Anexos: Antecedentes históricos de las políticas implementadas en Chile para enfrentar la informalidad (2015-2021)

Chile ha realizado múltiples avances en las últimas décadas que se enmarcan en los principios propuestos por la OIT, los que le han permitido alcanzar niveles de informalidad menores a los observados en otros países de la región tales como Brasil, Colombia y Perú (OCDE, 2022). Estos avances abarcan una serie de dimensiones, que recogen la complejidad del fenómeno de la informalidad, entre los cuales es posible destacar:

Mejoría en el acceso a la protección social a personas trabajadoras a nivel nacional:

La creación de Previred en 2001, ha facilitado el cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad social a los empleadores (especialmente aquellos de menor tamaño y de casa particular) y de las personas trabajadoras independientes, al centralizar el pago de las cotizaciones de seguridad social en un portal único y gratuito de declaración y pago de las cotizaciones previsionales por internet, y donde los trámites efectuados cuentan con validez ante la Dirección del Trabajo.
La Ley N° 20.123 de subcontratación (octubre de 2006), que amplía el conjunto de responsables del pago de cotizaciones previsionales de las y los trabajadores subcontratados, estableciendo que, en caso de deudas previsionales, la empresa principal asuma la obligación de pago de éstas.
La Ley N° 21.133 (febrero de 2019), que incorpora a las personas trabajadoras independientes a los regímenes de protección social en las materias de salud y pensión, mediante la obligatoriedad de efectuar el pago de estas cotizaciones a través de la operación renta.
La Ley N° 21.431 (marzo de 2022), que modifica el Código del Trabajo regulando el contrato de personas trabajadoras de empresas de plataformas digitales, dependientes e independientes y las empresas encargadas de esas plataformas. En ella se especifica que el contrato laboral debe contener el deber de protección del empleador, la jornada de trabajo, remuneración u honorarios y el respectivo acceso a la seguridad social, entre otros derechos.

Facilitación de la creación de empresas formales:

El Portal “Tu Empresa en un día”, que permite la constitución de empresas en calidad de personas jurídicas en un plazo de 24 horas, mediante el uso de la firma electrónica avanzada y de forma gratuita.
La Ley N° 21.122 (noviembre de 2018), que regula el contrato por trabajo por obra o faena.
La Ley N° 21.327 (abril de 2021), que moderniza la Dirección del Trabajo y en la cual se destaca el aumento en el número de personas fiscalizadoras, además de equipos directivos, profesionales y otros equipos técnicos.
La Ley N° 21.521 (también conocida como Ley Fintech, enero 2023), que permite regular e incorporar a nuevos actores al mercado financiero, posibilitando un escenario más competitivo y una mayor inclusión financiera.

Incentivos para la formalización:

En este ámbito destacan el Subsidio al Empleo Joven (SEJ) y el Bono al Trabajo de la Mujer (BTM), que entregan un beneficio monetario a las y los trabajadores entre 18 y 24 años y mujeres entre 25 y 59 años, en cada caso, que se encuentren trabajando de manera dependiente o independiente y que pertenezcan al 40% más vulnerable de la población de acuerdo con el RSH. El SEJ, creado en abril de 2009 mediante la Ley N° 20.338, tiene como finalidad complementar la remuneración de las y los trabajadores e incentivar su contratación, en tanto el BTM creado en virtud de la Ley N° 20.595, de mayo de 2012, tiene como propósito mejorar las condiciones del empleo femenino, especialmente de los segmentos más vulnerables de la población, complementando sus ingresos e incentivando su contratación.
Ley N° 20.348 (junio de 2009), que resguarda el derecho a la igualdad en remuneraciones entre hombres y mujeres que presten el mismo trabajo.
Mejoras en la cobertura educación y en la formación continua:
Avances respecto a la cobertura de la educación básica y media obligatoria. La evidencia confirma la relevancia de avanzar por esta vía, debido a que las personas con menores niveles de escolaridad poseen mayores tasas de informalidad y presentan una menor probabilidad transitar hacia la formalidad.
Mejorías en el acceso educación terciaria y a la capacitación. Se han realizado avances significativos, principalmente a través de la gratuidad en la educación terciaria (institutos profesionales, centros de formación técnica y universidades). Al mismo tiempo, se ha fortalecido la oferta programática y formación continua a través del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence). Por ejemplo, el programa “Formación en el Puesto de Trabajo” busca aumentar la inserción en el mercado laboral de las y los jóvenes entre 15 y 24 años y adultos de 60 o más años desocupadas, mediante la entrega de una bonificación al empleador, que varía en función de la edad de la persona contratada. Al mismo tiempo, el programa “Fórmate para el Trabajo” pone a disposición de la población económicamente activa que se encuentre dentro del 60% más vulnerable según el RSH, capacitaciones de larga duración, que incluyen formación en un oficio, prácticas laborales, herramientas para facilitar la inserción laboral y asistencia técnica para desarrollar un proyecto de emprendimiento. Lo anterior, se diferencia de otros programas de capacitación, ya que se alinea con lo que sugiere la evidencia internacional en esta materia.

Políticas de protección laboral durante la crisis COVID-19

Con el propósito de mitigar los efectos de la pandemia sobre el mercado laboral, entre 2020 y 2021 se implementaron un conjunto de medidas para evitar la destrucción de empleos formales y promover la creación de ellos, y por esa vía, contener los efectos sobre el mercado informal, entre las cuales es posible mencionar:

Ley N° 21.227 de Protección al Empleo y la política de subsidios al empleo (abril de 2020). La primera, permitió mantener las relaciones laborales de los trabajadores mediante la suspensión de los contratos laborales y la reducción de sus jornadas. La segunda, consistió en un conjunto de instrumentos orientados a impulsar la recuperación del empleo que incluyó los Subsidios Regresa y Contrata (cuyas postulaciones finalizaron en diciembre de 2021) y los subsidios IFE Laboral y Protege Apoya cuyas postulaciones han sido extendidas hasta fines de 2022. Estos últimos están orientados a la creación de relaciones laborales formales de personas previamente cesantes y a la entrega de un aporte monetario a madres trabajadoras dependientes o independientes que tengan el cuidado de niños y niñas menores de hasta cinco años, respectivamente.
La Ley N° 21.247 de Crianza Protegida (julio de 2020), que estableció alternativas de cuidado infantil para madres y padres trabajadores en el contexto de la pandemia; creando una licencia médica preventiva para aquellos que se encontraban haciendo uso de un permiso postnatal parental cuyo término ocurriese durante el estado de excepción constitucional con motivo del brote de COVID-19. Además, para las y los trabajadores afiliados al Seguro de Cesantía con hijos o hijas nacidos hasta 2013, se les permitió suspender sus contratos por motivos de cuidado y acceder a las prestaciones del Seguro establecidos en la Ley de Protección al Empleo.