II. Reforma del Estado
El Pacto Fiscal incorpora 12 iniciativas en materia de reforma del Estado que cumplen dos objetivos. En primer lugar, elevar la eficiencia en la gestión del sector público, liberando recursos que incrementen el espacio fiscal. En segundo lugar, aumentar la transparencia, eficacia, calidad de servicio y probidad, pues estos atributos fortalecen la confianza en las instituciones del Estado, lo que eleva la satisfacción de sus usuarios y facilita la implementación de políticas.
1. Crear una Agencia de Calidad de Políticas Públicas (ACPP) a cargo de la evaluación de programas y políticas públicas, así como de la política regulatoria del Estado
Esta Agencia, de carácter técnico y con un cuerpo colegiado que permita dar continuidad en el tiempo a su trabajo, tendrá como objetivo propender al impacto positivo de las iniciativas de política pública sobre la eficiencia y el bienestar, velando por el uso eficiente de los recursos y el ejercicio de las facultades del Estado. En particular, la ACPP tendrá a su cargo: (i) la evaluación de políticas públicas generales, con un foco en la eficacia para el logro de los objetivos declarados de las mismas; (ii) la evaluación de programas públicos, desde la perspectiva de su formulación lógica, la consistencia de su diseño para el logro de resultados esperados y el balance de sus costos y beneficios sociales, y (iii) la evaluación de los costos y beneficios de regulaciones emitidas por la autoridad, incluyendo su interacción con otras regulaciones vigentes.
Para desarrollar su labor, la ACPP contará con un gobierno colegiado y personal técnico de excelencia, ejecutando sus funciones a través de su propio equipo profesional o contratando evaluaciones externas. La ACPP propondrá estándares para evaluaciones desarrolladas por otros entes públicos, para lo cual considerará la realidad y características particulares de la política pública evaluada, promoviendo la articulación interinstitucional. Los resultados de sus evaluaciones serán públicos, deberán alcanzar una escala suficiente para entregar información de calidad y oportuna para la toma de decisiones, que permitan alimentar la formulación presupuestaria, pudiendo incluir consultas a usuarios potenciales o efectivos y deberán considerar la dimensión territorial de la política pública.
Las evaluaciones que lleve a cabo la ACPP deberán respetar las prioridades y objetivos que fije la autoridad política y deberán efectuarse dentro de plazos que no interfieran sobre su oportuna implementación.
2. Implementar una estrategia de revisiones selectivas de gasto
En línea con las recomendaciones y estimaciones emanadas del informe de la OCDE “Selective Spending Reviews in Chile: Action Plan”, se implementará una estrategia de revisiones selectivas de gasto público en materias como gasto operacional, tecnologías de información, arriendo de inmuebles y gasto en personal. Siguiendo lo propuesto por dicho informe, se conformará una fuerza de tarea especial, que tendrá el mandato de encontrar espacios de ahorro fiscal en un proceso de mediano plazo de al menos 3 años. Dicho proceso considera la ejecución y reasignación de recursos en los próximos ciclos presupuestarios. Esta estrategia va a complementar el trabajo de seguimiento y racionalización de recursos derivado de los distintos instrumentos del Sistema de Monitoreo y Evaluación de programas de la Dipres y el Ministerio de Desarrollo Social, así como del trabajo de la Agencia de Calidad de las Políticas Públicas.
3. Regulación y participación de organizaciones de la sociedad civil
Las Instituciones Privadas sin Fines de Lucro (IPSFL) son importantes colaboradores del Estado en el logro de sus objetivos de política. Pese a ello, la relación entre el Estado y estas organizaciones no cuenta con una regulación general ni permanente, dependiendo en gran medida de glosas presupuestarias anuales.
Para cubrir esta brecha y en línea con las mejoras introducidas en el proyecto de Ley de Presupuestos 2024, en relación a las transferencias corrientes y de capital, se ejecutará el Plan de Acción de la Comisión Interministerial para la relación entre el Estado y las instituciones privadas sin fines de lucro, más conocida como la “Comisión Jaraquemada”, con un cronograma de corto, mediano y largo plazo, que incluye la elaboración de un proyecto de ley de marco general de transferencias de recursos del Estado hacia entidades privadas, indicaciones al proyecto de “Transparencia 2.0” e indicaciones al proyecto de integridad en municipios, entre otras medidas.
4. Avanzar en una estrategia de descentralización fiscal balanceada, transparente y responsable
En el marco del proyecto de ley de “Regiones Más Fuertes”, se incorporarán ajustes que, manteniendo los avances en descentralización fiscal de los gobiernos regionales, refuercen los controles en el uso de recursos con mayores niveles de auditoría y rendición de cuentas al Congreso Nacional y eleven la incidencia de los consejos regionales en la fiscalización y asignación de recursos. Estas indicaciones deben contemplar el compromiso de equidad territorial, incluyendo la discusión de mejoras al Fondo de Apoyo Regional en la Ley de Subsidio al Transporte, además de contemplar nuevas rentas autogeneradas para los GORE.
Junto con lo anterior se presentará un proyecto de reforma de la Ley de Rentas Municipales, que fortalezca el financiamiento de los municipios, actualice la fórmula del Fondo Común Municipal, elimine resquicios a través de los cuales se generan compromisos municipales no financiados e incorpore nuevas exigencias de responsabilidad y rendición de cuentas ante la comunidad local.
5. Agilizar la ejecución de la inversión pública
Para esto se fortalecerán los Acuerdos Regionales de Inversión (ARI), con mayor estandarización y coordinación entre los niveles nacional, regional y comunal, además de incorporar proporcionalidad en el proceso de evaluación de la inversión pública, donde una obra menor no tendrá el mismo procedimiento de evaluación que una obra de gran envergadura, disminuyendo pasos, pero manteniendo la rigurosidad y pertinencia de la evaluación.
Adicionalmente, se realizarán cambios a los procedimientos de inversión pública para dar mayor agilidad a éstas, incluyendo su identificación presupuestaria, procesos de licitación, inspección y recepción de obras, y procesos de pago. Entre estos, se revisarán y analizarán los cambios en los procesos de construcción para obras menores, incentivando que estas puedan ejecutarse incluyendo el diseño y construcción, disminuyendo los tiempos de desarrollo.
6. Fortalecimiento del servicio público
El Estado depende de sus trabajadores y trabajadoras para ejercer sus funciones. Las medidas de fortalecimiento del servicio público se llevarán a cabo a través del diálogo con las y los funcionarios representados a través de la mesa del sector público.
Se ajustarán las instrucciones a las instituciones públicas para mantener actualizado el catastro que se realiza cada 3-4 meses, difundiendo sus resultados y fortaleciendo el marco normativo de su incumplimiento. Asimismo, se elaborará una Agenda de Fortalecimiento del Empleo Público, que implicará diferenciar cargos de Alta Dirección Pública (ADP), cargos de confianza y cargos permanentes. Adicionalmente, se fortalecerán los cargos de segundo nivel jerárquico seleccionados a través del Sistema de ADP, con tal de separarlos del ciclo político. Por último, se introducirán ajustes a los sistemas de gestión de personas y mecanismos de incentivos como el Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG), se diseñarán e implementarán medidas que reduzcan los niveles de ausentismo en el sector público y que aumenten el control de dotación en especial en el sector educacional a nivel municipal.
7. Crear un Registro Nacional de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas en Chile
Este Registro permitirá identificar al propietario final de las empresas y fundaciones que operan en Chile, incluidas entidades con y sin fines de lucro, administrado por el Servicio de Impuestos Internos (SII), en coordinación con otras unidades del Estado que tengan interés en la información ahí contenida (ChileCompra, Unidad de Análisis Financiero —UAF—, Ministerio Público, entre otros). Esto permitirá prevenir y eventualmente sancionar irregularidades como el uso de información privilegiada, conflictos de intereses, así como responsabilizar a los propietarios por las acciones de las empresas.
8. Fortalecer el gobierno digital
Para ello se traspasará la actual División de Gobierno Digital desde el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES) al Ministerio de Hacienda, facilitando el establecimiento de estándares tecnológicos para todo el sector público, potenciando la red de interoperabilidad de datos del Estado y el desarrollo de una plataforma integrada de servicios públicos digitales, simplificando y mejorando la experiencia de los usuarios; además de continuar con la implementación de la Ley de la Transformación Digital, y potenciar la evaluación de las compras tecnológicas.
9. Formalizar y fortalecer a la Auditoría Interna de Gobierno
Se transformará el actual Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) en una institución reconocida y regulada por ley, encargada de informar, apoyar y asesorar a las jefaturas del gobierno central respecto del cumplimiento de normas y procedimientos. Esta contará con personalidad jurídica y patrimonio propio, será encabezado por un Auditor(a) General de Gobierno, contará con un Consejo Asesor y tendrá presencia en todos los servicios públicos.
10. Actualizar la Ley de Responsabilidad Fiscal
Se reactivará la discusión de este proyecto de ley, incorporando a la normativa permanente una regla fiscal dual que considere un nivel de deuda prudente, el establecimiento de cláusulas de escape, y el fortalecimiento del Consejo Fiscal Autónomo (CFA). Incluye además un fortalecimiento de los mecanismos para gestionar las finanzas públicas en situaciones de emergencia y una mejor regulación de la gestión de los fondos soberanos.
11. Mejorar la administración de las compras y transacciones de bienes raíces del Estado
Esto incluye implementar plenamente la nueva ley de Compras Públicas, utilizar herramientas de big data e inteligencia artificial para identificar anomalías en las compras públicas y reducir de 30 a 20 días el plazo de pago a los proveedores del Estado para aquellas transacciones que se realicen utilizando el sistema de pago de proveedores automatizado, el que será administrado por la Tesorería General de la República (TGR). Asimismo, se elaborará un plan para optimizar el uso de propiedades públicas e inmuebles en arriendo, actualizando el catastro de propiedades públicas y promoviendo un uso eficiente por parte de los servicios públicos.
12. Fortalecer la gestión de activos y pasivos financieros del gobierno, así como de sus pasivos contingentes
La gestión de activos financieros (fondos soberanos, saldos de caja) y pasivos financieros (deuda pública, cuentas por pagar) de las instituciones públicas inciden sobre el espacio fiscal a través del rendimiento financiero neto de costos financieros y de las necesidades de refinanciamiento. Se fortalecerá esta gestión mediante políticas que minimicen la existencia de fondos improductivos y políticas de fondeo e inversión que optimicen los rendimientos financieros, desarrollando comparadores para niveles de riesgo y liquidez apropiadas para el sector público. En el caso de los pasivos contingentes, se fortalecerá la defensa de los intereses del Fisco a través del Consejo de Defensa del Estado y otras instituciones que intervienen en procesos. También se robustecerá la responsabilidad de los servicios públicos cuyas acciones motivan demandas contra el Estado.