I. Necesidades y prioridades de gasto

El Pacto Fiscal se funda en la existencia de un conjunto de necesidades ciudadanas cuya satisfacción requiere de respuestas cuya envergadura financiera impide resolverlas dentro del proceso presupuestario regular en plazos razonables. Tales respuestas se estructuran en propuestas concretas de intervención pública, factibles de implementar en un plazo máximo de seis años. En su conjunto, las propuestas en materia de gasto involucran recursos por USD $8.000 millones anuales en régimen, equivalentes a 2,7% del PIB.

1. Pensiones (1,2% del PIB)

El aumento de las pensiones actuales y futuras es una prioridad impostergable para la ciudadanía. Parte de ello se logrará con el aumento de la Pensión Garantizada Universal a $250.000. Por sí solo, el incremento de la PGU elevará la tasa de reemplazo mediana desde 54% a 66%. Además, su cobertura se elevará en 166.000 personas al año 2030. Otra parte corresponde al costo fiscal del aumento en 6% de la tasa de cotización con cargo al empleador, que eleva directamente el gasto en cotizaciones por los empleados públicos y reduce la recaudación del impuesto a las utilidades corporativas como producto del aumento del gasto en cotizaciones de los empleadores del sector privado. Este mayor gasto fiscal de 1,2% del PIB se alcanzará mediante una implementación gradual en un plazo de seis años.

2. Salud (0,9% del PIB)

Se elevará el gasto en salud para responder a tres prioridades: la reducción de tiempos de espera hospitalarios, el fortalecimiento de la atención primaria de salud, especialmente a través de la ampliación a todas las comunas del país el Programa de Universalización de la Atención Primaria de Salud y el robustecimiento de las atenciones en salud mental.

Respecto a las listas de espera, el objetivo es reducirlas a la mediana de la OCDE —alrededor de 120 días— para intervenciones quirúrgicas. Para ello, se implementarán franjas horarias de continuidad, se ampliará la oferta médica y se realizará una coordinación pública-privada con criterios de seguridad social y eficiencia para una adecuada gestión de la capacidad disponible en el sector privado. Además, se invertirá en el aumento de cobertura de los Centros de Resolución Regional y en la reducción de las listas de espera para atenciones de especialidad.

En la atención primaria de salud, en línea con lo recomendado por la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, se aumentará el aporte per cápita de la APS desde los $11.200 hasta llegar a los $12.000[1].

Esto beneficiará directamente a los 14 millones de personas que la utilizan pudiendo ampliar los horarios de atención a los usuarios y usuarias a través del aumento de las horas y profesionales disponibles para entregar más atenciones de salud. En esa misma línea, se reducirán los tiempos de espera para los pacientes disminuyendo las cancelaciones y aplicando soluciones tecnológicas para una mayor eficiencia en el uso de los recursos. Todo ello, junto con la ampliación a todas las comunas del país del Programa de Universalización de la Atención Primaria de Salud, actualmente en 20 comunas, permitirá mejorar la capacidad resolutiva de la atención primaria y fortalecer los planes de promoción y prevención, reduciendo la presión futura sobre atención de especialidades, tratamientos y cirugías.

Sobre salud mental, se elaborarán lineamientos para el período, se construirán 30 Centros Comunitarios de Salud Mental, se invertirá en la detección precoz y la reducción de los tiempos de espera para la infancia vulnerada. Además, se elevará la inversión en formación de profesionales, que es uno de los desafíos más relevantes para fortalecer tanto a nivel privado como público esta línea de prestaciones. Parte de estos elementos quedarán recogidos en un proyecto de ley de Salud Mental que será ingresado durante el primer semestre del año 2024.

3. Prevención, seguridad pública y crimen organizado (0,3% del PIB)

Se destinarán recursos a fortalecer seguridad pública, a través de la prevención del delito, el combate al crimen organizado y el funcionamiento eficaz de la administración de justicia, actuando a través de tres ejes de acción: fortalecimiento institucional, inversión tecnológica y carcelaria, y Estado preventivo.

Entre las medidas de fortalecimiento institucional, se cuenta la creación de un Sistema Nacional de Protección de Víctimas y Testigos de Crimen Organizado. Además, se modernizará la carrera e institucionalidad de Carabineros, y se invertirá en el mejoramiento de las condiciones operacionales y la eficacia de las policías y de la administración de la justicia. Asimismo, se modernizará y abordarán las brechas en el Poder Judicial y el Ministerio Público.

En materia de inversión tecnológica y carcelaria, se implementará la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Se mejorará la infraestructura de Gendarmería de Chile, se invertirá en proyectos de nuevas cárceles y equipamiento, y se elevará la seguridad en la frontera a través de la adquisición de equipamiento y tecnología para mejorar el control y seguridad, especialmente en pasos no habilitados.

Asimismo, se priorizarán medidas de carácter preventivo, invirtiendo en la recuperación de espacios públicos, incluyendo luminarias y cámaras de televigilancia. Además, se fortalecerá el sistema de prevención y rehabilitación con foco en la niñez, y se aumentará la cobertura del programa Lazos.

Estas iniciativas serán complementarias a las adoptadas en los presupuestos de 2023 y 2024, así como a los gastos que se financiarán con cargo al Royalty Minero, completando una expansión del gasto en seguridad pública y administración de justicia de 1.500 millones de dólares anuales en régimen comparado con 2022.

4. Protección social (0,3% del PIB)

Se movilizarán los recursos para implementar un Sistema Nacional de Cuidados y el proyecto Sala Cuna para Chile.

En materia de cuidados, se contempla ampliar la cobertura anual de los Centros Comunitarios de Cuidados, Centros Diurnos y Referenciales para Personas Mayores, la Red Local de Apoyos y Cuidados, el financiamiento de plazas del Fondo Subsidio ELEAM, los cuidados domiciliarios y los Condominios de Viviendas Tuteladas, con el propósito de alcanzar una cobertura de 275.000 adultos mayores en un plazo de 5 años. Asimismo, se establecerá una red de apoyo para personas cuidadoras a través de certificación, kit de apoyo y teleasistencia para 80.000 personas al año y un Bolsillo Electrónico para el Cuidado. Finalmente, como parte de la reforma del impuesto a la renta se creará un gasto deducible de la base imponible del impuesto global complementario en materia de cuidados de niñas y niños de hasta dos años y personas dependientes, el que beneficiará a alrededor de 400.000 personas.

Sobre políticas de acceso a la sala cuna, se eliminará el requisito de contar con al menos 20 trabajadoras para que empleadores provean sala cuna. Asimismo, se universalizará el acceso a sala cuna de los hijos e hijas de trabajadoras y trabajadores, financiándose con aportes de empleadores –consignados en la propuesta de Reforma Previsional—y del Estado –con cargo a los recursos generados por el Pacto Fiscal. La red de salas cuna y jardines infantiles del Estado se fortalecerá, contribuyendo con ello a absorber la mayor demanda.

Estas medidas elevarán el acceso de las mujeres al mercado del trabajo, cuya tasa de participación es de solamente 51%, contribuyendo a su autonomía económica e incrementando la capacidad de crecimiento de nuestra economía.

En lo que se refiere a la educación, ésta es clave para la integración al desarrollo y la adquisición de competencias para elevar la capacidad productiva del país. No obstante, dado el volumen comparativo de recursos que se destina actualmente a este sector, se debe identificar oportunidades para elevar el rendimiento de estos recursos.

En efecto, el gasto público en educación en Chile es actualmente de 4,2% del Producto Interno Bruto (PIB), y representa un 16% del gasto público total. Es un gasto alto en una perspectiva comparada: en promedio, los países de la OCDE destinan el 10% de su presupuesto público a educación. A nivel primario y secundario, el gasto público totaliza 3,1% del PIB, mientras que el promedio OCDE es de 3,3% del PIB. Por su parte, el gasto público en educación terciaria es de 1,1% del PIB, contra una media de 1,0% del PIB a nivel OCDE.

La dinámica de este gasto en los últimos años ha estado marcada por la demografía y por reformas institucionales y financieras que aún se encuentran en plena implementación. Así, mientras la presión demográfica se ha reducido por el menor ritmo de crecimiento de la población de menos de 25 años, las reformas pasadas han ejercido una significativa presión expansiva, particularmente aquellas asociadas al financiamiento universitario, como la gratuidad universitaria y a la nueva educación pública.

En estas circunstancias, antes de asumir nuevos compromisos de gasto, se realizará, durante el primer semestre de 2024, un análisis comparado de la inversión pública por nivel educacional, proyectando los compromisos remanentes de gasto, optimización del gasto e identificando áreas prioritarias para la política pública que busque aumentar la calidad de la educación, cerrar brechas de aprendizaje y aumentar la productividad futura de nuestro país. Entre éstos destacan la educación preescolar y el sistema de formación de competencias y capacitación para los adultos, incluyendo la educación técnico profesional.