Introducción
Chile se encuentra en un momento clave de cara a los desafíos del desarrollo. Mientras el país ha ido recuperando gradualmente la estabilidad después de cinco años de gran volatilidad económica, tensiones políticas y alta incertidumbre para los hogares y las empresas, los cambios en la economía mundial y en la tecnología abren oportunidades insospechadas de desarrollo para nuestro país a futuro. En otras palabras, junto con recuperar la estabilidad macroeconómica, Chile puede comenzar a transitar por una senda de prosperidad de largo plazo, dejando atrás un extenso período de estancamiento.
Para aprovechar estas oportunidades no basta con los dones de la naturaleza o el empuje de nuestro pueblo; se requieren instituciones sólidas, políticas adecuadas y, de forma muy importante, la colaboración de todos los actores económicos, sociales y políticos para generar un clima favorable al emprendimiento, la innovación y la calificación de trabajadores y trabajadoras. Esta colaboración se debe basar en que todos tengan la oportunidad de beneficiarse con los frutos del desarrollo y que éste sea social y ambientalmente sostenible.
Del mismo modo, es necesario actuar con visión de largo plazo y sentido de urgencia. La primera es fundamental para entender que con gobiernos de cuatro años resulta esencial la continuidad de políticas claves y la consistencia intertemporal. El sentido de urgencia es necesario para responder al hecho de que, en un mundo competitivo y cambiante, las oportunidades no estarán abiertas indefinidamente para Chile.
Avanzar decididamente al desarrollo implica innovar, cerrar brechas y asumir riesgos. Las oportunidades que se nos presentan como nación se tornan aún más importantes frente a la marcada desaceleración del crecimiento tendencial y el estancamiento de la productividad de los últimos 15 años en Chile. Esto indica que no vamos a avanzar haciendo todo igual que antes y que se deben abordar oportunamente los problemas que enfrentan segmentos importantes de la población y de la economía, de modo que nadie se quede atrás. Para esto, trabajadores, emprendedores y comunidades necesitan un marco institucional que asegure estabilidad macroeconómica, reglas claras, instituciones confiables, condiciones financieras favorables y políticas públicas que mejoren la calidad de vida.
El Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal (en breve, Pacto Fiscal) busca impulsar a nuestro país hacia una nueva etapa de desarrollo, reuniendo un conjunto de iniciativas que, desde el ámbito de las políticas públicas, logren movilizar recursos, ofrecer incentivos y generar más certezas, para responder a las necesidades prioritarias de las personas en un marco de mayor eficiencia y transparencia del Estado, crecimiento sostenido y responsabilidad fiscal.
El Pacto Fiscal es producto del trabajo de representantes de un amplio espectro de fuerzas políticas y del Gobierno, alimentado por diálogos previos con la ciudadanía y organizaciones de la gran empresa, las y los trabajadores, las empresas de menor tamaño y organizaciones de la sociedad civil. Este se formula como una agenda amplia y coherente de iniciativas, basadas en principios ordenadores y con mecanismos de monitoreo y evaluación para su ejecución.
El Pacto Fiscal es el ejercicio más comprehensivo de articulación de una agenda de reformas fiscales, económicas e institucionales en muchos años. Su implementación efectiva requerirá una clara asignación de responsabilidades y una articulación del proceso legislativo, que esta instancia no pretende reemplazar. No obstante, será necesario un acuerdo político que identifique los proyectos que serán presentados al Congreso Nacional y un compromiso de las fuerzas políticas para asignarles prioridad.