Capítulo IV: Amenazas actuales de lavado de activos

En el siguiente capítulo se identiﬁcan las amenazas actuales del país relacionadas con el LA, que corresponden a la ponderación de cinco factores, en los cuales se agrupan, en conjunto,
19 criterios ponderados (18 cuantitativos y 1 cualitativo), relativos a: detección de la amenaza, persecución y sanción penal, contagio o expansión de la amenaza y componente geográﬁco (mayor detalle en el capítulo I).

El criterio de carácter cualitativo, consistió en el levantamiento de información desde representantes del sector privado y público, en que se les solicitó jerarquizar las amenazas identiﬁcadas en el país en función de la actividad que cada sector desarrolla, lo que posteriormente fue incluido como un criterio cualitativo en la identiﬁcación de las amenazas.

De acuerdo con los cinco factores, se obtienen las principales amenazas actuales del país:

TABLA 4
Valoración de amenazas

Fuente: Elaboración propia UAF.

1. AMENAZA:TRÁFICO DE DROGAS

CARACTERIZACIÓN DEL FENÓMENO DE TRÁFICO DE DROGAS EN CHILE

Respecto del fenómeno del tráﬁco de drogas, el Informe 2021 del Observatorio del Narcotráﬁco en Chile de la Unidad Especializada en Tráﬁco Ilícito de Estupefacientes, del Ministerio Público, clasiﬁcó a los grupos que operan en Chile de acuerdo con ciertas características.

En primer lugar, identiﬁcó a las organizaciones criminales como aquellas compuestas por tres o más integrantes, que poseen jerarquías que son funcionales a su objetivo criminal (delitos graves, tales como el tráﬁco de drogas), con deﬁnición de roles, permanencia en el tiempo y funciones semiestructuradas con miembros que comparten diversas actividades. En cuanto a las organizaciones criminales desarticuladas el 73% (52) se relacionan con el tráﬁco de drogas y el 25% restante (18) con el microtráﬁco de drogas.

En segundo lugar distinguió a las bandas criminales, que poseerían un nivel menor de organización, pero que, de igual manera, generan articulaciones criminales de importancia para la seguridad del país. Si bien las bandas criminales poseen una menor envergadura tanto a nivel de roles, funciones criminales y temporalidad, igualmente se involucran en delitos graves (tráﬁco de drogas a escala barrial). Están compuestas por tres o más personas, que se conciertan de manera transitoria y en un plano relativamente igualitario, usualmente en un nivel territorial acotado (de índole local), y que funcionan respecto de la individualidad de sus integrantes para desarrollar sus actividades criminales. Por tanto, no presentan funciones semiestructuradas, ni jerarquías funcionales a su objetivo criminal. En cuanto a las bandas criminales desarticuladas, el 81% (471) se relaciona con delito microtráﬁco de drogas y el 19% restante (114) con el de tráﬁco de drogas.

En relación con lo anterior, según información provista por Carabineros de Chile, contenida en el informe 2021 del Observatorio del Narcotráﬁco, en el año 2020 la institución desarticuló 656 organizaciones y bandas criminales: 585 son bandas criminales (equivalente al 89,2% del total) y 71, organizaciones criminales (10,8%). La Región Metropolitana concentró el 32,0% de las desarticulaciones criminales (197 bandas y 13 organizaciones criminales), mientras que la de Valparaíso, el 15,1% (92 bandas y 7 organizaciones criminales) y la de Antofagasta, con el 8,5% (43 bandas y 13 organizaciones criminales) (Fiscalía Nacional, 2021, pág. 98).

CHILE COMO PAÍS DE CONSUMO (DEMANDANTE) DE DROGAS

En los últimos años, se ha conﬁgurado un escenario que indicaría que Chile no solo sería utilizado como país de tránsito de drogas, sino que podría ser considerado también como un país de consumo interno o demandante de drogas. Las cifras que sustentarían esta situación se derivan tanto de la cantidad de grupos criminales desbaratados como de las personas vinculadas a estas organizaciones por delitos relacionados a drogas (microtráﬁco y tráﬁco) y los estudios de consumo de drogas a nivel nacional.

Respecto del nivel de consumo de drogas presente en el país, según la información publicada por el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA)] en su 13° Estudio

Nacional de Drogas de la Población General 2018¹-, existen niveles disímiles de la prevalencia del nivel de consumo de las distintas drogas presentes en el país.

En el caso de la marihuana, este estudio reportó que, en los últimos 8 años (desde 2010 a 2018), hubo un alza de 8,1% en la prevalencia de uso de esta droga (desde 4,6% en 2010 a 12,7% en 2018), con tres variaciones signiﬁcativas. El mayor uso se observa en el tramo etario de 19 a 25 años, seguido del de 26 a 34 años¹ (Senda, 2019, págs. 27-28).

Sobre el consumo de clorhidrato de cocaína, este estudio mostró que, en el periodo 2010-2018, la prevalencia de uso de cocaína se mantuvo relativamente estable, con valores entre el 0,7% y 1,0% en las declaraciones de uso en "el último año", y en un menor nivel en comparación con la primera década del siglo XXI, cuando los valores ﬂuctuaron entre 1,5% y 1,8%. Similar a lo que sucede con la prevalencia de consumo de marihuana, estas fueron mayores en los tramos etarios de 19 a 25 años y de 26 a 34 años (Senda, 2019, pág. 29).

En relación con el consumo de pasta base, este estudio observó que la prevalencia del uso de esta sustancia se mantuvo relativamente estable entre los años 2010 y 2018, con una utilización en el “último año" entre 0,4% y 0,5%, cifras menores en comparación a las obtenidas en los años de la primera década de este siglo, cuando la prevalencia en “el último año” ﬂuctuó entre 0,5% y 0,7%. El consumo de esta sustancia en el "último año", en todos los tramos etarios es menor al 1,0%, siendo mayor en los tramos entre los 26 y 34 años y 35 a 44 años¹– (Senda, 2019, pág. 30).

Al considerar el consumo de otras drogas consideradas menos frecuentes, el estudio publicado por el Senda indicó que, con respecto a la prevalencia de uso en el "último año", existe un aumento signiﬁcativo en el consumo de éxtasis en el periodo, con una prevalencia de uso del 0,3% el año 2018, a diferencia de las mediciones que abarcaron los quince años anteriores, cuando no superaba el 0,1%. Los tranquilizantes y los analgésicos muestran las mayores prevalencias de consumo en el "último año", con 1,4% y 1,2%, respectivamente (Senda, 2019, pág. 34).

Por tanto, se tendría un escenario conﬁgurado por un aumento en los últimos años en la prevalencia en el consumo de marihuana, un consumo de cocaína y pasta base de cocaína relativamente estables en el periodo, y un alza signiﬁcativa del éxtasis, manteniéndose como los ítems más consumidos en la categoría de "otras drogas" aquellos relacionados con tranquilizantes y analgésicos, con una prevalencia de consumo relativamente estable en la segunda década del siglo XXI. Lo anterior conﬁguraría a Chile no solo como de tránsito, sino también como un país de demanda o consumo de drogas, principalmente de marihuana.

CHILE COMO PAÍS DE PRODUCCIÓN O TRATAMIENTO DE DROGAS

Junto a lo descrito en párrafos anteriores, el Informe Mundial sobre las Drogas del año 2021, publicado por la Oﬁcina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), menciona a Chile entre los países en los que se observa el desarrollo de una capacidad de producción de drogas a través de laboratorios (UNODC, 2021, págs. 77-83).

Al respecto, es preciso mencionar que, desde la versión 2020 del Informe del Observatorio del Narcotráﬁco del Ministerio Público, se advierte la tendencia sobre la instalación de laboratorios orientados a la producción de drogas en el país. En detalle por tipo de droga, según lo indicado en el Informe del Observatorio del Narcotráﬁco del año 2021, experimentaron un crecimiento los laboratorios de drogas de síntesis y se observa la aparición de laboratorios nacionales de marihuana, los cuales se dedican a extraer el THC de la planta para convertirlo en concentrados líquidos. A diferencia de los anteriores anteriores, los laboratorios de cocaína desmantelados experimentaron una disminución en el año 2020.

Cabe consignar que, según información de la Policía de Investigaciones (PDI), existen generalmente cuatro categorías o tipos de laboratorios:

Laboratorios de adulteración o abultamiento: Son los de aparición más común en Chile. Su objetivo es aumentar el volumen de la cocaína (interviniéndola químicamente), lo que trae como consecuencia una disminución de su pureza.
Laboratorios de recuperación: Su objetivo es recuperar la cocaína que está escondida en otro medio (plásticos, líquidos, entre otros).
Laboratorios de cristalización: De escasa aparición en el país (entre el año 2006 y el año 2014 se tuvo conocimiento de dos casos en la región Metropolitana). Su objetivo principal es convertir la cocaína base en clorhidrato de cocaína.
Laboratorios de extracción: Su ﬁn es extraer un principio activo de la sustancia.

El Informe 2021 del Observatorio del Narcotráﬁco agrega, que era usual encontrar laboratorios de abultamiento de cocaína (los cuales se siguen manteniendo), pero que en el transcurso de los últimos años han aparecido laboratorios de conversión de cocaína, laboratorios para generar drogas sintéticas, y laboratorios de extracción del principio activo de las matas de marihuana (Fiscalía Nacional, 2021, pág. 35).

Asimismo, en el último trienio (2018-2020) se desmantelaron 89 laboratorios, de los cuales un 73,0% se relacionó con procesos que involucran a la cocaína (47,2% correspondió a laboratorios de conversión de cocaína y un 25,8% a laboratorios de abultamiento de cocaína), un 23,6% con laboratorios de drogas sintéticas y un 3,4% con los laboratorios de marihuana que hacen su aparición en el 2020²⁰. Según datos de la PDI, entre 2010 y 2015 se desmantelaron 50 laboratorios.

GRÁFICO 2
Proporción de laboratorios desmantelados en Chile, por tipo.
Trienio 2018-2020

Fuente: Elaboración propia UAF con datos del Informe del Observatorio del Narcotráﬁco 2021, el cual, a su vez, utiliza como fuente los datos del SAF del Ministerio Público, el Servicio Nacional de Aduanas y la PDI.

Entre las conclusiones del Informe 2021 del Observatorio del Narcotráﬁco, existiría un aumento de la capacidad a nivel local para la producción de drogas, sustentado en el incremento de las plantaciones de marihuana (incluyendo el cultivo "indoor"), el alza en la disponibilidad de ketamina (usualmente para producir falso "2C-B”), el aumento de incautaciones de 2C-B, y el crecimiento sostenido de los laboratorios destinados a la producción de drogas de síntesis, probablemente asociado al “Falso 2C-B” (Fiscalía Nacional, 2021, pág. 26).

La versión 2020 del Informe del Observatorio del Narcotráﬁco ya infería que existía en Chile una instalación de laboratorios de producción de drogas por parte de grupos criminales, vinculados principalmente con las drogas sintéticas (producción de tabletas con materia prima importada), para luego distribuirlas internamente o en el extranjero (Fiscalía Nacional, 2020a).

CHILE COMO PAÍS DE TRÁNSITO DE DROGAS

Chile continúa siendo un país de tránsito de drogas, principalmente hacia Oceanía, Europa y Asia. Respecto de la participación en el tráﬁco internacional de drogas, Chile ﬁgura entre los países de origen, salida y de tránsito más frecuente para el tráﬁco de cocaína (junto con Perú, México, Sudáfrica, Canadá, Reino Unido y Argentina) que tiene como destino Oceanía, principalmente Australia y, en menor medida Nueva Zelanda, dado el alto precio de esta droga en esos países, según el Informe Mundial de Drogas del año 2021 (UNODC, 2021, pág. 32).

En la misma línea, según la información entregada en el Informe 2019 de la Junta Internacional de Fiscalización y Estupefacientes (JIFE), el tráﬁco vía marítima desde los puertos de Chile con destino a Europa, en particular de clorhidrato de cocaína, se mantuvo al alza, lo que convierte a Chile²¹ en uno de los principales países de salida de la cocaína incautada en España (puertos de Valencia y Algeciras, lugares que actúan como vías de entrada relevantes de esta droga en Europa) (JIFE, 2019, pág. 92).

Adicionalmente, según el Informe 2021 del Observatorio del Narcotráﬁco, Chile es un objetivo importante para el traﬁco de drogas, dado que muestra el mayor índice de consumo de estupefacientes de América Latina (en particular marihuana), no es un país productor y su comercio internacional vía marítima es una actividad preponderante, lo que entrega una opción de materialización de la droga a los mercados en ultramar (Fiscalía Nacional, 2021, pág. 75).

Ahora bien, al considerar el año 2020, en particular el primer semestre, el transporte marítimo marcó un cambio en la operativa vinculada con el tráﬁco de drogas por esta vía, dado los cierres de fronteras (aéreas y terrestres) a raíz de la declaración de pandemia de Covid-19. Los narcotraﬁcantes consideraron más seriamente los servicios de transporte marítimo

para mover grandes cantidades de droga, tanto para consumo interno como con destino a otros continentes, dado el escenario de escasez de droga a nivel interno y el consiguiente aumento de precios (Fiscalía Nacional, 2021, págs. 68-69).

También se debe considerar la temática reputacional de Chile, dado que existiría un aprovechamiento de la imagen (reputación) del país, con propósitos de enviar droga a zonas de ultramar. En efecto, diversas incautaciones efectuadas en el extranjero se relacionan con naves y/o contenedores, ya sea en tránsito o con salida desde los puertos chilenos. Cabe señalar en este punto que la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante (Directemar) de la Armada de Chile constató, luego de investigaciones relacionadas, que las drogas fueron cargadas fuera de aguas nacionales o en puertos extranjeros intermedios, durante el proceso de recaladas de estas naves (Fiscalía Nacional, 2021, pág. 76).

En este sentido, las modalidades y/o métodos que se utilizarían para el tráﬁco de drogas vía marítima que incluirían a Chile dentro del proceso (por orden de prioridad), de acuerdo con lo reportado en la versión 2021 de Informe del Observatorio del Narcotráﬁco, son los siguientes (Fiscalía Nacional, 2021, pág. 78):

Tránsito y blanqueo de la ruta: La droga se embarca en los países productores hacia destinos internacionales, y transitaría en ruta por puertos chilenos hacia el destino ﬁnal. Otra manera, con el objetivo de blanquear la ruta, es la contaminación de droga en cargas chilenas en las recaladas de las naves en puertos intermedios, en tránsito hacia el destino internacional. Esta sería la manera más utilizada en la actualidad.
Ingreso: Entrada de drogas para consumo interno, utilizando distintas naves o plataformas de distinto tamaño (yates, naves pesqueras, etc.).
Salida: Envío de drogas las cuales ingresaron vía terrestre/marítima al país, desde países productores, para luego ser enviadas en cargas chilenas con destino a los países objetivo en el continente europeo, Oceanía y Asia, entre otros. Esta sería la modalidad con una menor cantidad de casos detectados.

Cabe destacar que, en el mercado consumidor de Oceanía (Australia y Nueva Zelanda) y Asia, el kilo de cocaína puede llegar a valorarse entre USD100 mil y USD200 mil, mientras que en el mercado europeo, en USD80.000, lo cual constituye un incentivo para las bandas latinoamericanas las que buscan nuevas rutas a través del Océano Pacíﬁco, utilizando diversos tipos de naves para su cometido (Fiscalía Nacional, 2021, pág. 79).

RENTABILIDAD DEL MERCADO ILÍCITO DE LAS DROGAS EN CHILE

A partir del análisis del Informe Mundial sobre las Drogas de la UNODC, publicado en 2021, es posible advertir que los principales ﬂujos de las sustancias ilícitas están dirigidos, generalmente, hacia zonas geográﬁcas, países o continentes caracterizados por poseer alto poder adquisitivo (UNODC, 2021).

Respecto de Chile, el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita con poder de paridad de compra (PPA) alcanzó en 2020 a USD25.067, cifra superior al promedio de América Latina y El Caribe (Banco Mundial, 2021). En 2021, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó que, al año 2025, el PIB per cápita con PPA del país superará los USD30.000 (International Monetary Fund, 2022).

Con relación al mercado de las drogas en Chile, el Observatorio del Narcotráﬁco 2021 sostuvo que la actividad ilícita genera ganancias que permiten a los criminales expandir el negocio ilegal²² (Fiscalía Nacional, 2021).

Asimismo, al comparar los precios de las drogas entre los mercados ilícitos en la región, es posible observar que los valores de los estupefacientes en Chile son más elevados en comparación con otros estados (Havocscope, s.f.).

Amenaza del tráﬁco de drogas para el lavado de activos

El tráﬁco de drogas es la principal amenaza para el Sistema Nacional ALA/CFT.

Los criterios cuya incidencia resultan en el posicionamiento de este delito base como la principal amenaza identiﬁcada, que genera activos de origen ilícito y amenaza al Sistema Nacional ALA/CFT, son los siguientes:

Componente geográﬁco: El delito de tráﬁco de drogas muestra una alta frecuencia y un amplio alcance a nivel nacional. Por tanto, el narcotráﬁco se encuentra presente en todas las regiones del país, sin una concentración comparativamente relevante en alguna región particular, por lo cual tiene un amplio alcance geográﬁco.
Expansión de la amenaza en el sistema ﬁnanciero y utilización de efectivo: El delito de tráﬁco de drogas es el que muestra el mayor valor en comparación con los otros delitos analizados, con casi 10 mil personas con causas judiciales por delitos relacionados a drogas, que a la vez presentan algún familiar o relacionado que también posee causas judiciales, y que está incluido en algún ROE.
El delito de tráﬁco de drogas es aquel que posee la segunda mayor conexión con el sistema bancario (en términos de deudas/acreencias), en comparación con los otros ilicitos analizados, a la vez que es el que muestra a terceras personas relacionadas que registran movimientos en efectivo de montos iguales o superiores a USD10.000, dando cuenta de la eventual importancia, tanto del sistema bancario como de las transacciones en efectivo, para las personas que han sido encausadas por este delito base.
En Chile, entre los años 2016 y 2021 se registraron alrededor de 83 mil causas judicializadas por infracciones a la Ley de drogas, según datos del Poder Judicial, equivalente al 48% aproximadamente del total de causas por delitos precedentes de lavado de activos en el periodo. En relación a la cantidad de causas formalizadas asociadas a infracciones a la Ley de drogas, en el mismo periodo se registraron alrededor de 58 mil causas, equivalente a un 74% del total de causas formalizadas por delitos base en el periodo.
De acuerdo con lo informado en el VIII Informe de Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos de la UAF, en el periodo 2016-2021 el 34,4% del total de condenados por lavado de activos en Chile fue por ocultar o disimular activos provenientes del narcotráﬁco.
El lavado de activos producto de la amenaza de narcotráﬁco, según el mismo informe, se ejecutó principalmente a través de testaferros, seguido por la utilización de personas y/o estructuras jurídicas. Del mismo modo, se vulneraron los sectores de notarios y conservadores de bienes raíces, por medio de los cuales predominó la compra de vehículos y bienes raíces. Asimismo, los productos más utilizados fueron el uso de dinero en efectivo y de cuentas bancarias.

2. AMENAZA: ESTAFA

CARACTERIZACIÓN DEL FENÓMENO DE LA ESTAFA EN CHILE

Con base en la encuesta mundial sobre delitos y fraudes económicos de 2020, realizada por PwC²7, las pérdidas por el delito de fraude ascienden a de USD42 mil millones. Los principales objetivos de los estafadores son los clientes, y el 47% de las empresas encuestadas sufrió un fraude en el último año (PwC, 2020).

En línea con lo anterior, la encuesta al sector bancario publicada por KPMG²⁴ en 2019 alertó que más de la mitad de los consultados reportó un incremento tanto en el valor de los fraudes como en el volumen de los mismos con origen en el exterior. De esta manera, las tipologías de fraude comprenderían el robo de identidad y toma de control de la cuenta, el ciberataque, fraude con tarjeta y estafa en pagos automáticos (KPMG, 2019).

Interpol aborda la estafa y/o fraude en el ámbito de los delitos ﬁnancieros. Con base en las indagaciones desplegadas, destaca el desarrollo de estafas denominadas de “ingeniería social”. Estas se asocian con redes sociales como canal principal (también existen de manera telefónica o directa), en la que explotan la conﬁanza de las personas con el propósito de obtener dinero directamente, o información conﬁdencial que permita concretar el delito (Interpol, 2022).

En el marco jurídico nacional, la estafa o defraudación se encuentra tipiﬁcada en el Código Penal, y consiste en la defraudación económica y con ánimo lucrativo a otro usando de nombre ﬁngido, atribuyéndose poder, inﬂuencia o créditos supuestos, aparentando bienes, créditos, comisión, empresa o negociación imaginarios, o valiéndose de cualquier otro engaño semejante (BCN, 2017).

En este contexto, se tipiﬁcan sanciones a distintas categorías de estafas en proporción con el monto defraudado calculado en Unidades Tributarias Mensuales (UTM), ya sea entre 1 y 4 UTM, entre 4 y 40 UTM, entre 40 y 400 UTM y aquellas que exceden las 400 UTM. La estafa se encuentra clasiﬁcada entre los 250 tipos de ilícitos categorizados como delitos económicos por el Ministerio Público)7 (BCN, 2017).

En Chile, la estafa se incorporó en el año 2015 al catálogo de delitos base de lavado de activos, mediante la Ley N°20.818. Teniendo presente los casos que se presentan habitualmente respecto de este ilícito, se decidió que las estafas más graves, es decir, aquellas que superan las 400 UTM, fueran consideradas precedentes de LA, entendiéndose que los montos involucrados en las de menor cuantía no logran afectar el bien jurídico protegido por el delito de LA, además que no resulta posible advertir conductas de LA.

Respecto de la estafa, en los últimos años se ha conﬁgurado en el país un fenómeno nuevo vinculado con la actividad delictiva denominada “estafa piramidal” o “esquema ponzi” y otras relacionadas con defraudaciones referidas a bienes inmuebles, lo que ha incrementado la presencia de esta amenaza.

Conjuntamente, entre los años 2020 y 2021, la CMF emitió diversas alertas al mercado en las cuales denunció presuntos delitos de estafas, perpetrados, principalmente, por empresas oferentes de créditos, usualmente utilizando sitios web. Dentro de los engaños y técnicas utilizadas por estas empresas se encuentran (CMF, 2020a) (CMF, 2020b) (CMF, 2020c):

Aparentar ser ﬁscalizadas por la CMF (sin estar registradas y/o autorizadas), incluso falsiﬁcando instrumento privado, timbres y/o sellos.
Solicitar pagos anticipados a las personas sujetas de crédito, bajo el supuesto de cubrir los gastos asociados al otorgamiento del crédito.
No entregar el préstamo acordado a las personas una vez recibidos los pagos para cubrir los gastos mencionados en el punto anterior)⁶.

Amenaza de la estafa para el lavado de activos

La estafa se encuentra catalogada como la segunda principal amenaza para el Sistema Nacional ALA/CFT.

Los principales criterios cuya incidencia resultan en el posicionamiento de este delito base como la principal amenaza identiﬁcada, que genera activos de origen ilícito y amenaza al Sistema Nacional ALA/CFT, son los siguientes:

Expansión de la amenaza en el sistema ﬁnanciero y utilización de efectivo: La estafa es el delito con el mayor número de investigados con causas judicializadas que (i) participan en sociedades)⁷ que no registran movimientos tributarios)⁸, y (ii) y que poseen deudas y/o acreencias bancarias. Así también, es el delito que presenta el mayor número de personas sentenciadas con niveles de ROE de alto valor recibidos por la UAF.
Así, el delito de estafa es el que muestra una mayor proporción de investigados y/o sentenciados que presentan comportamientos ﬁnancieros característicos, como tener una mayor conexión con el sistema bancario (acreencias/deudas) y utilizar sociedades identiﬁcadas como sospechosas.
Detección de la amenaza por el sector privado y procesos de inteligencia ﬁnanciera: La estafa es el delito con mayor cantidad de ROS en proceso de análisis en la UAF, y con el mayor número de personas asociadas a estos ROS, dando cuenta del funcionamiento del proceso de detección del Sistema Nacional ALA/CFT.
En Chile, entre los años 2016 y 2021, se registraron alrededor de 51,6 mil causas judicializadas por delitos de estafa, según datos del Poder Judicial, equivalente a cerca del 30% del total de causas judicializadas por delitos precedentes de lavado de activos en el periodo. En igual lapso,. las causas formalizadas sumaron alrededor de 13,8 mil, equivalente al 17,6% del total de causas formalizadas por delitos base de LA.
De acuerdo con lo informado en el VIII Informe de Tipologías y Señales de Alertas de Lavado de Activos, en el periodo 2016-2021 el 5,2% del total de condenados por LA en Chile fue por ocultar o disimular activos provenientes de la estafa.
El LA producto de la amenaza de estafa, según el mismo informe, se ejecutó principalmente a través de testaferros y la utilización de estructuras jurídicas. En este contexto, se vulneraron principalmente los sectores de notarios y bancos. Asimismo, los productos más utilizados fueron el dinero en efectivo, las cuentas bancarias y la solicitud de créditos (automotriz e hipotecario).

3. AMENAZA: CORRUPCIÓN

CARACTERIZACIÓN DEL FENÓMENO DE CORRUPCIÓN EN CHILE

Según estimaciones del Foro Económico Mundial, la corrupción costaría, al menos, USD2,6 billones, o el 5% del producto interno bruto mundial (ONU, 2018).

A nivel regional, los delitos asociados a corrupción fueron identiﬁcados por los países como la tercera amenaza principal en sus respectivas ENR, por detrás del tráﬁco ilícito de estupefacientes y sustancias, y el contrabando, de acuerdo con la Segunda Actualización del Informe de Amenazas Regionales en Materia de Lavado de Activos, publicado por el Gaﬁlat en el año 2019. Con relación a la primera versión del Informe (año 2017), a nivel regional la amenaza de corrupción avanzó tres posiciones (desde el sexto al tercer lugar), lo que indica que la corrupción fue incluida por los países de manera más frecuente en sus ENR (Gaﬁlat, 2017-2018, págs. 28-29-43).

Con respecto al contexto de pandemia Covid-19, Transparencia Internacional sostiene que, en el largo plazo, los actos asociados a corrupción intensiﬁcan los efectos que generan este tipo de crisis. En esta línea, la corrupción ha sido identiﬁcada como una de las barreras para los países de cara al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por Naciones Unidas y, producto de la pandemia, estos objetivos tienen más diﬁcultades para cumplirse (Transparency International, 2020, pág. 8).

El informe 2020 de Transparencia Internacional que mide la percepción de corrupción)⁹, sitúa a Chile en el puesto 25 de un total de 180 países considerados en la medición (con puntaje 67, donde el óptimo es 100). Con esto, iguala en puntaje y puesto a Estados Unidos, y se posiciona como el segundo país de mejor desempeño en América Latina y El Caribe, detrás de Uruguay, ubicado en el puesto número 21, con puntaje de 71/100 (Transparency International, 2020, pág. 2). Este escenario a nivel sudamericano (y latinoamericano) se ha mantenido relativamente constante durante el último quinquenio (2016-2020).

En cuanto a los indicadores de gobernanza del Banco Mundial 2020, en el control de la corrupción Chile ponderó 1,1 respecto de una escala entre -2,5 y 2,5. Esto lo posicionó en el segundo lugar en América Latina y El Caribe, detrás de Uruguay que ponderó 1,4 en la medición. Esta estimación se mantuvo relativamente estable durante el quinquenio comprendido entre los años 2016 y 2020, años en los cuales la estimación de Chile varió entre 1,0 y 1,1.

A partir de lo anterior, es posible observar que Chile muestra indicadores relativamente positivos y estables en materia de anticorrupción, respecto de países latinoamericanos, sin mayor volatilidad en los últimos años, lo que indicaría un

eventual estancamiento en términos de desempeño, sin evidenciar mejoras considerables en comparación con otras naciones, con relación a este fenómeno en los últimos años (CGR, 2020, págs. 32-33).

GRÁFICO 3
Evolución del índice de percepción de la corrupción en países de Sudamérica. Periodo 2016-2020

Fuente: Elaboración propia UAF con datos del índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional.

En Chile, la Contraloría General de la República (CGR) es responsable de la Estrategia Nacional Anticorrupción, con el propósito de gestionar acciones coordinadas, con otras instituciones, que permitan la prevención y control de dicho ﬂagelo{⁰. Esta Estrategia se enmarcó en el desarrollo del Plan Estratégico 2017-2020, que incluyó un objetivo relativo a este tópico, con el objetivo de promover la integridad y combatir la corrupción, el cual consideró medidas tales como la instalación de un sistema de integridad institucional, promoción de la transparencia y rendición de cuentas, y el apoyo de iniciativas de lucha contra la corrupción (CGR, 2020, pág. 4).

En el año 2020, y como producto del Plan de la Estrategia Nacional Anticorrupción, la CGR publicó los resultados de una consulta ciudadana respecto del fenómeno7¹. En esta, el 67,1% manifestó tener buen conocimiento sobre la corrupción. Además, el 94,8% de los consultados indicó su creencia de que la ciudadanía era el grupo más perjudicado por la corrupción (CGR, 2020, págs. 67-69).

También, a nivel interno, el informe de la CGR indicó que existiría una brecha entre las personas que declararon haber conocido un acto de corrupción, ya sea como víctima y/o testigo (51,4% de los consultados), y aquellas que realizaron la denuncia de los hechos (del subconjunto de personas que conoció de actos de corrupción, el 32,9% denunció el acto). (CGR, 2020, pág. 87). Estas cifras indicarían que podría existir una subestimación en la cantidad de los casos relacionados a actos de corrupción, dado que en casi dos tercios de los casos no se efectúan las denuncias respectivas a los organismos pertinentes.

En el ámbito legal, la revisión de los estándares internacionales y las leyes que abordan los delitos de corrupción en Chile, impulsaron que en el año 2018 se promulgase la Ley Nº21.121, la cual modiﬁcó diversos cuerpos legales con el propósito de prevenir, detectar y perseguir la corrupción. Esta norma junto con establecer que, en los hechos de corrupción el beneﬁcio obtenido o solicitado puede ser de diversa naturaleza y no exclusivamente de carácter económico, entre otras disposiciones, también incrementó las penas asociadas a los delitos de corrupción e incorporó las ﬁguras de administración desleal y negociación incompatible al catálogo de delitos base o precedentes de lavado de activos (BCN, 2020).

Amenaza de la corrupción para el lavado de activos

El delito de corrupción se encuentra catalogado como la tercera principal amenaza para el Sistema Nacional ALA/CFT.

Los principales criterios cuya incidencia resultan en el posicionamiento de este delito base como una de las principales amenazas identiﬁcadas, que genera activos de origen ilícito y amenaza al Sistema Nacional ALA/CFT, son los siguientes:

Persecución y sanción de la amenaza por el sistema penal: En Chile, entre los años 2016 y 2021, se registraron más de 4 mil causas judicializadas por delitos asociados a corrupción7², según datos del Poder Judicial, equivalentes al 2,4% del total de causas judicializadas por delitos precedentes de LA en el periodo, ocupando la sexta posición.
De acuerdo con lo informado en el VIII Informe de Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos, en el periodo 2016-2021 el 38,5% del total de condenados por lavado de activos en Chile fue por ocultar o disimular activos provenientes de la corrupción.
El LA producto de la amenaza de corrupción, según el mismo informe, se ejecutó, principalmente, a través de testaferros y por la utilización de personas y/o estructuras jurídicas. En este sentido, predomina que la constitución de dichas sociedades eran realizadas por familiares de los involucrados, vulnerando principalmente el sector bancario y los notarios. Asimismo, los productos más utilizados fueron el uso de dinero en efectivo y de cuentas bancarias.
El análisis realizado en este informe publicado por la UAF, observó un incremento en el número de sentencias condenatorias por LA con delitos base de corrupción. Así las cosas, desde el año 2014 en adelante, se evidenció un cambio en la composición de los delitos base por LA, dado que se reduce la participación de las sentencias condenatorias por LA con delito base de tráﬁco de drogas, mientras se incrementan las sentencias con delitos base de corrupción y otros delitos (UAF, 2022b).
Detección de la amenaza por el sector privado y procesos de inteligencia ﬁnanciera: Los delitos de corrupción son los que muestran una mayor cantidad de ROS, cuya información ha sido incluida en Informes de Inteligencia Financiera remitidos por la UAF al Ministerio Público, al igual que la mayor cantidad de personas incluidas en esos ROS, lo que muestra el funcionamiento del proceso de detección del Sistema Nacional ALA/CFT.

4. AMENAZA: DELITOS ECONÓMICOS /FINANCIEROS

CARACTERIZACIÓN DEL FENÓMENO RELACIONADO CON DELITOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

Los delitos económicos, según indica el Ministerio Público, son "Todas aquellas conductas ilícitas cometidas por personas naturales, personalmente o a través de personas jurídicas, que afectan el patrimonio de una o más víctimas, el sistema ﬁnanciero o el mercado en general". Según la Fiscalía, existirían alrededor de 250 tipos penales que podrían ser considerados como "delitos económicos", los cuales abarcan un amplio espectro de situaciones, que irían desde simples estafas hasta delitos de mayor complejidad de índole ﬁnanciero, aduanero o tributario (Fiscalía Nacional, s.f.).

En la misma línea, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) indica que este tipo de delitos iría desde robos o fraudes básicos ejecutados por individuos u organizaciones simples, hasta operaciones de gran escala dirigidas por delincuentes con presencia en distintas partes del mundo. De esta forma, se trata de actividades delictivas graves las cuales, junto con generar un alto impacto económico y social, suelen vincularse con delitos violentos u otros. Los delitos económicos han adquirido una nueva dimensión en línea con el avance de la tecnología digital (Interpol, s.f.).

En Chile, el Catálogo de Delitos Base de Lavado de Activos incluye delitos económicos/ﬁnancieros incluidos en los siguientes cuerpos legales:

TABLA 5
Delitos base de lavado de activos, de índole económico/ﬁnanciero, contemplados en la Ley N°19.913.

El Índice de Centros Financieros Globales (GFCI, por su sigla en inglés), entrega evaluaciones semestrales (en los meses de marzo y septiembre) de competitividad y clasiﬁcaciones para 116 centros ﬁnancieros globales, y se utiliza como referencia en materia de políticas e inversiones77. Este índice sitúa a Nueva York, Londres y Hong Kong en los primeros tres lugares. Santiago de Chile aparece como la tercera ciudad más competitiva de Latinoamérica en estas materias, y en el lugar 81°, por detrás de Ciudad de México (59°) y Río de Janeiro (69°). Le siguen Sao Paulo (86°), Barbados (90°), Bermuda (92°), Buenos Aires (97°), Bahamas (99°), Trinidad y Tobago (100°), Bogotá (103°), y Panamá (104°) (China Development Institute, 2021).

Según el informe Anual 2020 de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), luego de comenzar a regir la Ley N°21.234 que limita la responsabilidad de los titulares o usuarios de tarjetas de pago y transacciones electrónicas en caso de extravío, hurto, robo o fraude7⁴, "las pérdidas operacionales brutas asociadas a fraude externo aumentaron signiﬁcativamente durante el último ejercicio (110%)" (CMF, 2021).

De acuerdo con información publicada en los informes anuales de la CMF, en el bienio 2019-2020 se registraron 8 sanciones por entrega de información falsa al mercado con multas agregadas de UF25.350 ($737 millones, USD1,04 millones, aproximadamente)77, y 3 sanciones por no abstención y/o uso de información privilegiada con multas agregadas de UF19.500 ($567 millones, USD797 mil, aproximadamente) (CMF, 2020d) (CMF, 2021).

Con el objetivo de sistematizar los delitos económicos, y que estos tengan sanciones efectivas y acordes con el daño causado, se encuentra en segundo trámite constitucional el Boletín N°13.204-7, alusivo a delitos contra el orden socioeconómico. Este proyecto aborda un amplio marco de normas que deﬁnen cuáles son los delitos económicos y atentados en contra del medioambiente, la responsabilidad penal de las personas jurídicas en ellos, las penas privativas/restrictivas de libertad, y el ejercicio de la acción penal, entre otras disposiciones (Senado, 2021).

Amenaza de los delitos económicos/ﬁnancieros para el lavado de activos

Los delitos económicos se identiﬁcan como la cuarta amenaza en jerarquía para el Sistema Nacional ALA/CFT.

Componente geográﬁco: Los delitos económicos/ﬁnancieros presentan una alta frecuencia a nivel nacional, aunque menor comparativamente a otros delitos como estafa o tráﬁco de drogas, y no se encuentra focalizado en alguna región en particular, presentando un amplio alcance geográﬁco.
Detección de la amenaza: Este delito tiene el mayor promedio de personas reportadas en ROS a la UAF, asociado a personas con causas judiciales.
En Chile, entre los años 2016 y 2021, se registraron alrededor de 12,2 mil causas judicializadas por delitos económicos/ﬁnancieros, equivalente al 5,9% del total de causas judicializadas por delitos precedentes de lavado de activos en el periodo.
De acuerdo con lo informado en el VIII Informe de Tipologías y Señales de Alertas de Lavado de Activos, en el periodo 2016-2021 el 1,0% del total de condenados por LA en Chile fue por ocultar o disimular activos provenientes de los delitos económicos/ﬁnancieros.
El lavado de activos producto de la amenaza de delitos económicos/ﬁnancieros, según el mismo informe, se ejecutó principalmente a través de testaferros y de la utilización de personas y/o estructuras jurídicas, vulnerando los bancos y notarios. Asimismo, los productos de uso más frecuente fueron el dinero en efectivo y las cuentas bancarias.

5. AMENAZA: CONTRABANDO

CARACTERIZACIÓN DEL FENÓMENO DE CONTRABANDO EN CHILE

En el ordenamiento jurídico chileno, el delito de contrabando está contemplado en el artículo 168° de la Ordenanza de Aduanas (OA)7⁶, el cual considera cuatro tipos penales que involucran a nivel global, el ingreso o salida del país de mercancías sin el pago de los derechos de aduana correspondientes.

TABLA 6
Tipos penales, delito de contrabando en Chile

Fuente: Elaboración propia UAF.

El delito aduanero es un intento de burlar el control fronterizo del Estado, implementado a través del Servicio Nacional de Aduanas (SNA) u otros organismos estatales, que actúan en materia de sanidad humana y animal, de calidad humana e industrial, entre otros.

En Latinoamérica, según la Alianza Latinoamericana Anticontrabando (ALAC), el comercio ilícito es una de las principales barreras para el desarrollo económico de estos países. Este tipo de comercio desincentiva el empleo, la producción y la competitividad, dado que incumple la normativa vigente (comercial y tributaria), arriesga a los consumidores y genera una desventaja para los actores que actúan bajo los marcos regulatorios vigentes (ALAC, 2019, pág. 9).

En el contexto latinoamericano, de acuerdo con la Segunda Actualización del Informe de Amenazas Regionales en Materia de Lavado de Activos (años 2017 y 2018) publicado por el Gaﬁlat, los países identiﬁcaron al contrabando (incluye impuestos y cargos aduaneros) como la segunda amenaza relevante en sus ENR de LA/FT, detrás del tráﬁco ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

En este sentido, el fenómeno del contrabando se asocia a diferentes clases de mercancías. De acuerdo con información del SNA7⁷:

Contrabando de mercancía que coloca en peligro la salud pública: Se tiene que, para el periodo 2017-julio 2019, Aduanas realizó 4.655 hallazgos de este tipo de bienes, que se tradujo en más de 8,3 millones de unidades de mercancía incautadas en el lapso, concentrados principalmente en las aduanas de Valparaíso y San Antonio.
Contrabando de mercancía que coloca en peligro el medio ambiente: Entre 2016 y julio de 2019, Aduanas informó de procedimientos en 29 contenedores, de los cuales 14 se controlaron en San Antonio.
Contrabando de patrimonio cultural: (fósiles, piezas arqueológicas, obras de arte, entre otros): En 2016-julio 2019, se identiﬁcaron 886 piezas de estas características en 12 aduanas a lo largo del país, principalmente en Los Andes, Metropolitana y San Antonio.
Contrabando en el marco del Convenio CITES de protección a la fiora y fauna en peligro: En 2016-julio de 2019, Aduanas informó de procedimientos en los cuales se identiﬁcaron 1.759 especies, principalmente en las aduanas Metropolitana, San Antonio y Antofagasta.
Contrabando defraudatorio de la Hacienda Pública: En 2017-julio 2019, Aduanas realizó 4.655 hallazgos de este tipo de bienes, que se tradujo en más de 8,3 millones de unidades de mercancía incautadas en ese periodo, concentrados principalmente en las aduanas de Valparaíso y San Antonio.
Contrabando de cigarrillos: En 2016-2020, el SNA incautó alrededor de 60,7 millones de cajetillas de cigarrillos con una evasión tributaria estimada en USD227,9 millones. En el año 2020, y pese a la situación de pandemia que tuvo, entre otras consecuencias, el cierre de fronteras, Aduanas incautó alrededor de 15,6 millones de cajetillas, equivalente a un alza del 6,4%, anual{ (SNA, 2021).

CONTRABANDO DE CIGARRILLOS

Respecto del contrabando de cigarrillos, según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 10 cigarrillos y demás productos de tabaco que se consumen es de origen ilícito (OMS, 2021). En Chile, el delito de contrabando se asocia principalmente a este tipo de mercancía, el cual afecta, de manera importante, tanto al ﬁsco como a otros sectores de la economía{– (BCN, 2021).

En esta línea, el SNA ha sostenido que el contrabando de cigarrillos es un ilícito que va en aumento y, en consecuencia, genera un importante perjuicio ﬁscal. Junto con lo anterior, se aprecia que el decomiso de cajetillas se concentra en la zona norte del país, según cifras del año 2019, principalmente en las Aduanas de Iquique, Antofagasta y Tocopilla (Ministerio de Hacienda, 2019).

Al respecto, en el estudio publicado en 2022, por el Centro de Medición-MIDE de la Pontiﬁcia Universidad Católica de Chile (PUC) indica que, en términos de volumen, el Gran Santiago concentró el 75,8% de los cigarros ilícitos a nivel nacional, mientras que la macrozona norte representó el 15,2% del ilícito (Centro UC Medición-MIDE, 2022, pág. 34).

Desde el punto de vista del consumo, el análisis destacó que, en la macrozona norte, el 46,7% de los cigarrillos que se consume a diario es de origen ilícito. Le sigue la macrozona centro con el 21,3% del consumo diario. De esta manera, el consumo de cigarrillos ilícitos en la macrozona norte es más del doble que en el centro (Centro UC Medición-MIDE, 2022, pág. 34).

La logística del contrabando de cigarrillos en el país ha adoptado características ligadas al narcotráﬁco. En este sentido, las indagaciones de la PDI indican el uso de rutas similares y participación de personas con antecedentes por tráﬁco de drogas (PDI, 2020a). También se ha identiﬁcado que bandas dedicadas al narcotráﬁco han empezado su incursión en el ámbito del contrabando de cigarrillos, dada su alta rentabilidad y baja penalidad (BCN, 2021).

GRÁFICO 4
Incautación de cajetillas de cigarrillos y monto de evasión tributaria (millones USD) 2016-2021

Fuente: Elaboración propia UAF con datos del Servicio Nacional de Aduanas.

A partir del estudio del Observatorio del Comercio Ilícito de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC) y British American Tobacco Chile, publicado en 2017, la mayor parte de los cigarrillos de contrabando comercializados en el país serían productos importados por empresas bolivianas, los que luego serían ingresados a Chile de manera ilegal (CNC, 2017).

En el año 2021, según el estudio del Centro UC Medición-MIDE, los países de fabricación de las cajetillas ilícitas correspondieron a Paraguay (85%) y Corea del Sur (5,3%) principalmente. Entre ambos comprendieron el 90% de los cigarrillos ilícitos detectados en la medición. En cuanto al precio, el valor de la cajetilla lícita}], en promedio, más que duplica el valor que aquella que proviene del contrabando}( (Centro UC Medición-MIDE, 2022, pág. 38 y 40).

En cuanto al nivel de carga tributaria, Chile es el segundo país de Sudamérica con el mayor nivel de gravámenes sobre este producto, toda vez que el 80% del precio minorista corresponde a

impuestos (Ver ilustración 7, pag 48). En primer lugar, se encuentra Brasil (81,5%) y en el extremo opuesto está Paraguay (18,3%) (OMS, 2021). Este diferencial de carga tributaria podría explicar el incentivo para cometer este ilícito en el país y su alta rentabilidad}).

En este contexto, en mayo de 2021 se promulgó la Ley N°21.336 que modiﬁcó la Ordenanza General de Aduanas respecto de las sanciones al delito de contrabando}{. Esta Ley apuntó a mejorar las herramientas para desbaratar organizaciones dedicadas al contrabando de cigarrillos, disminuir la evasión tributaria de los bienes ingresados de manera ilícita al país, y los daños a la salud que provocaría la mercancía ilegal (BCN, 2021).

Entre otros aspectos, la Ley aumentó las sanciones a los responsables de delitos de contrabando de mercancías afectas a tributación especial o adicional, escalonándolas según el monto asociado al contrabando. También estableció la reincidencia como agravante (SNA, 2021).

GRÁFICO 5
Nivel impuesto cigarrillos (% precio retail) en países de Sudamérica

Fuente: Elaboración propia UAF con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), publicados en el informe: "WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2021. Addressing new and emerging products".

Nota: La cifra reportada es el porcentaje del precio retail que corresponde a impuestos.

Amenaza del contrabando para el lavado de activos

El contrabando es la quinta principal amenaza para el Sistema Nacional ALA/CFT.

Los principales criterios cuya incidencia resultan en el posicionamiento de este delito base como la una de las principales amenazas identiﬁcadas, que genera activos de origen ilícito y amenaza al Sistema Nacional ALA/CFT, son los siguientes:

Persecución y sanción de la amenaza por el sistema penal: En Chile, entre los años 2016 y 2021, se registraron alrededor de 7,2 mil causas judicializadas por el delito de contrabando (infracción art. 168°, Ordenanza de Aduanas), según datos del Poder Judicial. Con esto, se ubicó en la cuarta posición, luego de las infracciones a la ley de drogas, los delitos de estafas y los delitos económicos/ﬁnancieros. Respecto de la cantidad de causas formalizadas asociadas con el contrabando, en el mismo periodo se registraron alrededor más de 2 mil, equivalente al 3,2% del total de causas formalizadas por delitos base en el periodo.
De acuerdo con lo informado en el VIII Informe de Tipologías y Señales de Alertas de Lavado de Activos, en el periodo 2016-2021 el 13,7% del total de condenados por LA en Chile fue por ocultar o disimular activos provenientes del contrabando.
El lavado de activos producto de la amenaza de contrabando, según el mismo informe, se ejecutó, principalmente, a través de testaferros y de la creación y/o utilización de estructuras jurídicas para sus operaciones, vulnerando principalmente sectores de notarios, bancos y conservadores de bienes raíces. Asimismo, los productos más utilizados son el efectivo y las cuentas bancarias.
Al considerar las sentencias condenatorias con delito base de contrabando, se tiene que están asociadas a esquemas de LA, de las cuales correspondieron a contrabando de cigarrillos, a robo y contrabando de celulares y/o artículos electrónicos, al delito de contrabando de metales preciosos y al contrabando de locos (molusco concholepas).
Componente geográﬁco: El delito de contrabando presenta una alta frecuencia, sobre todo en las regiones de la macrozona norte del país, y un bajo alcance geográﬁco comparado con otros delitos, lo que da cuenta de la puntualización de este delito en ciertas zonas geográﬁcas de Chile.

6. AMENAZA: ASOCIACIONES ILÍCITAS

CARACTERIZACIÓN DEL FENÓMENO DEL CRIMEN ORGANIZADO EN CHILE

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo) establece como Grupo Delictivo Organizado a “un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipiﬁcados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneﬁcio económico u otro beneﬁcio de orden material” (Convención de Palermo, 2000, pág. 1).

También la Convención deﬁne como crimen transnacional las actividades que cumplen los siguientes criterios:

Cuando se cometen en más de un Estado (país).
Cuando se cometen en un Estado, pero una parte sustancial de su preparación, planiﬁcación, dirección o control tiene lugar en otro Estado.
Cuando se comete en un Estado, pero interviene un grupo criminal organizado que realiza actividades delictivas en más de un Estado.
Cuando se cometen en un Estado, pero produce efectos importantes en otro Estado.

Al respecto, hay diversas actividades que pueden ser categorizadas como crimen organizado transnacional, como lo son: el tráﬁco de drogas, el tráﬁco ilícito de migrantes, la trata de personas, el blanqueo de dinero, el tráﬁco de armas, las falsiﬁcaciones, el delito medioambiental, los delitos contra la propiedad intelectual y el patrimonio, e incluso algunos aspectos relacionados con el cibercrimen (UNODC, 2022). Si bien una organización podría diversiﬁcar sus actividades en distintos ilícitos, también podría estar presente de manera lícita en mercados legales, mediante la creación y uso de empresas reales o ﬁcticias para mantener y/o proteger su estructura patrimonial, con el objetivo de evitar sospechas.

El crimen organizado transnacional es un gran negocio por sus altas ganancias obtenidas. Según Global Financial Integrity (2017) se estima que el crimen organizado transnacional genera ganancias entre USD1,6 trillón y USD2,2 trillones anuales}} (Global Financial Integrity, 2017).

De acuerdo con estimaciones de este estudio (2017), los tres mercados con mayores ingresos ilícitos a nivel global son los siguientes: (i) el de productos falsiﬁcados y pirateados, con ingresos anuales estimados de USD1,13 trillón; (ii) el narcotráﬁco, con USD652 billones; y (iii) la tala ilegal, que genera más de USD157 billones cada año (Global Financial Integrity, 2017).

Si bien la delincuencia organizada transnacional es una amenaza mundial, sus efectos se pueden evidenciar a nivel local, logrando desestabilizar a países y regiones enteras. Los grupos delictivos organizados también pueden trabajar conjuntamente con delincuentes locales, lo que agrava fenómenos como la corrupción, la extorsión, la asociación ilícita y la violencia, así como una variedad de delitos más complejos a nivel local (homicidios y la violencia, entre otros fenómenos) (UNODC, 2022).

En general, las ganancias de la mayoría de los delitos se generan en efectivo. Por consiguiente, los delincuentes se esfuerzan por impedir que ese dinero despierte sospechas, realizando diversas maniobras para ocultarlo e ingresarlo al sistema económico formal. Como consecuencia de la delincuencia organizada transnacional, se estima que por medio del sistema ﬁnanciero se ha blanqueado alrededor del 70% de las ganancias ilícitas, mientras, que menos del 1% del producto blanqueado fue interceptado y/o incautado (UNODC, 2022).

En relación con Chile, de acuerdo con el Índice Global de Crimen Organizado (2021)}[, en términos de criminalidad, el país se posicionó en el lugar 114° entre 193 Estados (la primera posición representa mayor criminalidad), mientras que, en la región de América del Sur, se ubicó 9° entre 12 países. Esta medición constituye un parámetro de análisis para observar el desempeño de los Estados frente a este fenómeno, a través de distintas dimensiones y componentes (Índice Global de Crimen Organizado, 2021).

En relación con lo anterior, Chile presentó una inﬂuencia moderada en relación al análisis de los mercados criminales}]. Esto da cuenta de la presencia de ciertos mercados criminales en el país, representado principalmente por el comercio de cocaína, cannabis y el tráﬁco de armas, mientras que más atrás se ubicaron el comercio de drogas sintéticas, los delitos contra la fauna y el tráﬁco de personas}- (Índice Global de Crimen Organizado, 2021).

Asimismo, Chile presentó una inﬂuencia moderada en el análisis de los actores criminales}. En ese sentido se consideró principalmente la presencia en el país de redes criminales y de actores extranjeros. Los primeros corresponden a redes informales de asociados criminales que participan en actividades delictivas, como también grupos relativamente pequeños que no controlan territorio, o no son conocidos por un nombre o no tienen un líder

identiﬁcado. Los actores extranjeros comprenden criminales de todo tipo, tanto estatales como no estatales, que operan fuera de su país de origen (Índice Global de Crimen Organizado, 2021).

Por otro lado, el país en la dimensión de resiliencia}– se considera suﬁcientemente eﬁcaz. Este desempeño posicionó a Chile en el lugar 30° con mayor resiliencia sobre un total de 193 Estados, y 2° con mejor desempeño en la región de América del Sur, sobre un total de 12 países (Índice Global de Crimen Organizado, 2021).

En cuanto a los factores que explican el desempeño de la resiliencia se encuentran la cooperación internacional, la presencia de actores no estatales, el liderazgo político y gobernanza, la transparencia gubernamental y rendición de cuentas, la capacidad de regulación económica, el apoyo a víctimas y testigos, la lucha contra el lavado de activos y la prevención. Más abajo se encontraron cuerpos de seguridad e integridad territorial (Índice Global de Crimen Organizado, 2021).

Con base en el marco legal en Chile, el crimen organizado no es un delito en sí mismo. Se trata de una denominación genérica que se les da a aquellos delitos en los que actúan grupos de personas en forma organizada (Fiscalía Nacional, 2022a). En el país el delito que sanciona este tipo de conductas es la “asociación ilícita”, tipiﬁcada en el artículo 292 del Código Penal. Así también se encuentra tipiﬁcado en diferentes leyes especiales: Ley N°19.913: lavado de activos; Ley N°20.507: trata de personas y tráﬁco de migrantes; Ley N°20.000: tráﬁco de drogas, y Ley N°18.314: conductas terroristas.

Al respecto, en junio de 2023, se publicó la Ley N°21.577 que “Moderniza los deliĒos que sancionan la delincuencia organizada y esĒablece Ēécnicas especiales para su invesĒigación”. Este cuerpo legal contempla cambios al delito de asociación ilícita, estableciendo dos nuevas ﬁguras penales: el delito de asociación delictiva y el de asociación criminal.

Asociación delictiva (artículo 292º): “toda organización formada por tres o más personas, con acción sostenida en el tiempo, que tenga entre sus ﬁnes la perpetración de simples delitos”.
Asociación criminal (artículo 293º): “toda organización formada por tres o más personas, con acción sostenida en el tiempo, que tenga entre sus ﬁnes la perpetración de hecho constitutivos de crímenes”.

En Chile, según datos del Poder Judicial, entre los años 2016 y 2021 se registraron alrededor de 771 causas judicializadas por asociaciones ilícitas, equivalente al 0,4% del total de causas por delitos precedentes de lavado de activos en el periodo.

En relación a la cantidad de causas formalizadas vinculadas a asociación ilícita, en el mismo lapso se registraron 46 causas, equivalente a alrededor del 0,1% del total de causas formalizadas por delitos base de lavado de activos.

La información proporcionada por el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de la Fiscalía Nacional, respecto de los 1.199 focos investigativos registrados entre los años 2016 y junio 2022, se tiene que alrededor del 10,3% estuvo relacionado con fenómenos asociados o conexos al crimen organizado, esto es, 124 focos en total, de los cuales 100 correspondieron a fenómenos de armas, 20 a violencia urbana[] y 4 a crimen organizado[(. Estos estuvieron asociados a 2.082 Roles Únicos de Causas (RUC) y a 3.218 imputados[).

Respecto del delito de lavado de activos, de acuerdo con lo informado en el VIII Informe de Tipologías y Señales de Alertas de Lavado de Activos, publicado por la UAF en 2022, en el periodo 2016-2021 se dictaron 135 sentencias condenatorias por LA, de las cuales 27 correspondieron a sentencias cuyo delito base fue la asociación ilícita.

De este subconjunto, los principales delitos asociados fueron: asociación ilícita para el contrabando (22,2%), asociación ilícita (18,5%), asociación ilícita para cometer usura (18,5%), asociación ilícita para cometer estafa (18,5%), asociación ilícita para cometer cohecho y contrabando (11,1%) y asociación ilícita para el narcotráﬁco (11,1%). En estas resultaron 58 personas condenadas, lo que representó el 19,9% del total de condenados por lavado de activos en el periodo (291 personas en total) (UAF, 2022b).

De la misma forma, en el periodo 2016-2021, las penas de comiso por lavado de activos, relacionadas con la asociación ilícita, representaron el 49,0% del total de comisos registrados, equivalente a $605 millones de un total de $4.847 millones (UAF, 2022b).

En este sentido, se tiene que los principales sectores económicos vulnerados en estos esquemas de lavado de activos correspondieron a los notarios, los conservadores de bienes raíces, las automotoras y el sector bancario.

Asimismo, las principales tipologías identiﬁcadas para disimular u ocultar el origen ilícito del dinero, estuvieron mayoritariamente ligadas al testaferrato, seguido de la utilización de personas y/o estructuras jurídicas.

De los casos que incluyeron el uso de sociedades, las principales correspondieron a sociedades por acciones (SpA), seguidas de las empresas de responsabilidad limitada y las empresas individuales de responsabilidad limitada (EIRL).

En el mismo periodo se identiﬁcó el uso de productos ﬁnancieros, o similares, destacando el uso de cuentas bancarias, de dinero en efectivo, transferencias de dinero, créditos y boletas/facturas.

CHILE COMO EVENTUAL NUEVO DESTINO PARA LA INSTALACIÓN DE ORGANIZACIONES CRIMINALES DE ORIGEN EXTRANJERO, DE MAYOR PODER Y/O COMPLEJIDAD

El VII informe del Observatorio del Narcotráﬁco en Chile (2022), del Ministerio Público, destaca dos amenazas relacionadas con el crimen organizado en el país que contemplan: (1) el aumento de la actividad delictual en torno a la importación y fabricación de drogas sintéticas en nuestro país, y (2) la instalación del crimen organizado en las cárceles chilenas.

Al respecto, el país diferencia y subdivide a las distintas estructuras criminales en dos grandes grupos: organizaciones criminales y bandas criminales. De acuerdo con el modelo investigativo de la PDI, para intervenir las acciones que cometen las estructuras criminales complejas en Chile, entre los años 2019 y 2021 se han intervenido:

Organizaciones criminales: 1.040.
Bandas criminales: 782.

En este contexto, el Informe de la Fiscalía da cuenta de la aparición en el país de la banda criminal venezolana “Tren de Aragua”, vinculándola principalmente al delito de tráﬁco ilícito de migrantes y trata de personas. En este sentido, los resultados obtenidos por la PDI, no vincula a este grupo directamente como predominante en el escenario del tráﬁco de drogas a gran escala, sino más bien con modelos criminales asociados a la extorsión, secuestro de personas y trata de personas, tráﬁco ilícito de migrantes y facilitación para la prostitución y, en paralelo a estas actividades, con el tráﬁco de drogas en pequeñas cantidades (Fiscalía Nacional, 2022b, pág. 92).

Por otro lado, durante el año 2021 fue detectada la presencia de ciudadanos chinos[[ vinculados al cultivo “indoor” y posterior tráﬁco de cannabis. La estructura criminal tiene como principal

característica el hecho que posee la habilidad para observar los modelos delictuales predominantes en una zona geográﬁca, copiarlos y perfeccionar su desarrollo, mezclándose con la delincuencia local.

Además, se percibe un desarrollo del crimen organizado en los penales chilenos, revelando que estos no son solo un centro de operación para cometer delitos, sino que se han transformado en una oportunidad económica que se concreta a través de la extorsión a los internos. Como datos estadísticos, destacan los siguientes:

Respecto de los reclusos por el delito de homicidio[], se ha acrecentado en un 47,8% en comparación con los registros del año 2017.
Aumento de denuncias por extorsión en las cárceles. Las cifras revelan que al comparar el año 2021, que presenta 26 denuncias por el delito de extorsión, con el primer semestre del año 2022, que registra 21 denuncias tipiﬁcadas por los mismos hechos, se proyecta un alza de un 54%, por este delito para el 2022.
Se han identiﬁcado 1.123 bandas delictuales[- en los establecimientos penitenciarios, integradas por 2.797 internos. El 76,8% corresponde a chilenos y el 23,2% a extranjeros. De este último porcentaje, un 37% aproximado proviene de Colombia, lo que constituye la mayor cantidad como parte de bandas criminales.
Los delitos más cometidos por las bandas criminales identiﬁcadas, son los asociados al tráﬁco de drogas, robos e infracción a la Ley de Armas.
Identiﬁcación en las cárceles de integrantes de la organización delictual “Tren de Aragua”. Existen 65 privados de libertad en el sistema cerrado, y otras decenas de sujetos que se están analizando para conocer con certeza su integración y nivel de participación en esta organización (Fiscalía Nacional, 2022b).

Destacar que el Informe 2021 del Observatorio del Narcotráﬁco informó sobre la tendencia a la instalación en Chile de organizaciones criminales, las cuales han sido destacadas como principales fuentes del narcotráﬁco de las Américas. Este reporte indicó que, entre los años 2020 y 2021, se ha detectado la presencia en Chile de miembros de a lo menos tres de las cinco organizaciones criminales, líderes del narcotráﬁco regional, con mayor poder del continente americano: Cartel de Sinaloa y Cartel de Jalisco Nueva Generación (ambas de México) y el Cartel del Golfo (Colombia) (Fiscalía Nacional, 2021, págs. 21-22).

De acuerdo con la Policía de Investigaciones de Chile, el impacto en el país de las organizaciones criminales radica en:

En la actualidad, Chile se ha convertido en un mercado de destino orientado al consumo interno de drogas y que fortalece a los distribuidores y comercializadores nacionales. Los actores también han variado. No solo hay organizaciones bolivianas, peruanas y chilenas, sino también colombianas.
El tráﬁco de drogas en mínimas cantidades promueve el crecimiento de pequeñas estructuras criminales que incrementan la violencia en los territorios cuando existen bandas que se disputan los mercados. La debilidad del Estado en intervenciones integrales sobre los “barrios críticos” facilita el incremento del narcotráﬁco en los territorios.

Los dos ejes han conﬁgurado el panorama más visible del crimen organizado. Las grandes estructuras criminales dedicadas al narcotráﬁco y sus expresiones territoriales más visibles acompañadas de una serie de manifestaciones que generan temor en la población: balaceras, narcofunerales, pirotecnia y violencia.

Amenaza de las asociaciones ilícitas para el lavado de activos

El crimen organizado se encuentra catalogado como una amenaza para el Sistema Nacional ALA/CFT.

Los principales criterios cuya incidencia resultan en el posicionamiento de este delito base como una de las principales amenazas identiﬁcadas que genera activos de origen ilícito y amenaza al Sistema Nacional ALA/CFT, son los siguientes:

Persecución y sanción de la amenaza por el sistema penal: El delito de asociación ilícita es el tercer delito con más personas asociadas a sentencias condenatorias por lavado de activos.
En Chile según datos del Poder Judicial, entre los años 2016 y 2021 se registraron más de 800 causas judicializadas por asociaciones ilícitas, equivalente al 0,5% aproximadamente del total de causas por delitos precedentes de LA en el periodo.

De acuerdo con lo informado en el VIII Informe de Tipologías y Señales de Alertas de Lavado de Activos, en el periodo 2016-2021 el 20,0% del total de condenados por LA en Chile fue por ocultar o disimular activos provenientes de la asociación ilícita.
El lavado de activos producto de la amenaza de asociación ilícita, según el mismo informe, se ejecutó principalmente a través de testaferros, seguido de la utilización de personas y/o estructuras jurídicas.
En este sentido, se tiene que los principales sectores económicos vulnerados en estos esquemas son los notarios y los conservadores de bienes raíces. Asimismo, destaca el uso de cuentas bancarias y de dinero en efectivo.
Detección de la amenaza por el sector privado y procesos de inteligencia ﬁnanciera: La asociación ilícita es el segundo delito que presenta mayor cantidad de personas involucradas en la información de ROS que luego es enviada por la UAF al Ministerio Público a través de un Informe de Inteligencia Financiera.
Componente geográﬁco: Este delito tiene un alcance geográﬁco amplio, encontrándose presente en todas las regiones del país, con una mayor concentración en la Región Metropolitana.
A continuación se identiﬁcan las amenazas emergentes que se reﬁeren a situaciones, tendencias delictivas potenciales o amenazas regionales que pueden apremiar al Sistema Nacional ALA/CFT y que, sin presentar aún una ocurrencia signiﬁcativa en términos de números de casos criminales, han irrumpido en el último tiempo en el país:
Robo de commodities (madera, cobre y recursos hidrobiológicos).
Delitos informáticos.
Mercado ilícito de vehículos y robo de vehículos con violencia / intimidación.

7. AMENAZA EMERGENTE: ROBO DE COMMODITIES

ROBO DE MADERA

En Chile, la industria forestal contribuye con un 3% del PIB nacional y genera más de 300 mil empleos de forma directa e indirecta (CMPC, 2022). En el año 2021 las exportaciones de productos forestales totalizaron USD94.677 millones FOB y los principales destinos fueron China y Estados Unidos. El sector comprendió más del 6% del total de exportaciones del país en el periodo (BCCh, 2022a).

En cuanto a las dimensiones geográﬁcas, se estima que cerca del 23% del territorio nacional corresponde a bosques, lo que se traduce en 17,9 millones de hectáreas (Ha), aproximadamente (World Bank Group, 2020, pág. 31). Es preciso mencionar que la actividad económica asociada con plantaciones forestales en su totalidad es privada, a diferencia de los bosques nativos, donde el Estado participa a través de las áreas silvestres protegidas (World Bank Group, 2020).

A partir del informe del Observatorio Judicial publicado en 2022, es posible analizar un total de 858 causas asociadas con el robo y hurto de madera en el periodo 2018 – 2021, de las cuales se estiman $14,6 mil millones en daños (USD17,1 millones aproximadamente)[.

El robo de madera tiene presencia entre las regiones de O’Higgins y Los Lagos. Es llevado a cabo por criminales organizados, dotados de poder de fuego y cadena logística. En este sentido, el delito afecta tanto el transporte de la madera como a las faenas forestales. En estas últimas, se requiere maquinaria de carga y traslado, así también capacidad humana e instrumentos (Observatorio Judicial, 2022, pág. 3).

En cuanto al valor que comprende este ilícito, la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) ha sostenido que, en el periodo 2018 y julio de 2022, el robo de madera en el país comprendió más de USD270 millones. En esta línea, desde el año 2018, momento en que se cifró el ilícito en USD20 millones, la valorización del robo de madera ha experimentado un incremento constante, llegando a más de USD92 millones en el año 2021 (CMPC, 2022).

Debido a la dimensión y complejidad de este ilícito, el 27 de septiembre de 2022 se promulgó la Ley N°21.488 que modiﬁcó el Código Penal y el Código Procesal Penal, para tipiﬁcar el delito de sustracción de madera y otros relacionados, y habilitar el uso de técnicas especiales de investigación para su persecución. Por medio de este cuerpo legal, entre otras acciones, se incorporaron al Catálogo de Delitos bases o Precedentes de LA los siguientes ilícitos:

Código Tributario, artículo 97º, número 8: El comercio ejercido a sabiendas sobre mercaderías, valores o especies de cualquiera naturaleza sin que se hayan cumplido las exigencias legales relativas a la declaración y pago de los impuestos que graven su producción o comercio.
Código Tributario, artículo 97º, número 9: El ejercicio efectivamente clandestino del comercio o de la industria.

Estos, asociados con el robo o hurto de troncos o trozos de madera, deﬁnidos como delito de sustracción de madera.

ROBO DE COBRE

Chile es el principal productor y exportador de cobre en el mundo. Entre los años 2003 y 2017 el cobre representó, en promedio, el 50% de las exportaciones del país. En los últimos 20 años el sector del cobre ha contribuido de forma directa con un 10% al Producto Interno Bruto (PIB) (Poveda, R., 2019, págs. 11-12).

En cuanto a la ubicación geográﬁca de las faenas mineras de cobre, estas se posicionan desde la zona central al norte del país. De un total de 66 minas que explotan cobre, independientemente de su tamaño y productividad, más de la mitad (54,5%) se encuentra en la Región de Atacama (28,8% del total del país) y en la de Antofagasta (25,8%), seguidas de las de Coquimbo (15,2%), Valparaíso (12,1%), Tarapacá (6,1%), Metropolitana y de O’Higgins (ambas con 4,5%), y de Arica y Parinacota (3%) (Sonami, 2022b).

Desde el año 2003 en adelante, el valor del metal ha experimentado un alza sostenida. En este sentido, el comportamiento del precio del cobre en el mercado internacional constituye un factor relevante para comprender por qué se ha transformado en objetivo de organizaciones criminales.

Es posible abordar este fenómeno a través de la materialización de los siguientes ilícitos:

Robo de cátodos y concentrado de cobre: Los cátodos son las placas de cobre de alta pureza con un peso entre 225 y 260 kg. En tanto, el concentrado de cobre es una pulpa espesa en la que se encuentra una mezcla de sulfuro de cobre, ﬁerro y una serie de sales de otros metales. (Codelco, 2022). El robo de cátodos y concentrado de cobre se ha posicionado principalmente en las faenas mineras, y ha afectado la cadena logística del sector minero, tanto en la fase de producción (sustracción desde las faenas), como de traslado del metal rojo (asalto a ferrocarriles y otros medios de transporte) (Fiscalía Nacional, 2018).
Robo de cables: Impacta a las infraestructuras de telecomunicaciones y electricidad del país en general. Respecto del robo de cables, la Asociación Chilena de Telecomunicaciones A.G.[– (Chile Telcos, 2022) sostuvo que, entre 2019 y julio de 2022, el 80% de las interrupciones de servicio de internet se asocia con el robo de cables.

Respecto de cifras de incautación de cobre, con base en información de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), en el bienio 2021-2022 se incautó 4,4 veces más cobre en comparación con el bienio 2018-2019 (Diario Constitucional, 2022a). La alta valorización de estas incautaciones permite dimensionar el nivel de ingresos de origen ilícito asociados con esta actividad.

En el contexto de la irrupción y magnitud de este ilícito, es importante decir que en el sistema jurídico no existe un tipo penal especíﬁco para el robo o hurto de cobre. En consecuencia, en septiembre de 2022 surgió la propuesta de modiﬁcación legal que busca tipiﬁcar el delito de sustracción de minerales (Boletín 15385-07).

En el ámbito de la coordinación interinstitucional, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, por medio de la Subsecretaría de Telecomunicaciones y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública (MISP), convocó en julio de 2022 a la Primera Mesa de Trabajo Robo de Cobre y Cables]]. Esta tiene como objetivo la colaboración entre el Estado y el sector privado en torno al robo de infraestructura de telecomunicaciones (Subsecretaría de Comunicaciones, 2022).

DELITOS CONTRA LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS

Las especies o recursos hidrobiológicos](, según la Ley General de Pesca y Acuicultura en Chile (LGPA), corresponden a organismos en cualquier fase de desarrollo, que tengan en el agua su medio normal o más frecuente de vida. Al respecto, las especies hidrobiológicas objeto de este análisis son aquellas sobre las cuales se orienta en forma habitual y principal el esfuerzo pesquero de una ﬂota en una pesquería o en una unidad de pesquería determinada]) (BCN, 2022a).

En el país, la pesca y la acuicultura constituyen actividades económicas relevantes. Se ha estimado que en conjunto aportan un 1% del Producto Interno Bruto (PIB).

En cuanto a la distribución por región, de acuerdo con el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) en el periodo 2016-2021 es posible observar que las actividades económicas se concentraron principalmente al sur del país. De esta manera, las regiones del Bíobío, de Los Lagos y de Aysén concentraron el 66% del total de especies cosechadas o desembarcadas.

Los principales ilícitos asociados con las especies hidrobiológicas en el país se vinculan con la denominada Pesca Ilegal, no Declarada y no Reglamentada (INDNR)]7. Este ilícito existe en todos los tipos y dimensiones de la pesca, tanto en alta mar como en zonas bajo jurisdicción nacional.

Así, la pesca INDNR afecta los aspectos, etapas y uso del recurso. De igual manera puede estar asociada con el daño severo del medioambiente marítimo y el desarrollo de la delincuencia organizada (Diario Constitucional, 2022b).

En este contexto, con base en información estadística de Sernapesca, en el periodo 2017-2021 el Servicio ha establecido un total de 5.578 denuncias por infracciones a la LGPA]} ante tribunales del país][.

En el periodo observado, las regiones con mayor participación en las denuncias establecidas son las de Los Lagos (18,4%), Antofagasta (11,2%), Biobío (10,5%), Atacama (9,5%) y Valparaíso (8,2%). Estas regiones concentraron el 57,8% del total de las denuncias establecidas en el quinquenio.

Con base en el Sistema de Análisis Criminal y Focos (SACFI) del Ministerio Público, el análisis entre el año 2016 y junio de 2022, al interior de la categoría de robo de commodities]] (que en su conjunto corresponden el 3,7% del total focos en el periodo), los ilícitos asociados con recursos marinos o hidrobiológicos comprendieron el 9,1% (4 focos vinculados con 31 RUC).

Los focos están relacionados con la extracción, procesamiento, distribución de especies en veda y robo de salmones. De estos, 3 focos investigativos se posicionaron en la región de Los Lagos (asociados con 19 RUC) y 1 en Coquimbo (asociado con 12 RUC).

En relación con el LA, el año 2019 se condenó a una persona por tráﬁco de drogas y contrabando asociado a productos del mar, especíﬁcamente concholepas (“locos”). El condenado formó parte de una organización criminal a través de la cual, participó en el transporte transfronterizo de dinero de origen ilícito. En el año 2022 se condenaron a 5 personas por LA con base en el delito de asociación ilícita para el robo de especies salmonídeas desde plantas de procesamiento.

CONCLUSIONES

El robo de commodities (madera, cobre y recursos hidrobiológicos) se ha establecido como una amenaza emergente producto de su presente irrupción en diferentes comunas del país, su frecuencia y la participación de organizaciones criminales. De esta forma, los delitos asociados tienen impactos económicos y ambientales, dada las características de la actividad económica, su disponibilidad y su valor en el mercado nacional e internacional que lo hacen atractivo para la actividad ilícita con importantes rendimientos económicos.

Asimismo, desde 2018 en adelante se evidencia un alza en la tendencia de las estimaciones asociadas con los rendimientos que genera este ilícito.

Es así como, el robo de commodities se vincula con la participación de criminales organizados según se ha evidenciado en dos sentencias condenatorias por LA, utilizando el sistema económico formal para disimular las ganancias ilícitas. En consecuencia, el robo de comoditiies afecta en general al ecosistema y propicia la participación de organizaciones criminales.

8. AMENAZA EMERGENTE: DELITOS INFORMÁTICOS

DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO

El cibercrimen es una amenaza que corresponde a actividades criminales cometidas contra componentes del ciberespacio. Estos tienen relación con el acceso no autorizado, sabotaje de información, robo de información, secuestro de información (ransomware) o a través de herramientas del ciberespacio como medio de comisión de phishing]-, pharming], fraudes virtuales, entre otros, según se aborda en la Política Nacional de Ciberseguridad de Chile (PNCS) 2017-2022 (Gobierno de Chile, 2017, pág. 30).

El cibercrimen ha sido identiﬁcado como un fenómeno caracterizado por su naturaleza transnacional. Dado que el ciberespacio no reconoce fronteras físicas, permite que, de forma instantánea, la generación de ilícitos en un Estado tenga efectos en otro y los rendimientos sean obtenidos en un tercer Estado. Junto con lo anterior, producto del desarrollo tecnológico basado en la interconexión global, el ciberespacio permite la ejecución de delitos a bajo costo, con menor riesgo y con altos niveles de eﬁcacia (BCN, 2022b).

El GAFI, por medio del reporte denominado “Covid-19 Related Money Laundering and Terrorist Financing, Risk and Policy Responses”, identiﬁcó el delito cibernético entre las amenazas que se incrementaron frente al lavado de activos en el contexto de pandemia. Al respecto, el informe sostuvo que existió un aumento en los ataques de ingeniería social]–, especíﬁcamente al correo electrónico y los mensajes móviles a través de campañas de spam (o correo basura), los cuales utilizaron enlaces a sitios web fraudulentos o archivos adjuntos maliciosos para obtener información de pago personal (GAFI, 2020, pág. 9).

En el año 2019, en Chile, previo al desarrollo de la pandemia, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) alertó respecto del incremento en las denuncias asociadas con delitos informáticos a nivel nacional. Estos correspondían, principalmente, a casos por sabotaje informático. Así también reportó denuncias por espionaje informático, phishing, pharming y grooming-] (PDI, 2019).

En el país, durante el desarrollo de la pandemia, la incorporación de las tecnologías y el uso de plataformas virtuales se incrementó y aceleró. Según la PDI, esta condición ha sido aprovechada por organizaciones criminales, que ya venían operando con diferentes delitos cibernéticos, para explotar vulnerabilidades asociadas con el mayor uso de tecnología, situación de la cual no se tienen precedentes-(. Asimismo, las medidas de conﬁnamiento se vinculan con la proliferación de nuevas formas de delinquir en el ciberespacio (PDI, 2022, pág. 26).

En el periodo 2016-2021, la PDI investigó un total de 6.544 delitos informáticos, de los cuales el 77,6% se asoció con sabotaje informático, entendido como el acceso a un sistema de tratamiento de la información con el propósito de alterarlo, dañarlo o destruirlo. Mientras, el 22,4% se relacionó con espionaje informático, referido al empoderamiento, uso, conocimiento o revelación de datos.

Por otro lado, según estadísticas anuales del CSIRT “Computer Security Incident Response Team” (CSIRT), entre 2020 y 2021 en Chile se registraron 37.794 incidentes. Es relevante apuntar que en el año 2021 se observó un alza de estos del 46,7% respecto del año anterior.

Hasta junio de 2022-), en Chile tuvo vigencia la Ley N°19.223 creada en el año 1993, la cual tipiﬁcaba ﬁguras relativas a la informática. Ante la necesidad de mejorar la normativa, en el año 2017 Chile ratiﬁcó su adhesión al Convenio sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, denominado Convenio de Budapest.

De esta forma, en junio de 2022 se promulgó la Ley N°21.459 que establece normas sobre delitos informáticos, e incorpora los siguientes ilícitos como precedentes de lavado de activos: (1) Ataque a la integridad de un sistema informático, (2) acceso ilícito, (3) interceptación ilícita, (4) ataque a la integridad de los datos informáticos, (5) falsiﬁcación informática, (6) receptación de datos informáticos, (7) fraude informático y (8) abuso de los dispositivos.

CONCLUSIONES

Los delitos informáticos se han establecido como una amenaza emergente producto de su irrupción con base en el avance de los sistemas informáticos, la masividad de estos y las

vulnerabilidades asociadas con su uso. Como consecuencia del auge en la conectividad bajo la pandemia, se alertó el incremento de la actividad criminal en el ciberespacio.

De igual manera, tanto los delitos investigados como las denuncias por delitos informáticos recibidas por la PDI, experimentaron un incremento bajo la concepción de la Ley N°19.223. Con el objetivo de avanzar en la compresión del fenómeno, en el futuro, es necesario analizar los delitos informáticos bajo la aplicación de la Ley N°21.459 y las implicancias con el lavado de activos.

9. AMENAZA EMERGENTE: MERCADO ILÍCITO DE VEHÍCULOS Y ROBO DE VEHÍCULOS CON VIOLENCIA/INTIMIDACIÓN

El robo de vehículos se encuentra entre los Delitos de Mayor Connotación Social (DMCS). Por tanto, está clasiﬁcado entre los ilícitos que generan mayor repercusión, tanto social como mediática, y dada sus características provocan una sensación generalizada de temor, inseguridad e incertidumbre respecto de la seguridad de los ciudadanos (Senado de la República de Chile, 2017).

Respecto del modus operandi, hasta el año 2011 los criminales especializados en el robo de vehículos empleaban llaves electrónicas y puertas con claves. Posteriormente, tal como señala el estudio denominado “Robo de vehículos en base a la intimidación o violencia” de la Jefatura Nacional contra Robos y Focos Criminales (Jenacrof) de la PDI, se identiﬁcaron distintas modalidades a las cuales se les denominó “portonazo”-{, “encerrona”-4 y sustracción por medio del uso de aplicaciones para el transporte de personas-[ (PDI, 2020b).

Con base en el estudio de la Jenacrof, se determinó que los vehículos robados son destinados a las siguientes acciones:

Uso personal: Se han identiﬁcado casos en los que el ilícito se comete por la motivación de conducir automóviles de alta gama, que posteriormente son abandonados en la vía pública.
Ejecución de otros delitos: En principio se asoció con el robo de cajeros automáticos, pero posteriormente se ha vinculado con robo en lugar habitado o asaltos a estaciones de servicios.
Desarme de vehículos para vender piezas: La venta de piezas, accesorios o repuestos producto del desarme en el mercado informal puede ser por iniciativa propia de los delincuentes o motivo de encargo.
Extraer vehículos del país con el objetivo de venderlos en otro Estado: La venta en el extranjero se genera, en parte, por encargo de otras personas o líderes de organizaciones criminales, o por iniciativa del delincuente.
Blanqueo de vehículos para su comercialización al interior del país: En el caso del blanqueo de vehículos para su reinscripción y venta en el país, la estructura criminal es más compleja a diferencia de la que se dedica a la sustracción. Entre las modalidades principales se identiﬁcó la clonación⁷⁶, el gemeleo⁷⁷, la falsiﬁcación de documentos con empresas falsas o de fachada, y las Solicitudes de Registro de Facturas (SRF) para el Servicio Nacional de Aduanas (PDI, 2020c).

Producto de la irrupción de este fenómeno, en el año 2019 se promulgó la Ley N°21.170 bajo el argumento de la soﬁsticación de la actividad criminal y el impacto que ha generado en la sociedad. Así, la norma introdujo cambios en las penas respecto de los delitos de robo y receptación de vehículos motorizados (BCN, 2019).

Estos delitos generan altos rendimientos, debido a que los vehículos en que se concentran las bandas criminales, en su mayoría tienen una alta valoración. Se ha estimado que cada unidad puede ser vendida a un valor entre $10-15 millones, en tanto, la organización criminal podría acumular, aproximadamente, más de $300 millones de pesos al año (PDI, 2020c).

Con base en estadísticas de Carabineros asociadas al Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEVB), en el periodo 2016-2021 se registraron 242.381 vehículos por encargo y búsqueda. Al respecto, los registros del SEBV evidencian que la proporción de vehículos con encargo por robo tuvo el punto más alto en el año 2019 (18,4% del total de vehículos). Posteriormente, entre los años 2020 y 2021 comenzó a decrecer.

Según el Sistema de Análisis Criminal y Focos (SACFI) del Ministerio Público, el análisis entre el año 2016 y junio de 2022 señala un total de 62 focos investigativos relacionados con el fenómeno de robo de vehículos con violencia/intimidación⁷. Del total, el 40,3% se concentró en la Región Metropolitana donde lidera la Fiscalía Oriente con el 12,9% del total del país, seguida de la Centro Norte, la Occidente y Sur.

En el año 2021 se registraron dos casos en la Región Metropolitana asociados con 4 sentencias condenatorias, en los que se condenaron a 6 personas por lavado de activos por los delitos de asociación ilícita y estafa vinculados con vehículos robados. El LA producto de estos delitos se ejecutó principalmente a través de testaferros y por la creación/utilización de estructuras jurídicas con el propósito de blanquear y vender vehículos ilícitos. En este contexto, con los rendimientos se realizaron transferencias entre cuentas bancarias propias y de terceros, y operaciones ﬁcticias (facturas falsas y contrato de arriendo).

El robo de vehículos con base en la intimidación o violencia no se encuentra en el catálogo de delitos base o precedentes de LA de la Ley N°19.913. No obstante, las sentencias condenatorias por LA asociadas al fenómeno delictivo, se han vinculado con la asociación ilícita y estafa en el marco de la receptación, comercio y los rendimientos obtenidos a partir de la actividad ilegal con vehículos robados.

En esta línea, en mayo de 2023 se publicó en el Diario Oﬁcial la Ley N°21.575 que modiﬁca el artículo 3° de la Ley N°19.913. Con esto, se incorporan como sujetos obligados a reportar a la UAF las automotoras y comercializadoras de vehículos nuevos y usados, medidas que buscan obstaculizar el LA a partir del ejercicio de este sector económico.

En otro aspecto, en el año 2019 entró en vigencia la Ley N°21.170 (Ley Antiportonazos) que modiﬁcó el tratamiento de las penas de los delitos de robo y receptación de vehículos motorizados o de los bienes que se encuentran al interior de estos. El proyecto argumentó que la modalidad delictiva importa un alto grado de violencia o amenaza con armas de fuego, lo que genera temor en la ciudadanía (BCN, 2019).

De esta forma, la Ley incorporó modiﬁcaciones al Código Penal con el objetivo de desincentivar el uso, o reducir, los vehículos robados mediante la violencia o intimidación, y determinar sanciones en función de la gravedad de los actos-– (BCN, 2019).

CONCLUSIONES

El robo de vehículos con base en la intimidación o violencia se ha establecido como una amenaza emergente producto de su evolución e impacto que genera tanto en la sociedad como en el mercado. Así, los portonazos, encerronas y la sustracción por medio de aplicaciones de transporte, y el mercado ilegal de vehículos robados, se han identiﬁcado como ilícitos que

generan importantes rendimientos, observándose organizaciones criminales dedicadas a la receptación, transformación y venta de vehículos robados, los cuales, según detallan las sentencias por LA, han utilizado el sistema económico formal con el propósito de ocultar los ﬂujos ilícito obtenidos.