IV. Protegiendo a los Hogares

Entre 2019 y 2021 los hogares chilenos estuvieron expuestos a shocks adversos de gran magnitud, provenientes de importantes cambios en el entorno económico que afectaron la actividad, las remuneraciones, la inflación, y el empleo, a una escala no vista en varias décadas. Parte de esta situación fue compartida por otras economías del mundo en el contexto de la crisis del Covid-19 y sus secuelas, frente a lo cual muchos observadores advirtieron el riesgo de costos sociales de grandes proporciones[1]. En el caso de Chile, el primer impacto de la crisis involucró una caída desestacionalizada del Producto Interno Bruto (PIB) de 13% en el segundo trimestre de 2020; la destrucción de alrededor de 720 mil puestos de trabajo entre febrero y mayo de ese año, un aumento de la pobreza y una fuerte alza de la desigualdad (Capítulo IV.2.2 y IV.2.3).

Para enfrentar esta crisis, las medidas de política se focalizaron en alivios de corto plazo y generaron un importante desequilibrio macroeconómico. Entre mediados de 2020 y diciembre de 2021, se inyectó a los hogares chilenos recursos equivalentes a un 35% del PIB por la vía de transferencias masivas y retiros de fondos de pensiones. Con ello, el consumo de bienes durables superó en un 50% los niveles previos a la crisis a mediados de 2021; el déficit fiscal estructural llegó a casi un 11% del PIB ese año, las importaciones de bienes de consumo aumentaron drásticamente, llevando la cuenta corriente a un fuerte deterioro, mientras que la inflación comenzaba una incontenible tendencia al alza. Posteriormente, a comienzos de 2022 la invasión rusa a Ucrania provocó un incremento de los precios globales de la energía y de los alimentos, contribuyendo a aumentar las presiones inflacionarias locales (Capítulo I.1).

Como consecuencia de lo anterior, la Canasta Básica de Alimentos (CBA) registró alzas mensuales por 19 meses consecutivos, alcanzando una tasa máxima de variación anual de 28,2% en diciembre de 2022, equivalente a $14.170 más que el valor de la CBA en el mismo mes del año anterior (Gráfico V.1). En tanto, los salarios reales fueron negativamente afectados por la alta inflación, reduciendo así el poder adquisitivo e impactando especialmente a los hogares de ingresos más bajos, quienes también han enfrentado el incremento en el costo de la vida producto del mayor precio de los alimentos (Gráfico IV.2).

Ante la realidad de una alta inflación era imprescindible un ajuste fiscal importante para estabilizar la economía y contribuir con la política monetaria en su disminución. Cuando ocurren estos ajustes necesarios, no todos los hogares ni empresas están preparados, por lo que esta administración reemplazó las transferencias masivas e indiscriminadas aplicadas durante los años previos por medidas concentradas en los grupos de mayor riesgo, creando mecanismos de compensación por el alza del costo de la vida para los hogares más vulnerables (Capítulo IV.1).

Con esta consolidación fiscal la economía fue avanzando hacia un necesario ajuste, comenzando a reequilibrarse (Capítulo I.2). Además, en el segundo semestre de 2022 los precios internacionales del petróleo y alimentos comenzaron a descender y, como recientemente se han moderado, han contribuido a que el valor de la CBA se estabilice. En lo que va del año, la CBA presenta una variación de 1,5%, en relación con el valor de diciembre de 2022, es decir un aumento de $963. Por otro lado, desde diciembre de 2022 se observa una mejora en los salarios desestacionalizados manteniendo una tendencia positiva, en línea con la disminución de la inflación. Es más, en los meses de mayo y junio de 2023, el Índice Real de Remuneraciones desestacionalizado mostró aumentos mensuales de 0,7%.

Por otra parte, luego de verse fuertemente impactado por la pandemia, en lo último el mercado laboral ha mostrado resiliencia. Coherente con la desaceleración de la actividad la creación de empleo ha sido baja, pero la tasa de desempleo desestacionalizada se ha mantenido estable en niveles de 8,4% desde fines de 2022 (Gráfico IV.3). La estabilidad del desempleo se debe en gran parte a un aumento en la tasa de participación laboral, aun cuando se mantiene bajo los niveles prepandemia. En particular, la tasa de participación femenina del trimestre mayo-junio aumentó 1,9 puntos porcentuales año a año, creciendo a un nivel superior que la de los hombres y acercándose rápidamente a los niveles observados en julio de 2019 (Gráfico IV.4).

IV.1. Medidas para la seguridad económica

Con el propósito de complementar las medidas adoptadas en 2022 en el contexto del "Plan Chile Apoya", destinadas a favorecer la situación de las familias y apoyar la recuperación de la economía, en 2023 el gobierno impulsó un conjunto importante de iniciativas para la seguridad económica, reforzar los mecanismos de protección social de los hogares, la recuperación del empleo formal e impulsar la actividad económica.

IV.1.1. Aumento del universo de beneficiarios y beneficiarias de la Pensión Garantizada Universal

La Ley N°21.419, publicada el 29 de enero de 2022, creó la Pensión Garantizada Universal (PGU) que implicó un importante avance en la cobertura de la población más vulnerable, permitiendo ampliar el universo de personas mayores beneficiarias desde el 60% de la población de menores recursos que estaba cubierta por el Pilar Solidario[2], a toda la población de 65 y más años, con excepción del 10% de mayores ingresos perteneciente a este mismo universo de personas mayores de 65 años. Además se incorporó a las personas de 65 años y más que no estuviesen pensionadas.

Sin embargo, el criterio de focalización que dispuso esta ley restringió el umbral para definir a la población elegible para recibir el beneficio. En efecto, estableció como universo de focalización el grupo compuesto por la población de 65 y más años, que presenta menores niveles de ingresos y mayores niveles de pobreza que la población total del país. Así, la población elegible para la PGU quedó referenciada a un grupo poblacional de menores ingresos que lo que estipulaba el Pilar Solidario, dejando excluidos a personas que efectivamente figuraban con ingresos superiores al 90% más vulnerable de la población mayor de 65 años, pero que eran menores al 10% de mayores ingresos de la población total del país. Es decir, personas que habrían calificado para acceder a la PGU utilizando la metodología de focalización del Sistema de Pensiones Solidarias (sobre total de la población), quedaron sobre el umbral de elegibilidad con la nueva metodología establecida en la Ley N° 21.419 de la PGU, no pudiendo acceder a este beneficio.

Para corregir estas dificultades y avanzar en la universalización de este beneficio, en enero de 2023 se publicó la Ley N° 21.538 (también conocida como Ley Corta de la PGU), que modificó la Ley N° 21.419 que creó la PGU. Con dicha ley se modificó el universo de referencia desde la población de 65 o más años a toda la población del país, ampliando la cantidad de personas mayores beneficiarias.

Esta nueva normativa permite identificar a las personas beneficiarias que solicitan la PGU en función de si su grupo familiar pertenece al 90% de menores ingresos de la población total del país, en lugar de si pertenece al 90% de menores ingresos de la población de 65 y más años. Al hacer el umbral consistente con los criterios de vulnerabilidad aplicados al Pilar Solidario, existe un aumento en el número de personas que accede a la PGU, el que ha sido estimado en aproximadamente 73 mil beneficiarios el primer año y que alcanzará alrededor de 76 mil personas en régimen. La ley comenzó a regir en abril del presente año.

IV.1.2. Impulsando nuevas medidas para la seguridad económica de los hogares

A comienzos del presente año se incorporaron nuevas medidas, tanto administrativas como legislativas, que extienden y complementan las iniciativas adoptadas en 2022, para continuar apoyando a los hogares a enfrentar el aumento del costo de la vida y a los trabajadores en la recuperación de los empleos formales y la economía.

IV.1.2.1. Medidas administrativas: Reforzamiento de PAE y BAES, FOGAES y convenios medicamentos

Entre las medidas que no requieren tramitación legislativa se incluyó la ampliación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) a 50 mil niños y niñas de pre-kinder y kinder de colegios públicos; el aumento en $5 mil adicionales de la Beca de Alimentación para la Educación Superior (BAES); y la extensión de la postulación a los subsidios Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) Laboral y Protege Apoya durante todo el primer semestre de 2023, para que nuevas personas pudiesen acceder, potenciando así la creación de nuevos empleos formales.

Las iniciativas también contemplaron la implementación de un Fondo de Garantías Especiales Estatales (FOGAES) de $50 mil millones para promover los créditos, impulsar la inversión y el empleo en el sector construcción. Una parte de estos recursos está destinado a facilitar el acceso a créditos hipotecarios para la adquisición de primeras viviendas mediante el otorgamiento de garantías para el pie del 10% de créditos hipotecarios de unidades nuevas, y de hasta 4.500 UF para aquellas personas que no hubiesen recibido ningún otro beneficio estatal adicional para el financiamiento (Capítulo III.4).

También, para apoyar la compra de medicamentos, se incorporó la ampliación de los convenios directos con las cadenas de farmacias, permitiendo, entre otras cosas, aumentar la cantidad de medicamentos con descuento para las personas usuarias del Fondo Nacional de Salud (FONASA) desde 2.700 a 6.900 y los puntos de venta de 240 a 512 locales, generando un incremento desde 16% a 32% de ahorro promedio de las familias en este tipo de productos.

IV.1.2.2. Medidas legislativas: Aumento del Aporte Familiar Permanente, de la Asignación Familiar y del Subsidio Único Familiar y creación del Bolsillo Familiar Electrónico

Dentro de las iniciativas legales impulsadas para dar seguridad económica a las personas y familias más vulnerables se encuentra la Ley N° 21.550. Publicada el 25 de marzo del presente año, dispuso la concesión de un aporte extraordinario, de cargo fiscal y por única vez, del Aporte Familiar Permanente (también conocido como Bono Marzo), equivalente a $60 mil, durante marzo de 2023. Los beneficiarios obtuvieron el Aporte Familiar Permanente regular y el pago adicional en virtud de este beneficio, alcanzando un total cercano a $120 mil. Esta iniciativa permitió apoyar a casi 3 millones de personas pertenecientes a 1,5 millones de hogares en un mes económicamente desafiante para muchas familias a lo largo de nuestro país.

La Ley N° 21.550 también aumentó los montos y la cobertura de otros beneficios sociales destinados a las personas y hogares más vulnerables. Se incrementó la Asignación Familiar y Maternal (AF) y el Subsidio Único Familiar (SUF) en un 20% a partir del 1 de mayo de 2023, pasando el primer tramo de beneficios desde $16.828 a $20.328 por carga para las personas beneficiarias cuyo ingreso mensual no exceda de $429.899. Por su parte, el segundo tramo, se incrementó desde $10.327 a $12.475 por carga para aquellas personas con ingreso mensual entre $429.899 y $627.913. El tercer tramo, en tanto, se incrementó desde $3.264 a $3.942 por carga para el ingreso mensual ubicado entre $627.913 y $979.330 (Gráficos IV.1.2.2.1 y IV.1.2.2.2).

La Ley N° 21.550 también dispuso un procedimiento automático para la concesión del SUF cuando los causantes sean niños, niñas y adolescentes menores a 18 años pertenecientes a los hogares del 40% más vulnerable de la población. Ello, debido a que, hasta ese entonces, cerca de 900 mil personas no accedían al SUF, pudiendo ser una de las causas el trámite de postulación.

Además, para ayudar a los hogares a compensar el alza de los precios de los alimentos se estableció la entrega de un aporte mensual de cargo fiscal mediante el denominado Bolsillo Familiar Electrónico (BFE). La creación del BFE constituye una innovación importante, que permite a las personas beneficiadas acceder al apoyo del Estado para la compra en el comercio del rubro de alimentos con su CuentaRUT. Además, posee múltiples ventajas asociadas a la bancarización, digitalización de las personas, educación financiera y formalización de la economía. También permitirá gestionar de forma más eficiente la entrega de beneficios estatales y mejorar la experiencia del usuario en la recepción de los mismos.

IV.1.3. Reajuste del Ingreso Mínimo Mensual, aumento del universo de personas beneficiarias de la Asignación Familiar y extensión del Ingreso Mínimo Garantizado y el subsidio temporal a las micro, pequeñas y medianas empresas

Cumpliendo el compromiso de programa del Presidente Boric de alcanzar un salario mínimo de $500 mil, en mayo se publicó la Ley N° 21.578 que reajusta el Ingreso Mínimo Mensual (IMM), entrega un conjunto de apoyos a las familias y extiende el subsidio temporal a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes). Este reajuste, contó con el acuerdo de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y dispone el aumento del IMM hasta alcanzar $500 mil en julio de 2024 para las personas trabajadoras de entre 18 y 65 años, el cual se realizará a través de tres incrementos graduales. El primero, permitió incrementar el salario mínimo a $440 mil a contar del 1 de mayo de 2023, el segundo lo elevó a $460 mil desde el 1 de septiembre de 2023, y el tercero, a $500 mil aplicará a contar del 1 de julio de 2024.

El reajuste del salario mínimo también incorporó un mecanismo especial en el caso que la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) supere el 6% en un periodo de doce meses a diciembre de 2023, que aumentaría anticipadamente el salario mínimo en $10 mil a contar del 1 de enero de 2024, alcanzando $470 mil a partir de esa fecha, para las personas trabajadoras antes referidas. Posterior a esta fecha, la ley establece un reajuste automático del salario mínimo de acuerdo a la variación acumulada por el IPC entre los meses de julio y diciembre de 2024 que se hará efectiva a contar del 1 de enero de 2025.

La ley de reajuste también incorporó otros elementos de apoyo en favor de los hogares y personas trabajadoras de menores ingresos. Adicional al reajuste del 20% de los montos de la AF y del SUF efectuado en virtud de la Ley N° 21.550 (que introdujo medidas para la seguridad económica de los hogares mencionadas en la sección anterior), la Ley N° 21.578 reajustó los ingresos que determinan los tramos para recibir la AF y el SUF, lo cual permitirá aumentar la cantidad de personas que reciben estos beneficios. A contar del 1 mayo de 2023 esta normativa estableció los siguientes montos y tramos de la AF (Gráficos IV.3.3 y IV.3.4):[4]

1. Tramo 1: entrega $20.328 por carga para las personas beneficiarias cuyo ingreso mensual no exceda de $515.879.
2. Tramo 2: entrega $12.475 por carga, para las personas beneficiarias cuyo ingreso mensual supere los $515.879 y no exceda de $753.496.
3. Tramo 3: entrega $3.942 por carga, para las personas beneficiarias cuyo ingreso mensual supere los $753.496 y no exceda de $1.175.196.

Aquellas personas cuyo ingreso mensual supere $1.175.196 no tendrán derecho a estos beneficios.

La Ley N° 21.578 también modificó la Ley N° 21.218 que creó el Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) a fin de extender su vigencia y continuar apoyando a los trabajadores y trabajadoras de menores ingresos y fomentar el empleo formal. El IMG corresponde a un subsidio temporal de cargo fiscal creado en abril de 2020 para mejorar las remuneraciones de las personas trabajadoras dependientes de menores ingresos que posean una jornada laboral de al menos 30 horas semanales y que integren un hogar perteneciente a los nueve primeros deciles de ingresos según el Registro Social de Hogares (RSH). En su diseño original la Ley N° 21.218 dispuso la entrada en vigencia de este beneficio para mayo de 2020 y su término quedó establecido para diciembre de 2023. No obstante, con el propósito continuar apoyando la recuperación del empleo formal y las remuneraciones de quienes obtienen menores ingresos, la Ley N° 21.578 extendió la vigencia del IMG desde el 31 de diciembre de 2023 hasta el 30 de junio de 2024 y reajustó los parámetros que determinan el monto del beneficio a recibir en consonancia con el incremento del salario mínimo a 2024. Así, estas modificaciones elevaron el tope de remuneraciones para optar al beneficio hasta $500 mil, considerando que el 1 de julio de 2024 el ingreso mínimo mensual alcanzará dicho monto, lo cual permitirá beneficiar a más personas y extender el periodo durante el cual los trabajadores y trabajadoras podrán percibir este beneficio, desde diciembre del presente año hasta junio de 2024.

Por otra parte, para ayudar a las Mipymes a costear el aumento en la remuneración de sus trabajadores y trabajadoras producto del reajuste en el ingreso mínimo mensual, se estableció un subsidio temporal de carácter mensual que va variando de acuerdo con los cambios que experimenta el salario mínimo y va asociado al tamaño de la empresa. La vigencia de este subsidio se extenderá hasta abril de 2025 y se espera que permita beneficiar a cerca de 180 mil Mipymes y cooperativas.

IV.1.4. Aumento Extraordinario del Bono de Invierno para el año 2023

Con el fin de continuar fortaleciendo la economía de los hogares de menores ingresos, la Ley N° 21.584 estableció un aporte extraordinario anunciado por el Presidente de la República en su segunda Cuenta Pública, para incrementar el bono de invierno, que se entrega de forma regular durante mayo de cada año, a casi el doble. El aporte extraordinario, de cargo fiscal, tuvo un valor de $60 mil y su pago comenzó a partir de junio en una sola cuota y sin necesidad de postulación, a quienes cumplían con los requisitos para recibirlo. Podían acceder a este aporte, las personas de 65 o más años, beneficiarias del Bono de Invierno que se otorga de acuerdo con el artículo 20 de la Ley N° 21.526, alcanzando aproximadamente 1,6 millones de personas a nivel nacional.

IV.2. Análisis de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN)

Durante julio de 2023 el Ministerio de Desarrollo Social y Familia[5] publicó la quinceava versión de la encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, CASEN 2022[6], que es la principal encuesta de caracterización socioeconómica realizada en nuestro país desde 1987. Esta encuesta permite conocer la situación de los hogares, especialmente de aquellos en situación de pobreza, y evaluar el impacto de las políticas sociales en el ingreso y gasto y en la distribución de los ingresos. Su objeto de estudio son los hogares que habitan en viviendas particulares en el territorio nacional, exceptuando algunas comunas y partes de comunas definidas por el INE[7], como áreas especiales.

IV.2.1. Ingresos de los hogares

Los resultados de la encuesta CASEN 2022 revelaron que los ingresos de los hogares fueron afectados por diversas razones, entre ellas, el confinamiento en pandemia con importantes restricciones de movilidad en 2020 y parte de 2021, el recrudecimiento de la inflación en 2022 y la consecuente caída de salarios reales, y el debilitamiento de la actividad económica. En efecto, respecto de la CASEN 2017 los ingresos autónomos de los hogares presentaron una caída de 0,5% promedio anual. Respecto de la CASEN 2020, la comparación no muestra este deterioro, puesto que dicho año fue el epicentro de la crisis sanitaria, con una caída en el año de 6,1% real del PIB y de 11% del empleo, lo que significó un importante empeoramiento en el ingreso de los hogares, que se sale de la tendencia.

Esta merma en el ingreso de los hogares fue mitigada con políticas sociales más agresivas. Los subsidios monetarios mostraron un alza de 12,9% promedio anual en comparación con el 2017 y de 6,1% promedio anual respecto de 2020 (Cuadro IV.2.1.1). Por ello, la medición de ingreso monetario, es decir, aquel ingreso que incluye las transferencias fiscales por concepto de subsidios, no mostró un descenso, sino que se mantuvo estable respecto de 2017. En el decil de menores ingresos, los subsidios lograron aminorar el descenso de 43% real del ingreso autónomo entre 2017 y 2022 a menos de 5%.

Al analizar la fuente de crecimiento de los subsidios se aprecia que gran parte de la expansión se produjo en los subsidios previamente existentes, tales como, la AF el SUF, aportes a pensiones, etc. Los subsidios introducidos durante 2022 y parte de 2021 fueron: IFE Laboral Apoya, Subsidio Protege Apoya, Bono Chile Apoya Invierno, Bono Aporte CBA, IFE (último pago 2021) e IMG, y en conjunto estas medidas llegaron a representar el 18% del total de ayudas económicas entregadas de acuerdo a la encuesta CASEN 2022. En detalle, en pesos de noviembre 2022, el total de subsidios entregados en 2022 fue de $67.770 promedio mensual por hogar, de los cuales $12.432 correspondió a nuevas medidas y el resto a subsidios previamente vigentes (Gráfico IV.2.1.1), que se elevaron en la actual coyuntura, como ocurre con la conversión del Pilar Solidario de vejez a la PGU.

Con relación al grado de focalización de los subsidios, se observa que estos se concentran en los primeros tres deciles, donde se percibe alrededor del 48% del total de estas transferencias, y en los primeros seis deciles, el 82% del total.

Adicionalmente, en cuanto a la descomposición de los $12.432 que se entregan en promedio a cada hogar mes a mes, se puede apreciar que el Aporte para la CBA es el subsidio que proporciona el mayor aporte ($4.882), seguido por el IFE Universal ($3.320) y el Bono Chile Apoya de Invierno ($2.563).

IV.2.2. Evolución de la pobreza

Tras experimentar un incremento durante la pandemia, la incidencia de la pobreza por ingresos ha retomado su tendencia a la baja. Actualmente, se sitúa dos puntos porcentuales (pp.) por debajo de lo registrado en el año 2017 y 4,2 pp. menos que en el año 2020. Al analizar separadamente la pobreza y la pobreza extrema, se aprecia que ambas han disminuido, alcanzando en esta medición 2022 un nuevo mínimo histórico. La población en pobreza extrema se redujo a 2,0%, desde un 2,3% de 2017, y la población en pobreza no extrema a 4,5%, desde un 6,2% en 2017 (Gráfico IV.2.2.1). Por su parte, la pobreza multidimensional, que no fue medida en CASEN 2020 debido a los ajustes para realizarla en pandemia, también muestra un descenso importante respecto de 2017, tanto al considerar su medición en 4 y 5 dimensiones (Gráfico IV.2.2.2).

A pesar de que la pobreza ha disminuido con respecto a los datos de 2017, en 2022 observamos un aumento en el porcentaje de población nacida fuera de Chile que se encuentra en situación de pobreza. Concretamente, en 2017, la tasa de pobreza entre las personas nacidas en Chile fue del 8,4%, mientras que en 2022 se redujo al 6,1%. En contraste, la tasa de pobreza entre las personas nacidas fuera de Chile aumentó de un 10,7% en 2017 a un 11,1% en 2022.

En cuanto a la pobreza multidimensional, se observa un incremento en la incidencia entre la población nacida fuera de Chile en comparación con los datos de 2017. En 2017, esta tasa se situaba en un 21,6%, pero en 2022 aumentó significativamente al alcanzar un 29,6%. Por otro lado, las personas nacidas en Chile experimentaron una notable reducción en la pobreza multidimensional, pasando del 20,2% en 2017 a un 15,7% en 2022.

Al examinar la situación de los hogares en situación de pobreza por ingresos, se observa que este grupo constituye el 5,6% del total de hogares, lo que equivale a 394,466 hogares. Cuando se compara la distribución de estos hogares según la edad del jefe de familia en los años 2017 y 2022, se destacan diferencias significativas. En 2017, los hogares con jefes de familia de entre 45 y 59 años representaban un 7% del total, mientras que los hogares cuyos jefes tenían entre 30 y 44 años, alcanzaban el 9,4%. En 2022, los hogares encabezados por personas de 30 a 44 años experimentaron una reducción importante respecto al 2017, llegando al 6,8%, mientras que aquellos liderados por personas de 45 a 59 años representaron el 6,1% del total.

IV.2.3. Evolución de la desigualdad

El coeficiente de Gini, una medida comúnmente utilizada para evaluar la desigualdad de ingresos refleja una mejora a nivel de hogares según el ingreso monetario. En la medición de 2020, se observó un aumento del índice, alcanzando un valor cercano a 0,51. Sin embargo, en la actualidad, se ha evidenciado una disminución significativa hasta llegar a 0,47. En comparación con 2017, también se ha registrado una caída, cercana a 0,02 (Gráfico IV.2.3.1).

Como se mencionó anteriormente, los subsidios derivados de las políticas sociales han desempeñado un papel fundamental no solo en mitigar los efectos de la pandemia en el ingreso de los hogares, sino que también en disminuir la desigualdad y mejorar la distribución de los ingresos. Ello se refleja en la diferencia entre el coeficiente de Gini medido según los ingresos monetarios y autónomos de los hogares. La reducción del coeficiente de Gini de los ingresos monetarios ha sido más significativa que en el caso de los ingresos autónomos, ya que el primero incluye los subsidios entregados por el Estado. Este efecto también es notorio en el índice 20/20, donde se observa que los ingresos autónomos de los hogares del 20% más rico representan casi 13 veces los del 20% más pobre, por sobre las casi 11 veces en 2017, mientras que, al considerar el ingreso monetario, los ingresos del 20% más rico son 8,2 veces los del 20% más pobre, bajo el resultado de 2017 cuando el valor era de 8,5 (Gráfico IV.2.3.2).

IV.3 EMERGENCIAS CLIMÁTICAS

Durante 2023 se registraron condiciones climáticas extremas caracterizadas por un verano seco y un invierno con lluvias acotadas pero intensas, ambos con altas temperaturas (Gráficos IV.3.1) generando desastres de gran impacto social y económico en la zona centro sur del país con pérdidas en stock de capital, en infraestructura social y productiva[8].

Durante el verano se experimentó un fenómeno meteorológico de altas temperaturas que, en combinación con la abundante disponibilidad de combustible vegetal, generó una serie de incendios forestales simultáneos que abarcó una superficie aproximada de 363 mil hectáreas en tan solo 72 horas, cifra que equivale al 83% de la superficie total afectada durante la temporada de incendios forestales 2022-2023, que llegó a 440 mil hectáreas. Las regiones afectadas fueron Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos.

En tanto, durante el invierno, eventos meteorológicos de alta intensidad (río atmosférico) azotaron a las regiones entre Valparaíso y Biobío, provocando intensas lluvias, incluso en la alta cordillera, lo que causó la activación de quebradas y un rápido incremento en el caudal de ríos, que posteriormente generaron desbordes e inundaciones.

La pérdida de stock de capital económico de los eventos fue de US$ 3.136 millones: 28% asociado a los incendios y 72% a las inundaciones. Mientras los costos de los incendios se concentraron en actividad e infraestructura silvoagropecuaria (71%), los costos de las inundaciones se enfocaron en infraestructura pública y viviendas (80%)[9] (Gráfico IV.3.2). Estas cifras que no consideran la degradación del capital natural, resaltan la necesidad de seguir avanzando en su medición para poder incorporar estos costos en las decisiones de política pública y empresarial, y así asegurar la sostenibilidad de nuestro desarrollo (Recuadro III.G).

La composición de daños fue distinta en cada evento, en parte debido a la causa del desastre y en otra, producto de la zona geográfica afectada (los incendios se concentraron en la cordillera de la Costa y las inundaciones en el Valle Central). En materia de infraestructura pública y vivienda, si bien el daño en vivienda fue superior a 40% del daño total en los tres eventos, los incendios forestales llevaron a importantes pérdidas en infraestructura social (colegios, servicios sanitarios rurales, etc.), mientras que en el caso de las inundaciones el daño en obras viales y desembanque y encauzamiento de cauces naturales fue significativo. (Gráfico IV.3.3). En lo que respecta a daños en la actividad productiva, en los incendios el 90% correspondió a pérdida forestal, en tanto en las inundaciones se concentró en infraestructura de riego extrapredial e infraestructura intrapredial (65%) (Gráfico IV.3.4).

Como respuesta a estas emergencias, el Gobierno ha realizado una serie de medidas tendientes a proteger a las familias damnificadas: Ayuda Temprana (combate, reconstrucción, ayuda a personas y sectores productivos afectados); un Plan de Reconstrucción para las zonas afectadas por los incendios forestales (articulado en los ejes: habitabilidad; apoyo psicosocial; reactivación productiva; infraestructura habilitante; y territorio y sustentabilidad); y un Plan de Recuperación en el caso de las inundaciones (en los ejes: recuperación de la habitabilidad de las viviendas; rehabilitación productiva; recuperación de infraestructura; y apoyo a los municipios para la gestión de los gastos de la emergencia).

Además, con el objetivo de incentivar el aporte de privados (empresas y personas naturales) para financiar la construcción, reconstrucción, reposición, remodelación, restauración o rehabilitación de infraestructura, obras y equipamiento, en marzo de este año se activó el Fondo Nacional de la Reconstrucción, creado con la Ley N° 20.444 de 2010, que establece una serie de beneficios tributarios incentivando las donaciones que apoyen la reconstrucción de las zonas afectadas por una catástrofe. En el Fondo Nacional de Reconstrucción[10] se registran 126 proyectos susceptibles de recibir donaciones, de los cuales, 48 tienen financiamiento comprometido por un monto total de 11 millones de dólares. La mayor parte de ellos están asociados a la actividad forestal y desarrollo regional (Gráfico IV.3.5). Con estos proyectos se beneficiará a más de 4.500 familias en forma directa, 2 comunidades educativas, 55 comunidades territoriales con infraestructura específica para ellos y 10 municipios.