Marco Teórico

Marco teórico: Evaluación social de proyectos

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La evaluación de un proyecto permite distinguir si éste genera o no valor a una institución, validación que se realiza a través de un proceso iterativo donde se identifican y cuantifican costos y beneficios, los que se estiman para un determinado período de tiempo, y luego se traen a valor presente utilizando una tasa de descuento.

Mientras que la evaluación privada de proyectos se enfoca en aspectos financieros y económicos, buscando la consolidación de un negocio que provea ganancias y posicionamiento en un mercado competitivo, la evaluación social aborda un análisis socioeconómico más amplio. En este último caso, se examina el flujo de recursos reales, así como los bienes y servicios utilizados y generados por el proyecto, con el objetivo de determinar sus costos y beneficios sociales pertinentes.

En general, el proceso de evaluación permite determinar la conveniencia de ejecutar un proyecto, para lo cual se consideran los costos y beneficios que se identifican para el ejecutor, siendo éste el dueño del proyecto en una evaluación privada (persona natural, empresa, etc). En el caso de una evaluación social, los impactos se valorizan considerando no sólo al dueño o ejecutor, sino que a la ciudadanía que se verá impactada por su implementación, lo que se evalúa a través de la cuantificación de los impactos tanto directos como indirectos (externalidades positivas o negativas en este último caso) que la implementación del proyecto generaría a dicha población.

Por lo tanto, la evaluación social contextualiza el proyecto en relación con la situación del lugar donde se llevará a cabo. De esta manera, la determinación de los costos y beneficios se traduce en el logro de bienes comunitarios, la mejora de la calidad de vida de los habitantes o la aportación práctica a la solución de problemáticas complejas, como las relacionadas con políticas públicas. En resumen, la evaluación social busca impactar positivamente en la comunidad, trascendiendo más allá de consideraciones económicas para contribuir al bienestar general.

6.1 Precios sociales y tasa social de descuento

Un punto importante a tener en cuenta en el proceso de evaluación social de proyectos son los precios a considerar para la cuantificación de beneficios y costos. Al existir distorsiones como impuestos, aranceles, subsidios, derechos de propiedad mal definidos o la presencia de mercados con competencia imperfecta (monopolios u oligopolios), se deben utilizar precios sociales. Esto se explica porque bajo los escenarios descritos, los precios de mercado no reflejan los costos o beneficios marginales sociales de manera adecuada. Los precios sociales tienen en cuenta estas distorsiones o anomalías de mercado, lo que permite una valoración más precisa de los impactos del proyecto. En otras palabras, y de acuerdo con lo señalado por el Sistema Nacional de Inversiones (SNI), “los precios sociales representan el uso alternativo de los recursos para la sociedad, derivados de la ejecución y operación de un proyecto de inversión y los precios privados son los precios de mercado de los bienes y servicios que se transan en dichos mercados en un momento y lugar específico.”

En Chile, los precios sociales los determina año a año el Sistema Nacional de Inversiones (SNI) de la Subsecretaría de Evaluación Social, a través de su Departamento de Metodologías de la División de Evaluación Social de Inversiones. Para su cálculo considera el aumento del beneficio social o ahorro en recursos, producto de un menor gasto del bien para el que se está calculando su precio social, sobre el aumento de la disponibilidad o consumo de dicho producto. En fórmula queda representado de la siguiente manera, siendo i el bien al que se está calculando su Precio Social (PSi)

Los precios sociales que se calculan en el país son los siguientes:

Otro antecedente diferenciador entre una evaluación privada y social de proyectos es la tasa de descuento considerada. En una evaluación privada se debe considerar una tasa razonable que permita medir el rendimiento esperado que se le quiere exigir a la inversión y depende de la política de financiamiento que considere el ejecutor. En la evaluación social, en cambio, se utiliza la tasa social de descuento (TSD), la que de acuerdo a Cartes, Contreras y Cruz (2005), “refleja el verdadero costo para la sociedad de utilizar una unidad adicional de capital en un proyecto y es utilizada para convertir los flujos futuros de beneficios y costos sociales de un proyecto, en valor presente.”

Existen distintas metodologías para calcular la TSD, dependiendo de diferentes supuestos. En Chile la metodología que se utiliza se basa en el enfoque de eficiencia, y la determina el Sistema Nacional de Inversiones (SNI) de la Subsecretaría de Evaluación Social, a través de su Departamento de Metodologías de la División de Evaluación Social de Inversiones. Esta institución actualiza año a año el valor de esta tasa, al igual como sucede con los precios sociales.

La metodología basada en el enfoque de eficiencia estima la TSD a partir de la “valoración alternativa que la sociedad le da a la utilización de los fondos de inversión” (Cartes, Contreras y Cruz, 2005). Es decir, esta tasa representa el costo alternativo social del capital cuando se financian los proyectos, los que pueden originarse por ahorro privado debido a una disminución del consumo, a un ahorro en inversión privada, o a ahorro externo. La fórmula que se utiliza es la siguiente:

Donde:

• tp: Tasa de interés del ahorro por consumo
• q: rentabilidad de la inversión privada
• CMgx : Costo marginal del ahorro externo
• β,θ y α: ponderadores del ahorro interno, inversión privada y ahorro externo, respectivamente.

A enero de 2025 en Chile rige una TSD de 6% anual real.

6.2 Enfoque para evaluar socialmente un proyecto

Dentro de los enfoques disponibles para realizar una evaluación social de proyectos, el más conocido corresponde al modelo de costo-beneficio. Para su aplicación se debe en primer lugar, identificar, medir y valorizar los beneficios y costos asociados al proyecto. Posteriormente se deben aplicar ciertas herramientas que permiten indicar si el proyecto es o no rentable socialmente. Para esto se debe calcular el valor actual neto (VAN), y la Tasa Interna de Retorno (TIR) del proyecto.

El VAN es una herramienta que permite actualizar los flujos del proyecto al momento presente, mediante la aplicación de una tasa de descuento. En el caso de una evaluación social, los flujos se calculan restando los costos sociales de los beneficios sociales para cada año del horizonte considerado (es decir, valorados a sus precios sociales), y llevados a valor presente mediante la tasa social de descuento. En este ejercicio se considera también el monto de la inversión que se necesita desembolsar para la ejecución del proyecto. El valor obtenido indica el monto que se va a ganar o perder con el desarrollo del proyecto. Por lo tanto, el proyecto es deseable de implementar sólo en el caso en que el VAN sea positivo (VAN>0), ya que se espera que, en dicho caso, el proyecto genere beneficios.

La TIR corresponde a la rentabilidad que se espera para el proyecto, por lo tanto, representa el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá la ejecución de un proyecto. El cálculo de la TIR permite evaluar una inversión en un determinado proyecto mediante la comparación de su resultado con una tasa de inversión de referencia, y corresponde a la tasa de descuento que hace que el VAN del proyecto sea igual a cero (es decir, aquella tasa que hace que el proyecto no experimente ni ganancias ni pérdidas). Por lo tanto, para que un proyecto sea interesante de implementar, el valor de la TIR debe ser mayor a la tasa de descuento de referencia. En proyectos sociales, se espera que esta tasa sea mayor a la tasa social de descuento.

De acuerdo con esto, los impactos que se derivan de la operación de SICEX Chile debieran medirse en términos sociales, pues son recursos del Estado que se destinan a un proyecto orientado a beneficiar al sector productivo del país (fundamentalmente del sector privado).