Mensaje de la Subsecretaria de Hacienda
Modernización del Estado
Una de las áreas de trabajo que ha caracterizado al Ministerio de Hacienda—más allá de sus tradicionales objetivos fiscales, macroeconómicos y financieros— es el foco en la modernización del Estado, clave para entregar en forma eficaz y oportuna los servicios públicos a las personas; para ganar calidad y eficiencia en el gasto público y apoyar las actividades del sector privado. En la administración del Presidente Boric se consolidó el ecosistema de modernización del Estado bajo la cartera de Hacienda, integrado por las Secretarías de Modernización (SM) y Gobierno Digital (SGD) y el Laboratorio de Gobierno; siendo además el canal a través del cual el Presidente de la República se vincula con el Consejo para la Modernización del Estado.
La Agenda de Modernización del Estado 2022-2026 diseñada con el objetivo de recuperar la confianza de las personas en el Estado incluye 30 iniciativas, de las cuales 24 son transversales y están agrupadas en seis categorías: personas en el Estado (5), servicios ciudadanos y experiencia usuaria (3), descentralización (2), transformación digital (7), transparencia e integridad pública (3) y mejor gasto público (4). Las otras seis son intersectoriales y comprometen a diversos ministerios para la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública, del Sistema de Garantías y Protección de la Niñez, Sistema Nacional de Cuidados, Sistema Integrado de Fiscalización Tributaria y Crimen Organizado, Seguridad Ciudadana y Modernización de las Policías, y Gestión Migratoria Integral. En síntesis, se hace cargo de temáticas complejas y emergentes y busca diseñar una hoja de ruta para apalancar la transformación del Estado. Se proyecta el cumplimiento de más del 80% de las acciones comprometidas a marzo de 2026.
En el eje Personas en el Estado destaca la elaboración de un modelo de calidad de vida en el trabajo, que incluye la implementación en el sector público de la Ley N° 21.643 (Ley Karin), y la aplicación del Cuestionario de Evaluación del Ambiente Laboral-Salud Mental (CEAL-SM), para identificar y medir el riesgo psicosocial en el trabajo.
Desarrollo de las personas en el sector público
La movilidad en el servicio público es esencial para satisfacer las demandas presentes y futuras, así como para atraer y retener talento. Abordar de manera eficiente y multidisciplinaria problemas complejos, facilitando el intercambio de recursos y competencias en el sector público, nos permite enfrentar situaciones de emergencia, catástrofes o eventos masivos como los censos. Para ello, se potenció el programa CoLabora, de la Dirección Nacional del Servicio Civil (DNSC), que promueve la movilidad temporal, permitiendo la transferencia de conocimientos y habilidades entre diversas instituciones del Estado. Han participado más de 250 funcionarios de 80 instituciones, 88% mujeres.
También hemos incorporado la perspectiva de género en todas las áreas de acción del Estado, incluyendo la participación de las mujeres en posiciones de liderazgo, para lo cual, junto a la DNSC se han impulsado desde 2022 estrategias para incrementar su postulación y presencia en el Sistema de Alta Dirección Pública (SADP), logrando en 2024 la cifra más alta en la historia con un 29% de postulaciones de mujeres, que dieron lugar al 36% de nombramientos de mujeres en esos concursos. Y a junio de 2025, de 111 cargos de nivel jerárquico con nombramiento vigente, 41% (46) son ocupados por mujeres; y en cargos de segundo nivel, 37% (367 de 983). Pero la brecha sigue existiendo, así es que queda camino por avanzar.
Si bien en los últimos meses la opinión pública ha sido testigo de episodios de abuso de beneficios, como las licencias médicas, el problema del ausentismo laboral fue levantado por el Ministerio de Hacienda en 2024, lo que fue plasmado en el protocolo de acuerdo de la negociación con la Mesa del Sector Público de diciembre de dicho año, que incluyó la creación de un Comité Nacional de Ausentismo y Comités Locales en cada servicio. En este ámbito específico, el ecosistema de modernización ha apoyado técnica y financieramente a la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) para automatizar procesos de validación y detección de licencias falsas y acelerar las apelaciones; y ha trabajado con la Subsecretaría de Salud Pública para que las personas reciban el pago de las licencias médicas de manera oportuna y se reduzca el gasto en el Subsidio de Incapacidad Laboral (SIL). Todas estas medidas buscan implementar una estrategia integral para abordar la problemática, sin perjuicio de que, atendidos los resultados consolidados de información sobre mal uso de licencias realizados por la Contraloría General de la República, Hacienda instruyó la apertura de los respectivos procesos disciplinarios y ha hecho constante seguimiento de su avance.
Integridad y eficiencia para la ciudadanía
En servicios ciudadanos y experiencia usuaria destaca el fortalecimiento de la metodología de Medición de Satisfacción Usuaria y su aplicación en 79 instituciones públicas en 2025, junto con la implementación desde 2023, como parte del Programa de Mejoramiento de la Gestión, del Sistema de Calidad de Servicio y Experiencia Usuaria, en que participan 166 entidades. Adicionalmente, se ha desarrollado una serie de proyectos de simplificación de trámites, con foco en personas y productividad, con apoyo de la secretaría de Modernización y el Laboratorio de Gobierno. Por ejemplo: la licencia de conducir digital; la implementación de la Ventanilla Única Social, que integra más de 57 beneficios sociales; o la plataforma digital Multipostulador. Este último permite a las familias postular a varios jardines infantiles públicos, abordando problemáticas históricas como la imposibilidad de postular a más de una opción, la falta de gestión efectiva sobre vacantes y listas de espera, y el acceso limitado a información clara y oportuna.
Especial relevancia en este ámbito de servicios ciudadanos tuvo la implementación del Bolsillo Familiar Electrónico, continuador del Aporte Canasta Básica. Esta nueva forma de entregar beneficios monetarios representa una innovación tecnológica del Estado en materia de digitalización de pagos. La positiva experiencia motivó su implementación en otros programas de transferencias: Bolsillo Electrónico de Emergencia, para las catástrofes naturales; y Bolsillo Electrónico Cultural para la entrega del “Pase Cultural”.
En descentralización, se ha ejecutado la transferencia de competencias a los gobiernos regionales y la instalación de la Mesa Permanente de Descentralización. Por aplicación de las normas de la Ley N° 21.591, sobre Royalty a la minería se destinaron 275.000 UTA al Fondo Regional para la Productividad y Desarrollo que se distribuye entre los distintos gobiernos regionales; y cerca de $218.625 millones entre 308 comunas en 2025 a través del Fondo de Comunas Mineras y el Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial.
Respecto de transformación digital, se ha continuado con la implementación de la Ley N° 21.180, que regula e impulsa la digitalización de servicios y trámites estatales. A fines de 2026 todos los municipios y gobiernos regionales estarían interoperando con la administración central y al 31 de diciembre de 2027 estaría totalmente implementada la Ley. Para ello, la Secretaría de Gobierno Digital ha desarrollado y fomentado el uso de plataformas de servicios compartidos. El mayor éxito en digitalización se ha logrado con la ClaveÚnica, que suma 16 millones de personas, con 474,3 millones de transacciones anuales en 2024, 6,6% más que en 2023, y con 1.648 plataformas integradas. A comienzos de año se puso en marcha el Sistema de Transformación Digital, con 176 servicios participantes para el cumplimiento de estándares para el despliegue de la interoperabilidad en páginas web, diseño de servicios y conectividad, uso de nodo de interoperabilidad (PISEE u otro), cumplimiento de normativa de ciberseguridad y protección de datos personales.
Transparencia
En transparencia e integridad pública se lanzó la Estrategia Nacional de Integridad Pública, con seguimiento permanente. Adicionalmente, aceleramos la tramitación legislativa del proyecto que crea el Servicio de Auditoría Interna de Gobierno, ya despachado a Ley. Además, la Secretaría de Gobierno Digital desarrolló un Portal de Datos Abiertos donde publican 600 instituciones.
Como parte del eje transversal de Mejor Gasto Público, está en su etapa final la implementación de la Ley que moderniza ChileCompra. Esta normativa amplía la cobertura del sistema de compras públicas, eleva los estándares de probidad y transparencia, e incorpora nuevos mecanismos de adquisición. Entre estos, destacan un nuevo procedimiento de Compra Ágil, que beneficia a las MiPymes; una nueva plataforma que incluye el procedimiento de Subasta Inversa Electrónica; y los procedimientos de Compras Públicas de Innovación, como los Contratos para la Innovación y el Diálogo Competitivo de Innovación.
Entre las iniciativas intersectoriales se logró la publicación de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2024-2032, la implementación de 109 Oficinas Locales de la Niñez y la identificación de 90.242 cuidadoras en el marco del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados.
En relación con el Sistema Integrado de Fiscalización Tributaria y Crimen Organizado, está en plena implementación la Ley de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias, que permitirá aumentar en régimen los ingresos fiscales en 1,5% del PIB (unos US$ 4.500 millones). Las modificaciones contenidas en esta ley no incrementan la carga tributaria, sino que generan incentivos y entrega mejores mecanismos al Servicio de Impuestos Internos (SII) para evitar la elusión y evasión, perfecciona el procedimiento para la aplicación de la Norma General Antielusiva y crea un procedimiento simplificado para requerir información bancaria de los contribuyentes de manera ágil y segura mediante una rápida autorización judicial. Además, se establecen herramientas para combatir la informalidad y regularizar las deudas tributarias; se fortalece el SII, Aduanas, Tesorería General de la República, y la Defensoría del Contribuyente. Este esfuerzo integral es el más importante en materia de cumplimiento tributario en el último cuarto de siglo.
Balance y perspectivas
Estos avances muestran que, junto a los resultados alcanzados, siguen en marcha iniciativas estratégicas que aseguran un cierre robusto y con alto impacto ciudadano de la Agenda de Modernización.
Pero en cada uno de los ámbitos contenidos en este Estado de la Hacienda Pública quedan desafíos. Por mencionar algunos, es necesario continuar consolidando la modernización del Estado para recuperar la confianza de las personas en las instituciones. Para ello, es relevante que el proyecto de Ley que crea la Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas y la Productividad se apruebe e implemente prontamente, ya que permitirá hacer una adecuada evaluación del impacto regulatorio de la nueva normativa, además de ampliar la cobertura y uso de las evaluaciones de programas y políticas públicas. Adicionalmente, urge que logremos fortalecer nuestra institucionalidad con la aprobación del proyecto de Ley que crea el Subsistema de Inteligencia Económica, fortaleciendo a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Este amplía el alcance de la UAF entregando mejores herramientas para su análisis en pro de perseguir la ruta del dinero proveniente del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y crimen organizado, además de establecer unidades de inteligencia en Aduanas y el SII para que interoperen con la UAF, a través del análisis de datos y la trazabilidad de operaciones sospechosas.
Reafirmamos nuestro compromiso con la modernización del Estado y con el fortalecimiento de la gestión pública, con el fin de contribuir a un servicio más eficiente para todas y todos.