V. Mejorar la calidad del gasto público, un esfuerzo permanente

La modernización, transformación e innovación en el Estado deben estar enfocadas en recuperar la confianza en su accionar, pues fortaleciendo la relación entre el Estado y las personas se sentarán las bases para políticas públicas más efectivas. Diversos estudios internacionales han dejado en evidencia que existe mucho espacio para recuperar la confianza que las personas tienen con sus gobiernos y hacia instituciones centrales del Estado. De acuerdo al Estudio Longitudinal Social de Chile, del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES)[1], en 2022 el 59% de las personas que votan habitualmente, declararon tener nula o poca confianza en el Gobierno, lo que si bien es inferior al 72% observado en 2016 y al máximo de 85% registrado en 2019, es heterogénea entre distintos grupos de la población.

En este contexto, la confianza en las instituciones públicas es un atributo fundamental para la gobernabilidad, que interpela a las autoridades y funcionarias y funcionarios a aumentar la eficiencia y eficacia en el accionar público, así como en contribuir a que las instituciones respondan de manera adecuada cuando las personas acudan diariamente en búsqueda de servicios. Para cumplir estas aspiraciones se requiere de parte de las instituciones una mayor capacidad de anticiparse a las demandas, generando circuitos virtuosos basados en la calidad y la facilitación en la entrega de las prestaciones, junto a la evaluación y mejora permanente de la experiencia y satisfacción de las personas usuarias.

La modernización del Estado es un desafío permanente, que trasciende períodos de gobierno porque se van recogiendo los logros, aprendizajes y temas pendientes de cada una de las administraciones precedentes, así como diagnósticos de consenso entre centros de pensamiento de diferentes tendencias. En el último tiempo, se han sumado nuevos desafíos, consistentes en decodificar los programas o agendas de modernización del Estado en intervenciones que permeen las diferentes capas del aparato público, desde la administración central del Estado, hasta los Gobiernos Regionales y locales. Los gobiernos requieren colocar a los usuarios al centro de su accionar, estudiar sus necesidades, escuchar la evaluación de su experiencia con las entidades públicas, determinar los problemas que han experimentado al requerir servicios o trámites del sector público, analizar los procesos, buscar soluciones innovadoras y, en lo posible, prototiparlas y evaluarlas, para luego escalarlas.

Los gobiernos deben generar condiciones habilitantes para robustecer el accionar de los distintos servicios del Estado, con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía prestaciones oportunas, pertinentes y de calidad, que constituyan las bases para un Estado de bienestar, que impacte favorablemente su calidad de vida. Los principales desafíos apuntan hacia el despliegue de un accionar intersectorial, donde la coordinación técnica y estratégica sean claves para avanzar sistemáticamente, y obtener prontos resultados en la red de protección y seguridad social. Sólo así, bajo una mirada transformadora e innovadora en el estado de los procesos, los sistemas, los datos y los funcionarios, será posible recuperar la confianza.

El principal instrumento para avanzar en la recuperación de la confianza es la Agenda de Modernización del Estado (en adelante, también la “Agenda”)[2]. El 7 de septiembre de 2022, a través del oficio ordinario N° 1.568, el Ministro de Hacienda, envió una propuesta de Agenda de Modernización 2022-2026, diseñada por el Comité Interministerial de Modernización del Estado, encargado de articular a las instituciones públicas vinculadas a este esfuerzo, la que fue revisada y comentada por el Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado (en adelante, también el “Consejo”)[3] en virtud de sus funciones indicadas en el mismo decreto supremo. Desde esa fecha el Consejo se ha reunido periódicamente para conocer en detalle las iniciativas de la Agenda. En abril 2023, el Presidente de la República, junto a la Subsecretaria de Hacienda, se reunió con el Consejo y recibió el “Informe de comentarios y propuestas a iniciativas de la Agenda de Modernización del Estado 2022-2026”, además de sostener un diálogo con las y los consejeros para conocer en mayor profundidad sus planteamientos y recomendaciones. La Agenda de Modernización del Estado que recoge las sugerencias del Consejo[4] tiene como objetivo ser una hoja de ruta en el Estado que permita apalancar la transformación en pro de construir una nueva relación del Estado con las personas, con el fin de generar valor público para la ciudadanía, a través de iniciativas que aceleren esta transformación y la generación de confianza.

Adicionalmente a sus aportes a esta hoja de ruta, el Consejo le entrego a la Comisión Asesora Ministerial “para la regulación de la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro (IPSFL) y el Estado”,[5] un conjunto de propuestas[6] vinculadas con la Modernización del Estado.

Las propuestas realizadas por la Comisión se vinculan con los ejes transversales de la Agenda de Modernización denominados Transparencia e Integridad Pública y Personas en el Estado. Este último eje tiene como objetivo generar una estrategia que permita habilitar a las personas para que con su trabajo en las entidades públicas impulsen las transformaciones necesarias para un Estado moderno. Además, incluye iniciativas para avanzar hacia un mejor empleo público, que se adapte a las necesidades del mundo actual y, en particular, a la generación de un nuevo marco de capacidades y competencias de los funcionarios y funcionarias, de acuerdo con las dinámicas y necesidades institucionales. Actualmente están consideradas las temáticas de género y transformación digital, y existe el espacio para que, a partir de las recomendaciones de la citada Comisión, se profundicen los compromisos con relación a integridad y transparencia.

V.1. Agenda de Modernización del Estado

La Agenda de Modernización considera 30 iniciativas, de las cuales 24 son transversales y 6 son intersectoriales. Las iniciativas transversales están categorizadas en los siguientes 6 ejes temáticos:

• Personas en el Estado: buscan avanzar hacia un empleo público más moderno y adaptado a las necesidades del mundo del trabajo del siglo XXI, fundamental para una modernización del Estado sostenible y permanente.
• Servicios Ciudadanos y Experiencia Usuaria: mejorar la entrega de servicios para que se brinden en forma eficientes, de calidad, accesibles, oportunos y con foco en las personas y la experiencia usuaria. Las instituciones y servicios públicos cumplen un rol fundamental al permitir que esa interacción sea sin fricciones y resuelva efectivamente las necesidades de los usuarios (Recuadro V.C.)
• Descentralización: fortalecer las capacidades y competencias de los Gobiernos Regionales y locales, entendiendo el rol fundamental que cumplen en el desafío de acercar el Estado a las personas, y vinculando la ejecución de esta Agenda a la realidad local.
• Transformación Digital: adaptar el Estado a una nueva era digital, que impacta de manera transversal el quehacer del sector público. Se incorporan iniciativas que buscan entregar lineamientos claros y compartidos en áreas como ciberseguridad, política de datos, evaluación de inversiones en tecnología, entre otras, con el objetivo de impulsar una adaptación efectiva a los avances tecnológicos que se mueven a una velocidad nunca antes vista.
• Transparencia e Integridad Pública: fortalecer la transparencia e integridad pública con el objetivo de mejorar la confianza de las personas en las instituciones, considerando la apertura y la integridad como factores clave que aportan a la generación de esa confianza.
• Mejor gasto público: mejorar la eficiencia en el Gasto Público, la productividad en el Estado y la rendición de cuentas, estableciendo mecanismos que fortalezcan y habiliten la modernización y que contemplen incentivos en línea con los objetivos propuestos en esta Agenda.

Las iniciativas que requieren un esfuerzo intersectorial guardan relación con el sistema integrado para la fiscalización tributaria y combate del crimen organizado (Recuadro V.D.), la implementación de la Ley de Garantías de protección de la niñez, la gestión integral migratoria, el sistema nacional de cuidados, la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública, y la seguridad ciudadana y modernización de las policías.

Específicamente en la categoría de Mejor Gasto Público, una de las iniciativas presentes en la Agenda se relaciona con la transparencia fiscal y rendición de cuentas. En este ámbito, se considera aumentar la periodicidad de las acciones de difusión del quehacer de la Dirección de Presupuestos (DIPRES). Asimismo, se compromete a generar instancias de intercambio y participación con referentes externos para presentar en detalle los avances logrados e identificar nuevas necesidades de información, lo que se articulará con centros de estudios, medios de comunicación especializados y la academia. Finalmente, se implementarán mecanismos de participación ciudadana que permitan personalizar piezas de información buscando cubrir los principales intereses de la ciudadanía en la materia, utilizando lenguaje claro y desplegando la información de forma que maximice la comprensión de sus contenidos. Complementariamente, se trabajará con los Consejos de la Sociedad Civil (COSOC) de distintas reparticiones públicas, para acercar las personas a los procesos de priorización de iniciativas y elaboración de presupuestos sectoriales.

En el ámbito particular de Mejor Gasto Público, el Consejo Asesor para la Modernización del Estado, recomienda analizar la racionalización de los programas públicos, a partir de sus fichas de monitoreo y evaluación; y estudiar el impacto y cobertura en los niveles locales, además de reflexionar sobre aprendizajes sistemáticos sobre la implementación de programas, de modo de superar miradas parciales, y responder preguntas de carácter transversal y longitudinal sobre su efectividad , que permitan iluminar políticas públicas futuras. En el ámbito del traspaso de competencias, propone que la DIPRES participe con los Gobiernos Regionales y locales en la evaluación y propuestas de mejora de la gobernanza territorial de los servicios sociales y de la operación de los sistemas de gestión integrados; fortalecer la gobernanza de los servicios sociales, mediante Consejos Territoriales en que participen Gobiernos Regionales, municipios y organizaciones de la sociedad civil, a partir de la experiencia de más de 90 comunas que lograron una mayor eficiencia en el gasto público; y, permitir que los Consejos Territoriales gestionen aportes de recursos públicos y privados, para iniciativas significativas, particularmente del Sistema Nacional de Cuidados. Finalmente, en materia de transparencia presupuestaria, plantea su preocupación en ámbitos rezagados, que a su parecer dicen relación con indicadores de datos abiertos (propiedad de tierras y beneficiarios finales) y sobre presupuesto abierto (participación ciudadana).

Una segunda línea de trabajo para el mejor gasto público se relaciona con la consolidación del sistema de evaluación y monitoreo de programas, y su vinculación con el presupuesto público. Para esto, se ha profundizado la coordinación e integración de los procesos de responsabilidad de la Subsecretaría de Evaluación Social (SES) del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, con la DIPRES, lo que ha permitido mejorar la calidad y la oportunidad de la información. A su vez, las nuevas funciones y la nueva conformación de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) ha contribuido a consolidar el trabajo conjunto que realizan DIPRES y SES, afianzando el vínculo entre los distintos instrumentos de evaluación con los servicios ejecutores y con el proceso de formulación presupuestaria y su posterior deliberación en el Congreso. El rol que juega la CNEP en la supervisión del sistema y el perfeccionamiento de los instrumentos de evaluación es esencial en el eje de Mejor Gasto Público.

A lo anterior, contribuye la Agenda de Evaluación de Mediano Plazo de la CNEP y su articulación coherente con la Agenda Anual de Evaluaciones que DIPRES desarrolla en el marco del calendario presupuestario. Complementariamente, se espera que el espacio de trabajo y colaboración que se produce con la nueva conformación de la CNEP contribuya a que, gradualmente, la oferta programática no social cuente con mayores grados de coherencia y coordinación, en el contexto de la implementación de la Estrategia de Desarrollo Sostenible. Un mayor empoderamiento del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo en este ámbito, así como la construcción de repositorios integrados de datos de empresas y del sector productivo, aportarán a racionalizar dicha oferta y aumentar su efectividad. En virtud de lo anterior, el Pacto Fiscal propone como una de las medidas de calidad y eficiencia en el gasto, realizar la evaluación de programas y políticas públicas bajo la responsabilidad de una Agencia Nacional de la Calidad de las Políticas Públicas que integre las evaluaciones ex post de programas DIPRES, Ministerio de Desarrollo Social y CNEP con un programa anual de evaluaciones equivalente al menos a ¼ del gasto programático. En resumen, un sistema de evaluación y monitoreo de programas fortalecido permitirá avanzar con el objeto de subsanar eventuales problemas de fragmentación, duplicidad o falta de complementariedad de los programas públicos.

Una tercera iniciativa del ámbito de mejor gasto público de la Agenda de Modernización del Estado tiene relación con la productividad en el Estado. En este espectro, la búsqueda de espacios de eficiencia en la gestión pública, además de un mejor servicio a las personas, permitirá contribuir a la generación de espacio fiscal y a cumplir con el objetivo de multiplicar los beneficios entregados. Además de su pertinencia y efectividad, es imprescindible mejorar la eficiencia en la ejecución de los programas públicos y, en general, de las distintas funciones que el Estado realiza permanentemente. En este contexto, es fundamental levantar procesos, identificar responsables y plazos involucrados, apuntando a reducir etapas innecesarias o redundantes, además de identificar conductas y acciones que conlleven gastos innecesarios o excesivos y buscar mecanismos que permitan su reducción. El trabajo colaborativo con la CNEP, a la luz de su trabajo previo en materia de productividad en múltiples sectores de la economía, ha aportado a la identificación de espacios de eficiencia en el aparato estatal, generando propuestas que permitan capitalizarlos.

Lo anterior, se complementa con la Agenda de Productividad (Capítulo III.2) en su eje de mejorar los procesos de inversiones, el cual busca, a través de diferentes mecanismos legales, implementar reformas a los procedimientos de tramitación de permisos, y propuestas de mejora a aquellos considerados como críticos. Lo mismo respecto del trabajo con instituciones que prestan servicios transversales como ChileCompra y Gobierno Digital. Por esta razón, el Pacto Fiscal considera la importancia de priorizar este tipo de iniciativas que se agrupan con el objetivo impulsar el crecimiento a través de la inversión, productividad y formalización de la economía. En específico, la Agenda de Modernización aborda las Reformas a la Tramitación de Permisos Sectoriales, al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, a la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, al Consejo de Monumentos Nacionales y Concesiones Marítimas; además de la creación de métricas de monitoreo, con metas de reducción de tiempos de tramitación, a través del trabajo conjunto con el Ministerio de Economía (Capítulo III.3).

Los avances relacionados con la productividad en el Estado también incorporan el proceso de elaboración de una agenda de investigación que incluye estudios sobre el gasto en horas extras, revisión de los indicadores de eficiencia del gasto establecidos en los PMG (Programa de Mejoramiento de la Gestión) y estudio de eficiencia en la gestión de compras y manejo de inventarios en los hospitales para mejorar la eficiencia del gasto.

Asimismo, en el contexto del proceso de descentralización fiscal que se está llevando a cabo en el país, con autoridades regionales electas por la ciudadanía a partir de 2021, se ha estado trabajando con el objetivo de fortalecer la estructura presupuestaria de los Gobiernos Regionales, otorgándoles mayores flexibilidades financieras, sin disminuir los necesarios controles y rendición de cuentas del uso de los recursos. Por otra parte, en relación a las medidas para incentivar la inversión, se aprobaron recursos para apoyar la agilización de la tramitación de permisos necesarios para la materialización de inversiones, reforzando los equipos de servicios críticos cuyo tiempo de tramitación es excesivamente largo o servicios que entregan permisos que deben ser tramitados por un gran número de proyectos de inversión.

Por último, la Coordinación de Modernización inició el trabajo interinstitucional para establecer convenios de colaboración, que consideran asesoría técnica a los siguientes actores: Subsecretaría de Fuerzas Armadas, Subsecretaría de Bienes Nacionales y Servicio Nacional del Patrimonio. Con este propósito, a través de una agenda de reuniones técnicas, se está avanzando en el rediseño del proceso de Concesiones Marítimas, y de los procesos de tramitación de permisos a cargo del Consejo de Monumentos Nacionales, con el fin de reducir sus tiempos de tramitación (Capítulo III.3), sin afectar su calidad y pertinencia. De este modo, estas colaboraciones ingresan a la cartera de proyectos priorizados, para ser apalancados por la Secretaría de Modernización y el Laboratorio de Gobierno.

La última iniciativa de este eje estratégico es el fortalecimiento de la Dirección de Compras y Contratación Pública y la implementación de nuevos mecanismos de compras públicas. Las distintas instituciones del Estado, tanto a nivel local como central, adquieren, a través de Mercado Público, insumos para su funcionamiento y para la entrega de servicios. ChileCompra que este año cumplió 20 años de funcionamiento es la encargada de administrar esta plataforma, bajo un marco regulatorio basado en la transparencia, la eficiencia, la universalidad, la accesibilidad y la no discriminación. El sistema de compras públicas es usado de forma masiva, por más de 850 organismos públicos, más de 96 mil proveedores y con un monto transado superior a los US$ 15 mil millones en el año 2022. Dada su masividad, mejoras en la gestión de este sistema producirán importantes ahorros y una mayor eficiencia del gasto público, además de optimizar el funcionamiento de múltiples instituciones públicas. A modo de ejemplo, un estudio de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), de 2020, indicó que la falta de competencia en el mercado de las compras públicas estaría generando un sobrecosto para el Estado, entre 240 millones a 805 millones de dólares al año, considerando sólo el Convenio Marco. Por otro lado, ChileCompra no cuenta con atribuciones para controlar las irregularidades del sistema, y las facultades del Tribunal de Contratación Pública son limitadas, pues su foco es la revisión de ilegalidades en procedimientos de contratación -no de ejecución- y sólo respecto de procedimientos competitivos.

Por lo anterior, y en consistencia con lo establecido en el Programa de Gobierno del Presidente Boric, se trabajó en una reforma al sistema para optimizar la competencia y eficiencia en las compras públicas, buscando fortalecer los sistemas preventivos y sancionatorios de actos de corrupción y faltas a la probidad. En términos concretos, se realizó una serie de indicaciones al proyecto de Ley enviado por la administración anterior, que busca dotar a ChileCompra de mayores facultades normativas, mejorar el sistema de fiscalización, ampliar las competencias del Tribunal de Contratación Pública, reforzando su estructura orgánica y presupuesto, y avanzar hacia una digitalización total del sistema de compras públicas. Además, entre los objetivos se contempla ampliar la participación de las micro y pequeñas empresas y el cuidado del medioambiente, incorporando en el sistema principios de economía circular, incentivando además un espacio para compras de innovación. Finalmente, en agosto de este año se aprobó la modificación de un conjunto de leyes para fortalecer el sistema de compras públicas, proyecto cuya aprobación e implementación corresponde a uno de los compromisos del Pacto Fiscal para el Desarrollo en materia de reformas modernizadoras del Estado (Capítulo VI.3).

Bajo la Coordinación de Modernización del Estado del Ministerio de Hacienda se articula la labor de la Secretaría de Modernización del Estado y del Laboratorio de Gobierno[11], para tener un trabajo coherente, consistente y que genere sinergias entre ambos programas, contribuyendo de mejor manera a la implementación de la Agenda de Modernización del Estado. En virtud de lo anterior, esta coordinación se encuentra apalancando una serie de acciones concretas que contribuyen a acelerar los objetivos propuestos para el proceso de Reforma y Modernización del Estado. En específico, la Secretaría de Modernización del Estado y el Laboratorio de Gobierno, trabajan actualmente con 46 líneas de acción que involucran a 30 instituciones públicas,[12] siendo el eje central velar por el cumplimiento efectivo según el mandato de Gobierno.

V.2. RESULTADOS “GOVERNMENT AT A GLANCE” OCDE

La edición 2023 de “Government at a Glance” (GaG) fue publicada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en junio de este año[13]. El reporte incluye datos e información de países OCDE en distintos temas, destacando: i) un análisis del gasto público; ii) las prácticas presupuestarias y de gestión de las compras públicas; iii) los marcos regulatorios de infraestructura pública y procedimientos para la obtención de permisos; y iv) las personas en el Estado.

Análisis del gasto público

Los gobiernos son responsables por el financiamiento o provisión de distintos servicios y actividades, como salud, educación, justicia y orden público. El gasto público de un gobierno debiese reflejar sus prioridades y los cambios en su estructura pueden ser impulsados por decisiones de política pública o por factores externos, tales como tendencias socioeconómicas, incluyendo cambios demográficos o shocks como la pandemia de COVID – 19.

Entre los países OCDE, en 2021 la mayor parte del gasto público se encontraba en la categoría de protección social (15,8% del Producto Interno Bruto, PIB, en promedio), seguida de salud (9,0% del PIB en promedio), y en tercer lugar asuntos económicos (5,7% del PIB en promedio). En Chile, al igual que el promedio de países OCDE, en 2021 el gasto público fue mayor en protección social (16,0% del PIB), seguido por salud con un 5,8% del PIB. A diferencia del promedio OCDE, el tercer lugar lo ocupa el gasto en educación, representando un 4,0% del PIB.

Además de las áreas a las que se destinan los fondos públicos, es importante analizar la relación entre los recursos y los resultados alcanzados. En GaG 2023, se presentan los resultados de costo efectividad del gasto en salud y educación de los distintos países. En salud, se analiza la expectativa de vida al nacer en contraste al gasto per cápita en este ámbito. Se observa que Chile cuenta con una mayor expectativa de vida que otros países con similar gasto per cápita en salud, como Polonia, Hungría y Latvia (Gráfico V.2.1). En cambio, al analizar los resultados en educación, medidos a través de los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), se observa que Chile tiene resultados menores que otros países con niveles similares de gasto público per cápita, tanto en las mediciones de lectura como de matemáticas.

Prácticas presupuestarias y gestión de compras públicas

Dentro de las iniciativas para mejorar el gasto público, los países OCDE han implementado prácticas presupuestarias y de compras públicas verdes y con perspectiva de género. Las primeras se refieren al uso de herramientas para avanzar en el cumplimiento de objetivos climáticos y medioambientales. En 2022, Chile se sumó a los 24 países OCDE que cuentan con prácticas presupuestarias en esta materia. Al analizar los componentes del ciclo presupuestario, se observa que Chile se encuentra en un nivel similar al promedio OCDE en términos de arreglos institucionales y presenta oportunidades de mejora en los métodos y herramientas; transparencia y rendición de cuentas, y el entorno autorizante asociados a estas prácticas[14].

En términos de compras públicas, los países pueden utilizar su poder de compra para orientar al mercado a considerar los resultados medioambientales y avanzar en sustentabilidad. La mayoría de los países OCDE, incluyendo Chile, cuentan con estrategias de compras públicas verdes, que son consideradas en sus compromisos nacionales de acción frente al cambio climático. A pesar de contar con una estrategia, Chile presenta oportunidades para avanzar en cuanto a la obligatoriedad del uso de estas prácticas y del reporte de avances, que se realiza de forma periódica y pública en otros países.

Por otro lado, el presupuesto con perspectiva de género ayuda a disminuir las brechas e inequidades, lo que se asocia a beneficios significativos para la sociedad y la economía, incluyendo el fortalecimiento del crecimiento. De acuerdo con el índice de presupuesto con perspectiva de género de OCDE, en 2022 Chile se encontraba en un nivel de desarrollo intermedio, con oportunidades de mejora en los métodos y herramientas empleados, además del entorno autorizante[15].

Marcos regulatorios de infraestructura pública y procedimientos para obtención de permisos

Los proyectos de infraestructura pública involucran grandes cantidades de recursos y pueden demorar muchos años en implementarse. La recomendación de OCDE en gobernanza de infraestructura destaca que un marco regulatorio coherente, predecible y eficiente promueve la inversión en infraestructura pública y asegura el mejoramiento de su calidad.

El indicador de infraestructura pública (Infrastructure Governance Indicator, IGI) de 2022 muestra que Chile cuenta con una evaluación de 0,22 puntos en el ámbito de permisos y licenciamientos, lo cual es similar al promedio de los países OCDE (0,21). Junto con esto, en el ámbito de gobernanza de reguladores económicos la evaluación es de 0,18, menor al promedio de los países OCDE (0,24). Sin embargo, la dimensión con mayores oportunidades de mejora es el marco regulatorio, en la que Chile obtiene un puntaje de 0,03, el más bajo de los países medidos y lejos del promedio de 0,19 de la OCDE (Gráfico V.2.2). El marco regulatorio fija las reglas del juego para los sectores y mercados particulares con un amplio impacto en la inversión en infraestructura, además de su desarrollo, mantención y mejora. OCDE agrega que Chile cuenta con iniciativas que permiten promover procedimientos eficientes para la entrega de permisos, por ejemplo, recogiendo datos de forma sistemática sobre sus prácticas y considerando la participación de stakeholders en las distintas etapas.

Personas en el Estado

El análisis de personas en el Estado de GaG 2023 cuenta con dos focos. El primero es la representación de mujeres y jóvenes en el empleo público, y el segundo corresponde a la gestión de personas en el Estado.

La representación de distintos sectores de la población entre las personas funcionarias y, en particular, en cargos de toma de decisión, es clave para que las políticas públicas reflejen adecuadamente los intereses de todas las personas. Respecto de representación de mujeres, de acuerdo con los datos de 2020, en Chile, al igual que la mayoría de los países OCDE, la proporción de mujeres que trabajan en el Estado es mayor (54,3%) que la proporción de mujeres ocupadas en general (41,1%). El país destaca por contar con el mayor aumento en el porcentaje de mujeres en el parlamento, pasando de un 14,2% en 2012 a un 35,5% en 2023, aunque aún existen brechas para alcanzar la paridad. Chile también se ubica dentro de los 8 países con una representación de un 50% o más de mujeres en el gabinete, al año 2023. En relación con la participación de jóvenes en el parlamento, se observa que en 2022 Chile cuenta con un 31,6% de parlamentarios menores a 40 años, lo cual se contrasta con un 42,0% de la población en edad de votar entre 20 y 39 años. Por otro lado, la edad promedio del gabinete disminuye desde 57,7 años en 2018 a 50,1 en diciembre de 2022.

En términos de gestión de personas en el Estado, un primer ámbito de análisis es la movilidad dentro del sector público. En Chile, existe movilidad interna lateral, es decir, las personas pueden pasar a otro cargo del mismo nivel jerárquico, ya sea dentro de un servicio o en otro. Sin embargo, hay un espacio de mejora en la recomendación y promoción de estas prácticas, tal como se implementa en 11 países OCDE. Incluso, la movilidad lateral es obligatoria o esperada en 3 países de este grupo. Por otro lado, en relación con el aprendizaje y desarrollo de las personas funcionarias, OCDE identifica que Chile cuenta con una estrategia centralizada de capacitación, al igual que planes a nivel de ministerios y servicios. Como incentivo en esta materia las personas funcionarias pueden elegir entre distintos cursos, cuentan con horas adicionales en la jornada laboral, y la participación en estas instancias se considera en las evaluaciones de desempeño y en las decisiones de promoción. No obstante, no se cuenta con planes individuales de aprendizaje y no se exige un mínimo de horas de capacitación.

Otro ámbito de análisis de gestión de personas es la flexibilidad en el empleo público. Se informa que 22 países OCDE cuentan con horarios flexibles, los que están disponibles para la mayoría de las personas funcionarias. En Chile esto es definido por cada ministerio o servicio público. Esta situación se repite con el trabajo remoto, que depende de cada institución. Otras facilidades horarias, como una semana laboral comprimida, se aplica en 21 países OCDE, pero no está disponible en Chile.

V.3. Portal empresas públicas

En línea con los ejes de Transformación Digital del Estado, Transparencia e Integridad Pública de la Agenda y Mejor Gasto Público, el Ministerio de Hacienda se encuentra desarrollando la creación de una página web en la que presentará información financiera y no financiera de las empresas estatales[16].

La creación de este sitio digital recoge los lineamientos de la OCDE acerca de las mejores prácticas de información de empresas estatales en el mundo. Dichos lineamientos recomiendan generar en un mismo sitio (one-stop-shot), un set amplio y completo de información de empresas estatales, que contenga información de índole financiera y no financiera. Con esta reportería se propende a un mejor conocimiento y entendimiento por parte de las personas del rol de las empresas del Estado, favoreciendo los estándares de transparencia y acceso a información amplia a través de canales digitales.

Más específicamente, el valor que se agregará con el nuevo sitio web es la completitud y unificación de la información, con un contenido actual e histórico que abarca a cada una de las empresas públicas durante los últimos cinco años. La información se presentará en distintas secciones, dos de ellas incluirán balances, estados de resultados y transferencias fiscales, y el resto incluirán información no financiera referida a distintos ámbitos de las empresas, incluyendo lo relacionado con el negocio, la estrategia, misión y visión, hitos más relevantes, además de aquello relacionado con concesiones, ministerios relacionados, composición e identificación de los directorios, composición y brecha salarial de género por estamento, y auditorías y clasificaciones de riesgo.

Este reporte de empresas estatales incluirá además otras áreas de información relacionadas con las normativas y políticas asociadas a la dirección de empresas estatales, de manera que se pueda explicitar la forma en que el Estado cumple su rol empresario. Abarcará contenido referido a la política de propiedad estatal y forma de implementarla, las normas aplicables a las empresas en su condición de empresas estatales (adicionales a las aplicables a las privadas), los estándares de gobierno corporativo y aquellos contables aplicables a dichas empresas.

Con este amplio contenido de materias, se busca recoger integralmente las recomendaciones internacionales de mejores prácticas, y otorgar transparencia y difusión a la gestión y resultados de estas empresas, brindando a la ciudadanía una herramienta sencilla, centralizada y didáctica. La plataforma brindará información específica por empresas y también permitirá visualizar datos agregados y diseños gráficos a nivel de sectores y del conjunto de la cartera estatal de empresas.

Esta iniciativa ha contado con la colaboración activa de cada una de las empresas estatales, las que han proporcionado la totalidad de la información solicitada, toda la cual está disponible en sus Memorias Anuales. También se ha contado con la colaboración del Sistema de Empresas Públicas (SEP), organismo técnico del Gobierno que vela por el control y asignación eficiente de los recursos, así como la maximización de los beneficios sociales que generan, siguiendo las mejores prácticas de gobierno corporativo.

Se espera que el sitio web esté disponible públicamente durante los próximos meses, lo que representa un paso importante en transparencia, integración de información y una mayor comprensión de las empresas públicas por parte de la ciudadanía.