III. Estímulo al Crecimiento

El crecimiento económico contribuye al espacio fiscal a través de su impacto sobre los ingresos tributarios. Para incrementar el espacio fiscal respecto al que se proyecta en la situación actual es necesario articular iniciativas que aseguren un mayor crecimiento sostenido y sostenible. Sobre la base de este criterio se han identificado más de 30 iniciativas para acelerar la reactivación económica y elevar el crecimiento tendencial en Chile. El valor de estas iniciativas no radica sólo en su efecto sobre el espacio fiscal, sino también en su impacto directo sobre el empleo, la productividad, los ingresos, las oportunidades de emprendimiento y el bienestar de la población.

Las iniciativas identificadas en la elaboración del pacto fiscal se agrupan en cinco categorías: (i) racionalización regulatoria de proyectos de inversión; (ii) incentivos tributarios a la inversión y la productividad; (iii) diversificación productiva; (iv) desarrollo de infraestructura, y (v) formalización de la economía.

(i) Racionalización regulatoria para proyectos de inversión

La extensión de los tiempos de tramitación de permisos para proyectos de inversión y su creciente complejidad hacen que todo el proceso sea lento, elevando la incertidumbre regulatoria, reduciendo el retorno financiero de los proyectos y comprometiendo su oportuna entrada en operación. A partir de los estudios realizados por la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), se han identificado seis iniciativas para revertir de manera decidida esta situación.

Sobre la base de las iniciativas propuestas se ha fijado como meta reducir en un tercio los tiempos de tramitación de un proyecto de inversión estándar, para lo cual se podrá contar con la experiencia, los instrumentos y la capacidad de monitoreo de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad.

1. Modernizar la gestión de permisos ambientales

Se reformará la Ley N° 19.300 con el propósito de racionalizar los procesos de autorización de proyectos, reduciendo sus plazos de tramitación sin debilitar los estándares ambientales. Para tal efecto, la reforma contemplará, a lo menos: (i) adelantar los procesos de participación ciudadana (PACA), de manera de identificar tempranamente las preocupaciones, objeciones y/o necesidades de la comunidad; (ii) eliminar el Consejo de Ministros, reemplazándolo por una instancia -unipersonal o colegiada- de carácter técnico;
(iii)    aplicar criterios de proporcionalidad y finalidad en la tramitación de permisos; (iv) absorber en la evaluación ambiental los Permisos Ambientales Sectoriales (PAS) mixtos; (v) minimizar los riesgos de retroceso de un proyecto por razones distintas de los recursos administrativos y jurisdiccionales, (vi) generar un banco público de líneas de base ambientales, y (vii) fortalecer el Servicio de Evaluación Ambiental.

2. Generar un marco legal común para los permisos sectoriales para inversiones

Se preparará un PDL que crea una gobernanza de la gestión de permisos sectoriales que permita coordinar múltiples instituciones del Estado intervinientes. Se incorporará la posibilidad que los servicios responsables tengan flexibilidad en la distribución de sus recursos internos para mejorar su eficiencia, especialmente, respecto a trámites que no requieren presencialidad, por otro lado, se facultará a los servicios para que contraten de forma temporal y excepcional a evaluadores externos, que permitan disminuir el número de permisos sectoriales pendientes de años previos, creando mecanismos institucionales para evitar potenciales conflictos de interés. Adicionalmente, se incluirán criterios de proporcionalidad en la tramitación de los permisos.

Dentro de este PDL se analizará la inclusión de modificaciones a la ley de procedimientos administrativos, en especial respecto del cumplimiento de los plazos, así como la procedencia del silencio administrativo positivo en una mayor cantidad de situaciones, y la incorporación de plazos límites y sanciones por incumplimiento fundado, de forma de evitar que la demora injustificada en la tramitación pueda terminar con decisiones negativas por el sólo transcurso del tiempo.

3. Reformar los permisos de Concesiones Marítimas

Se ingresarán indicaciones al proyecto de ley que reforma los permisos de Concesiones Marítimas, actualmente en segundo trámite constitucional en el Senado (Boletín 8.467-12). Su objetivo será disminuir los tiempos de tramitación en un permiso que hoy enfrenta uno de los mayores niveles de atraso, generando una institucionalidad más adecuada, fortalecida y con capacidades suficientes de respuesta, a través de la transferencia de facultades generales desde la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante del Territorio Marítimo (DIRECTEMAR) a una plataforma administrada por el Ministerio de Bienes Nacionales, donde este actuará por defecto o trasladará las decisiones a organismos especializados.

4. Mejorar la gestión de permisos ligados al Consejo de Monumentos Nacionales

Se priorizará la actualización de la legislación de Patrimonio Cultural, actualmente en consulta indígena, que incluirá un fortalecimiento del Servicio y una modernización de los permisos que dependen del Consejo de Monumentos Nacionales, de manera de reducir sus plazos de tramitación. En el intertanto, se revisará el reglamento sobre excavaciones y/o prospecciones arqueológicas, antropológicas y paleontológicas, con el objeto de racionalizar y uniformar los criterios de intervención.

5. Modernizar las Direcciones de Obras Municipales (DOM)

Dar urgencia a la tramitación de indicaciones al proyecto de ley que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de plazos y sanciones por incumplimiento (Boletín N°15.543-14), incorporando estándares definidos en la revisión de los proyectos.

(ii) Incentivos tributarios a la inversión privada y la productividad

El proyecto de reforma del impuesto a la renta contendrá un conjunto de medidas de incentivo a la inversión privada y la productividad. La menor recaudación generada por estas medidas deberá compensarse dentro del mismo proyecto.

6. Fondo de créditos tributarios para inversiones con efecto multiplicador

Se establecerá un fondo de créditos tributarios contra el pago futuro de impuesto a la renta de primera categoría que se asignará anualmente a los titulares de proyectos de inversión con un alto efecto multiplicador sobre la actividad y el empleo, así como con externalidades positivas en materia territorial y ambiental. Este sistema, desarrollado en conjunto con CORFO, se apoyará en indicadores objetivos, en un proceso expedito de postulación e instancias de decisión de carácter técnico.

7. Ampliación de beneficios a la inversión en investigación y desarrollo

Se ampliarán significativamente los actuales beneficios para las inversiones de las empresas en investigación y desarrollo. Para ello se reducirán requisitos, se triplicarán los límites actuales, se otorgará acceso a empresas en el régimen PYME y, en este último caso, se permitirá que los beneficios puedan obtenerse en la forma de un pago, en caso de empresas con pérdidas.

8. Ampliación de los incentivos a la reinversión de utilidades en el régimen PYME

Se ampliarán los límites del beneficio a la reinversión de utilidades de empresas PYME, los que se harán extensivos a las empresas que tributen bajo el régimen transparente.

9. Rebaja transitoria del impuesto de timbres y estampillas

Se reducirá durante dos años el impuesto de timbres y estampillas para operaciones de financiamiento de inversiones.

10. Crear la Agencia de Financiamiento para el Desarrollo

Esta Agencia incorporará las facultades que hoy tiene la gerencia de crédito de CORFO en un marco de mayor flexibilidad, propio de una empresa pública, desarrollando productos financieros para responder a las necesidades de financiamiento, capitalización y gestión de riesgo de proyectos y emprendimientos con un alto potencial de crecimiento.

11. Acelerar el desarrollo de la industria de capital de riesgo y  la capitalización de  empresas emergentes

Se creará un Fondo de Fondos para incentivar la inversión en empresas de capital de riesgo y en etapas iniciales de su desarrollo, promoviendo su escalamiento.

(iii) Acelerar el desarrollo de sectores con potencial de diversificación productiva

Chile tiene una oportunidad única de elevar su potencial de crecimiento mediante el desarrollo de sectores en que el país tiene ventajas comparativas y que se están viendo beneficiados por cambios tecnológicos y cambios en la economía mundial. En particular, se identifican oportunidades en minería limpia y competitiva, industria del litio, hidrógeno verde, energías renovables, economía digital y turismo.

Para aprovechar estas oportunidades es importante fijarse metas desafiantes y articular acciones que aceleren el desarrollo de inversiones, favorezcan la introducción de nuevas tecnologías y fortalezcan los encadenamientos productivos y la inserción en cadenas de valor global. El cuadro siguiente resume las metas propuestas para estos sectores al término de la actual Administración.

12. Elegibilidad automática para incentivos tributarios a la inversión

Los seis sectores serán automáticamente elegibles para los incentivos tributarios a inversiones con efecto multiplicador, sujeto a la calificación de proyectos según sus externalidades.

13. Cumplimiento de los compromisos de racionalización de permisos para las inversiones mineras comprometidos durante la tramitación del Royalty minero

Durante la tramitación del proyecto de Royalty minero, el Ejecutivo se comprometió mediante un protocolo a articular las acciones necesarias para reducir en un tercio el tiempo de tramitación de proyectos de inversión minera. Habiéndose constituido la mesa de trabajo para analizar los principales cuellos de botella, se ha identificado 36 permisos críticos, respecto de los cuales se identificarán acciones concretas que se desarrollarán en cada caso.

14. Implementar el plan de transición para generación de energías renovables

Para continuar con el cambio en la matriz de generación eléctrica es fundamental que se implemente el plan de transición que contempla la modificación de la regulación tarifaria, la licitación e instalación de baterías de almacenamiento en las generadoras del norte del país, y la construcción de la línea de transmisión Kimal-Lo Aguirre dentro de los plazos comprometidos.

15. Aprobar el Plan de Acción para el desarrollo de la industria del hidrógeno verde

Habiéndose adoptado la estrategia de desarrollo de la industria del hidrógeno verde aprobada en 2020 es urgente aprobar el Plan de Acción que guiará su implementación. Este será aprobado una vez que se haya completado la consulta ciudadana en curso, a inicios de 2024.

16. Adecuar los criterios de evaluación de inversiones en centros de datos

Considerando la calidad de la conectividad, Chile tiene un gran potencial para transformarse en un hub de servicios digitales de América Latina, especialmente si se materializan los proyectos de cable submarino con Asia-Pacífico. Para avanzar en esta materia resulta urgente clarificar el marco normativo aplicable a las inversiones en Centros de Datos.

17. Fortalecimiento de la formación de competencias y capacitación para adultos

En línea con las necesidades de nuestra matriz productiva, especialmente pero no acotado a los sectores donde se identifican oportunidades de diversificación productiva y crecimiento, es fundamental robustecer la formación de competencias y capacitación de los adultos. Para ello, se fortalecerán los sistemas de educación técnico profesional, de capacitación continua y de certificación de competencias laborales. Asimismo, se ampliará del programa de Talento Digital, para abarcar 50.000 beneficiarios adicionales.

18. Potenciar los esfuerzos en inversión en innovación y desarrollo productivo

Fortalecer la coordinación intersectorial y sinergia de los instrumentos y herramientas de innovación y fomento productivo del Ministerio de Ciencias, la CORFO, Ministerio de Economía, el Fondo Nacional de Productividad y Desarrollo de los Gobiernos Regionales, y otras instituciones públicas. Para esto, se profundizará en el diálogo entre el sector público y privado para lograr una cooperación efectiva que permita elevar tanto la inversión pública como la privada en innovación y desarrollo productivo.

19. Establecer un sistema de devolución de IVA a las compras de mayor valor efectuadas por turistas extranjeros

Para estimular el turismo de alto poder adquisitivo, se adoptará un sistema de devolución de IVA a las compras de mayor valor realizada por turistas extranjeros en Chile, similar al que se aplica en otros países y consistente con la devolución de IVA a los exportadores de bienes.

(iv) Inversión en infraestructura pública y privada

La infraestructura es esencial para elevar la productividad, mejorar la rentabilidad de proyectos de inversión y hacer más competitivas nuestras exportaciones. Para evitar que las presiones sobre el gasto corriente reduzcan la inversión, es necesario proporcionar financiamiento adecuado al primero, contener su dinámica intertemporal y establecer metas de inversión en infraestructura proporcionales al crecimiento tendencial esperado.

20. Establecer un Consejo Asesor Presidencial responsable de la elaboración de un plan de Infraestructura de Largo plazo

Se creará por ley un Consejo que asesorará al Presidente de la República en materias de infraestructura. Su tarea principal será elaborar un programa de infraestructura que servirá de marco para la inversión a través de concesiones e inversión pública directa, con una mirada de largo plazo, que trascienda los períodos presidenciales y permita identificar proyectos de mayor envergadura.

21. Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT)

Agilizar la tramitación del reglamento para la pronta entrada en vigencia e implementación de los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT).

22. Ampliar y agilizar el programa de concesiones

Se establece como prioridad la reactivación de concesiones de infraestructura, especialmente vial, que estén paralizadas, sobre todo en regiones, extendiendo asimismo esta modalidad hacia áreas nuevas, como plantas desaladoras, incluyendo desaladoras de uso compartido.

23. Plan de inversión en infraestructura y gestión hídrica

Se ejecutará un plan de mediano y largo plazo para mitigar el impacto productivo de la escasez hídrica, incluyendo inversiones en infraestructura resiliente como embalses y obras de regadío, plantas desaladoras, cuencas hidrográficas y reutilización de aguas. El Proyecto de Ley de regulación de las desaladoras propiciará el ordenamiento territorial de la industria.

24. Modernización de la ley de puertos y la logística complementaria

A partir del proceso de consulta pública en marcha, se modernizará la ley de puertos y se agilizará la inversión en puertos públicos, privados y concesionados, así como la logística que los alimenta, incluyendo accesos viales, ferrocarriles de carga y centros de transferencia. El área de influencia en que se ubican las instalaciones portuarias recibirá recursos adicionales provenientes del régimen aplicable a las empresas del sector.

25. Implementar una estrategia para elevar el valor agregado de la minería

Con el objeto de medir adecuadamente el valor exportado de minerales, se establecerán laboratorios de análisis equipados adecuadamente en los principales puntos de exportación, partiendo por Antofagasta. Sobre la base de la política de fundiciones recientemente aprobada, se implementará una estrategia que permita recuperar y ampliar la capacidad de refinación y fundición de cobre en el país, con la participación de Codelco, ENAMI y el sector privado. Para estos efectos ENAMI podrá acceder a recursos del Fondo para la Productividad y Desarrollo, creado en cumplimiento de acuerdos en torno a la Ley de Royalty Minero.

(v) Reducir la informalidad

La informalidad económica reduce la productividad y el potencial de crecimiento del país, perjudica a las empresas y trabajadores que cumplen con sus obligaciones legales, debilita la recaudación tributaria y la protección social de los trabajadores y genera espacio para el desarrollo de grupos organizados, fronterizos con el crimen. Aunque en Chile la economía informal es menor que en otros países de América Latina, es muy superior a la de países con mayor nivel de desarrollo a lo que queremos acercarnos. Reducir la informalidad requiere actuar tanto para sancionarla y perseguirla como incentivar y facilitar la formalización.

26. Control de la informalidad

• Obligar a los proveedores de POS, las plataformas que permitan la venta de bienes o servicios de terceros, así como los organismos públicos, a exigir inicio de actividades a los contribuyentes con los cuales realicen operaciones.
• Requerir a las instituciones financieras que informen al SII cuando un contribuyente reciba una serie de transferencias de un número de distintos contribuyentes, dando cuenta potencialmente de una actividad comercial.
• Sujetar a las plataformas de venta de bienes extranjeros a las normas de IVA simplificado implementado para los servicios digitales.
• Establecer medidas precautorias que permitan, por ejemplo, el embargo de activos, para que el SII pueda asegurar la persecución de la informalidad.
• Incorporar sanciones equiparables a la clausura del establecimiento a aquellas plataformas de comercio digital que no emitan documentos tributarios.
• Eliminar la exención de IVA a la importación de bienes de poco valor.

Estas medidas se incorporarán a la reforma legal para elevar el cumplimiento tributario, que se explica más adelante.

27. Incentivos a la formalización

• Establecer un sistema ultra simplificado dentro del régimen PYME para que, mediante un monotributo, se combine un pago único mensual para cubrir obligaciones tributarias y previsionales con capacitación y educación para la elaboración progresiva de estados contables (ver reforma de impuesto a la renta).
• Para ampliar los beneficios para trabajadores y empleadores formalizados se automatizará el pago de cotizaciones previsionales bajo modalidades adecuadas a trabajadores y empleadores con alta variabilidad en sus ingresos.
• Revisar los requerimientos para acceder a beneficios sociales, eliminando desincentivos a la formalización y desarrollar una campaña de información que despeje dudas, creencias y prejuicios en torno al eventual efecto perjudicial de la formalización.
• Realizar una campaña comunicacional para fomentar la formalización.