II. Introducción
La emisión creciente de gases de efecto invernadero (GEI) ha generado efectos más intensos en el clima, alterando los ecosistemas terrestres, el agua dulce y los océanos a escala global. Esto ha resultado en fuertes olas de calor, sequías y ciclones tropicales, impactando la producción de alimentos, la seguridad del agua, la salud y el bienestar (IPCC, 2022).
América Latina es una región altamente vulnerable al cambio climático, como se demostró con los fenómenos climáticos ocurridos en 2020, como incendios, tormentas y huracanes, que afectaron a más de ocho millones de personas en América Central, causando graves daños ambientales y económicos (GBM, 2022). Estos eventos se ven agravados por las características socioculturales y demográficas de la región (IPCC, 2022).
En respuesta a esta situación, tanto a nivel global como en América Latina, la mayoría de los países han firmado el Acuerdo de París con el objetivo de reducir las emisiones de GEI y limitar el aumento de la temperatura global a 1,5°C por encima de los niveles preindustriales. Para ello, cada país ha establecido compromisos específicos en sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDCs, por sus siglas en inglés).
En este contexto, es crucial garantizar el financiamiento necesario para abordar los fenómenos climáticos y mitigar el aumento de la temperatura global. Según el informe Global Landscape of Climate Finance publicado en 2022, a pesar del crecimiento constante del financiamiento destinado a combatir el cambio climático en la última década, con un promedio anual de USD$653.000 millones entre 2019 y 2020, esta cifra es insuficiente y está lejos de las inversiones necesarias para limitar el calentamiento global a 1,5°C. Se estima que estas inversiones deberían aumentar al menos siete veces para lograr los objetivos climáticos globales (CPI, 2022).
Además, el informe destaca una marcada desigualdad en el financiamiento climático, con el 75% de los recursos concentrados en el este de Asia y el Pacífico, América del Norte y Europa Occidental, mientras que la mayoría de los países de ingresos bajos y medianos reciben menos del 25% de dicho financiamiento (CPI, 2022). Esta disparidad en la distribución de recursos resalta la necesidad de abordar las desigualdades regionales y garantizar una asignación más equitativa de fondos (Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe [GFLAC], 2020).
En respuesta a esta realidad, se ha planteado la implementación de sistemas de clasificación o Taxonomías en el ámbito de las finanzas sostenibles. Estas Taxonomías se definen como conjuntos de criterios que permiten evaluar la sostenibilidad ambiental de los activos financieros, adaptándose a las particularidades de cada país (Bank for International Settlements [BIS], 2021). Al proporcionar señales claras a los inversionistas y otros actores del mercado, estas Taxonomías ofrecen información sólida para la toma de decisiones y la identificación de activos medioambientalmente sostenibles (BIS, 2021). Su adopción oportuna es especialmente relevante dado el proyectado aumento significativo y constante de inversiones en sectores y proyectos ambientalmente sostenibles. De esta forma, las Taxonomías medioambientalmente sostenibles cumple un rol esencial para cerrar las brechas financieras.
Bajo este contexto, la implementación de una herramienta así en países como Chile no solo ayudaría a garantizar un mayor financiamiento sostenible para el país, sino que también podría contribuir significativamente a combatir la desigualdad de recursos a nivel regional. Al contar con criterios claros y coherentes para evaluar la sostenibilidad ambiental de las inversiones, Chile podría atraer inversiones más sostenibles y equitativas, impulsando proyectos que aborden desafíos ambientales y sociales de manera conjunta. Asimismo, esto fomentaría la transparencia y confianza en el mercado financiero, promoviendo la adopción de prácticas más responsables y alineadas con los objetivos climáticos y de desarrollo sostenible del país. En consecuencia, el desarrollo de una Taxonomía adecuada se convierte en una herramienta valiosa para enfrentar tanto la desigualdad de recursos como los desafíos ambientales que Chile enfrenta en su camino hacia la sostenibilidad.
El presente documento contiene definiciones acerca de los elementos de diseño que deben considerarse para asegurar un correcto diseño y posterior implementación de una Taxonomía de Actividades Económicas Medioambientalmente Sostenibles para la economía chilena.
En primer lugar, en el capítulo III se presentan una serie de antecedentes que explican el papel fundamental de las taxonomías en la promoción de las finanzas sostenibles a nivel global, y la relevancia que éstas han adquirido con el tiempo. En el capítulo IV se describen los primeros pasos tomados a nivel nacional con el fin de avanzar hacia el desarrollo de una Taxonomía local, avances que se plasman en el capítulo V, el cual establece el marco o estructura de tal herramienta, definiendo las bases necesarias para su desarrollo e implementación.
Finalmente, los lineamientos esenciales para los próximos pasos a seguir se detallan en el capítulo VI. Entre otras cosas, se aborda el cómo implementar las definiciones entregadas en los capítulos anteriores, permitiendo así materializar la Taxonomía chilena, asegurando la efectividad de su implementación.