Resumen, Conclusiones e Implicancias

En Chile, desde 2017 la informalidad ha permanecido relativamente estable, oscilando en torno al 30% de la población ocupada a nivel nacional, situándolo como uno de los países con menores índices de empleo informal a nivel latinoamericano. No obstante, en el momento más crítico de la pandemia y a diferencia de otras crisis, ésta se redujo casi al 22%. Debido a las restricciones de confinamiento y aislamiento sanitario, las ocupaciones informales no ofrecieron el tradicional refugio ante la destrucción de empleos formales, lo que evidencia la vulnerabilidad de las y los trabajadores a la protección social y a las pérdidas repentinas de ingresos.
A nivel nacional, la informalidad se concentra principalmente en las empresas del sector informal y afecta a grupos específicos de la población. De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Empleo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en el trimestre móvil junio-agosto de 2022, existían cerca de 2,3 millones de personas en empleos informales, de las cuales un 62% se desempeñaba en empresas del sector informal y un 32% en empresas del sector formal; mientras que sólo un 7% provenía de hogares como empleadores. Por su parte, las principales fuentes de empleo informal provienen de trabajadores por cuenta propia en empresas informales y de asalariados informales en empresas formales, quienes representaron el 53% y 30% del total de los trabajadores informales del periodo.
La informalidad afecta principalmente a las mujeres, a los jóvenes entre 15 y 24 años, a las personas adultas de 65 y más años, y a las personas con un escaso nivel educacional. También se encuentra con mayor intensidad en los sectores de los hogares como empleadores, la agricultura y construcción y en las empresas con menos de cinco trabajadores.
Esta caracterización de la informalidad permite extraer dos conclusiones importantes que son útiles al momento de elaborar recomendaciones. Primero, la informalidad se expresa en al menos dos dimensiones, es decir, se observa empleo informal tanto a nivel de las personas trabajadoras como de las unidades económicas donde se desempeñan (empresas del sector formal, informal y en los hogares). Segundo, debido a que la informalidad puede encontrarse en más de una dimensión, existen ciertos grupos que presentan una mayor complejidad de avanzar hacia la formalización caracterizados por tener una mayor vulnerabilidad, menor productividad y menor potencial para generar ingresos.
La informalidad es un fenómeno dinámico, que evoluciona a través del tiempo, en el cual las personas pueden transitar entre distintos estados de formalidad, informalidad, desempleo e inactividad y cuyas transiciones se ven influenciadas por diversos factores. El análisis presentado en este documento que fue elaborado por el Consorcio de Universidades contra la Informalidad indica que, condicional a tener un empleo formal, las personas trabajadoras más jóvenes poseen una mayor probabilidad de permanecer en la formalidad y un bajo riesgo de transitar hacia la informalidad. Este resultado resalta la importancia de promover relaciones laborales formales desde el comienzo de la vida laboral, por ejemplo, mediante incentivos para la formalización de jóvenes. El nivel educacional alcanzado es otro factor que aumenta la probabilidad de permanecer en un empleo formal y de transitar desde un empleo informal a uno formal; destacando la relevancia de elevar el capital humano y capacitar a las y los trabajadores a través de programas de formación que aseguren la adquisición de competencias y habilidades en materias acordes con las demandas de los sectores productivos. Por último, los resultados también indican que las transiciones desde y hacia la formalidad e informalidad difieren según sexo, de modo que los hombres poseen una mayor probabilidad de permanecer en un empleo formal que las mujeres, en tanto para ellas, la probabilidad de caer en la informalidad es levemente superior. Esto último indica que las políticas de formalización deben considerar las características específicas de los grupos donde la informalidad tiene mayor incidencia, y en el caso particular de las mujeres considerar las barreras que dificultan su incorporación al mercado laboral, tales como las responsabilidades de cuidado, las brechas salariales, los estereotipos de género, entre otras.
La economía digital ha experimentado un enorme crecimiento en los últimos años afectando a la sociedad en su conjunto, dando lugar a nuevos modelos de negocios, abriendo nuevos mercados para las empresas, reorganizando el trabajo y modificando la relación entre las personas trabajadoras y empleadores; todo lo cual también han tenido un impacto en la informalidad. El comercio electrónico, que ha surgido como un nuevo modelo de negocios al alero de la economía digital, es hasta la fecha donde más se han extendido las mediciones de informalidad. Estimaciones para Chile indican que en el primer trimestre de 2022 cerca de un 11% de las transacciones digitales entre empresas y consumidores efectuadas en el sector comercio fueron informales (es decir, en las cuales las y los consumidores no recibieron una boleta por sus compras) y comprometieron un total de US$361 millones[1].
La informalidad en el comercio electrónico genera diversos perjuicios para la economía y la sociedad en su conjunto, afectando a las y los consumidores, trabajadores, empresas formales y el Estado. Esto releva la importancia de contar con métricas que permitan identificar las fuentes de informalidad en la economía digital (no tan sólo a nivel del comercio electrónico), con el propósito de conocer su extensión y en base a este diagnóstico poder elaborar políticas conforme a las nuevas oportunidades que el progreso tecnológico proporciona.
Si bien la economía digital también ha posibilitado el desarrollo de nuevas formas de empleo a través de las plataformas digitales de trabajo, ha planteado numerosos desafíos para la seguridad y protección laboral por cuanto éstas tienen el potencial de generar altos niveles de informalidad. Las plataformas digitales han permitido a las personas trabajadoras generar nuevas fuentes de ingresos y/o complementar las existentes, crear nuevas oportunidades para el emprendimiento y disponer de mayor flexibilidad para que los empleados puedan decidir dónde y cuándo trabajar. No obstante, en las plataformas digitales se observan tasas de informalidad muy superiores al promedio nacional. Las estadísticas que recientemente ha puesto a disposición el INE señalan que la informalidad en las plataformas digitales alcanzó un 61,5% en el trimestre móvil junio-agosto de 2022, afectando principalmente a las mujeres, las personas entre 25 y 44 años y concentrándose en los sectores de transporte, manufactura y comercio. Pese a ello, Chile ha efectuado avances y publicó en marzo de 2022 la Ley N° 21.431 que regula el contrato de trabajo en las plataformas digitales, ofreciendo protección laboral a las personas trabajadoras que prestan servicios en éstas, garantizando su acceso a la seguridad social y capacitación e incentivando su formalización.
En las últimas décadas Chile ha efectuado avances significativos en una serie de dimensiones que recogen la complejidad del fenómeno de la informalidad y que le han permitido alcanzar niveles de empleo informal menores a los observados en otros países de la región. Estos avances han tenido como propósito mejorar el acceso a la protección social de las y los trabajadores, facilitar la creación de empresas formales, incentivar la formalización mediante la entrega de beneficios monetarios a empleadores y personas y, ampliar la cobertura de la educación formal y de capacitación. No obstante, aún existen desafíos que deben ser abordados por la política pública y para ello este documento pretende ser un aporte presentando una serie de recomendaciones.
Las propuestas aquí presentadas buscan avanzar en aquellas áreas donde existen mayores espacios de mejora enmarcadas en el eje de informalidad incorporado en la Agenda de Productividad convocada por los Ministerios de Hacienda y Economía, Fomento y Turismo durante 2022. Estas responden a una política de mediano y largo plazo que tiene como foco aumentar la productividad considerando algunos de los principios recomendados por los organismos internacionales, entre los cuales se encuentran perfeccionamientos al marco regulatorio; apoyo al desarrollo de la iniciativa empresarial; aumento de la protección social y diseño e implementación de estrategias de desarrollo que incorporen una perspectiva territorial.
Los ejes de estas recomendaciones serán abordados desde la Agenda de Productividad que impulsa el Gobierno, tanto con las carteras ministeriales como con las instituciones públicas sectoriales relacionadas, así como con agrupaciones gremiales y representantes de los trabajadores.
En base a estos principios rectores previamente mencionados se propone evaluar el diseño de los subsidios a los empleos formales, para revisar desde una perspectiva conjunta su nivel de interacción detectando complementariedades, duplicidades y eventuales desactualizaciones con otras políticas (como, por ejemplo, la de ingreso mínimo mensual), a fin de que los resultados de esta evaluación sean un insumo para el diseño de una oferta actualizada e integrada de subsidios al empleo que incentiven la formalización. También, se plantea caracterizar los vínculos entre el Gobierno Central y los organismos vinculados al desarrollo empresarial a nivel local (regional, comunal), tales como los Centros de Desarrollo de Negocios, municipios, asociaciones de empresas de menor tamaño y sindicatos, con el propósito de desarrollar una agenda que fomente la difusión de experiencias positivas de las empresas que han transitado a la formalidad, incentivando la asociatividad entre éstas. Asimismo, se sugiere evaluar la cobertura y alcance de los programas del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis) y del Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) dirigidos a las empresas, identificando y caracterizando a sus respectivos beneficiarios y beneficiarias, para determinar si efectivamente los recursos se dirigen a los grupos más rezagados del mercado laboral formal, aumentar el retorno social de los recursos públicos utilizados y buscar economías de ámbito entre ambas instituciones. También, se recomienda identificar las brechas en el alcance de la oferta programática del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) para incentivar la formalización, con el propósito de evaluar su perfeccionamiento y direccionamiento hacia las personas beneficiarias con menor empleabilidad. Por último, se propone revisar los mecanismos de fiscalización a las empresas informales, considerando que ésta es una de las intervenciones con mayor impacto positivo en la formalidad laboral reportadas en la literatura razón por la cual también han sido incorporadas en las recientes mejoras efectuadas a la institucionalidad de la Dirección del Trabajo en la Ley N° 21.327.

[1] Realizadas por la Cámara Nacional de Comercio en su informe trimestral sobre la informalidad en el comercio electrónico (Cámara Nacional de Comercio, 2022).