Introducción
En noviembre de 2014, se creó la Comisión Asesora para la Inclusión Financiera (en adelante, la “Comisión” o “Capif”) que tiene como misión asesorar al Presidente de la República sobre el diseño y formulación de una Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (en adelante, la “Estrategia” o “ENIF”). En sus inicios, la Comisión acordó realizar la primera Estrategia Nacional de Educación Financiera (en adelante, la “ENEF”), la que fue lanzada en 2018.
La educación financiera, a través de la ENEF, se constituyó como una política de Estado de carácter permanente, respondiendo a un diagnóstico consensuado, tanto a nivel del sector público como privado, y a compromisos que el país había contraído con organizaciones internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (“OCDE”) y el Banco Mundial. En 2022, se relanzó la Comisión, iniciando de manera simultánea el proceso de actualización de la ENEF[1] y la elaboración de la primera Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (“ENIF”), la que integra de forma transversal la educación financiera (“EF”) (ver Recuadro 1 y 2).
La inclusión financiera tiene el potencial de aumentar el ahorro, promover la inversión y expandir el mercado interno, contribuyendo con ello al crecimiento económico de forma más equitativa (Allen et al., 2016; Mlachila et al., 2013). Dado el impacto que ha tenido en la reducción de la desigualdad económica y de la vulnerabilidad de sectores de menores ingresos (Sahay et al., 2015), muchos países la han incorporado como un objetivo dentro de sus políticas de desarrollo, y ha pasado a formar parte también de la agenda de foros, alianzas y organismos internacionales, como el Grupo de los Veinte (“G-20”), la Alianza para la Inclusión Financiera (“AFI”, por sus siglas en inglés)[2], la Organización de las Naciones Unidas (“ONU”), y la OCDE.
El G-20 se comprometió a promover la inclusión financiera en todo el mundo. Para ello, en 2009 creó un panel de expertos para tratar temas claves en relación con la innovación financiera y el financiamiento de la pequeña y mediana empresa. Como base de un plan de acción concreto para mejorar el acceso a los servicios financieros, este equipo formuló nueve principios para una inclusión financiera innovadora[3]. Su formalización y continuidad se materializó en 2010 con la creación de la Alianza Global para la Inclusión Financiera (“GPFI”, por sus siglas en inglés)[4].
En 2016, el G-20 reafirmó este compromiso al desarrollar un nuevo conjunto de principios de alto nivel que alientan a los gobiernos a promover un enfoque digital para la inclusión financiera. Tales principios complementaron los anteriores, y fueron fundamentales para llamar la atención sobre este tema y estimular las acciones políticas iniciales.
Los integrantes de la AFI en 2013 firmaron la Declaración Maya, a través de la cual reconocen la importancia de la inclusión financiera en el empoderamiento y transformación de las vidas de las personas, su papel en la mejora de la estabilidad e integridad financieras a nivel nacional y mundial, así como en la contribución fundamental en el crecimiento sólido e inclusivo de países en desarrollo.
En su carácter de red de reguladores financieros y formuladores de políticas públicas de mercados en desarrollo, se comprometieron a una serie de acciones para convertir en realidad la inclusión financiera, así como seguir compartiendo activamente sus conocimientos y experiencia a través de la red de la AFI[5].
En 2015, la nueva Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas destacó la importancia de ampliar el acceso a servicios financieros en 7 de sus 17 nuevos objetivos de desarrollo sostenible (“ODS”).[6] [7]
La OCDE (2013) define a la inclusión financiera como “el proceso de promoción de un acceso asequible, oportuno y adecuado a una amplia gama de servicios y productos financieros regulados y la ampliación de su uso hacia todos los segmentos de la sociedad mediante la aplicación de enfoques innovadores hechos a la medida, incluyendo actividades de sensibilización y educación financiera con el objetivo de promover tanto el bienestar financiero como la inclusión económica y social”.
A partir de esta definición, reconocida a nivel internacional, se puede sostener que la inclusión financiera es un concepto multidimensional, que tiene elementos tanto desde la oferta de productos y servicios financieros como desde la demanda, cuyas bases son el acceso, el uso, la calidad y el impacto sobre el bienestar financiero de las personas y empresas (Azar et. al., 2018).
El acceso se centra en la posibilidad de obtener los productos y servicios financieros que ofrecen las entidades financieras formales. Con todo, el acceso es una condición necesaria pero no suficiente, ya que no asegura el uso adecuado y, por lo tanto, no garantiza que se logren los efectos positivos de la inclusión financiera. El uso, por su parte, se refiere a la permanencia y frecuencia de la utilización de los productos y servicios financieros a los que se accede. Así, se relaciona con la disponibilidad de instrumentos de pago y su red de aceptación, que se traduce en todos los lugares donde la población puede realizar sus transacciones habituales.
La calidad de los productos y servicios financieros cobra relevancia porque si los productos y servicios financieros no satisfacen las necesidades de la demanda en términos de oportunidad, liquidez, proximidad, versatilidad y utilidad, la población podría recurrir a mecanismos informales para resolver sus necesidades financieras de ahorro, financiación, seguros y transacciones.
Finalmente, el bienestar financiero tiene relación con los efectos de los servicios y productos financieros en la calidad de vida de la población. Los productos y servicios financieros permiten la solución de las necesidades y actividades económicas de ahorro, financiamiento, seguros y transaccionalidad de la población[8].
Chile presenta niveles favorables de acceso a productos y servicios financieros, especialmente en productos de administración de efectivo, debido a la cuenta vista del BancoEstado denominada “CuentaRUT” (ver Anexo A), y otras cuentas de similar naturaleza y de fácil apertura desarrolladas por el sector privado. Sin embargo, se observan oportunidades de mejora en lo que respecta al acceso, uso y la calidad de los productos y servicios financieros ofrecidos, con el fin de generar un impacto positivo en el bienestar financiero de las personas y empresas.
En 2023, en asociación con el Banco de Desarrollo de América Latina (“CAF”), la Comisión para el Mercado Financiero (“CMF”) aplicó la segunda encuesta nacional de medición de capacidades financieras de la OCDE, para identificar los conocimientos, comportamientos y actitudes de las personas que habitan en Chile con relación a los temas financieros, así como sus capacidades financieras digitales y una evaluación de bienestar financiero de la población adulta.
Los resultados de esta encuesta muestran que el índice de inclusión financiera es bajo, alcanzando un 45% de los 7 puntos máximos de la medición estándar INFE[9]/OCDE (2022). El puntaje de educación financiera nacional equivalente a 58% (12,8 puntos de 21 que es el puntaje máximo), y es inferior al promedio de países OCDE (13,0). Este valor se encuentra por debajo del obtenido en 2016 (13,1).
El puntaje de conocimiento financiero[10] que Chile alcanzó (4,3 puntos) está por debajo del piso de 5 puntos de un total de 7 definido por la metodología INFE/OCDE (2022), y es inferior al promedio OCDE (4,6), sin perjuicio de que mejoró desde la encuesta de 2016 (4,0). El puntaje de comportamiento financiero[11], por su parte, (4,9) está por debajo del umbral de 6 puntos de un total de 9, e inferior al promedio de la OCDE (5,3) y del obtenido en 2016 (6,1). El puntaje de actitud financiera[12] (3,0) supera levemente al piso de 3 puntos de un total de 5, se ha mantenido igual desde 2016, pero algo menor al promedio de la OCDE (3,1). Como se puede observar, las principales brechas en educación financiera se concentran en la dimensión de comportamiento.
El indicador de educación financiera digital alcanzó 60,7% del puntaje máximo. Destaca el bajo nivel de conocimiento financiero digital de la población (50,3%) respecto del índice tradicional de conocimiento financiero (62%). El comportamiento y la actitud digital aparecen más altos que los indicadores tradicionales; mientras que el indicador de bienestar financiero alcanza 49% del puntaje total, algo por debajo del promedio OCDE (50%).
Por el lado de las micro, pequeñas y medianas empresas (“Mipyme”), la CAF junto con CMF en diciembre de 2024 presentaron los resultados de la encuesta de medición de capacidades financieras en Mipyme, considerando el cuestionario INFE/OCDE de 2020. El índice agregado de conocimiento financiero agregado es de un 70% (de un total de 5 puntos), y no se observa una correlación significativa entre el grado de educación formal y el nivel de conocimiento financiero. El índice agregado de comportamiento financiero es de 62,9% (de un total de 9 puntos) con una diferencia a favor de los hombres de 2 puntos porcentuales. El índice agregado de actitud financiera es de 59,8% (de un total de 3 puntos), y es el más bajo de las tres dimensiones.
En esta encuesta, la medición de inclusión financiera de las Mipyme se centra en el acceso a cuentas de administración del efectivo (cuentas corrientes/vista/ ahorro, etc.), tradicionales o digitales, en instituciones financieras formales. El 87% de las empresas tiene alguno de estos productos, siendo los tradicionales (físicos) los con mayor predominancia.
Por otro lado, durante los últimos años, se han publicado leyes y normativas en el país que permiten avanzar hacia un ambiente más propicio para la inclusión financiera. Por señalar algunas, a principios de 2023 se publicó la Ley N°21.521 (en adelante, “Ley Fintec”), que tiene como objetivo principal promover la innovación tecnológica en la prestación de servicios financieros, junto con una mayor inclusión y promoción de la competencia. El Título II de la Ley Fintec establece un marco regulatorio para siete servicios basados en tecnologías[13]; mientras que en su Título III establece las reglas y principios básicos para la implementación de un sistema de finanzas abiertas, que permita el intercambio -entre distintos prestadores de servicios- de información y otros tipos de datos de clientes financieros que hayan consentido expresamente en ello.
A mediados de 2024, se publicó la Ley N°21.680 que tiene por objeto crear un registro consolidado sobre información de las obligaciones crediticias de las personas, con la finalidad de mejorar el sistema de evaluación crediticia, otorgar información financiera a las personas titulares de dicha información que les permita una mejor toma de decisiones en la materia, y entregar mayor información a la CMF para el ejercicio de sus funciones de regulación y supervisión, facilitando el oportuno diseño de políticas públicas. En este sentido, viene a complementar el denominado “Informe de Estado de Deudores” de la CMF, incorporando nuevos actores del mercado como entidades reportantes, también definidos en la ley, lo que permitirá una visión más integral y precisa del panorama crediticio. La inclusión de estas nuevas entidades como reportantes asegura que la información sea más completa y actualizada, facilitando la toma de decisiones informadas y fortaleciendo la estabilidad y transparencia del sistema financiero.
La presente Estrategia constituye un pilar relevante para impulsar el progreso sostenido en materia de inclusión financiera en el país. Si bien los niveles actuales de tenencia de productos de administración de efectivo son elevados, resulta esencial fomentar su uso correcto y habitual. Este enfoque no solo habilitará a personas y empresas para acceder a una oferta más diversa de productos financieros, tales como ahorro, crédito, seguros e inversión, sino que también permitirá superar las limitaciones de penetración que estos presentan en el mercado chileno (Banco Mundial, 2022).
Lograr esta visión requiere necesariamente de la creación de productos y servicios financieros diseñados a la medida de las necesidades de las y los usuarios, el fortalecimiento de mecanismos robustos de protección al consumidor y la consolidación de un esfuerzo articulado que potencie la educación financiera. Solo mediante esta convergencia de acciones será posible forjar un sistema financiero inclusivo y dinámico, que no solo promueva la estabilidad económica, sino que también sea motor del desarrollo sostenible y equitativo en todos los sectores de la sociedad.
[1] Este proceso contempló además una revisión del avance de la ENEF.
[2] La AFI es una red de bancos centrales, supervisores y otras autoridades reguladoras financieras.
[3] Los principios son: Liderazgo, diversidad, innovación, protección, empoderamiento, cooperación, conocimiento, proporcionalidad y estructura.
[4] G20 Principles for Innovative Financial Inclusion - Executive Brief. Recuperado de https://www.gpfi.org/publications/g20-principles-innovative-financial-inclusion-executive-brief
[5] Más conocida como la “Declaración Maya”. Se comprometieron con i) Establecer una política de inclusión financiera que genere un entorno favorable para el acceso rentable a los servicios financieros, que utilice por completo la tecnología innovadora adecuada y reduzca en forma sustancial el costo unitario de los servicios financieros; ii) Poner en marcha un marco normativo sólido y proporcional que logre los objetivos adicionales de inclusión, estabilidad e integridad financieras; iii) Reconocer a la protección y empoderamiento del consumidor como pilares fundamentales de los esfuerzos de inclusión financiera, para asegurar que todas las personas estén incluidas en el sector financiero de sus países; iv) Dar prioridad a las políticas de inclusión financiera basadas en las pruebas, mediante el análisis y la recogida de datos integrales, el seguimiento al cambiante perfil de la inclusión financiera y la creación de indicadores comparables en la red; y v) Apoyar el acceso al financiamiento para pequeñas y medianas empresas en reconocimiento de su objetivo con la inclusión financiera en la promoción del desarrollo sostenible e inclusivo, así como el estímulo a la innovación.
[6] J. Rosado, F. G. Villarreal y F. Stezano, “Fortalecimiento de la inclusión y capacidades financieras en el ámbito rural: pautas para un plan de acción”.
[7] Estos objetivos son los de 1) Erradicación de la pobreza, 2) Erradicación del hambre, promoción de la agricultura y seguridad alimentaria, 3) Beneficios sobre la salud y bienestar, 4) Logro de la igualdad de género y el empoderamiento económico de las mujeres, 5) Promoción del crecimiento económico y el empleo, 6) Efecto sobre la industria, la innovación y la infraestructura, 7) Contribución con la disminución de la desigualdad. De acuerdo con Klapper et al. (2016), si bien estos ODS no apuntan explícitamente a la inclusión financiera, un mayor acceso a los servicios financieros es un factor relevante en ellos.
[8] Rhyne E., “Financial Health as a Consumer Journey: How a financial health framework provides deep value in illuminating the customers’ perspective”, FINDEV BLOG, 11 April 2023.
[9] Red Internacional de Educación Financiera (International Network on Financial Education, INFE) de la OCDE.
[10] El índice de conocimiento mide el manejo de algunos conceptos financieros sencillos, como el impacto de la inflación en el poder adquisitivo, el cálculo e interpretación de la tasa de interés simple, las ventajas de la diversificación de riesgos y la relación riesgo y rentabilidad.
[11] El índice de comportamiento mide variables como el ahorro y la planificación presupuestaria, el cuidado al adquirir productos y servicios financieros y cuidado del dinero.
[12] El índice de actitud mide la evaluación de largo plazo versus la satisfacción de corto plazo de las personas.
[13] i) plataformas de financiamiento colectivo; ii) sistemas alternativos de transacción; iii) asesoría crediticia; iv) asesoría de inversión; v) custodia de instrumentos financieros; vi) enrutadores de órdenes; e vii) intermediarios de instrumentos financieros.