo como motor de desarrollo económico, sino también de manera sostenible. Es imperativo reconocer la singularidad de los ecosistemas complejos de los salares que albergan valiosas reservas de agua y son el hogar de culturas que merecen protección. Por otro lado, el litio en Chile posee un estatus jurídico de excepción al sistema de concesiones mineras. Desde 1979, la legislación[32] reserva su explotación al Estado, dejándolo fuera de las sustancias mineras disponibles para concesión. Esta disposición está también consagrada en la Ley N° 18.097 de 1982 y el Código de Minería de 1983.

Los objetivos de la Estrategia Nacional del Litio incluyen la necesidad de elevar el potencial productivo bajo estándares de mínimo impacto ambiental y social, asegurar la participación de las comunidades, y a la vez promover el desarrollo tecnológico y los encadenamientos productivos con empresas locales, maximizando las rentas del Estado y manteniendo la estabilidad financiera en el largo plazo. También apuntan a la incorporación de nuevos actores a la Industria del Litio en Chile, de manera privada o en distintas modalidades de alianza con el Estado, para así lograr un mercado más competitivo, abierto y transparente, que facilite el desarrollo de una actividad más eficiente y comprometida con el cumplimiento de mayores estándares ambientales y sociales. Además, se espera que, bajo la lógica de generar una mayor diversificación productiva, incremente el potencial de crecimiento económico.

Para el logro de estos objetivos se plantea un conjunto de definiciones estratégicas respecto del rol más activo que el Estado debe jugar en el ciclo industrial del litio, como la necesidad de avanzar en asociaciones con el sector privado, en fomentar la participación de las comunidades y en fortalecer el marco institucional. Se considera como indispensable la participación del Estado a lo largo de toda la cadena de valor, actuando a través de alianzas público-privadas para impulsar la producción de litio y desarrollar cadenas de valor asociadas a esta industria. Esto significaría, en el corto plazo, involucrarse más directamente en las labores productivas en el Salar de Atacama, y en el mediano y largo plazo, impulsar y participar en la explotación de otros salares con criterios de diversificación en la participación de actores. Por ello, la asociación público-privada es también un eje fundamental de la estrategia, ya que, siendo un mineral no concesible, para explotarlo y agregarle valor se requieren conocimientos en el área productiva, tecnológica y comercial, y también para concretar inversiones a gran escala.

En materia de fortalecimiento del marco institucional, se requiere una revisión comprehensiva desde la macro legislación minera hasta la normativa que regula a los organismos fiscalizadores y la relación entre las decisiones centrales y los Gobiernos Regionales y Comunales. Actualizar este ordenamiento y fortalecer instituciones claves resulta fundamental para lograr que se produzca el desarrollo y crecimiento de la industria, resguardando los impactos en los salares.

Los lineamientos estratégicos abordan la sostenibilidad política y social, es decir, aquellos aspectos relacionados a los territorios en los cuales están ubicados los salares y el involucramiento con sus comunidades. La opción por la explotación responsable del litio, según la cual el Estado regula para lograr los más altos estándares socioambientales, especialmente en los recursos hídricos y respecto a las comunidades de pueblos originarios vinculadas a los salares, requiere establecer plataformas de diálogo con todos aquellos actores interesados en presentar sus puntos a la discusión de esta política. Para ello se propone generar un proceso de diálogo y participación que recoja las preocupaciones y expectativas de diversos actores en torno a la Industria del Litio. Los actores a convocar son las comunidades indígenas, Gobiernos Regionales, académicas y académicos, representantes de la sociedad civil, del Gobierno Central y otros organismos públicos.

La estrategia también define los hitos fundamentales que deben llevarse a cabo para su implementación. Los principales se refieren al inicio de un proceso participativo para la modernización de la institucionalidad de los salares; la creación de un Instituto Tecnológico y de Investigación Público de Litio y Salares; el ingreso de un proyecto de ley para la creación de una Empresa Nacional del Litio; la estrategia para incorporar al Estado en la actividad productiva del Salar de Atacama; la prospección de otros salares; la creación de una Red de Salares Protegidos, asegurando el uso de tecnologías de bajo impacto ambiental; y la creación un Comité Estratégico de Litio y Salares.

El Gobierno de Chile se encuentra trabajando en concretar acuerdos con diferentes empresas y gobiernos extranjeros para promover la Industria del Litio. Se destaca el acuerdo entre empresas francesas y el Gobierno de Francia con Cochilco y la Empresa Nacional de Minería (Enami) para fomentar la investigación e innovación en la explotación de estos recursos. Además, el Gobierno reconoce la importancia de las comunidades en el desarrollo de esta industria por lo cual está realizando constantes jornadas de discusión con representantes de pueblos originarios, dirigentes zonales y diferentes actores de las comunidades. Estos procesos de participación y de diálogos se mantendrán durante el segundo semestre de 2023 con el despliegue del Ministerio de Minería en línea con la Estrategia Nacional del Litio.

III.9. Transformación de la matriz energética

Chile ha adoptado un enfoque responsable y consensuado al establecer una visión a largo plazo para el sector energético. Ha elevado los instrumentos de política energética a la categoría de políticas de Estado, garantizando su continuidad y trascendencia a través de diferentes administraciones, lo cual se ha visto complementado por las medidas de gestión del cambio climático definidas en la Ley Marco de Cambio Climático N° 21.455 y por la determinación de involucrar a todos los sectores, tanto públicos como privados. Para lograr este objetivo, el Gobierno ha desarrollado diez acciones de corto y mediano plazo enmarcadas en la promoción del almacenamiento, la mitigación de riesgos suministradores, flexibilidad y modernización operacional, y el desarrollo de políticas, regulaciones y obras urgentes[33].

Estas medidas van en línea con el compromiso asumido por Chile a nivel internacional de llegar a la meta de carbono neutralidad y resiliencia climática antes de 2050[34]. Hoy el país sigue dependiendo en gran medida de combustibles fósiles, que representan más del 75% de su consumo energético (Gráfico IV.3.1) y más del 80% de ellos son importados[35]. Chile cuenta con una abundancia de recursos naturales, lo que se ve reflejado en un enorme potencial para aprovechar energías renovables, estimado en 70 veces la demanda nacional[36]. El Desierto de Atacama es reconocido por tener la mayor radiación solar del mundo, brindando así el mayor potencial fotovoltaico, mientras que la Patagonia Magallánica cuenta con vientos fuertes y constantes, lo que otorga a Chile grandes ventajas comparativas para la generación de energía limpia. Ambas ventajas que entrega el territorio nacional le otorgan un rol clave en la electrificación de la matriz energética.

El sector eléctrico tiene un papel clave en el cumplimiento de los objetivos climáticos y ambientales, ya que cuenta con un potencial de capacidad instalada renovable importante que le permitirá transformarse en el principal productor de energía. El Gobierno ha iniciado una nueva fase en la transición energética en que las energías renovables y limpias se convertirán en las principales fuentes de generación, primer paso para la descarbonización de la matriz eléctrica. En la actualidad, más del 50% de la electricidad del país se genera a partir de fuentes renovables como solar, eólica e hidráulica. El objetivo es avanzar hacia una matriz eléctrica que sea 100% limpia antes de 2050 (Gráfico IV.3.2), lo cual se espera represente más del 70% del consumo energético final de la economía[37].

Por parte del Ministerio de Hacienda el enfoque se ha centrado en alinear los esfuerzos con la descarbonización acelerada, siguiendo el compromiso del Gobierno de Chile. Así, esta y otras instituciones gubernamentales trabajan activamente en la Mesa Estratégica para la Transición Energética, en la cual se destaca el impulso del proyecto de Ley de Transición Energética del Ministerio de Energía que incluye modificaciones en la reasignación de los ingresos tarifarios extraordinarios, con el objetivo de mejorar la eficiencia de las obras de transmisión y la licitación de un sistema de almacenamiento de energía a gran escala en el Desierto de Atacama, con una inversión aproximada de US$2 mil millones[38].

III.10. Desarrollo de la Industria del Hidrógeno Verde y sus derivados

En los últimos años, Chile ha conseguido establecerse como uno de los principales candidatos para la producción y exportación del hidrógeno verde (H2V) y sus derivados. El desarrollo de esta industria de energía limpia puede apoyar el avance hacia una transición energética justa y sostenible, que fomente la descarbonización nacional y estimule el crecimiento económico del país protegiendo nuestro capital natural. Además, el desarrollo de esta actividad es un motor para que el país diversifique su matriz energética y genere nuevas industrias de orden local.

Chile tiene la oportunidad única de aprovechar sus ventajas comparativas en la producción de energía solar y energía eólica, en el norte y sur del país, respectivamente. Para lograrlo, esta administración continuó con la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde elaborada en 2020 para dar paso al Plan de Acción 2023-2030[39], bajo la consideración que debe ser una política de Estado. Como tal, el Plan debe contar con los insumos de todos los actores, con una estrecha colaboración público-privada y con la validación ciudadana. La hoja de ruta que se construya como resultado de dicho proceso permitirá que los esfuerzos que ya se están desplegando en esta industria puedan robustecerse, que las inversiones se vayan concretando y que el desarrollo de la industria se realice a través de acciones coordinadas entre las distintas carteras de Gobierno y organismos relacionados, en concordancia con las iniciativas regionales y locales. Al ser Chile un país integrado a la economía global, el desarrollo de la industria se beneficiará del acceso a conocimiento, mejores prácticas y adopción de nuevas tecnologías, lo que puede potenciarse con alianzas internacionales[40].

Para lograr estos objetivos ya hemos iniciado el camino. En primer lugar, se creó, en mayo de 2022, el Comité de Desarrollo de la Industria del Hidrógeno Verde y sus derivados, que cuenta con un Consejo Interministerial al cual pertenece el Ministerio de Hacienda, junto a otros diez ministerios y CORFO, una Mesa Técnica y un Consejo Consultivo (sector privado, sociedad civil, organismos multilaterales, entre otros). La gobernanza de este Comité incluye a un Comité Estratégico[41] que entregará orientaciones de consenso entre los participantes, para constituir un marco de alto nivel para el Plan de Acción, además de propiciar la construcción de las directrices del país en materia de Hidrógeno Verde, consolidando así la mirada de Estado de esta política. El Plan de Acción cuenta con un análisis íntegro de las medidas habilitantes que debe realizar el Estado, las cuales están organizadas en tres líneas de acción (Figura IV.4.1):

Este Plan considera que la igualdad de género es esencial para el desarrollo sostenible. Por lo tanto, se ha establecido un grupo interministerial en colaboración con el Comité de Desarrollo de la Industria de Hidrógeno Verde, con el propósito de diseñar una estrategia que integre la perspectiva de género en el Plan de Acción de H2V 2023-2030. Los principales objetivos de este esfuerzo son: i) empoderar económicamente a las mujeres y fomentar su participación en el crecimiento de la industria de H2V; ii) estimular y respaldar la participación y el liderazgo de las mujeres en la toma de decisiones y en la generación y transferencia de conocimiento; y iii) promover e implementar pautas y estándares de seguridad y calidad de vida en los territorios con un enfoque en la igualdad de género.

1. Inversiones e institucionalidad: Tomar acciones conducentes a contar con una institucionalidad y una regulación robusta, adaptada a los requerimientos de la nueva industria, así como habilitar las condiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de los proyectos de inversión y esquemas de financiamiento. Asimismo, velar porque la institucionalidad considere los altos estándares ambientales vigentes y las medidas de mitigación de biodiversidad necesarias, entre otros.
2. Sustentabilidad y valor local: Impulsar la capacidad de la industria de H2V de establecer una economía nacional más competitiva, diversificada e innovadora, en armonía con las comunidades, sus territorios y medioambiente, promotora de empleos de calidad y de valor local.
3. Infraestructura y organización territorial: Promover infraestructura adaptada para el desarrollo de la industria de H2V, orientado hacia un uso eficiente y adecuada inserción territorial.

El robusto avance de la Industria del Hidrógeno Verde y sus derivados emerge como un eje fundamental para agilizar la transición energética en Chile, al tiempo que impulsa la productividad y fomenta el crecimiento potencial del país. El Gobierno ha presentado más de 30 medidas para impulsar los objetivos del Plan de Acción 2023-2030[42], con un enfoque en atraer inversiones privadas sólidas respaldadas por regulaciones y normativas específicas y estándares de sostenibilidad de los territorios y el medioambiente adecuados. Estas medidas incluyen desarrollar criterios aplicables a los proyectos de H2V que deben ingresar al SEIA y actualizaciones regulatorias , incluyendo la preparación de líneas de base de evaluación, para garantizar confianza en la industria. Asimismo, se está trabajando en el Mapa Regulatorio del H2V, la creación de una facilidad financiera por US$1.000 millones respaldada por bancos multilaterales de desarrollo[43], el Plan Nacional de Fomento a la Producción de Hidrógeno Verde en Territorio Fiscal ("Ventana al Futuro" del Ministerio de Bienes Nacionales), la generación de una plataforma público-privada para impulsar el desarrollo de la industria local, y habilitar y fomentar la cadena de suministro mediante la mejora de los llamados corredores verdes y el cabotaje marítimo.

El objetivo del desarrollo de la Industria del Hidrógeno Verde y sus derivados es promover el valor local, mejorar la calidad de vida y lograr un equilibrio entre los intereses nacionales y regionales donde se establecerá. Basándose en la firme creencia de que la preservación del entorno natural de las regiones estratégicas para esta industria es esencial para el progreso económico, el Comité de Capital Natural, creado por el Presidente de la República a comienzos de 2023, tendrá un papel significativo al proporcionar contribuciones clave para el avance sostenible de la industria del H2V. Es bajo este marco que el Ministerio de Hacienda asume un compromiso concreto en el desarrollo de institucionalidad, infraestructura y normativas adecuadas para citado fin.

Impulsar esta industria refuerza el compromiso del Gobierno por una matriz productiva limpia y que fomente el crecimiento, entregando señales de certeza a la Industria del Hidrógeno Verde y sus derivados y, a su vez, garantizar a la sociedad civil que la evaluación ambiental de calidad y orientada a la protección de los ecosistemas será una pieza clave en su ejecución. De lograrse este desarrollo armonioso, existe una oportunidad real de que el H2V se convierta en el motor del crecimiento de nuestro país. Se estima que para el año 2050, aproximadamente el 27% de la producción nacional de H2V se destinará a la demanda doméstica, mientras que el 73% restante se exportará[44].

III.11. Eliminación brechas en economía digital

El Programa de Exportación de Servicios Globales busca posicionar a Chile como un centro (hub) de servicios, por lo que la atracción de inversión extranjera y la formación de habilidades basadas en conocimiento, con potencial de internacionalización, fueron los principales aspectos que dicho programa priorizó durante 2022. En esta línea, y con el fin de dar proyección al trabajo del Programa, a mediados de 2023, el Ministerio fue invitado a la 9ª edición del evento Outsource2LAC que organiza el BID, para exponer el caso de Chile en cuanto a su política de promoción de exportación de servicios basados en conocimiento. Este evento es el más significativo en la región pues reúne a empresas que realizan negocios entre ellas y con gobiernos, en áreas de desarrollo de softwares, e-commerce, video juegos, tecnología agrícola, Fintec, y soluciones tecnológicas como inteligencia artificial, realidad aumentada, sistemas informáticos en la nube, entre otros.

Concretamente, el apoyo al cierre de brechas digitales se ha abordado de forma integral al conectar la oferta con la demanda de servicios globales. Por una parte, financiando la apertura de agregadurías de inversión en París, Roma y Canadá, así como la realización del Foro Internacional de Inversiones a fines de 2022, lo que ha permitido conectar a empresas de los sectores antes mencionados con la oferta de personas que fueron capacitadas con habilidades digitales y basadas en conocimiento. Por otra parte, se promocionó y potenció a empresas de base científica tecnológica (EBCT) de alto potencial, a través de proyectos de vinculación del ecosistema investigador, estudios para la identificación EBCTs, concursos de la convocatoria StartUp Ciencia, y el proyecto Catálisis para la internacionalización de estas EBCT, entre otras, a través del Ministerio de Ciencias, Tecnología, Innovación y Conocimiento. Además, se continuó apoyando a la Iniciativa Talento Digital, la cual desde 2019 se ha ido configurando como una herramienta central para la capacitación en torno a habilidades digitales de nivel superior, materializando a la fecha la entrega de 14.900 becas.

Algunos resultados de la estrategia integral son el convenio entre Google y Talento Digital, implementándose desde mediados de junio 2023, que contempla 3.500 becas para apoyar la formación en tecnología y empleabilidad de jóvenes y mujeres en Chile. Además, en el marco de la Iniciativa Talento Digital y en colaboración con InvestChile y CORFO, se ha brindado apoyo al proyecto “Digital Talent Up”, el cual forma parte de la Agenda de Productividad del Gobierno. Este proyecto promueve la empleabilidad de mil personas becarias en empresas de inversión extranjera directa en Chile, las que participan como demandantes de talento. Son alrededor de 15 a 20 empresas líderes en exportación de servicios de tecnología de la información (ITO, por sus siglas en inglés), las que forman parte de esta iniciativa, cuya finalidad es aportar en la especialización y capacitación de personas con perfiles digitales para su reconversión y mejoramiento de competencias y habilidades que el mercado actual necesita. El desarrollo de este programa significará la reactivación de 15 proyectos de inversión por un monto estimado de US$80 millones a materializarse en 2 años.

Las metas de ahora en adelante son ambiciosas, pero factibles de concretar con la estrategia integral de coordinación público-privada a través del Programa y el apoyo del BID. Nos hemos comprometido a alcanzar en 2026 la formación de 50.000 personas, destinado principalmente a jóvenes y mujeres, aprovechando las características del ecosistema digital, con un amplio foco regional. Aumentar la cobertura y actualizar el diseño de la Iniciativa de Talento Digital será esencial para alcanzar este objetivo que forma parte del Pacto Fiscal 2023 (Capítulo VII).