6. Aplicaciones de políticas públicas
El trabajo doméstico y de cuidados no remunerado constituye un ámbito esencial para el bienestar de las personas, el sostenimiento de la vida cotidiana y de la actividad económica. Todas las personas necesitarán de cuidados en algún momento de sus vidas y una gran proporción de ellas también cuidará. En Chile, como en muchos países de la región y el mundo, estas labores recaen de manera desproporcionada en las familias, particularmente en las mujeres, profundizando desigualdades de género y generando riesgos de exclusión para quienes las realizan.
Recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció la existencia de un derecho humano autónomo al cuidado —previa consulta a los Estados miembros de la OEA, a otros órganos pertinentes, así como a la sociedad civil interesada—, que refiere al derecho de toda persona a contar con el tiempo, espacios y recursos necesarios para brindar, recibir o procurarse condiciones que aseguren el bienestar integral suyo o de otras y les permitan desarrollar libremente sus proyectos de vida, de acuerdo con sus capacidades y etapa vital. Con esta premisa, el Tribunal insta a los Estados a respetar y garantizar el derecho al cuidado, así como adoptar medidas para lograr su pleno acceso.
En este contexto, se vuelve fundamental avanzar hacia una organización social de los cuidados justa, entendida como la forma de gestionar las necesidades de cuidados de la población sobre la base de una corresponsabilidad activa entre el Estado, las familias/hogares, el mercado y la sociedad civil.
En esta materia, Chile cuenta con grandes avances institucionales y normativos. Entre estos, destaca la creación del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados de Chile–Chile Cuida, el cuarto pilar de la protección social, que representa un hito clave al integrar una red público-privada que conecta instituciones, programas y servicios para brindar apoyos y cuidados a personas que requieren asistencia en sus actividades diarias. Además, reconoce el trabajo de las personas cuidadoras, acreditándolas formalmente y otorgándoles herramientas de protección y alivio. Sobre esta estructura, se impulsa la Primera Política Nacional de Apoyos y Cuidados, implementada a través del Plan de Acción 2025-2026, que articula el quehacer del Estado en torno a la corresponsabilidad social de los cuidados y avanza hacia una sociedad más justa e igualitaria.
En particular, el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados se articula con los Subsistemas de Protección Integral a la Infancia–Chile Crece Más y Chile Seguridades y Oportunidades, para trabajar —a través del Servicio Nacional de Discapacidad (SENADIS), el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) y de los municipios— sobre cuatro grandes ejes de apoyos y cuidados:
Programas de cuidados y alivio para personas cuidadoras
Programas para personas con discapacidad del Servicio Nacional de Discapacidad (SENADIS)
Programas para personas mayores del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA)
Programas para niñas, niños y adolescentes
Paralelamente, se han creado los centros comunitarios de cuidados, proporcionando con ello un espacio de colaboración, capacitación y apoyo psicoeducativo para personas cuidadoras y para aquellas que reciben cuidados.
Asimismo, Chile ha avanzado en garantizar el acceso a derechos relativos a la corresponsabilidad de los cuidados, particularmente, de la primera infancia. No obstante, se hace necesario avanzar hacia políticas que otorguen derechos exclusivos a los padres trabajadores, eliminando con ello la discriminación asociada a la contratación de mujeres:
El permiso postnatal parental que, además de extender el descanso postnatal —12 semanas después del parto—para las madres trabajadoras —12 semanas adicionales con jornada completa o 18 semanas adicionales con media jornada—, les otorga la posibilidad de transferir este beneficio a los padres a contar de la séptima semana;
La sala cuna para determinados grupos poblacionales:
el artículo 203 del Código del Trabajo establece el derecho a sala cuna –de cargo del empleador/a– para las madres de hijos e hijas menores de 2 años que trabajan en empresas con 20 o más mujeres;
personas que pertenecen al 60% de la población más vulnerable, garantizada por el Estado.
La licencia de paternidad otorga un permiso pagado de 5 días por el nacimiento de un hijo o hija, que puede ser usado de forma continua o distribuida dentro del primer mes.
Líneas de acción
Los resultados de la valoración económica del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado visibilizan la gran contribución económica que hoy se sostiene de manera no remunerada en los hogares y, principalmente, sobre los hombros de las mujeres.
El reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado constituye el primer eslabón del marco internacional propuesto por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para impulsar políticas transformadoras en los sistemas de cuidados, contemplando a su vez la reducción y redistribución de estas tareas, así como la adecuada recompensa y representación de las y los trabajadores del cuidado en el diálogo social y la negociación colectiva (OIT, 2019 y 2022). Para fortalecer su potencial, es necesario que el diseño de dichas políticas presente un enfoque de derechos, sea sensible a las cuestiones de género, considere el ciclo de vida de las personas, contemple una mirada interseccional de las desigualdades, integre soluciones comunitarias y una mirada territorial.
Aunque Chile ha consolidado una institucionalidad alineada con estándares internacionales y ha garantizado derechos en materia de cuidados, persisten desafíos en términos de corresponsabilidad, cobertura y coordinación programática.
El presente estudio proporciona evidencia empírica orientada al diseño y formulación de líneas de política pública, con especial foco en las personas cuidadoras y en las personas cuidadas, reconociendo su significativa contribución económica y social al desarrollo del país.
Con este propósito, se conformó un Comité encargado de analizar posibles aplicaciones en el ámbito de las políticas públicas.
A partir del trabajo desarrollado por esta instancia, se formuló una serie de propuestas orientadas a ser consideradas en el diseño de futuras políticas públicas:
Fortalecer las macropolíticas de cuidados: la valorización del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado respalda su reconocimiento como un eje transversal del sistema de protección social en Chile. Para sostenerlo, es indispensable garantizar recursos financieros suficientes y permanentes y una gobernanza estable del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, de modo que pueda responder a las necesidades de la población y a las tendencias sociodemográficas de largo plazo —descenso de la fecundidad, progresivo envejecimiento poblacional, conformación de nuevas estructuras de hogares, aumento de la participación laboral femenina—, que amplían la brecha entre quienes requieren cuidados y quienes pueden proveerlos. Asimismo, implica integrar los cuidados en las políticas de empleo, educación, salud física y mental, y seguridad social, avanzando hacia una organización social del cuidado más justa.
Invertir en infraestructura y servicios de cuidados: el ejercicio realizado permite dimensionar el costo equivalente de expandir la red de servicios de cuidados —salas cuna, jardines infantiles, ELEAM o centros comunitarios—. De esta manera, los resultados no solo muestran cuánto “ahorra” la sociedad al no remunerar estas labores, sino también ofrecen un parámetro objetivo para orientar la inversión pública en cuidados y priorizar la ampliación de infraestructura en aquellos territorios con déficit de servicios y para aquellos grupos poblacionales con mayores necesidades de apoyo y carga de cuidados.
La inversión en sistemas de cuidado representa una herramienta eficaz para mejorar la eficiencia en la asignación de recursos públicos. La falta de inversión en este ámbito no elimina la demanda de servicios de cuidado, sino que la desplaza hacia otros sectores —como salud y educación— que no están diseñados para responder de manera adecuada a estas necesidades. Esta cobertura alternativa suele ser menos eficiente y conlleva mayores costos.
En países como Alemania, Japón y Corea del Sur, la implementación de sistemas de cuidados ha sido considerada como parte de sus estrategias para contener el crecimiento del gasto en salud y subsidios sociales, evidenciando el impacto positivo en la sostenibilidad fiscal y social (Villalobos Dintrans, 2018).
De acuerdo con el simulador de inversiones en políticas de cuidados de la OIT (2025), la inversión bruta necesaria para cumplir con los parámetros óptimos definidos para el año 2035 a partir de 2022 —licencias parentales remuneradas, pausas para lactancia, atención y educación de la primera infancia, cuidados de larga duración— se estima en un 4,7% del PIB en la región y en un 4,1% del PIB en Chile, equivalente a una inversión anual, progresiva y sostenible de 0,31% del PIB.
En 2025, el presupuesto del Sistema Nacional de Cuidados asciende a 135.038.629 M $, un 36,6% más que en 2024, lo que representa el 0,153% del presupuesto total nacional y el 0,2% del valor económico estimado del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, si este último se mantuviera constante. Esto ratifica la importancia de continuar fortaleciendo la inversión pública en materia de cuidados, de tal manera que el esfuerzo fiscal se acerque progresivamente a la magnitud del aporte que realizan las familias y, en particular, las mujeres, garantizando al mismo tiempo mayor equidad de género y sostenibilidad en la organización social de los cuidados.
Ampliar el reconocimiento del trabajo de las personas cuidadoras: el cálculo del costo de reemplazo visibiliza el carácter altamente especializado de muchas tareas de cuidados, reforzando la necesidad de reconocerlas como un trabajo social y económicamente valioso. Esta evidencia sustenta medidas de protección social para las personas cuidadoras, participen o no en la fuerza laboral, así como programas de capacitación que pueden desarrollarse mediante alianzas público-privadas. Este tipo de políticas son clave para enfrentar las dinámicas sociodemográficas, mejorar la calidad de la atención, reducir la sobrecarga y garantizar la sostenibilidad de los sistemas de cuidados (ILO, 2024).
Promover acciones para la corresponsabilidad sostenible de los cuidados: incrementar la participación de los hombres en los cuidados de la primera infancia es un componente esencial en la redistribución del trabajo de cuidados no remunerado, en el equilibrio entre trabajo y la vida familiar, y en la participación laboral de las mujeres y sus salarios (ILO, 2025). En particular, se destaca la relevancia de avanzar en:
Universalizar la sala cuna: el artículo 203 del Código del Trabajo tiene un carácter discriminatorio hacia niños y niñas y mujeres, constituyendo para estas últimas una barrera de acceso al mercado laboral y en una de las causas de la brecha salarial de género (ComunidadMujer, 2020). En este marco, y en coherencia con la Agenda Sala Cuna para Chile, se vuelve esencial ampliar el derecho a sala cuna a todas las madres y padres trabajadores, incorporando además una perspectiva educativa. El proyecto de ley “Sala Cuna Universal” se inscribe en esta línea.
Reducir la brecha de género en permisos parentales remunerados: el acceso equitativo a licencias parentales intransferibles entre mujeres y hombres, que incluyan la protección del empleo y una duración adecuada, puede moldear de manera decisiva los patrones de cuidados y generar efectos económicos de largo plazo (Earle et al., 2023). En algunos países de ingresos altos se otorgan extensos periodos de licencia pagada tanto a madres como a padres, llegando en ciertos casos a más de 18 semanas reservadas exclusivamente para los padres. Sin embargo, las disposiciones siguen siendo desequilibradas, principalmente por la mayor duración de las licencias para las mujeres, lo que genera amplias brechas de género (ILO, 2025).
Impulsar el crecimiento económico: la institucionalización de los sistemas de cuidado permite liberar recursos que actualmente se destinan parcial o totalmente a estas tareas, así como formalizar e incrementar el aporte del sector de servicios de cuidado a la economía.
La formalización de los cuidados contribuye al desarrollo de un nuevo sector dinamizador de la economía, mediante el análisis y la coordinación de la distribución social de las actividades de cuidado. Estos sistemas promueven la incorporación y formalización de personas cuidadoras en el mercado laboral. Dado que la mayoría de quienes ejercen tareas de cuidado son mujeres, estos sistemas contribuyen a su inclusión social y autonomía económica.
Planificar de manera informada políticas que promuevan la participación de las mujeres en el mercado laboral: avanzar en esta materia es fundamental para fomentar la participación de las mujeres en el mercado laboral, mejorar sus condiciones de inserción y permanencia, y garantizar su autonomía económica. Estas políticas deben orientarse a eliminar las barreras estructurales que limitan el acceso equitativo al empleo, asegurando al mismo tiempo que las condiciones laborales no se vean precarizadas.
En un contexto de envejecimiento poblacional y reducción proyectada de la población en edad de trabajar, el aumento de la participación femenina en actividades económicas remuneradas se configura como una estrategia clave para sostener y ampliar la capacidad productiva del país. En este sentido, avanzar hacia una mayor equidad de género en el ámbito laboral no solo responde a un imperativo de justicia social, sino que también constituye una medida estratégica para el desarrollo económico sostenible.
Robustecer y actualizar periódicamente las estadísticas públicas sobre uso del tiempo y las estimaciones sobre el valor económico del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado: el presente estudio aporta un punto de referencia cuantitativo que puede servir como línea de base para futuras mediciones relativas al uso del tiempo y estimaciones del valor económico del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. En este sentido, para fortalecer la evidencia disponible y permitir análisis comparativos en el tiempo, resulta fundamental garantizar la continuidad de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) y de la Encuesta CASEN. Asimismo, se subraya la importancia de avanzar en:
Ampliar el alcance del Sistema de Cuentas Nacionales a través de una cuenta satélite del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que cuantifique periódicamente su aporte económico y dé cuenta de manera integral del crecimiento económico del país y los niveles de vida de su población, así como de las dinámicas económicas dentro de los hogares y entre los hogares y otras áreas de la economía (Vaca Trigo, 2021).
Desarrollar estimaciones suplementarias del valor económico del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que incorporen dimensiones adicionales como la simultaneidad de tareas, la valorización del tiempo según el costo de oportunidad de quienes realizan estas labores —estimar cuánto es lo máximo que deja de ganar una persona por dedicarse a una labor no remunerada en el hogar, en lugar de realizar un trabajo remunerado, según sus características socioeconómicas (ComunidadMujer, 2019)—, así como los efectos sobre la productividad y el bienestar de los hogares.