VI. Implementación: Hitos fundamentales 2023-2024

Las definiciones estratégicas recién descritas, en concordancia con los objetivos de la Estrategia, requieren acciones concretas para ser implementadas.

Las principales acciones que deben llevarse a cabo son:

1. Crear Comité Estratégico de Litio y Salares liderado por el Ministerio de Minería y en el que participen también las carteras de Hacienda, Economía, Relaciones Exteriores, Medio Ambiente y Ciencias, además de Corfo, con el objetivo de conducir la implementación de las diversas acciones contempladas en la Estrategia. Desde esta instancia se establecerán las coordinaciones con otras carteras, instituciones públicas, gobiernos regionales y sector privado.

Para este efecto se ocupará la figura de un Comité Corfo, lo que permitirá también impulsar políticas de desarrollo científico-tecnológico e industriales que permitan desarrollar nuevas actividades productivas aguas arriba y abajo en el ciclo del litio, así como de identificar y aprovechar oportunidades de encadenamientos y agregación de valor a nivel local en la industria.

2. Iniciar un proceso de diálogos y participación con los diversos actores que incluya representantes de las comunidades y pueblos indígenas, gobiernos regionales, academia y ciencias, empresas productivas, sociedad civil, así como gobierno central y otros organismos públicos. Este proceso permitirá recoger las expectativas y propuestas de diversos actores, considerando a las comunidades indígenas, en torno al desarrollo de la industria. Los resultados del proceso contribuirán a las definiciones que se deben adoptar en materia de modernización institucional para asegurar el desarrollo sostenible del sector, incluyendo la creación de una Empresa Nacional del Litio y actividades específicas del Instituto Tecnológico y de Investigación Público de Litio y Salares.

El diseño de este proceso usará como marco de referencia los acuerdos internacionales ratificados por Chile (Convenio 169 de la OIT, Acuerdo de Escazú), estándares internacionales para la minería en el ámbito del relacionamiento con grupos de interés y la normativa del Ministerio de Minería y Ministerio del Medio Ambiente en materia de procesos de participación ciudadana y planes de Derechos Humanos.

3. Crear la Empresa Nacional del Litio que pueda participar en todo el ciclo industrial, desde el catastro de recursos y la explotación del mineral, hasta su tratamiento y posteriores etapas industriales, como el armado de celdas de baterías y el reciclaje. La Empresa Nacional del Litio será una empresa estatal y buscará socios privados para el desarrollo sostenible de proyectos de exploración, explotación y de agregación de valor, y fomentará el desarrollo de tecnologías en todas las áreas de la cadena de valor.

4. Crear una Red de Salares Protegidos y en aquellos salares en régimen de explotación, asegurar el uso de tecnologías de bajo impacto ambiental. Los salares son ecosistemas complejos, únicos y altamente biodiversos, y están sufriendo una importante degradación a nivel global como en Chile. Lo anterior, obliga a resguardar la sustentabilidad ecológica a largo plazo de estos ecosistemas.

Por esto, la Estrategia contempla la creación de una red de sistemas de salares protegidos, cumpliendo el compromiso de proteger al menos un 30% de los ecosistemas al 2030, en línea con las obligaciones internacionales establecidas en la Convención Marco de Biodiversidad.
Para cumplir con esta meta, para cada salar y laguna salina, el Comité Estratégico de Litio y Salares, encargará estudios relativos al potencial ecosistémico para determinar si se habilita para interés industrial o si se preserva. Estos estudios serán responsabilidad de los organismos del Estado competentes, incluyendo al recientemente creado Comité de Capital Natural. El Instituto Tecnológico y de Investigación Público de Litio y Salares será responsable de centralizar la información que se consiga de dichos catastros.

En aquellos salares que sí se exploten, se exigirá la implementación de tecnologías que minimizan el impacto ambiental en la recuperación del litio, y la reducción del consumo de agua fresca. También, el monitoreo de los efectos biogeoquímicos de estas técnicas.

Además, se iniciará el proceso para incorporar a Chile a la iniciativa EITI (Extractive Industries Transparency Initiative), para asegurar la mayor transparencia y probidad en todas las industrias extractivas incluyendo minería del litio, cumpliendo los máximos estándares internacionales.

5. Modernizar el marco institucional. Se hará una propuesta de modernización institucional que permita el desarrollo y crecimiento de la industria, resguardando los impactos en los salares y comunidades, dando coherencia a los organismos existentes y nuevos, y regulando la relación entre las decisiones centrales y los gobiernos regionales y comunales, todo en concordancia con los objetivos de la Estrategia. Para la propuesta se considerarán el informe de la Comisión Nacional del Litio de 2015, de la Mesa Interministerial liderada por el Ministerio de Minería en 2022 y los resultados del proceso de diálogos mencionado previamente.

6. Crear un Instituto Tecnológico y de Investigación Público de Litio y Salares que tendrá como objetivo central la generación de conocimiento y tecnologías que permitan mejorar los procesos de extracción, producción, agregación de valor, aplicaciones y reciclaje, además de mejorar la comprensión y protección de los salares, a través de la construcción de líneas base públicas ecosistémicas. Este instituto combinará estos esfuerzos con capacidades de investigación en ecología, geología y ciencias sociales sobre los salares y sus comunidades, contribuyendo a una buena conservación, fiscalización y regulación del sector, y a la toma eficiente e informada de decisiones desde el Estado.

El Instituto también colaborará con el catastro de recursos y otros componentes ambientales que llevarán a cabo privados y empresas estatales. Estará encargado de recopilar y poner a disposición la información en términos de capital natural, y sobre los proyectos de exploración y explotación, tanto en sus etapas de formulación y diseño como de ejecución, de acuerdo con las disposiciones de acceso a información medioambiental contempladas por el Acuerdo de Escazú.

7. Incorporar al Estado en la actividad productiva del Salar de Atacama. El término en 2030 del contrato de arrendamiento a privados de una parte importante del Salar de Atacama abre la posibilidad de que el Estado de Chile inicie de inmediato las gestiones para ingresar en la actividad de explotación a través de una articulación público-privada que beneficie a Chile y su desarrollo.

En ese marco, Corfo solicitará a Codelco la búsqueda de los mejores caminos para lograr desde ya la participación del Estado chileno en la explotación de litio en el salar de Atacama, negociando en primer lugar con SQM, cuyo contrato vence precisamente en 2030.
Al respecto, dos consideraciones: en primer lugar, en caso de conformarse una empresa público- privada que explote el litio del Salar de Atacama, ésta tendrá una participación mayoritaria del Estado. En segundo lugar, el Estado de Chile respetará íntegramente lo establecido en los contratos vigentes. Es decir, una participación anticipada del Estado en el Salar de Atacama será fruto de un acuerdo con quienes actualmente tienen los derechos para explotar el litio.

Por último, los nuevos contratos de arrendamiento tomarán como piso las condiciones actuales de los contratos vigentes, considerando las rentas que hoy obtiene el Estado, los beneficios que se entregan al gobierno regional, los gobiernos locales y las comunidades del entorno del Salar, los aportes para I+D, las cuotas reservadas a precio preferente para el desarrollo de proyectos de valor agregado en Chile, y establecerán nuevos estándares socioambientales.

8. Prospección de otros salares. Es necesario catastrar los recursos disponibles en otros salares, y generar las condiciones para la potencial extracción de litio en forma responsable y sostenible, en tanto no pertenezcan a la red de salares protegidos.
Para los proyectos de explotación con valor estratégico para el país, se establecerán asociaciones público-privadas con control de las decisiones productivas por parte del Estado.

Para todos los proyectos se considerará como un piso las condiciones y beneficios para el Estado y las comunidades que hoy se establecen en los contratos que mantiene Corfo en el Salar de Atacama (recursos para comunidades, gobiernos regionales, gobiernos locales, e investigación y desarrollo), además de exigencias ambientales, tecnológicas, cuotas para proyectos de valor agregado, entre otras.

En este marco:

1. Se otorgarán contratos especiales de operación de litio (CEOL) de exploración y explotación a filiales de empresas del Estado –Codelco y Enami– en aquellos salares donde ya tienen proyectos en distintas etapas de desarrollo.
2. Para los otros salares que sean considerados susceptibles de explotación (dadas las restricciones de preservación) se iniciará un proceso público, transparente e informado de licitación a privados de CEOL de exploración. En caso de que los resultados de la exploración muestren potencial, el privado tendrá opción preferente para asociarse con una empresa del Estado para la etapa de explotación. De tratarse de proyectos de valor estratégico para el país, esta asociación deberá tener una participación mayoritaria del Estado.
3. Este proceso permitirá acelerar la exploración de los salares, y entregará un espacio para que los distintos actores nacionales e internacionales interesados puedan ingresar a la industria. Las ofertas presentadas en las licitaciones de CEOL de exploración deberán incluir también una propuesta de plan de generación de valor local y encadenamientos productivos que tendría el eventual proyecto de explotación, de forma de privilegiar iniciativas que involucren mayores encadenamientos productivos locales, desarrollo tecnológico y agregación de valor.