II. Prioridades de gasto público

La necesidad del Pacto Fiscal para el Desarrollo se funda en la existencia de un conjunto de prioridades ciudadanas de gasto público que están insatisfechas o cubiertas de manera insuficiente. El ejercicio de diálogo realizado las últimas semanas permitió priorizar cuatro áreas de mayor urgencia hacia donde se deben destinar los nuevos recursos: pensiones, salud, seguridad ciudadana y protección social. El mayor gasto fiscal permanente para financiar medidas en estas áreas priorizadas representa 2,7% del PIB (figura 2).

1. Pensiones. Considera un gasto fiscal de 1,2% del PIB.

1. Incorpora el diseño vigente del proyecto de ley ingresado
   • Incremento de la PGU a $250.000.
   • Aumento de cobertura PGU
   • Costo fiscal por el aumento de 6% de las cotizaciones de empleadores.
2. Gradualidad en aumento de valor de la PGU
   • Primer año a quienes no tienen pensiones autofinanciadas.
   • Segundo año a quienes tienen una pensión menor a $100.000.
   • Tercer año a quienes tienen una pensión menor a $400.000.
   • Cuarto año a todos los mayores de 65 años.

2. Salud. Considera un gasto fiscal de 0,9% del PIB y la integración de recomendaciones de la Comisión de Evaluación y Productividad (“CNEP”).

1. Salud Primaria
   • Aumento de gasto per cápita en salud en al menos $12.000, considerando una población de más de 14,5 millones de personas y cambio del Plan de Salud Familiar, en materia de brechas y realidad epidemiológica.
   • Lo anterior, acompañado con un nuevo marco de evaluación y de desempeño de la salud primaria que vele por el monitoreo de resultados de procesos, resultados y experiencia usuaria.
   • Mejoras en la conectividad e interoperabilidad del sistema, ampliación de la atención telesalud/telemedicina, incremento de los horarios de atención, estandarización de las capacidades de los distintos centros.
2. Tiempos de Espera (0,3% del PIB) Reducción de tiempos de espera a la mediana OCDE en un plazo de 3 años.
   • Implementación de franjas horarias de continuidad y ampliación de la oferta médica, entre otros.
   • Mayor escala de Grupo Relacionado de Diagnóstico (GRD) como herramienta de gestión hospitalaria. Utilizado en varios países desarrollados, permite clasificar a los pacientes en base a sus diagnósticos, procedimientos y severidad, tal que se asignen recursos en base a consumos similares y coherencia clínica.
   • Aumento de cobertura en Centros Resolución Regional.
   • Convenios con sector privado con capacidad disponible para campaña de reducción de las atenciones acumuladas.
3. Salud Mental
   • 30 centros Comunitarios de Salud Mental (infanto-juvenil, adulto y adicciones).
   • Detección Precoz (tamizajes recomendados por CNEP).
   • Intersectorialidad Niñez: Listas de espera de infancia vulnerada.
   • Atención Cerrada / Estrategias Residenciales.

3. Prevención. Seguridad pública y crimen organizado. Considera un gasto fiscal de 0,3% del PIB.

1. Instituciones con más capacidad y fortalecidas
   • Cierre de brechas y reforzamiento en equipamiento y elementos de protección personal para Carabineros y Policía de Investigaciones (cascos, chalecos, cámaras corporales, lentes antibalas, entre otros). Plazo: 3 años.
   • Quintuplicar asistentes policiales, aumentar Oficiales Policiales Profesionales y Oficiales Policiales de línea. Plazo: 10 años.
   • Modernización de la carrera e institucionalidad policial de Carabineros.
   • Creación de un Sistema Nacional de Protección de Víctimas y Testigos de Crimen Organizado y elaborar un Plan de Seguridad para jueces, fiscales, policías y funcionarios públicos que les corresponda participar en investigaciones a organizaciones criminales.
2. Inversión Tecnológica y carcelaria
   • Implementación de nueva Política de Ciberseguridad 2023-2028.
   • Implementar la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, lo que incluye la incorporación de nuevas tecnologías para fortalecer sus capacidades de georreferenciación; reconocimiento y análisis de imágenes; seguimiento y levantamiento de información; detección de sustancias ilícitas; vigilancia policial; detección y neutralización de drones; detectores para la revisión de contenedores, equipaje.
   • Proyectos de nuevas cárceles y equipamiento.
   • Invertir en equipamiento y tecnología para mejorar el control y resguardo de la frontera, en particular, de los pasos no habilitados.
   • Reposición y adquisición de equipamiento tecnológico en cárceles.
   • Fortalecimiento de la infraestructura de Gendarmería de Chile.
3. Estado Preventivo
   • Aumento de cobertura del programa Lazos.
   • Fortalecimiento sistema de prevención y rehabilitación (Senda, MDSyF, Salud) con foco en Niñez.
   • Inversión para la Recuperación de Espacios Públicos, incluye luminarias y cámaras de televigilancia.

4. Protección social. Considera un gasto fiscal de 0,3% PIB.

1. Cuidados
   • Fortalecimiento de la Canasta Mínima de Cuidados.
   • Mayor inversión en las personas mayores (ELEAM, Centros Diurnos) y personas en situación de discapacidad con el fin de tener cobertura a lo largo de todo el país.
   • Proceso de armonización y fortalecimiento de los subsidios a hogares.
2. Sala Cuna
   • Se elimina la restricción de al menos 20 trabajadoras sobre la que aplica la obligación de proveer el servicio de sala cuna, vigente en el Código del Trabajo, de modo de contribuir a la incorporación de la mujer al mercado laboral, evitando una potencial fuente de discriminación hacia las mujeres en el mercado laboral.
   • Para contribuir al financiamiento de este derecho, se crea un fondo de “Sala Cuna para Chile”, financiado con cotizaciones del empleador y aportes fiscales, el que se destinará al acceso a sala cuna de niños y niñas menores de dos años, de madres y padres trabajadores formales, tanto dependientes como independientes.