Presentación
Presidencia de la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo (MILAFT)
El combate contra el crimen organizado es una prioridad para el Gobierno del Presidente Gabriel Boric centrado en dos ejes estratégicos: la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Por ello durante este mandato se ha impulsado el fortalecimiento progresivo de unidades especializadas para combatir estos delitos y se ha actualizado la legislación pertinente.
A medida que la tecnología y la internacionalización del comercio se expanden en el mundo es necesario contar con las mejores herramientas e ir perfeccionándolas periódicamente para evitar la propagación de actividades ilícitas y nuevas formas delictuales, que requieren de respuestas más sofisticadas y proactivas por parte del Estado.
Aunque no existen estadísticas actualizadas que cuantifiquen con precisión el monto en dinero que representa la criminalidad organizada en cuanto al lavado de activos, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha estimado que los traficantes de drogas habrían lavado un 2,7% del PIB mundial en 2009, equivalentes a US$ 1,6 billón, aproximadamente.
Como país debemos estar atentos a la propagación y aumento de este tipo de conductas y en concordancia con ello, en mayo de este año el Gobierno presentó un proyecto de ley de Inteligencia Económica contra el Delito, marcando un hito en la estrategia nacional para detectar los movimientos del dinero proveniente del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos vinculados al crimen organizado con distintas herramientas fiscalizadoras y de inteligencia. En 2013, se lanzó la primera Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo; en 2016 se creó la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo (MILAFT), y en 2023, siguiendo las recomendaciones internacionales, se amplió su competencia hacia el fenómeno del financiamiento de la proliferación que culmina con esta Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y su Plan de Acción 2023-2027. Este esfuerzo, liderado por el Ministerio de Hacienda, es una instancia coordinada que reúne a más de 30 instituciones del Estado que de manera proactiva contribuyeron al diseño de esta Estrategia para el próximo cuatrienio
Sólo mediante el desarrollo de políticas sistemáticas que den continuidad a los esfuerzos y acciones de los sucesivos gobiernos, se logrará efectividad a la hora de prevenir y combatir la criminalidad organizada y la corrupción. Lo anterior, sobre la base de estrategias que reconocen ejes temáticos y acciones concretas contenidas en la Política Nacional Contra el Crimen Organizado, en la Estrategia Nacional de Integridad Pública y, ahora, en esta Estrategia que se está presentando a la ciudadanía.
Cada uno de los organismos, instituciones y servicios que participaron en la elaboración de este documento, han realizado un gran trabajo, tanto para concretar estos objetivos, como para formular propuestas para el próximo cuatrienio. Este esfuerzo intersectorial se verá fortalecido con el trabajo legislativo que hemos realizado para aprobar proyectos de ley como el que moderniza y mejora la transparencia del sistema de compras públicas y varios otros que se siguen tramitando, entre los que está el de Inteligencia Económica contra el Delito o el que busca crear un registro de Beneficiarios Finales de personas y estructuras jurídicas
Para avanzar en la persecución del financiamiento de los delitos y de los dineros que generan, es clave seguir fortaleciendo las instancias de trabajo y la colaboración interinstitucional en el diagnóstico, abordaje y combate de las organizaciones criminales.
Estamos apurando el tranco para que 2024 sea un año de más y nuevos logros palpables que den cuenta de la respuesta ante las demandas de los ciudadanas y ciudadanos de nuestro país por mayor seguridad y combate contra las acciones delictuales. Estamos en la senda correcta, porque es el trabajo conjunto el que permite agregar valor en las instituciones y las personas, mitigar costos, ahorrar tiempo y brindar mayor seguridad.
Agradezco a cada uno de los organismos, instituciones y servicios que participaron en esta instancia, porque el compromiso de todas y todos nos permitió sacar adelante esta importante tarea y dar cuenta de un Estado articulado y coordinado bajo un propósito común: ser efectivos en la lucha contra el crimen organizado.
Mario Marcel Cullell
Ministro de Hacienda
Presidente de la MILAFT
Coordinación de la Política Nacional contra el Crimen Organizado
En diciembre de 2022, el Presidente de la República, Gabriel Boric, dio a conocer al país la primera Política Nacional contra el Crimen Organizado (PNCO), con el objetivo de enfrentar los desafíos y amenazas de las bandas criminales a través de una nueva estrategia, que articula y coordina el trabajo de distintas instituciones del Estado.
Construida en torno a 10 ejes, la PNCO busca prevenir, neutralizar y perseguir el crimen organizado en Chile.
Uno de esos ejes es el “Desbaratamiento de la economía del crimen organizado”. Y es que, a través de su acción criminal, lo que buscan estas organizaciones es el lucro y la obtención de bienes y de cuantiosas ganancias económicas, que luego necesitan blanquear.
Como ha señalado la Organización de Naciones Unidas, los grupos delictuales reproducen su modelo de criminalidad organizada, con el riesgo de invadir y corromper no solo a la administración del Estado, sino que también al sector privado, afectando así a la sociedad y a la democracia en todos sus niveles.
Frente a esta amenaza, la Política Nacional plantea entre sus líneas de acción el fortalecimiento de las instituciones fiscalizadoras, potenciar a la Unidad de Análisis Financiero e implementar medidas -a través de la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y sus planes de acción- que permitan superar las brechas que han sido identificadas por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
Asimismo, la Política busca adecuar la normativa vigente a los estándares internacionales en materia de lavado de dinero y bienes, aspecto en el que durante el año 2023 hemos tenido importantes avances con la aprobación de las leyes antinarcotráfico, de delitos económicos y de tipificación del delito de contrabando de dinero. Además, la PNCO fomenta la cooperación y coordinación internacional, incluyendo la promoción de operaciones enfocadas “en el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la investigación patrimonial para la identificación y desbaratamiento de empresas transnacionales que sirvan de fachada al crimen organizado transnacional”.
Este III Plan de Acción sobre Prevención y Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo es un eslabón más en esta estrategia de lucha contra el crimen organizado. Es una respuesta a lo que hoy piden las personas que es proteger a nuestra sociedad, asegurar que no exista impunidad, que los delincuentes y narcotraficantes no reciban los beneficios económicos de sus actos criminales, y entregar las condiciones para que las y los ciudadanos puedan tener una vida segura y plena.
Manuel Monsalve Benavides
Subsecretario del Interior
Coordinación del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo y Secretaría Ejecutiva de la MILAFT
Desde su creación, en diciembre de 2003, a través de la Ley N°19.913, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) ha representado a Chile ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y ha ejercido la coordinación del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT), en el cual participan los sectores público y privado, en forma coordinada y colaborativa, a objeto de prevenir, detectar, perseguir y sancionar ambos delitos en el país.
Desde entonces, más de 8.500 personas naturales y jurídicas se han inscrito en el Registro de Entidades Reportantes de la UAF, lo que las habilita para informar a este Servicio todas aquellas operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) que detecten en el ejercicio de sus actividades o funciones.
Lo anterior constituye una obligación legal que requiere el desarrollo e implementación de sistemas preventivos ALA/CFT (y anticorrupción, en el caso de las instituciones públicas), así como la capacitación permanente de sus trabajadores y funcionarios sobre las materias referidas.
En este contexto, la UAF no solo supervisa el cumplimiento de la normativa ALA/CFT sino también brinda apoyo permanente y capacita para que el funcionamiento del Sistema Nacional contra estos delitos sea eficaz.
A través de los años, el trabajo coordinado entre la UAF y el Ministerio Público, las policías y otras entidades reguladoras y supervisoras, así como con el Poder Judicial, ha transformado el combate de la criminalidad organizada en una prioridad, toda vez que la ciudadanía y las autoridades han comprendido que el LA, sus delitos precedentes y el FT, tienen negativos efectos en la estabilidad social, financiera, institucional y reputacional del país.
Los estándares internacionales instan a los países a identificar, evaluar y entender sus riesgos de LA/FT, y tomar acciones para mitigarlos; establecer mecanismos eficientes que permitan a las autoridades competentes cooperar y, cuando corresponda, entablar una coordinación e intercambio de información; adoptar medidas provisionales (como el congelamiento, incautación y decomiso de dinero y bienes) o sanciones financieras dirigidas contra el FT y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva; y asegurar que exista una gama de sanciones eficaces, proporcionales y disuasivas.
En Chile, entre 2007 y 2022 se han dictado 273 sentencias definitivas condenatorias por lavado de activos, las que involucran un total de 561 personas naturales condenadas (379 son hombres y 182 mujeres). Si bien el tráfico de drogas sigue siendo el principal delito base de las condenas por LA, en el tiempo se ha observado una creciente participación de las sentencias por delitos asociados a la corrupción (malversación de caudales públicos, fraude al fisco y otros).
La mutua dependencia y funcionalidad del crimen organizado, el lavado de activos y la corrupción, obliga entonces a consolidar una adecuada política pública de prevención de estos actos ilícitos con una adecuada focalización de los recursos humanos y financieros.
Con tal objetivo, desde el año 2013 el país ha elaborado e implementado dos planes de acción para prevenir y combatir el LA/FT, y cumplir con los lineamientos internacionales para reducir la delincuencia organizada. Y es que a medida que el mundo avanza, los criminales también realizan maniobras cada vez más sofisticadas para obtener dinero de origen ilícito. Pero ¿quién financia a esos individuos?, ¿cómo prevenimos que esos grupos dispongan, directa o indirectamente, de fondos o activos? y ¿cómo evitamos que nuestras entidades sean mal utilizadas para su beneficio?
Para poder responder estas interrogantes es fundamental contar con una Estrategia que contenga medidas y acciones específicas y medibles, y en la cual participen todos, ya que, si los pilares de prevención y detección del Sistema Nacional ALA/CFT son débiles, es imposible que los de persecución y sanción logren su objetivo, cual es el detener y condenar penalmente el crimen organizado.
Carlos Pavez Tolosa
Director de la Unidad de Análisis Financiero
Coordinador del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo
Secretario ejecutivo de la MILAFT