Introducción
Al cierre de esta administración, y luego de muchos meses difíciles, en los que tuvimos que enfrentar una crisis social, política, sanitaria y económica, corresponde hacer un repaso de los desafíos a los que nos enfrentamos y cuales han sido sus resultados.
La economía chilena se ha levantado, creciendo dentro de las mayores tasas a nivel global, y en el que nuestros compatriotas han recuperado parte importante de sus libertades de movilización y reunión. Por un lado, en 2021 fuimos uno de los países que más creció en el mundo, alcanzando una variación anual de 12%, duplicando las proyecciones a comienzos de dicho año, levantando la economía luego de una caída de casi 6% en 2020. Por otra parte, durante el peor momento de la pandemia, lamentamos la destrucción de cerca de 2 millones de puestos de trabajo. Pero transcurrido más de un año, podemos decir que hemos recuperado sobre el 80% de los empleos dicha caída, con un fuerte aumento del empleo formal.
Para conseguir esto, el despliegue fiscal y el ejemplar proceso de vacunación jugaron un rol vital. Respecto al primero, hicimos esfuerzos extraordinarios e históricos para enfrentar esta crisis sin precedentes. En concreto, entregamos ayudas directas por US$ 34.000 millones, con principal enfoque en las familias y las Pymes, y movilizamos un total de más de US$ 70.000 millones. Esto ubica a Chile entre los países con mayores esfuerzos fiscales, como porcentaje del PIB, para enfrentar la pandemia a lo largo del mundo.
Este ambicioso plan era necesario porque los chilenos llevaban muchos meses sobrellevando una crisis, con caídas en sus ingresos y sin poder retomar su vida normal. A esto se le sumaba que la pandemia no cedió hasta mediados de 2021, sino que se recrudeció con una segunda gran ola. Otro aspecto relevante era que mientras más tiempo tardaba la recuperación, más profundas serían las cicatrices que dejaría la pandemia. Frente a esto, apenas asumí en el Ministerio me propuse, junto con el equipo completo, a recuperar lo antes posible la economía y los empleos, en paralelo que trabajábamos un plan para dar tranquilidad a las familias, marcábamos una ruta para la consolidación fiscal una vez que la pandemia fuera quedando atrás, y seguíamos avanzando en los desafíos económicos del país de mediano y largo plazo.
El plan de ayudas no solo permitió enfrentar la crisis, sino que también implicó contener en forma importante el incremento en la pobreza durante la pandemia, la que además en 2021 habría alcanzado su menor valor histórico. Efecto similar se habría producido en el índice de Gini, indicador de desigualdad de ingresos, permitiendo evitar un incremento sostenido en las diferencias entre los distintos grupos, e incluso habría caído en forma importante durante 2021. Estas por cierto son noticias muy positivas y refuerzan la necesidad de las medidas aplicadas.
Los niveles de gasto que pudimos desplegar para hacer frente a la crisis sanitaria sólo fueron posible luego de décadas de un manejo responsable de los recursos públicos, lo que nos permitió acumular ahorros relevantes y tener un acceso privilegiado a deuda. De todas formas, fuimos responsables en su uso, incrementando la deuda nacional en menor proporción que gran parte de los países de la región, y durante el período completo los niveles de deuda subieron similares puntos porcentuales que en el gobierno anterior, en ausencia de una crisis social y una sanitaria como las que enfrentamos durante esta administración. Adicionalmente, en el cierre de nuestra administración inyectamos US$ 6.000 millones al FEES, retomando los niveles de marzo de 2021. Esto deja al país con ahorros por cerca de US$ 22.000 millones, lo cual es una buena base para seguir construyendo resguardos que nos permitan enfrentar con tranquilidad próximas crisis.
Pero estos resultados respecto de la pandemia no son los únicos aspectos destacables de nuestra gestión. También nos reconforta mucho verificar que tuvimos avances sustantivos en los objetivos que nos propusimos al inicio de nuestra administración en 2018: (1) levantar la economía y avanzar hacia un desarrollo inclusivo y sostenible; (2) fortalecer la protección social, especialmente la de los grupos medios de ingresos; y (3) mejorar las pensiones.
Para lograr primer objetivo, implementamos una serie de reformas y medidas. Por un lado, promover la inversión a partir de una modernización tributaria, facilitar del comercio a partir de los avances en la plataforma SICEX y la profundización de relaciones con nuestros socios comerciales, una ambiciosa y premiada agenda de finanzas verdes, un manejo responsable de las finanzas públicas, entre otras.
Por otro lado, la agenda en la promoción de la confianza y reformas institucionales permitieron sentar bases más sólidas para este primer objetivo. Dentro de la primera agenda, generamos una nueva normativa que fomenta el desarrollo de nuevas organizaciones sociales, incrementamos las penas de delitos económicos, modernizamos la regulación bancaria luego de 30 años, creamos la Defensoría del Contribuyente y un Comité que se preocupa de establecer tasas máximas a las transacciones de tarjetas.
En paralelo, realizamos importantes avances en transparencia fiscal, lo que también es fundamental para mejorar los niveles de confianza en el país, ya que estamos hablando de los recursos de todos los chilenos. En concreto, ampliamos la cantidad de publicaciones del informe de finanzas públicas a 4 al año, creamos la plataforma de presupuesto abierto con información de ejecución presupuestaria de 228 servicios públicos, difundimos un informe a los contribuyentes respecto del uso de sus recursos aportados al fisco, solicitamos en forma voluntario un informe al FMI para evaluar los niveles de transparencia de nuestras cifras fiscales e incorporamos las propuestas, creamos plataformas de seguimiento de las agendas comprometidos por el gobierno, las apoyos en pandemia y la ejecución del Fondo de Emergencia Transitorio, desarrollamos el portal de series estadísticas del sector público, implementamos el panel de ejecución presupuestaria mensual con información simplificada del gasto del Estado, promovimos y difundimos informes de recursos humanos del sector público, entre otras medidas. Estos avances fueron de la mano con un fortalecimiento en equipos técnicos y digital de la Dipres, lo que a su vez nos permitirá cuidar de mejor forma los recursos de los chilenos.
En materia institucional, propusimos reformas a la Empresas Estatales, actualización a la Ley de Responsabilidad Fiscal y una ambiciosa agenda de modernización del sector público.
Respecto del segundo objetivo, conseguimos potenciar la seguridad social del país con el despliegue de una Red de Protección Social y el desarrollo de programas de ayuda históricos. Varios de estos últimos se enmarcaron durante la pandemia, pero otros también han continuado como el Ingreso Mínimo Garantizado o el IFE Laboral. En materia de salario mínimo, fuimos innovadores en generar por primera vez en la historia una mesa transversal para elaborar propuestas en esta materia, compuesta por trabajadores, autoridades, empresas, pymes y académicos.
Finalmente, respecto al tercer objetivo, en primera instancia incrementamos significativamente los niveles de los aportes del pilar solidario, en un 50%. Sin quedarnos en eso, logramos una de las reformas más grandes al sistema de pensiones desde la incorporación de dicho pilar, aprobando la Pensión Garantizada Universal. Ésta entregará un piso mínimo por sobre la línea de la pobreza a casi toda la población mayor de 65 años, complementando sus ahorros personales a partir de una transferencia estatal relevante. La reforma permite incorporar entre los beneficiarios a alrededor de 600 mil chilenos, muchos de clase media, que antes no recibían aporte, junto con incrementar para muchos otros compatriotas el aporte recibido.
El documento que dejamos a su disposición busca profundizar en los diversos aportes que tuvimos como Ministerio de Hacienda durante el período 2018-2022, resumidos anteriormente, aunque no haya sido posible incorporar todas las medidas y avances alcanzados durante la gestión. Se abordan las medidas de un tema crítico para las familias chilenas: el empleo formal. Esto, tanto en su dimensión de protección social, como también respecto al rol que jugó el IFE Laboral en esta materia. Adicionalmente, se entregan detalles del histórico plan de apoyo a las familias y las Pymes durante la pandemia. Junto con lo anterior, se describe una evaluación al Ingreso Mínimo Garantizado, una política social de alta relevancia aplicada desde 2020 en nuestro país. Por último, se abordan los avances institucionales propuestos en las empresas estatales y el desarrollo del plan de modernización del Estado. Estas políticas tendrán un impacto positivo en las confianzas en nuestro país, además de asegurar un mejor uso de los recursos de todos los chilenos.
Como equipo del Ministerio de Hacienda, nos despedimos luego de 4 años de grandes esfuerzos y entrega, pero también de importantes y sustantivos resultados. Luego de todo lo trabajado, nos despedimos contentos por los avances, los que por cierto permiten entregar un país con mejores condiciones para todas las familias chilenas.