1. Introducción
Chile enfrenta una serie de desafíos sociales y económicos que atraviesan transversalmente los tópicos de inclusión y calidad del mercado laboral. Las deficiencias de inclusión, agregadas a la presencia de bolsones de informalidad, no solo son determinantes de niveles salariales precarios, sino que también debilitan los regímenes de seguridad social, reducen la capacidad de los hogares para poder afrontar pérdidas significativas de ingresos, gastos inciertos en salud y de aquellos que se originan durante la vejez. Todo lo anterior afecta negativamente la equidad y el bienestar de las personas trabajadoras, planteando desafíos al diseño de políticas públicas que aborden los sistemas de seguridad social de la población y la capacidad del Estado para asistir a las personas ante eventos adversos.
Del mismo modo que ocurrió en el resto de la región latinoamericana, la ocupación informal en el país durante la pandemia tuvo una caída transitoria, diferenciándose de lo ocurrido en otras crisis económicas, en las cuales regularmente se observaron agudizaciones de la informalidad (Maurizio, 2021). Ello fue resultado de la instalación de numerosas restricciones de movilidad y de confinamiento sanitario, que significó que las ocupaciones informales no ofrecieran el tradicional refugio ante la destrucción de empleos formales, dejando en evidencia la vulnerabilidad de las y los trabajadores a la protección social y a la pérdida de ingresos autónomos.
No obstante, en la fase de recuperación y mejoría de las condiciones sanitarias, el empleo informal ha ido progresivamente recuperando los niveles prepandemia, urgiendo la necesidad de desarrollar una agenda que aborde la informalidad desde una perspectiva integral. Las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señalan la importancia de desarrollar una agenda de políticas consensuadas, centradas en las personas, que fomenten la creación de empleos formales, sin descuidar a las micro y pequeñas empresas (Maurizio, 2021).
En esta línea el Gobierno ha decidido incorporar dentro de su Agenda de Productividad el eje de la informalidad laboral de manera de mitigar su impacto negativo sobre la calidad de vida de las personas, el crecimiento y desarrollo económico, así como en la asignación más eficiente de los recursos.
Este documento elabora un análisis de la informalidad laboral y presenta algunas políticas para abordarla. Para ello, retoma el trabajo desarrollado por el Consorcio de Universidades contra la Informalidad convocado por los Ministerios de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social, que culmina en un informe preliminar en 2021 y que es editado en 2022 con actualizaciones realizadas por el Ministerio de Hacienda.
Para ello está organizado de la siguiente forma. La Sección 2 presenta el marco conceptual desde el cual se analizará la informalidad laboral. La Sección 3 explora la relación entre informalidad y desarrollo económico a la luz de algunos hechos estilizados documentados en la literatura. La Sección 4 analiza los factores determinantes de la informalidad laboral incluyendo los obstáculos para la formalización, los riesgos que explican la salida a la informalidad y presenta una aplicación práctica al caso chileno. También presenta estimaciones de la probabilidad de transitar desde y hacia la informalidad dado un conjunto de variables sociodemográficas a partir del Panel de la Encuesta de Protección Social (EPS) para el periodo 2002-2020. La Sección 5 presenta el perfil de la informalidad en Chile desde dos perspectivas, desde el empleo, observando su evolución a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), con especial interés en su composición sociodemográfica; y desde el emprendimiento caracterizándolo en base a los resultados de la Encuesta de Microemprendimiento (EME) y presentando una aplicación práctica de su relación con la informalidad en base a información provista por el Fondo Esperanza. La Sección 6 aborda la economía digital y sus implicancias sobre la informalidad. Por último, la Sección 7 plantea algunas políticas públicas que, en el contexto chileno, permitirían abordar el problema de la informalidad.