I. Ministerio de Hacienda (2022-2026)

Al iniciar el mandato del actual Gobierno la economía se encontraba, por un lado, con grandes desequilibrios económicos, fiscales y financieros y, por otro lado, con una baja capacidad de crecimiento estructural. Las masivas transferencias fiscales y retiros desde los fondos de pensiones realizados durante la pandemia agregaron a la economía una liquidez de aproximadamente 35% del Producto Interno Bruto (PIB), generando desequilibrios significativos. El consumo privado se expandió sobrecalentando la economía y se generó un escenario de déficits gemelos: alto déficit fiscal y déficit de cuenta corriente, así como fuertes presiones sobre los precios. Además, el inicio de la invasión rusa en Ucrania, en febrero 2022, agravó el nivel de incertidumbre política y económica, puesto que aumentaron los precios de los combustibles, se depreciaron las monedas y las tasas de interés se elevaron alcanzando máximos de la última década. Así, en 2022 la inflación en Chile alcanzó máximos de los últimos 30 años.

Para enfrentar los desequilibrios macroeconómicos la actual administración realizó una de las mayores consolidaciones fiscales a nivel mundial en 2022 y el Banco Central continuó con su política monetaria contractiva. En 2022 el Gobierno ajustó el gasto fiscal en un 23% respecto al año previo. Al mismo tiempo, otorgó ayudas focalizadas a los hogares más afectados por la inflación y cerró la puerta a nuevos retiros de fondos de pensiones. Con todo, logró un superávit fiscal de 1,1% del PIB. La creación del Bolsillo Familiar Electrónico (BFE) como herramienta de protección social formal, así como la contención de los precios de los combustibles, fueron herramientas claves para apoyar a los hogares en este periodo de alta inflación.

Además, se control≤ó el crecimiento de la deuda como porcentaje del PIB. Esta aumentó alrededor de 13 puntos durante el periodo 2018-2021.

Todas las medidas anteriores, sumado a una relativa disminución de las tensiones geopolíticas en el escenario externo, dieron como resultado que la economía finalizara el ajuste macroeconómico que requería durante 2023. Este ajuste económico fue eficiente, centrándose en corregir los desequilibrios donde se originaron, sin provocar una recesión profunda. Se logró, a su vez, conjugar la responsabilidad macroeconómica con la responsabilidad social, toda vez que el ajuste se realizó al mismo tiempo que se apoyaba directamente a las familias que más lo necesitaban y se subía el salario mínimo real. En consecuencia, el nivel de pobreza llegó a su nivel más bajo históricamente.

Este Gobierno tomó el compromiso de responsabilidad fiscal, complementando y modernizando los instrumentos para cuidar las finanzas públicas. Así, en el primer año se ingresaron modificaciones al proyecto de Ley que promueve la responsabilidad y transparencia en la gestión financiera del Estado, ingresado por la administración anterior. El proyecto fue aprobado por el Congreso, reformando la Ley N° 20.128 sobre Responsabilidad Fiscal para fortalecer el marco normativo y la institucionalidad del país. Estas modificaciones promueven el comportamiento contracíclico de la política fiscal, refuerzan su credibilidad y promueven la sostenibilidad de las finanzas públicas, lo que está en línea con el compromiso adquirido por el Gobierno.

La actual administración estableció como objetivo el aumentar los ingresos estructurales del fisco, con el fin de responder a urgencias sociales de manera responsable y sostenible en el tiempo. Como resultado de esta agenda, el 24 de octubre de 2024 se publicó la Ley N° 21.713 que Dicta normas para asegurar el Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias dentro del Pacto por el Crecimiento, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal, que busca aumentar la recaudación tributaria en 1,5% del PIB. Dicha recaudación adicional se destinará a elevar la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250 mil y aumentar el gasto público en seguridad pública. A su vez, la Ley modifica el acceso a la información bancaria para fines tributarios y mejora la Norma General Antielusiva (NGA) para combatir este tipo de prácticas y asegurar un cumplimiento tributario más riguroso.

En enero de 2024 entró en vigencia la Ley N° 21.591 sobre Royalty a la Minería, cerrando una discusión que se prolongó por más de cuatro años y cumpliendo con un doble objetivo en beneficio del país. Por un lado, dicha ley ha incrementado la participación del Estado en las rentas del cobre, con una recaudación en régimen de 0,45% del PIB, y ha permitido cumplir con importantes compromisos en materia de descentralización y seguridad pública. Por otro lado, la claridad en las reglas tributarias para la industria propició un aumento en la inversión minera.

En materia de política económica, a inicios del Gobierno el Presidente de la República mandató el desarrollo de una agenda de productividad como camino para impulsar el crecimiento estructural del PIB mediante reformas microeconómicas y financieras. La Agenda de Productividad, coordinada en conjunto con el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, fue lanzada en enero de 2023 e incluyó 46 medidas organizadas en nueve ejes y fue diseñada con la participación del sector privado. Las acciones de esta agenda ya están casi completadas, con solo dos medidas pendientes para el primer trimestre de 2026. Estas buscan mejorar la inversión, reducir tiempos de tramitación y promover la digitalización, con un impacto directo en el crecimiento económico y la competitividad del país. Adicionalmente, en 2024 el Ministerio de Hacienda creó la Coordinación de Regulación Económica con el objetivo de asesorar al ministro en materias de regulación económica que inciden en la inversión y el crecimiento económico, teniendo una importante labor en el Gabinete Pro Crecimiento y Empleo.

En agosto de 2023 el Presidente Gabriel Boric anunció que se presentaría al país un Pacto por el Crecimiento, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal (Pacto Fiscal). Al mismo tiempo, se convocaron reuniones con todos los partidos políticos y se encargaron dos estudios, uno a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y otro al Comité de Expertos sobre Espacio Fiscal y Crecimiento Tendencial. Ya con las conclusiones de ambos estudios, en diciembre 2023 el Ministerio de Hacienda presentó el informe final del Pacto por el Crecimiento, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal que consolidó las conversaciones sostenidas con los distintos actores, y dio cuenta de una agenda multidimensional para generar y movilizar recursos en función de los desafíos económicos y sociales del país. Posterior a la presentación de este informe final, en mayo de 2024 el Ejecutivo y el Congreso acordaron un fast track a 20 proyectos legislativos enmarcados en el Pacto Fiscal. A la fecha de publicación de este informe, el porcentaje promedio de avance en la tramitación de los proyectos alcanza un 66%, con seis que han completado en su totalidad la tramitación en el Congreso y se despacharon a Ley.

Dentro de las medidas impulsadas por este Gobierno para ampliar la capacidad de crecimiento de la economía se encuentran la aceleración y simplificación de los permisos sectoriales —que de acuerdo con las estimaciones del Comité de Expertos sobre Espacio Fiscal y Crecimiento Tendencial generarían un aumento gradual del PIB hasta llegar a 2,4 puntos porcentuales al cabo de diez años—, y el desarrollo de la industria del litio que ha alcanzado tres acuerdos público-privados. Por su parte, la Reforma de Pensiones incrementará el ahorro permitiendo que los activos de fondos de pensiones invertidos en el mercado doméstico alcancen en torno a un 63% del PIB en dos décadas, 30 puntos más que la cifra actual, lo que facilitará recursos para la inversión y aumentará el crecimiento económico.

Por su parte, la política comercial del país, que ha enfrentado un escenario internacional complejo, ha continuado expandiéndose y modernizando sus tratados. Destacan las negociaciones con India y Filipinas, además de procesos de adhesión al Acuerdo de Asociación de Economía Digital y al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP). Además, desde febrero de este año entró en vigencia el Acuerdo Interino Comercial entre Chile y la Unión Europea. Estos esfuerzos han impulsado un dinamismo histórico en las exportaciones de bienes y servicios, que alcanzaron récord durante este año, y han reforzado la atracción de Inversión Extranjera Directa, respaldada por un marco jurídico confiable y en proceso de perfeccionamiento. Asimismo, se está evaluando la creación de un mecanismo de revisión de inversiones extranjeras basado en criterios de seguridad nacional, siguiendo la experiencia comparada de países de la OCDE. Todo ello refleja el compromiso de Chile con una política comercial moderna, inclusiva y orientada a los nuevos desafíos económicos, sociales y medioambientales.

En 2024 la economía creció 2,6%, consolidando su senda de crecimiento. La inflación se normalizó, siendo afectada transitoriamente por el necesario ajuste de las tarifas eléctricas. Durante ese mismo año el consumo privado se expandió 1,0%, recuperándose tras el imprescindible enfriamiento de 2023, y las exportaciones crecieron con fuerza, alcanzando récords históricos. A medida que la inflación ha mantenido la convergencia hacia la meta de 3%, el Banco Central ha continuado el ciclo hacia la neutralidad que inició en el segundo semestre de 2023.

Las perspectivas de crecimiento del PIB para este año y los próximos alcanzaron un punto de inflexión en el mercado. A modo de ejemplo, la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE), –que realiza el Banco Central a un grupo de académicos, consultores y asesores de instituciones financieras y corporaciones– ha mostrado un cambio en las proyecciones de crecimiento del PIB. Para 2023, las proyecciones de los encuestados se mostraban más pesimistas que los datos efectivos y preveían una contracción de la economía; y finalmente la actividad creció 0,5% ese año. Para 2024 se dio una situación similar, los consultados de la EEE anticipaban un crecimiento menor al 2% a inicios del año, por debajo del crecimiento efectivo de 2,6% (Gráfico I.1). En cambio, para este año, en la mayoría de los meses los encuestados han proyectado crecimientos sobre 2% y, para los próximos dos años, han anticipado cifras en torno a 2%.

El Ministerio de Hacienda prevé un crecimiento de 2,5% para este año, con un impulso tanto por el lado de la demanda interna como del sector externo. Las exportaciones alcanzaron récord histórico en junio de este año, y para el año móvil terminado en agosto 2025 totalizaron US$102 miles de millones. Mientras que, por el lado de la demanda interna, el consumo privado ha completado cuatro trimestres consecutivos con crecimientos interanuales por sobre el 1%. La inversión se ha recuperado tras la caída del segundo semestre de 2023, con expectativas positivas para este año, observándose un crecimiento importante en el monto de inversión privada según los últimos Catastros de la Corporación de Bienes de Capital (CBC) y un aumento en las importaciones de bienes de capital. Por su parte, la inflación continuará descendiendo hasta llegar a la meta de 3% durante el primer semestre de 2026.

Con todo, la actual administración terminará su periodo en un marco fiscal y económico más optimista, sólido y sostenible en comparación a cómo se encontraba la situación al momento de asumir. La economía pasó de estar sobrecalentada —con una inflación al alza que alcanzó cifras de dos dígitos, un déficit de cuenta corriente histórico y un balance fiscal insostenible— a ser una economía con cuentas fiscales sostenibles, que controló su nivel de gasto de Gobierno y de deuda pública, con una inflación encaminada hacia la meta del Banco Central y un nivel de crecimiento apoyado por el consumo, la inversión y el sector externo. Todo lo anterior se ha visto reflejado en distintos indicadores: los índices de riesgo contra el incumplimiento de los bonos y de incertidumbre política y económica volvieron a niveles previos al estallido social de octubre 2019, la Bolsa ha tenido un desempeño positivo con un importante crecimiento en este último año, las calificaciones crediticias se han mantenido sin rebajas y las expectativas de consumidores y empresas han mejorado respecto a marzo de 2022.