Mensaje del Ministro de Hacienda

Mario Marcel Cullell | Ministro de Hacienda

Esta Exposición sobre el Estado de la Hacienda Pública tiene lugar a poco más de 18 meses de iniciado el Gobierno del Presidente Gabriel Boric. Este período ha demandado una intensiva acción del Ministerio de Hacienda en al menos cinco frentes: (a) la estabilización de la economía; (b) la recuperación de las finanzas públicas; (c) la protección de los hogares de bajos ingresos; (d) el avance de las reformas comprometidas por el Gobierno y (e) el desarrollo de una agenda de crecimiento económico sostenible e inclusivo.

El arduo trabajo de las autoridades económicas en estos 18 meses ha resultado en la recuperación de la estabilidad macroeconómica y en una significativa reducción de la incertidumbre. Esto ha permitido enfocarse con mayor atención en el futuro de mediano plazo para nuestra economía. Para abordar ese futuro de manera coherente, se está trabajando en la estructuración de un Pacto Fiscal para el Desarrollo y el Bienestar de Chile. Este Pacto se encuentra en proceso de discusión con todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional, así como con actores del mundo empresarial, organizaciones de trabajadores y la sociedad civil.

Presentamos esta Exposición con la firme convicción de que los progresos alcanzados han sido el resultado no sólo de la acción del Gobierno, sino también del aporte de muchos actores políticos, económicos y sociales. Esta acción mancomunada nos ha permitido sortear grandes desafíos que parecían irremontables un año y medio atrás. Dicha colaboración y compromiso serán necesarios para enfrentar los desafíos actuales y futuros del país. Si logramos articular un esfuerzo compartido, estamos seguros de que Chile podrá aprovechar una oportunidad sin precedente para avanzar en el camino del desarrollo y el bienestar para todos sus habitantes.

Estabilización económica, consolidación fiscal y protección social

Hace poco más de un año y medio, las perspectivas para la economía chilena eran sombrías y generaban preocupación no sólo entre los actores locales, sino también en los observadores externos. Desde 2017, el sostenido incremento de la deuda pública y los crecientes problemas de gobernabilidad llevaron al país a descender dos peldaños en su calificación de riesgo. Desde fines de 2019 se agregó el impacto económico del estallido social, la severa crisis del Covid-19 y medidas de política de corto plazo que acrecentaron los desequilibrios macroeconómicos.

Entre mediados de 2020 y diciembre de 2021, se inyectó a los hogares chilenos recursos equivalentes a un inédito 35% del Producto Interno Bruto (PIB) por la vía de transferencias masivas y retiros de fondos de pensiones. Con ello, el déficit fiscal estructural se elevó a casi 11% del PIB en 2021, el consumo de bienes durables superó en un 50% los niveles previos a la crisis, las importaciones de bienes de consumo se expandieron en 31% y la inflación comenzó a crecer inconteniblemente.

Estos desequilibrios alcanzaron su punto más álgido en el tercer trimestre de 2022. En agosto, la inflación anual llegó al 14,1%; la cuenta corriente de balanza de pagos acumulada en 12 meses registró un déficit de 10% del PIB, un resultado no visto desde la década de los 80; las tasas de interés de largo plazo rondaron el 7%, —nivel no visto desde 2011— y en julio el valor del dólar superó los $1.000, poco antes de la intervención del Banco Central en el mercado cambiario.

Controlar estos desequilibrios demandaba una acción urgente y coordinada de política económica. Para muchos analistas y observadores ello induciría una profunda recesión. Así, pese al ajuste que ya había experimentado la economía en los primeros tres trimestres de 2022, para 2023 se anticipaban caídas adicionales de actividad que llegaban hasta un 2%, con una mediana de -1,5%, así como alzas del desempleo sobre 10%.

Para entonces, sin embargo, ya estaba en marcha un esfuerzo decidido y coherente de estabilización por parte del Banco Central y el Gobierno. El Banco Central había comenzado tempranamente a elevar la tasa de interés en julio de 2021, en un proceso continuo que, en 15 meses la llevó de 0,5% a 11,25%, manteniéndose en ese nivel durante casi 10 meses. Por su parte, el Gobierno del Presidente Boric revirtió drásticamente la dirección de la política fiscal, reduciendo en 23% real el gasto público en 2022. Esta decisión permitió realizar una de las consolidaciones fiscales más profundas a nivel mundial: el balance fiscal total alcanzó un superávit de 1,1% del PIB (versus -7,7% del PIB en 2021), el primer superávit efectivo desde 2012, consistente con un superávit cíclicamente ajustado del +0,2% en comparación con el -10,8% en 2021, luego de seis años de déficits estructurales consecutivos.

Esta combinación virtuosa de política macroeconómica logró revertir la trayectoria de la inflación, la que en los 12 meses posteriores se redujo a casi un tercio (5,3% anual en agosto de 2023). Del mismo modo, el déficit de cuenta corriente promedio de los últimos 12 meses disminuyó de 10% a 4,5% del PIB en el segundo trimestre de este año y los indicadores financieros han revertido las brechas que se habían abierto respecto de economías comparables.

Este ajuste macroeconómico se ha logrado sin los costos económicos y sociales característicos de otros episodios. Es así como en el actual trimestre la actividad económica se ubicará en niveles por sobre los de un año atrás, la tasa de desocupación ajustada por estacionalidad se ha mantenido en torno a 8,5% desde fines de 2022 y la pobreza y desigualdad se han reducido no sólo respecto a la crisis, sino respecto de 2017.

Lo anterior ha sido posible por tres razones: Primero, porque el ajuste macroeconómico se focalizó en las variables que habían explicado el sobrecalentamiento anterior, en particular, en el consumo privado de bienes durables que se redujo en casi 40% entre septiembre de 2021 y junio de 2023 con un comportamiento similar de las importaciones. Segundo, porque aún en medio de la consolidación fiscal, el Estado intensificó el apoyo a las familias de menores recursos, a través de medidas de contención de precios, incrementos del ingreso mínimo y subsidios focalizados. Tercero, porque la combinación de la consolidación fiscal, el fin de los retiros de fondos y la evolución de la situación política han logrado reducir la incertidumbre a niveles previos a la pandemia.

De esta manera, es posible prever que a fines de 2023 la inflación se habrá reducido hasta cerca del 4%; la cuenta corriente de balanza de pagos se ubicará cerca del promedio histórico; el nivel de actividad superará el de fines de 2022; la deuda pública estará cerca de 8.000 millones de dólares por debajo de lo que la habría llevado la tendencia de los 15 años terminados en 2021. Además, comenzará a crearse nuevamente empleo y la pobreza se habrá reducido adicionalmente respecto de fines de 2022.

Reformas económicas y sociales

El Gobierno del Presidente Gabriel Boric se ha propuesto avanzar en una agenda de reformas orientadas a construir un Estado de Bienestar compatible con una economía dinámica e innovadora. Avanzar en esta materia no es una cuestión ideológica, sino un desafío propio del progreso de Chile hacia un desarrollo más sostenible e inclusivo, tarea a la cual se han comprometido todos los gobiernos desde el retorno a la democracia. A pesar de las importantes transformaciones que experimentó la política pública en ese período, los desafíos han ido creciendo en la medida que persisten importantes niveles de desigualdad y el envejecimiento de la población se ha ido combinando con una desaceleración del crecimiento económico.

Es así como en los últimos 15 años —período en el cual se han alternado gobiernos de distinto sello político— las presiones sobre el gasto público han excedido el incremento de los ingresos fiscales estructurales, generando sostenidos déficits y un incremento de la deuda pública bruta desde cifras de 5% del PIB en 2008 a 38% del PIB en 2022. La mayor parte de esta expansión del gasto público (60%) se explica por los sectores de Salud y Protección Social, proporción que se eleva a las tres cuartas partes cuando se agrega el sector de Educación.

Responder de manera más estructural a estas dinámicas es, por lo tanto, no sólo una cuestión de sensibilidad social y política, sino que imprescindible para garantizar la sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica. Esta realidad es mucho más evidente cuando se considera la evolución futura del país. Así, en la próxima década la población de adultos mayores —que demandan apoyo del Estado a través de pensiones no contributivas y gastos en salud—, aumentará a un ritmo en torno a 4% anual, cifra que excederá largamente tanto el incremento de la población de entre 15 y 64 años (-0,1% anual de acuerdo con CELADE) como el crecimiento tendencial y los ingresos fiscales bajo la actual estructura de financiamiento.

En este contexto, el Gobierno ha propuesto reformas que por un lado buscan resolver cuellos de botella en la prestación de servicios sociales ampliando, además, su cobertura, y por el otro, movilizar los recursos necesarios para financiarlos sostenidamente. En su reciente Cuenta Pública, el Presidente Gabriel Boric identificó una serie de gastos prioritarios en Pensiones, Salud, Cuidados y Seguridad Ciudadana, ampliamente compartidos por el país y todo el espectro político, con un costo fiscal anual de alrededor de 8.000 millones de dólares, equivalente a alrededor de 2,7% del PIB, que requieren financiamiento permanente.

De estos gastos destacan especialmente aquellos ligados a pensiones, que representan una fracción importante del total necesario para asegurar los objetivos de un sistema previsional como serían la eliminación del riesgo de pobreza en la vejez, la continuidad de ingresos después del retiro y la mitigación de los mayores riesgos económico-sociales a lo largo de la vida. Parece existir un consenso técnico y político de que el logro pleno de estos objetivos requiere no sólo recursos fiscales, sino la acumulación de ahorros durante la vida laboral, lo que ha dado origen a la propuesta de Sistema Mixto de pensiones, contenido en el proyecto de Reforma Previsional.

No obstante su urgencia y prioridad, el avance de las propuestas de reforma tributaria y reforma previsional en el Congreso Nacional ha sido lento y accidentado. En el caso de la Reforma Tributaria se expresó incluso en el rechazo de la idea de legislar en marzo pasado. Frente a ello, el Gobierno ha mostrado voluntad de seguir adelante sobre la base de flexibilidad y disposición al diálogo y no cejará en ello porque considera que está en juego la responsabilidad del sistema político frente a la ciudadanía.

La experiencia de los últimos 18 meses muestra que los acuerdos en materia social y fiscal son posibles. Destaca a este respecto el amplio apoyo al incremento del Ingreso Mínimo Mensual y al Royalty Minero, reformas que fueron posibles no sólo gracias a la voluntad de los distintos sectores sino también a la capacidad para encontrar soluciones creativas a desafíos de política pública. Así, mientras en el caso del aumento del Ingreso Mínimo se incorporó un mecanismo para amortiguar su impacto sobre micro, pequeñas y medianas empresas, en el caso del Royalty Minero se concordó una distribución de lo recaudado a lo largo de todo el territorio y un límite a la carga tributaria que enfrentarán los grandes proyectos de inversión minera.

El aumento del Ingreso Mínimo Mensual y el Royalty Minero demuestran que los acuerdos en materias sociales y fiscales son posibles y nos alientan a continuar en este empeño, aportando disposición al diálogo, flexibilidad y creatividad. Como país, tenemos las herramientas para evitar que las demandas sociales se sigan acumulando o que se satisfagan transitoriamente a costa de mayor inestabilidad económica. Cada uno de los actores políticos y sociales, incluido el Gobierno, tenemos la obligación de exigirnos el máximo para lograr los acuerdos que permitan resolver estas demandas.

El Pacto Fiscal para el Desarrollo y el Bienestar

Ejemplo de esta voluntad de diálogo es la propuesta del Gobierno de avanzar a un Pacto Fiscal para el Desarrollo y el Bienestar. Esta propuesta, que partió como un esfuerzo para ligar la reforma tributaria con compromisos respecto del destino de la recaudación, se ha extendido hacia otros factores que pueden ampliar el espacio fiscal más allá de los incrementos de impuestos[1], particularmente la reforma del Estado y el crecimiento económico.

El Gobierno ha acogido esta ampliación de perspectiva no sólo porque extiende las fuentes de mayores recursos fiscales futuros, sino porque aportan por sí mismos al desarrollo del país. En el caso de la reforma del Estado, se han propuesto 20 iniciativas que abarcan materias ligadas a la eficiencia, la calidad de servicio, la transparencia y la disciplina fiscal. Para el impulso al crecimiento se han propuesto 38 iniciativas relacionadas con el incremento de la inversión privada y pública, el aumento de la productividad y la diversificación productiva y la formalización de la economía[2].

En la agenda de reforma del Estado destaca la iniciativa para escalar los esfuerzos por mejorar la calidad de las políticas públicas, integrando intentos actualmente dispersos en una agencia dedicada a la evaluación de programas y políticas públicas, así como al desarrollo y aplicación de una política regulatoria que evite el desarrollo inorgánico de normas y procedimientos. También se incorpora a esta agenda el conjunto de recomendaciones del Comité de Expertos sobre Transferencias a Instituciones sin Fines de Lucro y el proyecto de reforma de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Para dimensionar el espacio fiscal que pudieran generar estas medidas se ha encargado un estudio a la División de Presupuesto Público de la OCDE.

En el caso de la agenda de estímulo al crecimiento destacan las medidas tributarias para incentivar directamente la inversión en capital fijo y en productividad. Se agrega una completa agenda de racionalización de trámites para la aprobación de proyectos de inversión, con la meta de reducir en un tercio el tiempo total de tramitación de dichos proyectos. En lo que respecta a la formalización de la economía se consideran 17 medidas, de las cuales cerca de la mitad buscan controlar y penalizar la economía informal, mientras que la otra mitad apunta a fortalecer los incentivos y facilitar los procesos de formalización. Para dimensionar el impacto que estas iniciativas propuestas pudieran tener sobre el crecimiento de mediano plazo y el espacio fiscal, se ha convocado a un Comité de destacados economistas, que evacuarán su informe a mediados de octubre.

En materia tributaria, la propuesta de Pacto Fiscal está estructurada en dos componentes. Por un lado, un conjunto de 7 ejes para reforzar el cumplimiento tributario, incluyendo tanto apoyo a los contribuyentes como fortalecimiento de la fiscalización y eliminación de resquicios que facilitan la elusión de impuestos. Por el otro, una reforma al sistema de impuesto a la renta, que eleve el aporte de las personas de mayores recursos sin comprometer la competitividad e inversión de las empresas. Al focalizar su propuesta en el impuesto a la renta, el Gobierno ha dado una nueva señal de flexibilidad, retirando iniciativas sobre tributación sobre el patrimonio y los impuestos retenidos que generaban menor consenso.

El conjunto de propuestas para el Pacto Fiscal está siendo discutido en una mesa con representantes de prácticamente todos los partidos con representación parlamentaria, mientras en paralelo se profundiza el trabajo con organizaciones de grandes empresas, empresas de menor tamaño, organizaciones de trabajadores y de la sociedad civil. El objetivo es contar a inicios de octubre con una propuesta consensuada, que incorpore las opiniones y propuestas de los participantes, la que luego se debería traducir en una lista de reformas legales y medidas administrativas priorizadas. Nuestra intención es que esta batería de medidas pueda en el corto plazo, ser seguida y evaluada por un mecanismo concordado en el propio Pacto.

En cuanto a las propuestas de reforma del impuesto a la renta, los informes de la OCDE y del Comité de Expertos sobre Espacio Fiscal permitirán definir la brecha de financiamiento que debería ser cubierta financieramente por dicha reforma, considerando asimismo la menor recaudación que generarían las medidas de estímulo fiscal. Sobre esta base se preparará un proyecto de ley que se presentará al Congreso Nacional en marzo próximo, cuando se haya cumplido el año de vacancia desde el rechazo de la anterior propuesta de reforma tributaria.

Enfrentando los desafíos, aprovechando las oportunidades

Elevar la capacidad de crecimiento de la economía chilena no es sólo un desafío, también representa una oportunidad. Esto ocurre porque la economía mundial está experimentando cambios profundos que han incrementado la demanda por productos que como país podemos suministrar desde una posición privilegiada. Es así como los avances que Chile puede lograr en el desarrollo de una minería de cobre más limpia, en la extracción de litio, en la generación de energías renovables, en la producción de hidrógeno verde y en el desarrollo de la economía digital, unido a las cadenas de valor en torno a cada uno de estos sectores, ofrecen una oportunidad única en varias generaciones para dar un salto hacia el desarrollo.

En efecto, los compromisos asumidos por los países en materia de reducción de emisiones y electromovilidad han provocado un aumento sustancial de la demanda potencial por cobre y litio. Este incremento, que se ha expresado en significativos aumentos de precios aún en un contexto de bajo crecimiento de los principales países consumidores, encuentra a Chile con las mayores reservas mundiales, con proyectos en marcha y desarrollos tecnológicos que favorecen la respuesta a ese interés.

En materia energética, por otra parte, Chile se encuentra también en una posición de liderazgo dado el importante avance en la producción de energías renovables, que cubren ya más de la mitad de la generación de energía eléctrica en el país, proporción que se elevará a 85% a final de esta década. Las favorables condiciones en materia de radiación solar en el norte del país y constancia de los vientos en el extremo sur, generan amplias ventajas comparativas para la producción de hidrógeno verde.

Por último, la estabilidad institucional y la calidad de las regulaciones posicionan a Chile en un lugar privilegiado para las inversiones relacionadas con la economía digital, mientras que la penetración de banda ancha facilita el desarrollo de servicios basados en este sector.

Diversos estudios y análisis han sostenido que las condiciones actuales permitirán que el desarrollo de esta nuevas industrias alcancen un nivel similar al aporte que realiza la minería del cobre en la economía chilena. Esto sería clave para revertir la tendencia declinante del potencial de crecimiento que el país viene experimentando en los últimos 15 años. Para ello, sin embargo, es importante actuar con sentido de urgencia y unidad de propósito. Chile no es el único país en el mundo que visualiza en estos sectores una oportunidad para dinamizar su economía y por lo mismo, no puede permitirse el lujo de paralizarse en cuestiones ideológicas o burocráticas.

En virtud de lo anterior, como parte de la agenda de Pacto Fiscal, se han identificado metas concretas a alcanzar en cada una de estas industrias al término de la actual administración, así como medidas para asegurar dichas metas y su extensión futura. En este plano el Gobierno ha buscado actuar con el mayor pragmatismo posible, incorporando y escuchando a actores que, por su experiencia, pueden contribuir en este empeño.

El Proyecto de Ley de Presupuestos para 2024

El Presupuesto Nacional no sólo es el principal instrumento de política fiscal macroeconómica, sino que es la expresión financiera de los compromisos y prioridades del Estado en las distintas áreas de su quehacer. El Proyecto de Ley de Presupuestos para 2024 debe reflejar, en consecuencia, un avance en los temas señalados más arriba.

El Presupuesto para 2024 busca aportar al avance del país después de cinco años de volatilidad e incertidumbre. Es así como el escenario económico 2024 contempla un crecimiento del PIB de 2,5%, lo que representa una consolidación del crecimiento trimestral esperado para este segundo semestre de 2023, con un término del ajuste del consumo, una recuperación de la producción de cobre y un aumento de la inversión. En lo que respecta a la inflación, se espera su convergencia a la meta del Banco Central a mediados de año. Ambas variables son consistentes con la normalización anunciada de la política monetaria y la reducción de los premios por riesgo en la economía.

El Proyecto de Ley de Presupuestos para 2024, por otro lado, cumple con las metas de política fiscal comprometidas al inicio de la actual administración. Esto se traduce en una reducción del déficit efectivo a 1,9% del PIB, del balance cíclicamente ajustado a -1,9% del PIB y una deuda pública que se ubicará en 41,1% del PIB. Para ello, el gasto del gobierno central presupuestario se expandirá en un 3,5% real. Esta alza excederá a la proyectada para 2023 (2,2%), reflejando el crecimiento de 2,3% del PIB tendencial, el aumento del precio del cobre de largo plazo de 374 a 386 centavos de dólar la libra, la recuperación de la producción del cobre y los mayores ingresos estructurales provenientes del litio. Aun así, se trata de un presupuesto austero comparado con la expansión del gasto público en los 15 años anteriores, equivalente a un 6,3% promedio anual.

Dentro de este agregado se mantendrá el énfasis en la seguridad ciudadana, la seguridad social y la seguridad económica.

En el caso de la seguridad ciudadana, se acelerará el ritmo de expansión del gasto en seguridad pública y administración de justicia a un 5,7% real. Ello incluye la continuación de los esfuerzos por elevar la dotación, capacitación y equipamiento de las policías, así como el desarrollo de plan de lucha contra el crimen organizado y la profundización de los programas preventivos. En el caso del sistema de justicia, se fortalece la administración carcelaria en tanto se preparan las reformas legales comprometidas para elevar las capacidades operativas del Ministerio Público y el Poder Judicial.

En el caso de la seguridad social, el gasto social se expandirá en un 4,6% real, dentro del cual destaca el crecimiento del gasto en vivienda (8,8%), salud (8,1%) y subsidios orientados al 60% más pobre de la población (70% en SUF, Asignación Familiar y Bono Marzo). Por su parte, el gasto en Educación también crecerá a un ritmo superior al del PIB (4,2%), para continuar con el programa de reactivación educativa y la implementación de los Servicios Locales de Educación. Ello incluye también un mayor gasto en asistencialidad estudiantil y la expansión de la gratuidad universitaria, para incorporar a 39.000 estudiantes.

En materia de seguridad económica, la inversión pública se consolidará en un 4,1% del PIB, reflejando la citada ampliación de la inversión en vivienda, así como los recursos que anticipan la aplicación del royalty minero. Asimismo, el esfuerzo por elevar la productividad se reflejará en la canalización de las rentas del litio hacia la diversificación productiva y la inversión en ciencia y tecnología. Esta última se expandirá en 10,6% combinando gastos directos de los Ministerios de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y de Economía, Fomento y Turismo, inversiones de otros programas públicos y beneficios tributarios.

Durante este año, experimentamos condiciones climáticas extremas que se manifestaron en un verano seco y un invierno con lluvias escasas pero intensas. Estos fenómenos desencadenaron desastres de gran envergadura en la zona centro-sur del país, causando pérdidas significativas en el stock de capital, y la infraestructura social y productiva. Por ello, la seguridad económica también se verá reforzada por una mejor preparación financiera y de equipamiento para afrontar eventuales desastres naturales, que a menudo tienen efectos devastadores en las actividades productivas de menor escala.

Por último, el Proyecto de Ley de Presupuestos para 2024 contendrá avances sustantivos en materia de transparencia. Es así como en el caso de las transferencias a instituciones públicas y privadas sin fines de lucro mediante convenios, se revisan las normas del articulado de la ley y se reducen drásticamente las excepciones y casos especiales consignados en glosas presupuestarias. Esto último intensifica el esfuerzo iniciado en el anterior presupuesto en cuanto a reducir el volumen de glosas que establecen tratos especiales o exigencias duplicadas. Asimismo, descienden a la mitad los gastos reservados de la Presidencia de la República y se fortalece la estructura programática del presupuesto en varias de sus partidas. Todo ello deberá complementarse con un programa robusto de evaluación de cara al presupuesto para 2025, después de que en la confección de la actual propuesta los programas mal evaluados reducen su financiamiento en un 22%.

Otras dimensiones de la Hacienda Pública

EI informe sobre el Estado de la Hacienda Pública 2023 aborda también otras facetas de la gestión del Ministerio de Hacienda durante el último año y los planes para el futuro inmediato. Desde luego, el Ministerio de Hacienda ha desarrollado una nutrida agenda legislativa, logrando la aprobación de 25 Proyectos de Ley, algunos de los cuales fueron iniciados por moción, o se presentaron en la administración anterior.

Un componente importante de la agenda legislativa se ha orientado a promover un mercado de capitales más profundo, estable e inclusivo. En esta materia destacan iniciativas en materia financiera, incluyendo la Ley N° 21.543 que crea un Fondo de Garantías Especiales, el proyecto de Ley que crea un Registro de Deuda Consolidada[3], el proyecto de Ley que fortalece la Resiliencia del Sistema Financiero y sus Infraestructuras[4] y, por último, el proyecto de Ley que establece un Sistema de Supervisión basado en Riesgo para las compañías de seguros[5].

Este Gobierno está comprometido con una mayor descentralización fiscal, dados los beneficios que puede traer en ámbitos como la eficiencia en la entrega de los servicios por parte del Estado, la distribución de recursos entre regiones, y la capacidad para identificar las urgencias de cada región. Destaca en esta materia el ingreso a tramitación legislativa del proyecto de Ley que dicta las normas sobre financiamiento regional, descentralización fiscal y responsabilidad fiscal regional.

Mención aparte es para el seguimiento de la integración de materias ambientales en la gestión de política económicas y la Estrategia Financiera frente al Cambio Climático, con una activa participación del Ministerio en el desarrollo de una taxonomía verde —o sistema de clasificación de actividades económicas medioambientales sostenibles— y avances hacia una correcta medición del Capital Natural del país.

El Ministerio de Hacienda también se ha comprometido a generar condiciones habilitantes para robustecer el accionar de los distintos servicios del Estado, con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía prestaciones oportunas, pertinentes y de calidad, mediante la Agenda de Modernización 2022-2026, con la finalidad de recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones. En 2024 esto se verá reforzado al asumir el liderazgo de la política de Gobierno Digital, que se transferirá desde la Secretaría General de la Presidencia.

También resulta importante resaltar el firme compromiso del Ministerio con la equidad de género en todas las áreas de su gestión, desde la composición de sus equipos profesionales y ejecutivos, el respaldo a propuestas legislativas que mejoran la autonomía económica de las mujeres, la paridad en posiciones de liderazgo, la inclusión de indicadores basados en porcentajes de mujeres en directorios en la emisión de bonos vinculados a la sostenibilidad y en el aumento de la participación de mujeres en el proceso de estimación de los parámetros estructurales.

En resumen, estimadas parlamentarias y parlamentarios, estamos enfocados en aplicar una política económica y financiera que se adapte a las circunstancias actuales, atienda las demandas y preocupaciones de la ciudadanía, y proporcione una base sólida y estable para las transformaciones que el país necesita para avanzar al desarrollo. Estamos abiertos a escuchar, explicar y dialogar en beneficio de la mayoría de la población manteniendo nuestro compromiso ineludible con la estabilidad de las finanzas públicas que sabemos es una fuente relevante de certidumbre para todos los actores económicos y sociales.

Esperamos mantener un debate constructivo sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos para 2024, así como en los diversos proyectos que forman parte del Pacto Fiscal, la próxima Reforma Previsional y las distintas propuestas legislativas. Si en verdad compartimos la necesidad de proporcionar mayor seguridad a las personas, reducir la incertidumbre para las empresas y abrir el espacio al emprendimiento y la innovación, lo único que nos falta es actuar en consecuencia, para lo cual pueden contar con el Gobierno y con este Ministerio de Hacienda en particular.