Palabras finales

Las funciones de recaudación de rentas y de desembolsos de gastos del Estado se organizaron al tiempo de la llegada de los españoles a Chile en el siglo XVI, pero fue recién en 1814, hace dos siglos, cuando el gobierno autonomista designó un secretario de gobierno para hacerse cargo de los asuntos de Hacienda.

Luego de la interrupción temporal que representó el restablecimiento de la autoridad de la corona española, la nueva autoridad republicana designó a un ministro de Hacienda, cuya primera tarea fue encontrar los recursos para financiar la guerra que afianzara la independencia nacional.
Las campañas militares y navales fueron exitosas, pero dejaron una secuela de gastos impagos y deudas, aparejados a un desorden administrativo, que se prolongó en los años siguientes. Fue solo a partir de los años 1830, con el advenimiento de la estabilidad política, que se pudo llevar a cabo la organización de la Hacienda Pública. Se ordenó la contabilidad, se mejoró el cobro de los impuestos y se inició el pago de las deudas atrasadas, logrando con el tiempo un superávit fiscal.

Esta holgura de caja empezó a cambiar en la segunda mitad del siglo. Los gastos fiscales, incluyendo la construcción de obras de infraestructura con fondos del Estado, fueron en aumento; en cambio, los ingresos, que provenían en su mayor parte de impuestos al comercio exterior, se vieron afectados por la baja periódica de las exportaciones y la consiguiente menor capacidad de importar, una situación que se agravó a mediados de los años 70. El déficit resultante se agudizó a raíz de la guerra de 1879, cuya primera etapa fue financiada con la emisión de billetes inconvertibles. Sin embargo, después de la conquista de Tarapacá, la recaudación de un impuesto a la exportación de salitre proporcionó los medios que el gobierno necesitaba con urgencia.

Terminado el conflicto, se organizó la industria salitrera sobre la base de la explotación particular, pero sujeta al cobro de un impuesto. Este gravamen, junto con los derechos de internación, pasó a conformar la mayor parte de las entradas del Estado, al extremo que varios de los demás tributos existentes fueron suprimidos. No obstante esta bonanza, los gastos fueron superando a los ingresos y el Gobierno siguió endeudándose en el exterior, con el fin de construir nuevas obras de infraestructura, financiar compras de defensa y también para saldar los déficit. Esta composición de los ingresos era inherentemente inestable, como lo advertían los contemporáneos. Ello obligó a la creación de nuevos impuestos, que fueron disminuyendo esta dependencia del comercio exterior. El más importante de éstos, por su trascendencia en el tiempo fue el establecimiento del impuesto a la renta en 1924. La búsqueda de nuevas fuentes de recursos resultó muy oportuna, puesto que la crisis económica mundial de los años 30 repercutió con particular fuerza sobre el comercio exterior chileno, que seguía siendo la principal fuente de entradas.

Por otra parte, ya desde los años de la Primera Guerra Mundial se aprecia una creciente intervención del Estado en la vida nacional, que se hace especialmente sensible a partir de los años 40. El Ministerio de Hacienda, en común con toda la administración pública, se fue tornando más complejo y reglamentado, al mismo tiempo que se creaban organismos paraestatales para realizar nuevas tareas específicas, que había asumido el Estado. Todo ello implicaba un aumento del gasto público que requería de financiamiento.

Estos fueron tiempos difíciles para los sucesivos ministros de Hacienda que debieron reconciliar las crecientes demandas sobre el Estado con la reticencia a los aumentos de impuestos por parte de los afectados. Para cubrir los déficit resultantes, se recurrió a préstamos del Banco Central que, junto a la expansión del crédito al sector privado, generaron una inflación cada vez mayor con el malestar social consiguiente. Los remedios de los expertos llamados a proponer soluciones a estos problemas no fueron aplicados plenamente por los costos políticos que ello implicaba.
El bajo crecimiento económico, combinado con las crecientes expectativas de amplios sectores de la población, llevó al convencimiento que el país requería de cambios estructurales profundos. Una primera fórmula, de “Revolución en Libertad”, fue seguida por otra basada en un modelo económico socialista, aplicado por el gobierno de la Unidad Popular. Bajo este régimen, el manejo de la Hacienda Pública quedó subordinado al propósito de avanzar en el camino revolucionario, cediendo a la presión de los sectores más extremos. El resultado fue la caída de la producción, la escasez de bienes de consumo, y la hiperinflación, en un contexto de una fuerte polarización interna, que amenazaba llegar a la guerra civil. Con el país al borde del colapso, en septiembre de 1973 intervinieron las Fuerzas Armadas que impusieron un gobierno militar.

En un vuelco notable, las nuevas autoridades optaron por establecer una economía de mercado, al mismo tiempo que se empeñaron en equilibrar el presupuesto y reducir la tasa de inflación. A poco andar, la cartera de Hacienda pasó a ser encabezada por ministros civiles, todos los cuales eran, y siguen siendo, especialistas en la materia. Esta situación contrasta con la mayor presencia de ministros “políticos” en esa cartera, que hubo hasta mediados de la década del 70. Este cambio es un reflejo de la profesionalización del manejo económico del país, basado en una visión de Estado a largo plazo y que ha llevado a una mayor influencia del Ministerio en las decisiones de los gobiernos.

Luego del retorno a la democracia a partir de 1990, las nuevas autoridades resolvieron continuar con la economía social de mercado como modelo de desarrollo, sin perjuicio de extender los beneficios económicos logrados a los sectores más vulnerables de la población. Se ha enfatizado también el carácter técnico del manejo de la Hacienda y, desde 1990, la tendencia ha sido que el mismo ministro desempeñe la cartera de Hacienda durante todo el mandato presidencial.

El efecto ha sido el fortalecimiento de una institucionalidad sólida pero no rígida, que se adapta a los tiempos y que permite progresar en forma estable hacia un mejor futuro para el país y para todos los chilenos.