III. Crecimiento, Inversión y Mercado de Capitales

III.1.    Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal

Durante el año 2023, mientras la economía realizaba su ajuste tras los desequilibrios macroeconómicos provocados por una política fiscal procíclica y los retiros de los fondos de pensiones, tanto el sector público como el privado relevaron la importancia de fomentar el crecimiento económico estructural y detectar desafíos en materia de política fiscal. Para este último, se encargaron dos estudios. Uno, a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), donde se estimó el ahorro fiscal que resultaría de mayores eficiencias en el gasto público. El segundo estudio fue encargado al Comité de Expertos sobre Espacio Fiscal y Crecimiento Tendencial y se enfocó en estimar el impacto en las holguras fiscales de las medidas de estímulo al crecimiento contenidas en el Pacto Fiscal.

El Comité de Expertos fue presidido por el exvicepresidente del Banco Central de Chile y exministro de Hacienda, Manuel Marfán, y contó con la colaboración de los expresidentes del Banco Central de Chile, José De Gregorio y Rodrigo Vergara; el exministro de Hacienda, Ignacio Briones; el exdirector de Presupuestos, José Pablo Arellano; y las destacadas economistas Andrea Tokman y Andrea Repetto. Este Comité estimó que, de cumplirse las medidas analizadas, se generarían holguras fiscales adicionales por un total de 1,04% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2034. Las propuestas consideradas en la medición fueron el mayor desarrollo del cobre y litio, la reducción del impuesto de primera categoría y la existencia de una tasa de desarrollo, la depreciación semi-instantánea, la reducción en los tiempos de obtención de permisos para proyectos de inversión y el impacto de energías limpias, hidrógeno verde y sus derivados.

Con las conclusiones de ambos estudios, el Ministerio de Hacienda presentó en diciembre 2023 el informe final del Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal (en adelante, el “Pacto”) que da cuenta de una agenda multidimensional para generar y movilizar recursos en función de los desafíos económicos y sociales del país. Las medidas y principios recogidos en el Pacto se resumen en seis grandes ejes: (i) Impulso al crecimiento a través de la inversión, productividad y formalización de la economía (36 medidas); (ii) Compromisos de reforma para fortalecer la transparencia, eficiencia y calidad de servicio en el Estado (doce reformas); (iii) Necesidades y prioridades de gasto en favor de las necesidades expresadas por la ciudadanía (cuatro sectores); (iv) Principios para un sistema tributario moderno en Chile (doce principios); (v) Fiscalización y cumplimiento de las obligaciones tributarias y reforma al impuesto a la renta (30 medidas) y (vi) mecanismos institucionales para el seguimiento, monitoreo y evaluación del Pacto por un período de diez años. En el Cuadro III.1.1 se resumen las principales medidas aprobadas e implementadas del Pacto.

Con el fin de acelerar la implementación de algunas medidas contenidas en el Pacto, en mayo 2024 el Ministerio de Hacienda acordó con el Congreso otorgar un fast track a 20 proyectos legislativos. De los 20 proyectos, once se encuentran vinculados a medidas pro-crecimiento, cuatro a responsabilidad fiscal y cinco a reformas al sector público.

A la fecha de publicación de este informe, en el eje de Reforma al Estado del Pacto, la Ley N° 21.658, publicada el 09 de febrero de 2024, que Crea la Secretaría de Gobierno Digital en la Subsecretaría de Hacienda, y adecúa los cuerpos legales que indica, fortalece la arista de Gobierno Digital; con el proyecto de Ley que crea el Servicio de Auditoría Interna del Gobierno, que fue despachado a ley, se fortalecerá el carácter técnico e independiente de la auditoría general gubernamental y su institucionalidad, otorgando mayor capacidad y facultades. Para actualizar la Ley de Responsabilidad Fiscal y fortalecer la gestión de activos y pasivos financieros del Gobierno, así como de sus pasivos contingentes, se aprobó la Ley N° 21.683, publicada el 14 de agosto de 2024, que Promueve la Responsabilidad y Transparencia en la Gestión Financiera del Estado, la primera iniciativa aprobada del total de proyectos considerados en el fast track del Pacto Fiscal. Esta ley perfecciona la regla de Balance Estructural e introduce una regla dual, un ancla de deuda de mediano plazo, y cláusulas de escape cuando ocurran eventos extraordinarios y transitorios estableciendo normas para el retorno al balance.

Finalmente, para mejorar la administración de las compras y transacciones de bienes raíces del Estado, se aprobó la Ley N° 21.634, publicada el 11 de diciembre de 2023, que Moderniza la Ley N° 19.886 y otras leyes, para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del estado. Dicha ley moderniza el sistema de compras públicas a 20 años de su creación, con una transformación estructural resguardando la probidad, transparencia y eficiencia del gasto público. También, mediante la Resolución N° 164 del Ministerio de Hacienda, publicada el 08 de mayo de 2023, se creó el Comité de Seguimiento de la Inversión Pública con el fin de agilizar la ejecución de la inversión pública. Adicionalmente, existen siete proyectos de ley relacionados al eje de Reforma el Estado que se están tramitando en el Congreso.

En el eje de Crecimiento económico del Pacto, en materia de inversión, se aprobó la Ley que establece una Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales e introduce modificaciones en cuerpos legales que indica, la que tendrá como efecto una disminución en los tiempos para otorgar permisos a proyectos de inversión (ver Recuadro III.B.). También, la Ley N° 21.718, publicada el 29 de noviembre de 2024, sobre Agilización de Permisos de Construcción, simplificará los procedimientos administrativos y delimitará responsabilidades de organizaciones y profesionales que intervienen en procesos de aprobación de proyectos.

Adicionalmente, se está discutiendo en el Congreso el proyecto de Ley que Modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de fortalecer la institucionalidad ambiental y mejorar su eficiencia (Boletín 16552-12), en primer trámite constitucional, con el fin de modernizar la gestión de permisos ambientales. Asimismo, se revisó el Reglamento de la Ley N° 17.288 sobre excavaciones y/o prospecciones arqueológicas, antropológicas y paleontológicas, para mejorar la gestión de permisos ligados al Consejo de Monumentos Nacionales.

En este mismo eje, en abril de 2024, el Ejecutivo ingresó al Congreso el proyecto de Ley que Crea el Consejo Asesor de Infraestructura Pública (Boletín 16800-09), en primer trámite constitucional, con la finalidad de establecer un Consejo —con una institucionalidad robusta, moderna y de carácter técnico— que permitirá asesorar al Presidente de la República en materia de planificación de infraestructura y contribuirá a la elaboración de un Plan de Infraestructura Pública de Largo Plazo, en línea con las recomendaciones de la OCDE.

Para innovar y ofrecer a las empresas de todos los tamaños nuevos instrumentos de financiamiento para que puedan realizar inversiones en proyectos de innovación y adoptación tecnológica, el Gobierno ingresó al Congreso el proyecto de Ley que Crea una Agencia de Financiamiento e Inversión para el Desarrollo (Afide), y la autoriza a participar en fondos de fondos (Boletín 16889-05), en segundo trámite constitucional. A su vez, se encuentra la Ley N° 21.673, publicada el 30 de mayo de 2024, que Adopta medidas para combatir el sobreendeudamiento. Dicha ley crea un programa de garantías para el refinanciamiento de deudas de consumo y comerciales de las personas sobreendeudadas y así mitigar el alto endeudamiento de las familias del país. También, se ingresaron indicaciones al proyecto de Ley que Modifica la Ley de Fomento a la Marina Mercante y la Ley de Navegación, para fomentar la competencia en el mercado del cabotaje marítimo (Boletín 14532-15), en tercer trámite constitucional. Este proyecto tiene como objetivo modernizar y optimizar la regulación del transporte naviero de carga dentro del territorio nacional y así impulsar la competencia, reducir costos, mejorar la eficiencia y facilitar el comercio.

En cuanto a proyectos para industrias específicas, se lanzó el Plan de Acción de Hidrógeno Verde 2023-2030, que contiene 81 acciones distribuidas en 18 líneas de trabajo, con hitos de corto y mediano plazo que permitirán el despliegue de la industria y sus derivados en el país (ver Capítulo V, sección V.3.). Por su parte, el proyecto de Ley sobre el uso de agua de mar para desalinización (Boletín 11608-09), en primer trámite constitucional, permitirá apoyar en el Plan de Inversión en Infraestructura y Gestión Hídrica, para mitigar el impacto productivo de la escasez hídrica. Finalmente, para la industria del turismo, el Gobierno ingresó al Congreso el proyecto de Ley sobre Reactivación del turismo y de fomento a la industria audiovisual (Boletín 16817-05), en segundo trámite constitucional, el cual busca fomentar el desarrollo sostenible a largo plazo de esta actividad dado su efecto multiplicador en la economía y aumentar el ingreso de turistas extranjeros en al menos un millón al año (ver Capítulo V, sección V.5.).

El último eje del Pacto, Cumplimiento tributario, se encuentra totalmente aprobado mediante la Ley N° 21.713, publicada el 24 de octubre de 2024, que Dicta normas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias dentro del pacto por el crecimiento económico, el progreso social y la responsabilidad fiscal. Dicha ley contempla una serie de medidas enfocadas en combatir la evasión, la elusión y la informalidad, además de fortalecer la administración tributaria y brindar apoyo a las pequeñas y medianas empresas (Pymes).

Adicionalmente, se han aprobado dos leyes que no fueron consideradas dentro del Pacto pero que si lo están en el fast track legislativo. La primera es la Ley N° 21.745, publicada el 22 de mayo de 2025, que Modifica el Decreto Ley N° 825, de 1974, sobre impuesto a las ventas y servicios, para establecer un régimen tributario especial para comerciantes de ferias libres. El objetivo de esta iniciativa es avanzar hacia una mayor formalización del comercio de ferias libres, pues su informalidad estructural les impide cumplir con las obligaciones tributarias (ver Capítulo VII, subsección VII.2.2.). La segunda es la Ley N° 21.582, publicada el 7 de julio de 2023, que Suprime o modifica la intervención de notarios en trámites, actuaciones y gestiones determinadas. Dicha ley tiene como objetivo simplificar más de 20 trámites, en los que se requerirá Firma Electrónica Avanzada o ClaveÚnica, en lugar de un documento notarial. Además, elimina formalidades innecesarias en trámites específicos, lo que reduce la burocracia en los procedimientos administrativos.

Con todo, al cierre estadístico de este informe, el fast track legislativo alcanza un promedio de avance en la tramitación de sus proyectos de 63,3%, con tres que han completado en su totalidad la tramitación en el Congreso. Con los avances de las medidas contenida en el Pacto Fiscal y de los proyectos de ley contenidos en el fast track, se espera generar y movilizar recursos en función de los desafíos económicos y sociales del país, logrando una mejora en los ingresos del país, tanto en familias como empresas, y avanzando en las necesidades de la ciudadanía.

III.2.    Desempeño, perspectivas de inversión y oportunidades

El estancamiento de la inversión ha sido una importante fuente de preocupación, la tasa de crecimiento anualizada de la formación bruta de capital fijo (FBCF) entre 2012 y 2024 alcanza un 0,7%, ubicándose por debajo de la misma cifra para el PIB, que asciende a un 2,0%. Por su parte, la productividad de la economía no minera ha crecido a un ritmo promedio en torno a 0,2% desde 2012. El desafío de recuperar el crecimiento de la inversión y la productividad se ha tomado la agenda del Gobierno del Presidente Boric, implementándose medidas tanto administrativas como legislativas. Dentro de estos desafíos, los más importantes son modernizar, simplificar y hacer más eficiente la regulación que deben enfrentar los proyectos de inversión, con el objetivo de atraer más planes.

El Plan Invirtamos en Chile, lanzado en septiembre de 2022, finalizó en diciembre de 2023 con 26 medidas implementadas o en ejecución permanente. Este plan estuvo orientado a facilitar la articulación de la inversión en torno a seis ejes: estímulos tributarios a la inversión privada; mejoras al acceso al financiamiento; propuestas para mejorar la inversión pública; promover la inversión extranjera; mejoras a la eficacia de los procedimientos en regulaciones y permisos; y alianzas público-privadas para la inversión.

Por su parte, la Agenda de Productividad fue presentada en enero de 2023 con el fin de aumentar la productividad total de factores a nivel nacional. Esta agenda fue conformada en nueve ejes: mejoras de procesos para inversiones; facilitación de comercio; mercado de capitales; informalidad laboral; capacitación y reconversión laboral; innovación y transformación productiva; productividad en Mipymes; más competencia; y desnotarización y digitalización (ver Capítulo III, Recuadro III.A.).

El Pacto Fiscal, descrito en la sección anterior, que fue presentado en diciembre de 2023, también contempla medidas para impulsar la inversión y productividad. La Ley que Establece una Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales e introduce modificaciones en cuerpos legales que indica, constituye un hito en el contexto de medidas legislativas para impulsar la inversión contenidos en el fast track. También, la Ley N° 21.718, sobre agilización de permisos de construcción y el proyecto de Ley que Modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de fortalecer la institucionalidad ambiental y mejorar su eficiencia (Boletín 16552-12), en primer trámite constitucional al cierre de este informe. Ambas iniciativas buscan agilizar los procesos de inversión sin bajar los estándares regulatorios.

Finalmente, en julio de 2024, el Ministerio de Hacienda creó la Coordinación de Regulación Económica con el fin de incorporar una visión más amplia de las diferentes iniciativas que se impulsan en los distintos sectores y que tienen implicancias en el ámbito regulatorio. Esta coordinación ha tenido un rol importante en el Gabinete Pro-crecimiento y Empleo, asesorando sobre los desafíos administrativos y legislativos de la regulación actual.

III.2.1. Iniciativas para agilizar la inversión y reducir los costos de hacer negocios

La actual administración está comprometida con una agenda que permita sistematizar y simplificar el sistema regulatorio. Este esfuerzo de racionalización implica simplificar sin desregular, manteniendo los estándares de protección que justifican la existencia de permisos y autorizaciones para la realización de actividades económicas.

En diciembre de 2023, el Ministerio de Hacienda presentó el Informe final del Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal (ver Sección III.1.), que contiene medidas para movilizar recursos en función de los desafíos económicos y sociales del país. Estas medidas se clasifican en tres ejes: crecimiento, estado y cumplimiento tributario. En el eje de crecimiento, el Gobierno impulsó una serie de proyectos de mejora regulatoria con el fin de sistematizar, simplificar y digitalizar el marco regulatorio, garantizando al mismo tiempo la mantención de los estándares ambientales y de seguridad que legitiman los permisos y autorizaciones. Estas medidas se alinean con los Best Practice Principles for Licensing and Permitting de la OCDE y con la evidencia internacional que demuestra la incidencia positiva de la calidad regulatoria en la productividad y el crecimiento.

El Ministerio de Hacienda ha tenido un rol protagónico en el diseño e implementación de las medidas contenidas en el Pacto Fiscal. En efecto, para concentrar sus esfuerzos en las medidas de racionalización regulatoria, el Ministerio creó en 2024 la Coordinación de Regulación Económica (CRE) con un mandato claro: asesorar al ministro en materias de regulación económica y su impacto en las políticas públicas particularmente aquellas alineadas con los objetivos del Pacto Fiscal y que tengan un impacto en el crecimiento económico. Dicha función incluye tanto el análisis durante la elaboración de leyes y reglamentos, como la evaluación y reforma de la regulación existente buscando la mejora, simplificación y racionalización del marco regulatorio.

En esta tarea, la CRE ha participado en diversas iniciativas para agilizar la inversión y reducir los costos de hacer negocios. En particular, la coordinación ha intervenido en los siguientes hitos normativos durante 2024‑2025:

1. Análisis y diseño de las indicaciones sustitutivas a los proyectos de ley de Concesiones Marítimas y Patrimonio Cultural.
2. Mejora en el diseño y redacción del Reglamento de Excavaciones Arqueológicas y Paleontológicas.
3. Apoyar al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo con análisis y propuestas de mejoras en el diseño de las indicaciones durante la tramitación de las leyes Marco de Autorizaciones Sectoriales y de Fraccionamiento de Cuotas de Pesca.
4. Apoyar al Ministerio de Energía en la tramitación del proyecto de ley de Subsidios Eléctricos.
5. Coordinación interministerial, en conjunto con los ministerios de Economía, Fomento y Turismo, Medio Ambiente y Energía, del proyecto de Ley de Aceleración de la Descarbonización, cuyo ingreso al Congreso está previsto para este segundo semestre de 2025, entre otras.

En materia de coordinación intersectorial, la CRE apoya al Ministerio de Hacienda en el Consejo de Sustentabilidad y Cambio Climático, el Consejo Nacional de Riego y el Comité Consultivo de Alto Nivel para la Estrategia de Minerales Críticos. Asimismo, esta coordinación asumió un rol protagónico dentro del Gabinete Pro‑Crecimiento y Empleo para fijar una agenda de trabajo en las industrias en las que Chile tiene ventajas comparativas para identificar rutas críticas y destrabar inversiones por más de US$ 12 mil millones.

III.2.2. Inversión Pública: Identificación y ejecución gasto de capital en 2025

Además de las medidas que ha impulsado esta administración para disminuir los tiempos de tramitación de la inversión privada, también se han definido acciones para aumentar la inversión pública y acelerar los procesos administrativos. En el marco del Plan Invirtamos en Chile, presentado en septiembre de 2022, en el tercer eje se definieron diez medidas en pro de mejorar la ejecución del gasto de capital público. Dentro de este plan se incluyeron medidas como: aumento en la inversión pública de 10% anual para el 2023; mejoras en los procesos administrativos, sistemas informáticos y tecnologías que aumenten la productividad del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Gobierno Regionales y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere); y la creación de un comité de seguimiento para monitorear la inversión pública habilitante para otros proyectos de inversión productivos.

Adicionalmente, en 2024, el Gobierno impulsó cambios para facilitar la inversión pública en proyectos bajo las cinco mil Unidades Tributarias Mensual (UTM). En la misma línea que el Plan Invirtamos en Chile, los Ministerios de Desarrollo Social y Familia, y de Hacienda implementaron cambios significativos en el Sistema Nacional de Inversiones (SNI), con la incorporación de un proceso de eximición especial que beneficia a proyectos de inversión más pequeños, especialmente aquellos presentados por las municipalidades. Estas medidas se enfocan en agilizar inversiones que tienden a ser más intensivas en mano de obra y de alto impacto social.

El trabajo coordinado en el Gabinete Pro Crecimiento y Empleo permitió identificar el 91,1% de la inversión pública de 2025 a febrero de este año, acelerando la ejecución de iniciativas y, a su vez, aumentando la ejecución presupuestaria.

Con todos los esfuerzos, el avance en la ejecución de la inversión pública ha logrado cifras históricas. A julio de este año, la ejecución acumulada de gasto capital alcanzó un avance de 47,7% sobre la Ley de Presupuestos aprobada, con un avance de 44,3% en la ejecución de la inversión y de 50,4% en la ejecución de las transferencias de capital. A su vez, este avance en la ejecución acumulada de gasto de capital representa una cifra significativamente por sobre el 35,8% del mismo mes para el año 2022 (Gráfico III.2.2.1).

Finalmente, a inicios de este año, el Gobierno ajustó criterios de evaluación para continuar mejorando la agilización de la inversión pública. Este ajuste consistió en un nuevo instructivo de proporcionalidad que impactará en el 20% de las iniciativas de infraestructura pública que, junto a medidas implementadas en 2024, genera mejores condiciones para acelerar un tercio de las obras públicas del SNI.

III.2.3. Perspectivas de inversión

La diversificación productiva, el acceso a mercados internacionales, la profundización de los mercados de capitales y contar con una regulación moderna y eficiente constituyen elementos clave para asegurar un flujo constante de inversión. Tras la definición del Royalty minero que puso fin a la incertidumbre de los inversionistas, el stock de proyectos de este sector ha aumentado de forma significativa. Por su parte, las medidas contenidas en el Plan Invirtamos en Chile, la Agenda de Productividad y el fast track legislativo han propiciado un ambiente más favorable para los proyectos de inversión. Además, la flexibilización de las condiciones financieras y la profundización del mercado de capitales, junto con las iniciativas para robustecer este sector como la reforma previsional, favorecen las condiciones locales para atraer más inversión.

La inversión, que presentó caídas en el segundo semestre de 2023 y se estancó en el primer trimestre de 2024 producto del deterioro de las condiciones financieras internacionales y la depreciación del tipo de cambio, ha mostrado señales de recuperación. La FBCF ha crecido 3,3%, 1,4% y 5,6% anual en el cuarto trimestre de 2024 y el primer y segundo trimestre de este año, respectivamente (Gráfico III.2.3.1). El componente Maquinaria y equipo se ha recuperado con crecimientos interanuales sobre 5% desde el cuarto trimestre del año pasado, mientras que Construcción y otras obras, tras mantenerse casi sin variaciones en los últimos cuatro años, registró un crecimiento anual de 2,0% en el primer trimestre de 2025. Al cierre estadístico de este informe, las importaciones de bienes de capital han completado doce meses consecutivos de alzas interanuales, con la suma móvil anual alcanzando máximos en los últimos 30 meses (Gráfico III.2.3.2).

El compromiso de este Gobierno por impulsar la inversión, junto a la flexibilización de las condiciones financieras, se ha visto reflejado tanto en las cifras efectivas de FBCF, como en el aumento de las importaciones de bienes de capital y las alzas en las proyecciones de inversión privada de los catastros de la Corporación de Bienes de Capital (CBC). Dentro de las acciones propuestas por este Gobierno se encuentra el Plan Invirtamos en Chile, la Agenda de Productividad, las medidas pro-inversión contenidas en el Pacto Fiscal y las disposiciones administrativas y legislativas propuestas por el Gabinete Pro-crecimiento y Empleo. Los impactos de estas acciones, sumado a la mejora de las condiciones financieras respecto al 2022 y 2023 ya están marcando un punto de inflexión en la evolución de la inversión.

El catastro de inversión privada de la CBC de junio 2025, último informe disponible, mostró alzas significativas en la inversión proyectada tanto para este año como para los siguientes (Gráfico III.2.3.3). Este catastro mostró una inversión privada total que asciende a los US$ 54,7 mil millones para el cuatrienio 2025-2028, con US$ 18,2 mil millones adicionales respecto a junio 2024. Respecto al catastro del mismo periodo de 2022, la inversión para este año presenta un alza de US$ 14 mil millones y un aumento de US$ 11,7 mil millones para 2026.

A nivel de sectores, la última cifra disponible contabiliza una inversión privada total de US$ 15 mil millones para Energía en el cuatrienio 2025-2028, observándose un alza de US$ 3.172 millones respecto al catastro de marzo 2025. En junio 2025 su sumaron 27 nuevos proyectos para este sector: catorce centrales fotovoltaicas, Central hidroeléctrica Rucalhue, dos parques eólicos, cinco de almacenamientos, entre otros.

Para el sector minero, en junio la CBC contabilizó una inversión privada total de US$ 21,5 mil millones para el cuatrienio 2025-2028, aumentando en US$ 503 millones respecto al catastro anterior. En este sector destacó la entrada de dos proyectos: Proyecto Polo Sur y Optimización Minera Centinela y Adecuaciones Obras Mineras Para Continuidad Operacional de CMLB.

En el sector Inmobiliario se observó un alza de US$ 935 millones para el cuatrienio 2025-2028 respecto a marzo de 2025, con una inversión privada total de US$ 6.280 millones para el periodo. En comparación al catastro anterior, se sumaron 40 nuevos proyectos por un total de US$ 1.054 millones para dicho periodo.

Finalmente, el sector de Obras públicas muestra una inversión total de US$ 7.916 millones para el cuatrienio mencionado, con un total de 75 proyectos. En el sector de Tecnología, los proyectos catastrados suman una inversión total de US$ 407 millones, mientras que, en los sectores Industrial, Puertos y Forestal la inversión asciende a US$ 446 millones para el cuatrienio.

Con todo, el Ministerio de Hacienda estima que la FBCF cierre este año con un crecimiento anual de 4,4%, destacando la recuperación del componente Maquinaria y equipo (+8,5% anual). Para los próximos años 2026-2027, se prevé que el crecimiento se ubique en torno a 3,6% anual. Estas estimaciones están en línea con las encuestas a expertos, como las de Bloomberg, Encuestas de Expectativas Económicas y las proyecciones que realizó el FMI (Gráfico III.2.3.4). Por su parte, el FMI estima un crecimiento de 4,3% para la FBCF este año. Para el próximo año prevé una estabilización en la tasa de crecimiento de la inversión en torno a 3,4%.

III.2.4. Oportunidades de negocio e inversión en el contexto internacional actual

La política comercial de Chile se ha caracterizado históricamente por una apertura decidida al mundo, lo que ha permitido al país consolidarse como una economía pequeña pero altamente conectada con los mercados internacionales. Actualmente, alrededor del 88% del PIB mundial se encuentra cubierto por la red de acuerdos comerciales de Chile, la cual incluye tratados vigentes con 65 economías, más de 30 convenios para evitar la doble tributación, 32 acuerdos de promoción y protección de inversiones, y diversos instrumentos complementarios que fortalecen los beneficios y oportunidades económico-comerciales del país.

En un entorno internacional marcado por crecientes tensiones comerciales, fragmentación geopolítica y cambios estructurales en el orden económico global, Chile ha reafirmado su compromiso con una política comercial ambiciosa, moderna y basada en reglas. Esto se ha traducido en una continua expansión y actualización de su red de acuerdos internacionales, con miras a incorporar altos estándares y abordar los nuevos desafíos económicos, sociales y medioambientales del siglo XXI. Esto implica que, con mayor importancia y decisión, Chile deberá explorar continuamente nuevos mercados y promover la modernización de acuerdos ya vigentes que permitan asumir estos nuevos desafíos.

Los esfuerzos por complementar la red de acuerdos internacionales han continuado durante la actual administración. Por un lado, se ha profundizado en relaciones comerciales ya existentes y, por otro, se han iniciado negociaciones con nuevos socios comerciales y se han llevado a cabo procesos de adhesión tendientes a la incorporación de nuevos miembros a bloques a los cuales Chile pertenece. Con Filipinas, se inició la negociación de un Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA, por sus siglas en inglés) que busca incluir altos estándares en materia comercial y promover el comercio con una región en pleno desarrollo, como lo es el Sudeste Asiático. Para ello, se llevaron a cabo dos rondas de negociaciones, la primera en diciembre de 2024 y la segunda en julio de 2025 en la ciudad de Santiago de Chile.

El 1 de febrero de 2025 entró en vigor del Acuerdo Interino Comercial (AIC o ITA por sus siglas en inglés) entre Chile y la Unión Europea. La modernización de este acuerdo permitirá contar con un marco institucional actualizado para enfrentar los desafíos actuales en materia de política comercial y de inversiones, otorgando no solo un mejor acceso de productos chilenos al mercado europeo, sino que también estableciendo altos estándares de protección ambiental y laboral, que permiten promover un desarrollo sostenible. Además, será la primera vez que la Unión Europea firme un capítulo de género y comercio en un acuerdo comercial, promoviendo la igualdad de oportunidades y trato entre hombres y mujeres. Por su parte, el Tratado de Libre Comercio suscrito con los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA por sus siglas en inglés, que reúne a Islandia, Suiza, Noruega y Liechtenstein) se encuentra en proceso de ratificación.

Por otra parte, se establece un marco jurídico único que regula las inversiones entre Chile y la UE, reemplazando los 16 Acuerdos de Protección de Inversiones bilaterales vigentes entre Chile y Estados Miembros de la UE, corrigiendo inconsistencias y divergencias entre dichos acuerdos. Este marco, además, garantizará el derecho a regular del Estado para perseguir objetivos legítimos de política pública y a la vez promover altos estándares de protección a las inversiones. Contará con una Corte de Inversiones como mecanismo de solución de controversias, que tendrá un carácter permanente y brindará mayor previsibilidad y consistencia a las decisiones, otorgando legitimidad al sistema de solución de controversias.

En esta misma línea, durante el mes de mayo de 2025, se iniciaron las negociaciones entre Chile e India de cara a un Acuerdo de Asociación Económica Integral. Este acuerdo tiene por objeto profundizar en las relaciones comerciales ya existentes. Asimismo, se ha trabajado en procesos de adhesión al Acuerdo de Asociación de Economía Digital (DEPA, por sus siglas en inglés) y al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés). Respecto del DEPA, numerosos países han solicitado unirse y durante el mes de enero de 2025 fue anunciado que el proceso de adhesión de Costa Rica al DEPA concluyó con éxito. Aquel país también se encuentra en proceso de negociación para la adhesión al CPTPP, lo que permitiría ampliar la red comercial chilena dentro del continente. 

Todo lo anterior permite afirmar que Chile sigue contando con una amplia, ambiciosa y robusta red de Tratados de Libre Comercio (TLCs) a nivel mundial, que ha permitido un crecimiento nunca antes registrado en materia de comercio. Al cierre estadístico de este informe, en base a las cifras publicadas por el Banco Central de Chile, las exportaciones chilenas de bienes continúan alcanzando récord, con un total de US$ 102.010 millones FOB (free on board, por su definición en inglés) en el año móvil terminado en agosto 2025, exhibiendo un crecimiento de 6,5% en comparación con el mismo período del año anterior (Gráfico III.2.4.1).

Por su parte, las exportaciones de servicios han consolidado un sólido y sostenido dinamismo anotando prestaciones al exterior por US$ 12.874 millones en el año móvil terminado en junio 2025, marcando el mayor registro histórico (Gráfico III.2.4.2). Esto significó un alza de 19,0%, en relación con el mismo periodo de 2024. Ello obedece no sólo a la apertura internacional con la que cuenta Chile, sino que también a los esfuerzos hechos para modernizar los compromisos comerciales en esta materia. Los acuerdos en asuntos de comercio de servicios y de servicios financieros han permitido en el país fomentar la especialización de las empresas, la competencia en los mercados, y la creación de nuevos sectores. En este sentido, se ha buscado que los TLCs no sólo incluyan ambiciosos compromisos en materia de comercio de servicios y de servicios financieros, sino que también se desarrollen bajo un ambiente que promueva la igualdad de género y la sostenibilidad, se fomente la participación de pequeñas y medianas empresas y se desarrollen bajo reglas justas y transparentes.

Gracias a los numerosos y ambiciosos acuerdos internacionales de inversión que Chile ha suscrito y modernizado a lo largo de los años, ha sido posible alcanzar un marco jurídico transparente y confiable que promueve la Inversión Extranjera Directa (IED) en el país y que apoya a quienes buscan nuevas oportunidades en el extranjero. Se ha reconocido su rol fundamental dentro del crecimiento económico de Chile en los últimos años y, por lo mismo, se han impulsado importantes reformas en esta materia que buscan propiciar el clima de IED, tales como la Ley que Establece una Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales e introduce modificaciones en cuerpos legales que indica. Además de leyes ya aprobadas, también siguen esfuerzos para reformar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que es muy importante para la inversión.

Paralelamente, la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Hacienda ha iniciado un proceso de análisis de un mecanismo de revisión de inversiones extranjeras basado en consideraciones de seguridad nacional para el país. Actualmente, Chile no cuenta con un mecanismo de este tipo, lo que implica evaluar la imposición de ciertas restricciones específicas fundadas en consideraciones de seguridad nacional, tales como restricciones a la adquisición de tierras fronterizas y de explotación de recursos como el litio y los hidrocarburos. No obstante, la experiencia comparada da cuenta de que estos sistemas se han implementado de manera generalizada en numerosos países, en especial en países miembros de la OCDE, con exitosos resultados. Si bien las consideraciones o los riesgos para la seguridad nacional de determinadas transacciones varían de un país a otro, los criterios para determinar tales riesgos y los sectores en donde se realizan las revisiones tienden a ser más uniformes. Se ha contemplado que el marco jurídico que implemente un mecanismo de revisión debe otorgar garantías suficientes a los inversionistas en cuanto a que no existirá arbitrariedad y que el mecanismo no será usado con fines proteccionistas. Asimismo, las directrices de la OCDE servirán de guía para definir un marco jurídico que no sea discriminatorio, que promueva la transparencia y ofrezca previsibilidad a los inversionistas, que contemple medidas proporcionales al objetivo, y considere la existencia de recursos para apelar contra la decisión de la autoridad.

Chile está estudiando los sistemas en otras economías, incluyendo Estados Unidos, España y, en particular, el modelo de la OCDE para generar una hoja de ruta que permita identificar los beneficios y desafíos de implementar un sistema que tome en consideración las particularidades de la economía chilena.

Sin perjuicio de lo anterior, vale destacar el importante y sostenido desarrollo que han tenido las IED en Chile durante los últimos tres años. El país recibió un flujo de inversión de US$ 12.521 millones durante 2024 y, en el año 2022 alcanzó su nivel más alto desde el 2015, con un flujo total de US$ 18.772 millones. Uno de los componentes más relevante del flujo acumulado de IED de 2024 fue la reinversión de utilidades, que alcanzaron los US$ 7.028 millones, seguido de las participaciones en el capital con US$ 5.927 millones.

III.3. Sistema financiero y mercado de capitales

Existe abundante literatura sobre la importancia del desarrollo financiero para el crecimiento económico y el desarrollo de los países. Por ello, desde el comienzo de esta administración se han tramitado y aprobado diversas leyes para mejorar el mercado de capitales y, en general, el sistema financiero, varias de las cuales iniciaron su tramitación legislativa en anteriores administraciones.

El 4 de enero de 2023 se publicó la Ley N° 21.521, que Promueve la Competencia e Inclusión Financiera a través de la Innovación y Tecnología en la Prestación de Servicios Financieros, Ley Fintec; el 30 de diciembre de 2023 se publicó la Ley N° 21.641, que Fortalece la Resiliencia del Sistema Financiero y sus Infraestructuras; y el 3 de julio de 2024 se publicó la Ley N° 21.680, que Crea un Registro de Deuda Consolidada (REDEC). La implementación de estas tres leyes, ya en pleno avance, es fundamental para el desarrollo tecnológico, la solidez y competencia del sistema financiero y especialmente para promover la inclusión financiera.

En esa misma línea, se está trabajando en reformas estructurales adicionales como parte de la agenda para el futuro inmediato, como el proyecto de Ley que Establece un sistema de supervisión basada en riesgo para las compañías de seguro (Boletín 7958-05), actualmente en segundo trámite constitucional.

Como complemento a estas leyes, que buscan fortalecer y mejorar en el mediano y largo plazo el sistema financiero, se han desarrollado y aprobado instrumentos para apoyar la economía de empresas y personas, especialmente las más vulnerables y con más dificultades para acceder a financiamiento. Entre estas iniciativas está el Fondo de Garantías Especiales (FOGAES) (ver Recuadro III.F.).

En cuanto a temas contingentes aún pendientes se debe destacar el prolongado estancamiento del crédito. Para recuperarlo es fundamental que las mencionadas medidas de apoyo público a empresas y personas sean complementadas por las instituciones financieras privadas, especialmente teniendo en cuenta la sólida situación patrimonial y elevada rentabilidad que perciben actualmente.

III.3.1. Usuarios del Sistema Financiero: Inclusión Financiera

En materia de inclusión y educación financiera, destaca el trabajo de la Comisión Asesora para la Inclusión Financiera (CAPIF), comisión creada en noviembre de 2014 con la misión de asesorar al Presidente o Presidenta de la República sobre el diseño y formulación de una Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF). En el año 2018, la CAPIF lanzó la primera Estrategia Nacional de Educación Financiera (ENEF), constituyendo la educación financiera como una política de Estado de carácter permanente. Tras años de inactividad, en 2022 se relanzó la CAPIF, iniciando la elaboración de la primera ENIF, actualmente en proceso de implementación junto con la actualización de la ENEF.

La elaboración de la ENIF se llevó a cabo por la Secretaría Técnica de la CAPIF, alojada en el Ministerio de Hacienda, mediante la labor colaborativa de dos grupos de trabajo: uno centrado en el acceso y uso de productos y servicios financieros y protección al consumidor, y otro centrado en educación financiera. Los grupos fueron integrados por representantes de las instituciones que componen la CAPIF, y se reunieron regularmente entre 2023 y 2024 para establecer lineamientos y medidas. Adicionalmente, se realizó una ronda de presentaciones de representantes del sector privado, organismos internacionales, sociedad civil y personas de la academia para los temas de cada grupo de trabajo.

El trabajo de los grupos fue respaldado con la asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la cual consistió en un diagnóstico del estado de la inclusión financiera en Chile y la identificación de áreas prioritarias. Lo anterior se materializó en un trabajo de dos fases: primero, una revisión de información secundaria y, luego, una fase de entrevistas a diversas instituciones financieras y entidades del sector público.

Como fruto del trabajo descrito, en enero del 2025 el Ministerio de Hacienda junto con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia lanzaron la primera ENIF. Esta se estructura en cuatro objetivos fundamentales:

1. Aumentar la confianza de la población en el sistema financiero.
2. Robustecer la infraestructura financiera.
3. Incrementar el acceso y uso de productos y servicios financieros.
4. Avanzar hacia un sistema financiero más inclusivo a través de productos y servicios que se ajusten a las necesidades de las personas.

La ENIF contempla 44 iniciativas que contribuirán al logro de esos objetivos, las cuales se desarrollarán en un plazo de cuatro años, asegurando un enfoque práctico y orientado a resultados.

Desde el lanzamiento de la ENIF, las instituciones de la CAPIF han comenzado el trabajo de implementación, en tanto la Secretaría Técnica se mantiene realizando seguimiento de las iniciativas asociadas a cada objetivo fundamental para la elaboración de un informe anual sobre el avance de la inclusión financiera. A su vez, se encuentran en desarrollo actividades de difusión de la ENIF en distintas regiones del país, como Tarapacá, Valparaíso y Biobío.

Adicionalmente, se encuentra en proceso de actualización la ENEF que será lanzada en la última parte del año en curso. Para ello, realizó un levantamiento de información denominado “Mapeo Nacional de Programas e Iniciativas de Educación Financiera 2025”, el cual tiene por objetivo recolectar evidencia actualizada sobre el estado de la educación financiera en el país, con el fin de orientar la toma de decisiones de política pública basada en información confiable y sistematizada. Los resultados de este Mapeo serán publicados en octubre, en el marco del Mes de la Educación Financiera. Paralelamente, en el marco de la Alianza del Pacífico, se llevó a cabo una consultoría a través del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para definir principios comunes para una estrategia regional de educación financiera. El estudio abarca las economías de Chile, Colombia, México y Perú, y tiene como finalidad obtener un diagnóstico de las capacidades financieras y el estado de la educación financiera en los países mencionados, así como identificar avances, políticas e iniciativas relevantes. Actualmente, los resultados se encuentran en preparación para su publicación, la cual entregará principios que servirán como una guía de buenas prácticas para orientar el desarrollo de iniciativas y políticas que mejoren el acceso, uso y comprensión de los productos y servicios financieros, con especial atención a los grupos vulnerables y la perspectiva de género.

Desde un enfoque de inclusión, la modernización del marco legal y regulatorio también ha sido fundamental. Un avance clave en este ámbito fue la publicación de la Ley Fintec. Esta ley contempla una implementación gradual que incluye distintos plazos para su total aplicación. Tras su publicación, el 4 de enero de 2024, la CMF emitió la Norma de Carácter General N° 502, que Regula el registro, autorización y obligaciones de los prestadores de servicios financieros. En este contexto, se abrió un periodo de inscripción al Registro de Prestadores de Servicios Financieros, permitiendo que las empresas fintec, en funcionamiento o en vías de ingresar al mercado, cumplieran con las nuevas exigencias regulatorias. El periodo de registro concluyó en febrero de 2025.

La creación de este registro ha permitido canalizar el ingreso de una nueva generación de actores al sistema financiero, estableciendo exigencias claras de transparencia, idoneidad y estándares operativos para quienes deseen operar en el mercado. Durante este proceso, se recibieron 377 solicitudes de inscripción y 253 solicitudes de autorización de servicios. Actualmente, el registro cuenta con 33 entidades inscritas, a las que se suman las 146 inscritas en el anterior Registro de Asesores de Inversión, lo que da cuenta de un mercado en plena expansión y con alto interés por parte de empresas tecnológicas y proveedores de servicios especializados.

Adicionalmente, en julio de 2024 la CMF emitió la Norma de Carácter General N° 514, que Regula el Sistema de Finanzas Abiertas, estableciendo estándares y principios. Su implementación será progresiva, de acuerdo con un cronograma flexible y ordenado, permitiendo la adaptación del ecosistema financiero nacional a los nuevos estándares de transparencia, seguridad y competencia. Actualmente, la CMF trabaja en el desarrollo de dos infraestructuras claves para el Sistema de Finanzas Abiertas: el Directorio de Participantes, un registro centralizado y regulado que identifica y organiza a las entidades que participan en el ecosistema de finanzas abiertas; y el Sandbox Tecnológico, un entorno de pruebas que permite a Proveedoras de Servicios Basado en Información (PSBI) e Instituciones Iniciadoras de Pago (PSIP) probar y validar sus modelos de negocio en un entorno simulado, seguro y controlado, así como a las Instituciones Proveedoras de Información (IPI) y las Instituciones Proveedoras de Cuentas (IPC) realizar pruebas de integración con el Directorio de Participantes y obtener la documentación técnica necesaria para la implementación de las Application Programming Interfaces (APIs). 

En Chile, el acceso al financiamiento ha sido tradicionalmente uno de los principales desafíos para las MiPymes y para ciertos sectores de la población y la economía, enfrentando condiciones adversas, coyunturales o estructurales. Con el fin de apoyar la inclusión financiera, dinamizar la economía y proteger a los sectores más vulnerables frente a shocks externos o internos, se han implementado una serie de fondos de garantía que facilitan el acceso al crédito mediante la entrega de garantías estatales a las instituciones financieras.

El FOGAES cuenta con diversos programas de garantías con la finalidad de apoyar a empresas y a personas:

1. Apoyo a la Construcción: entre abril de 2023 y diciembre de 2024 se financió un total de 14,2 millones de Unidades de Fomento (UF), distribuidos según el tamaño de las empresas. El monto máximo de financiamiento fue de 75 mil UF para Mipymes y de 500 mil UF para grandes empresas, con coberturas entre 80% y 90%, en el primer caso, y entre 50% y 60% en el segundo.
2. Apoyo a la Vivienda: entre abril de 2023 y diciembre de 2024 se financió un total 22,7 millones de UF, enfocados principalmente en el apoyo a las familias para la obtención de un crédito hipotecario para la compra de su primera vivienda. Esto permitió a las instituciones financieras aumentar el financiamiento y exigir un menor pie al disponer de una garantía del Fondo de hasta el 10% del crédito (monto máximo valor de la propiedad 4.500 UF).
3. Apoyo al Endeudamiento: entre julio y diciembre de 2024 se financió un total de 514 mil UF, enfocado en personas naturales para refinanciar deudas de consumo o comerciales (monto máximo a refinanciar de 160 UF y tasa de cobertura de 50%).
4. Apoyo a la Vivienda Nueva: entre la publicación de la Ley N° 21.748, el 29 de mayo, que Establece subsidio a la tasa de interés hipotecaria para la adquisición de viviendas nuevas y modifica normas que indica, y el 22 de septiembre de 2025, se han cursado 9.980 solicitudes por un monto de financiamiento de 22,9 millones de UF. 

Dentro del Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (FOGAPE) se generó el programa de garantías Chile Apoya, que solo entre julio y diciembre de 2024 logró un financiamiento de 29 millones de UF, enfocado en empresas según tamaño de acuerdo con el Cuadro III.3.1.1.

A diciembre de 2024 la situación de los programas indicados presentó el siguiente avance:

Respecto al programa FOGAES Vivienda Nueva, recientemente creado, a septiembre de 2025 se presenta el siguiente avance:

De acuerdo con la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), el promedio de viviendas vendidas entre 2015 y 2019 fue de 16.171 unidades por trimestre, mientras que desde 2022 este promedio ha bajado en casi dos tercios, hasta 10.443 unidades por trimestre, aunque con un repunte en el segundo trimestre tras el efecto del subsidio a la tasa de interés hipotecaria (Gráfico III.3.1.1).

Por lo anterior, se consideró urgente intentar reducir el stock de viviendas terminadas. Para esto se conformó una mesa de trabajo donde participaron la CChC, la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), BancoEstado, los ministerios de Hacienda y de Vivienda y Urbanismo, donde se acordaron medidas y procedimientos para que el subsidio a la tasa de interés hipotecaria efectivamente llegue a las familias, evitando, al mismo tiempo, un alza en los precios de las unidades elegibles. Estas corresponden a viviendas nuevas de hasta cuatro mil UF a ser adquiridas por personas naturales.

El mensaje enviado por el Ejecutivo fue aprobado por el Congreso Nacional, dando origen a la Ley N° 21.748, que establece un subsidio de 60 puntos base (pb) sobre la tasa de interés de créditos hipotecarios para la adquisición de viviendas nuevas. Este subsidio se asigna de manera simultánea a la Garantía de Apoyo a la Vivienda Nueva del nuevo programa del FOGAES. Con la implementación conjunta de ambos instrumentos, se espera que algunos bancos puedan ofrecer créditos hipotecarios con tasas cercanas a 100 pb más bajas.

La Ley ha sido exitosa en su implementación inicial: la licitación de las garantías fue completada con buenos resultados, la banca ha reaccionado positivamente y ya se encuentran publicados más de seis reglamentos que desarrollan los aspectos operativos del subsidio y la garantía. Todo indica que el ahorro mensual para las familias estará en línea con las expectativas originales del proyecto, y que solo resta el curso efectivo de los créditos para que los beneficios lleguen directamente a los hogares.

Durante este Gobierno, la protección de quienes son usuarios de servicios financieros ha sido una prioridad, particularmente en cuanto a la prevención del sobreendeudamiento. El monitoreo del endeudamiento de las personas es y debe ser de especial importancia para su bienestar financiero. La dinámica de la inflación desde el año 2021 derivó en que el Banco Central de Chile adoptara una política monetaria restrictiva, lo que ha sido un factor relevante en las alzas de las tasas de interés. Esto, a su vez, ha tenido un impacto en el nivel de endeudamiento de las personas: según el Informe de Endeudamiento de la CMF del año 2023, a marzo de ese año, la carga financiera promedio de las personas alcanzó un 31,7%, cifra que superaba el 38% para las personas con ingresos mensuales inferiores a $500 mil. Por otro lado, a junio de 2023, la mediana de la deuda era de $2,2 millones, la mediana de la carga financiera era de 16,1%, y el apalancamiento era de 2,8 veces el ingreso mensual.

En respuesta al problema de sobreendeudamiento, en noviembre de 2023 el Ministerio de Hacienda presentó un proyecto de ley al Congreso, el cual fue aprobado en el primer semestre de 2024, dando origen a la Ley N° 21.673, publicada el 30 de mayo de 2024, que Adopta medidas para combatir el sobreendeudamiento. Dicha ley estableció mecanismos para fijar y regular el pago mínimo de tarjetas de crédito, mejoras a la Ley de Fraudes, un Fondo de Garantías Especiales para la Construcción y Vivienda, y un programa de garantías para apoyar la reestructuración de deudas. Este último programa buscó incentivar a las instituciones financieras a refinanciar las deudas de personas que posean un alto nivel de endeudamiento, medido como relación entre su deuda y sus ingresos. Gracias a la garantía estatal, las condiciones de pago de las deudas refinanciadas son más favorables que las de los créditos que sustituyen, reduciendo la carga financiera de los beneficiados.

Adicionalmente, la CMF lanzó el portal Conoce tu Deuda, una plataforma que fue resultado del trabajo conjunto entre la Secretaría de Modernización del Ministerio de Hacienda y Laboratorio de Gobierno. Esta herramienta perfecciona el informe de deudas elaborado por la CMF y forma parte de la Política de Educación Financiera de la CMF. Este portal no solo entrega información al usuario, sino que también ofrece recomendaciones específicas para la gestión de sus deudas.

Cabe mencionar también la publicación de la Ley N° 21.680, que crea el REDEC. Este avance permite disponer de un sistema más robusto de evaluación del riesgo comercial y crediticio, ampliando la información sobre obligaciones financieras disponibles en el mercado. Recientemente, en julio de 2025, la CMF emitió la Norma de Carácter General N° 540, para el funcionamiento de este registro.

Tras esta serie de medidas y gracias a la mejora de las condiciones financieras, las cifras publicadas por la CMF en su Informe de Endeudamiento 2024 han mejorado con respecto a las del informe 2023. La mediana de la deuda de los deudores bancarios es de $1,9 millones, la mediana de la carga financiera es de 13,6% y el apalancamiento es de 2,3 veces el ingreso mensual. De acuerdo a este informe, las sucesivas reducciones de la tasa de política monetaria por el Banco Central han derivado en un menor gasto de intereses, lo cual ha derivado en una disminución de la carga financiera.

Por su parte, el Banco Central, en su Informe de Estabilidad Financiera para el primer semestre de 2025, indica que el aumento de los ingresos y el ahorro, junto con la reducción de las tasas de corto y largo plazo, han mejorado los indicadores de endeudamiento y carga financiera (Gráfico III.3.1.2), lo que ha reducido el impago de créditos de consumo y ha generado una estabilización del crédito hipotecario (Gráfico III.3.1.3). Asimismo, señala que los usuarios de crédito presentan un mejor balance de riesgos en comparación con el informe anterior. En el caso de las empresas, el endeudamiento agregado sobre PIB disminuyó, y las de mayor tamaño han mejorado sus indicadores financieros. En los hogares, en tanto, aumentó la tasa de ahorro y se redujo la carga financiera, mientras que el endeudamiento sobre ingresos se mantuvo estable.

En lo que respecta al crédito, a pesar de la contracción crediticia general, el acceso por parte de las mujeres ha mostrado avances sostenidos en los últimos años. Desde 2002 hasta 2024, la proporción de mujeres en el sistema bancario ha aumentado significativamente, alcanzando la paridad e incluso superando a los hombres en número de deudoras en créditos de consumo (103 mujeres por cada 100 hombres en 2024). Sin embargo, en créditos comerciales y de vivienda, las mujeres siguen estando subrepresentadas: en 2024 hay 69 mujeres deudoras por cada 100 hombres en créditos comerciales, y 77 en créditos hipotecarios, lo que refleja una menor participación femenina en estos segmentos (Gráfico III.3.1.4).

Adicionalmente, las mujeres mantienen niveles de deuda total y deuda promedio inferiores a los de los hombres, lo que evidencia una menor escala de endeudamiento. Por su parte, las mujeres exhiben un mejor desempeño financiero, con menor carga financiera, menor apalancamiento y menor morosidad bancaria. Además, las mujeres tienen menor presencia en cartera castigada (57 en consumo, 39 en vivienda), y renegocian menos sus deudas que los hombres (71 por cada 100 hombres en consumo y 59 en vivienda). No obstante, en los tramos de ingreso más bajos se observa una sobrerrepresentación femenina en renegociaciones y castigos.

En este contexto, las mujeres constituyen un grupo prioritario en la ENIF, junto con las personas de menores ingresos, para quienes se han definido acciones específicas orientadas a reducir las brechas en acceso, uso y calidad de los servicios financieros.

III.3.2. Infraestructura del Sistema Financiero

La puesta en marcha de la Ley Fintec, junto con la implementación del Sistema de Finanzas Abiertas y las modificaciones recientes a la Ley de Fraudes, han impulsado una transformación profunda en la oferta de servicios financieros en Chile y en la dinámica competitiva del sector. A esto se sumará prontamente el REDEC, aún en plena implementación.

La ampliación del perímetro de acción para nuevas empresas fintec ha generado un escenario de creciente diversidad. Según cifras del Finnovista Fintech Radar Chile, existen 348 fintecs locales activas y un total de 485 empresas si se incluyen las extranjeras, lo que posiciona al país como uno de los ecosistemas más variados y dinámicos de la región. Los segmentos más representativos abarcan soluciones de gestión financiera empresarial, pagos y remesas, préstamos alternativos, infraestructura tecnológica para instituciones, insurtech (empresas que combinan seguros y tecnología), crowdfunding (o financiación colectiva) y plataformas de finanzas abiertas. La fuerte presencia de actores internacionales, que ya alcanzan un 28% del mercado, junto a la colaboración entre fintecs y bancos tradicionales, han elevado el estándar competitivo y obligado a los participantes históricos a ofrecer productos más flexibles, personalizados y eficientes.

Por su parte, el Sistema de Finanzas Abiertas se encuentra en fase de implementación. En julio de 2025 la CMF puso en consulta una normativa que incorpora el Anexo Técnico y actualiza la regulación de este sistema. La apertura regulada al acceso de datos financieros y la interoperabilidad entre bancos, fintecs y otros proveedores, facilitará la aparición de servicios personalizados, permitiendo a los usuarios comparar ofertas, centralizar su información financiera y acceder a productos innovadores que respondan de mejor manera a sus necesidades.

Por otra parte, la reforma a la Ley de Fraudes (Ley N° 20.009), mediante la publicación de la Ley N° 21.673, produjo una significativa reducción de los reclamos por transacciones no reconocidas y del fenómeno del “autofraude”, especialmente en BancoEstado, donde los casos pagados cayeron drásticamente en menos de un año. A nivel general, las denuncias por fraudes cayeron un 73% en el primer semestre de 2024 respecto al año anterior, pasando de 434 mil denuncias hasta 116 mil (Gráfico III.3.2.1). Esto se logró al exigir que toda solicitud de devolución de fondos estuviera respaldada por una denuncia formal y una declaración jurada, desincentivando abusos y facilitando la identificación de fraudes intencionales. Además, se acortaron los plazos para reportar operaciones desconocidas y se establecieron criterios más estrictos y ágiles para la restitución de fondos.

Como resultado, el proceso se volvió más riguroso y transparente, fortaleciendo tanto la protección a los usuarios responsables como la estabilidad del sistema financiero. Las instituciones financieras adoptaron criterios más exigentes, logrando equilibrar la protección del consumidor con la responsabilidad institucional y contribuyendo a la seguridad y sostenibilidad del sistema de pagos en Chile.

En conjunto, todo este proceso se ha traducido en una oferta de servicios financieros mucho más diversa y competitiva, que favorece la inclusión financiera, la descentralización de productos y la innovación. El crecimiento en cantidad y sofisticación de las empresas fintec, el interés de inversionistas y la expansión internacional de startups chilenas demuestran que el sistema financiero local está recuperando dinamismo. De este modo, el nuevo marco legal y su desarrollo regulatorio han multiplicado las alternativas disponibles para empresas y personas, mejorando la calidad, seguridad y personalización de los servicios, y posicionando a Chile como referente en la región en materia de competencia y diversificación de la oferta financiera.

Este mayor dinamismo, sin embargo, también plantea nuevos desafíos en materia de estabilidad y funcionamiento del sistema. El 30 de diciembre de 2023 se publicó la Ley N° 21.641, que Fortalece la resiliencia del sistema financiero y sus infraestructuras. Esta iniciativa legislativa fue impulsada por el Ministerio de Hacienda como parte de la agenda de modernización financiera, con el propósito de abordar vacíos normativos identificados por evaluaciones técnicas nacionales e internacionales, así como aprendizajes derivados de episodios recientes de tensión en los mercados.

La Ley incorporó disposiciones destinadas a perfeccionar el funcionamiento del mercado de operaciones de venta con pacto de retrocompra (repos), incluyendo expresamente estas operaciones en el régimen de obligaciones conexas. Esto permite su compensación y neteo frente a escenarios de incumplimiento contractual o insolvencia de una contraparte, entregando mayor certeza jurídica para su utilización como herramienta de gestión de liquidez y financiamiento.

Se amplió el acceso a los sistemas de pagos y a las facilidades de liquidez del Banco Central para intermediarios financieros no bancarios. En particular, se habilitó a las cooperativas de ahorro y crédito con un patrimonio igual o superior a 400 mil UF para participar en el sistema de liquidación bruta en tiempo real (sistema LBTR) del Banco Central, y a aquellas con patrimonio desde 800 mil UF para acceder a instrumentos de financiamiento y refinanciamiento. Esta medida permite reducir la dependencia operativa de dichas entidades respecto del sistema bancario y mejorar su capacidad de respuesta ante episodios de estrés de liquidez, permitiendo que puedan participar en igualdad de condiciones respecto de otras instituciones financieras de escala similar, fortaleciendo de este modo el rol de las cooperativas en la economía chilena.

Esta ley, además, fortaleció la institucionalidad de las infraestructuras del mercado financiero. Se estableció el reconocimiento legal y normativo de los depósitos centrales de valores y las entidades de contraparte central, autorizándolas a mantener cuentas en el Banco Central y a acceder a mecanismos operativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones críticas en los procesos de compensación y liquidación.

En materia de supervisión, la mencionada ley modificó el artículo 87 del Decreto con Fuerza de Ley N° 5, publicado el 17 de febrero de 2004, que fija texto refundido, concordado y sistematizado de la Ley General de Cooperativas, incorporando a las cooperativas de ahorro y crédito con patrimonio igual o superior a 400 mil UF dentro del perímetro de fiscalización integral de la CMF.

Finalmente, introdujo un procedimiento simplificado para la obtención del Rol Único Tributario por parte de personas naturales o jurídicas no residentes que mantengan operaciones en pesos chilenos. Esta disposición busca facilitar el acceso a instrumentos financieros denominados en moneda nacional por parte de inversionistas internacionales y operadores externos, en línea con los objetivos de internacionalización del peso chileno.

Durante 2024, se inició el proceso de implementación reglamentaria de la mencionada ley, a cargo del Banco Central y la CMF. Al cierre estadístico de este informe, se han observado avances en la emisión de normativa aplicable a contratos repo, solicitudes de acceso a sistemas de pago por parte de cooperativas autorizadas y procesos de adecuación institucional por parte de entidades de infraestructura de mercado. Estas acciones constituyen avances concretos en el fortalecimiento de la estabilidad operativa y la cobertura regulatoria del sistema financiero chileno.

Si bien se han observado avances en la modernización y robustecimiento institucional del sistema financiero, el mercado de capitales local ha enfrentado desafíos significativos derivados de fenómenos recientes. En particular, los retiros de los fondos de pensiones efectuados entre 2020 y 2021 han mermado de manera significativa la profundidad del mercado de capitales, afectando negativamente su liquidez y capacidad de financiamiento a largo plazo. Este fenómeno se tradujo en una menor disponibilidad de recursos para inversiones productivas, una reducción en la demanda por instrumentos de deuda y renta variable, y un aumento de la volatilidad en los precios de los activos financieros chilenos. En consecuencia, el mercado local se volvió más vulnerable a shocks externos, al depender en mayor medida de la entrada de capitales internacionales.

Por otra parte, la aprobación de la Ley N° 21.735, publicada el 26 de marzo de 2025, que Crea un Nuevo Sistema Mixto de Pensiones y un Seguro Social en el Pilar Contributivo, mejora la Pensión Garantizada Universal y establece beneficios y modificaciones regulatorias, representa un avance relevante en la agenda de reformas estructurales del país y abre una oportunidad para revertir los efectos negativos ocasionados por los retiros de fondos previsionales en la profundidad del mercado de capitales. La Ley establece la creación de un pilar contributivo adicional, financiado mediante un aumento progresivo en la cotización de las empresas, cuyo aporte alcanzará siete puntos porcentuales de la remuneración imponible (ver Capítulo VII, sección VII.1.1.).

Este fortalecimiento del ahorro nacional tiene múltiples repercusiones positivas para la economía. Por un lado, aumenta el stock de recursos disponibles para financiar inversiones, facilitando la canalización de fondos hacia proyectos productivos de largo plazo, infraestructura y desarrollo tecnológico. De acuerdo con proyecciones realizadas por la Dirección de Presupuestos, en las próximas dos décadas el total de los activos ahorrados en el mercado local se incrementará en aproximadamente diez puntos porcentuales del PIB en comparación con un escenario sin la aprobación de esta reforma, acercándose a un 80% del PIB hacia el año 2050 (Gráfico III.3.2.2). Esta acumulación de activos financieros contribuirá, además, a dinamizar el mercado de capitales y profundizar los instrumentos disponibles, promoviendo la competencia, la innovación y una mejor asignación de los recursos.

Asimismo, un mayor ahorro nacional reduce la dependencia del país respecto de los flujos de capital externo y limita la exposición a episodios de volatilidad financiera internacional. Cuando los fondos de pensiones y otros inversionistas institucionales cuentan con mayor capacidad de financiamiento, pueden absorber fluctuaciones temporales en la oferta y demanda de activos, estabilizando los precios y entregando confianza a los participantes del mercado. Además, un mercado de capitales robusto facilita el acceso a financiamiento para empresas de distinto tamaño, incluyendo a las Pymes, que históricamente han enfrentado mayores dificultades para obtener recursos a tasas competitivas. Esto, a su vez, fomenta el emprendimiento, la innovación y la diversificación productiva.

En conclusión, la aprobación y puesta en marcha de la Ley permitirá no solo revertir el impacto negativo que los retiros de fondos de pensiones tuvieron en la profundidad del mercado de capitales local, sino que también sentará las bases para un crecimiento sostenido del ahorro nacional, la inversión y el bienestar social.