Capítulo VI: Identificación de mitigantes relacionados con el lavado de activos
Los mitigantes son factores de índole institucional, económico o de otro ámbito que, de forma inherente, contribuyen a enfrentar las amenazas presentes en el país. Asimismo, se pueden concebir como barreras naturales o estructurales del sistema, cuya función se asocia con la disminución de las probabilidades de ocurrencia de eventos vinculados con el LA.
Con relación al desarrollo de los mitigantes, es preciso considerar que el análisis se elabora a partir de información correspondiente al periodo determinado de estudio; por tanto, no contempla proyecciones asociadas con procesos que se encuentran en desarrollo en el país].
A continuación, se plantean mitigantes asociadas con la inclusión y utilización de productos financieros, funcionamiento institucional y capacidad del Estado para el ejercicio de la Ley.
1. ELEVADA INCLUSIÓN Y UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS
La inclusión financiera contribuye a mitigar el fenómeno del LA en el país. Junto con esto, actúa como factor en la reducción de la corrupción por el uso de pagos digitales y la disminución de los riesgos financieros en general. Así las cosas, el hecho que la población acceda a los servicios financieros implica que operen bajo infraestructura sometida a regulación (CMF, 2019, pág. 6).
La inclusión financiera corresponde al acceso y uso, por parte de la población, de servicios financieros tales como crédito, ahorro, administración de efectivo y seguros. En Chile, en términos generales, la cobertura poblacional y territorial de la infraestructura financiera ha crecido desde 2010 en adelante (CMF, 2019). De esta manera, según el Informe de Inclusión Financiera de 2019, el 97% de la población adulta tiene acceso a algún producto financiero- (CMF, 2019).
En relación con los países de América Latina, según la medición de Ipsos en el año 2022, Chile y Panamá obtuvieron los mejores desempeños en el Índice de Inclusión Financiera. En este sentido, el reporte destacó en Chile atributos o dimensiones asociados con el acceso y uso de las herramientas financieras (Ipsos, 2022).
El reporte sobre la Evolución del Comportamiento Financiero en Hogares, publicado en el año 2020 en el marco del proyecto “Educación Financiera” del Centro de Políticas Públicas UC, con periodo de análisis entre 2007 y 2017, destacó como medios de pagos distintos al efectivo, el incremento en el uso de tarjetas de débito y transferencias electrónicas de fondos. En el caso de tarjetas de débito, pasaron de 18,7% en 2007 a 83,3% en 2017, explicado principalmente por la participación de la tarjeta de débito denominada “Cuenta RUT”–, mientras que las transferencias electrónicas transitaron del 11% en 2007 al 53% en
2017 (PUC, 2020).
En línea con lo anterior, el Banco Central de Chile, a través de la Encuesta sobre Uso y Preferencias del Efectivo de 2020, sostuvo que el uso de tarjeta de débito en transacciones ha ascendido desde 2017, inclusive en el contexto de pandemia. De esta manera, en 2017 el uso de tarjeta de débito registró un 36%, en cambio, en 2020, alcanzó el 65% de la población (BCCh, 2021)–].
Según la versión 2021 de la Encuesta sobre Uso y Preferencias del Efectivo, el 94% de los consultados afirmó tener algún tipo de tarjeta de débito, mientras que el 56% mencionó tener acceso a tarjetas de crédito y un 31% a tarjetas de prepago. Respecto del uso de la tarjeta de débito, la medición señaló que el 77% de las personas indicó a esta como el medio de pago preferido, por sobre el empleo de efectivo (60%) (BCCh, 2022b).
En relación con la inclusión financiera de la población migrante en Chile, a diciembre de 2017, aproximadamente un tercio de la población de extranjeros (total estimado de un millón en ese periodo) mantuvo algún tipo de producto financiero (CMF, 2019).
Al respecto, en el año 2021, el Banco Estado sostuvo que la tarjeta de débito “Cuenta RUT” se constituyó como la puerta de acceso al sistema financiero para los migrantes. En este sentido, a diciembre de 2021, 1,1 millón de Cuentas RUT fueron vinculadas con extranjeros residentes en Chile. Estas comprendieron el 8% respecto del total de cuentas vigentes en el año, ya que se contabilizaron dentro del universo de 13,6 millones de Cuentas RUT en el periodo (Banco del Estado de Chile, 2021, pág. 109).
De esta forma, dadas las características del mercado financiero, la inclusión y utilización de productos financieros permiten mitigar el riesgo que sean parte de operaciones de LA.
2. FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL
El funcionamiento institucional es un factor relevante para la mitigación y prevención del desarrollo del fenómeno del LA en Chile.
A partir del análisis del Banco Central de Chile, se observó que la crisis social iniciada en octubre de 2019, junto con haber tenido episodios de violencia significativos y prolongados, se caracterizó por demandas sociales que llevaron la discusión de cambios institucionales relevantes, al marco del proceso de una nueva Constitución Política (BCCh, 2020b).
En este sentido, según complementó el Índice de Transformación del Bertelsmann Stiftung (BTI), en términos generales, los conflictos observados en el país se han abordado institucionalmente. A modo de ejemplo, en el año 2019, la crisis social se canalizó institucionalmente a través de un proceso de diálogo que derivó en un órgano constituyente. Con esto, se abordó parte de las demandas sociales y se redujo la violencia (Berstelsmann Stiftung Transformation Index, 2022).
En esta línea, según el Banco Mundial en el año 2020, Chile obtuvo una ponderación de 81.2, respecto de un máximo de 100, en cuanto al resguardo de la participación política y de las libertades (solo por debajo de Uruguay en la región). En esta dimensión, se consideró la participación de los ciudadanos en elecciones, así también, el respeto por las libertades de expresión, de asociación, de prensa, entre otras (World Bank Group, 2022).
En cuanto a la integridad de las instituciones democráticas en Chile, el Banco Mundial en el año 2020 ponderó esta dimensión con un 80.8 (la más alta de Sudamérica). Este desempeño se basó en la percepción de la calidad de los servicios públicos y la independencia de estos frente a presiones políticas, la calidad en la formulación de políticas públicas, entre otros aspectos (World Bank Group, 2022).
En el mismo ámbito, según el Indice de Transformación del Bertelsmann Stiftung (BTI), en el año 2022, Chile y Uruguay ponderaron la máxima puntuación respecto de sus instituciones democráticas (rangos entre 1 y 10, desempeño bajo y alto respectivamente). En relación con Chile, sostuvo que las instituciones democráticas fueron estables debido a que operan bajo un sistema coordinado por normas legales y procedimientos determinados (Berstelsmann Stiftung Transformation Index, 2022).
Así las cosas, la canalización de procesos de cambio y el funcionamiento de las instituciones en el país constituyen elementos que contribuyen a reducir la probabilidad de operaciones de lavado de activos en Chile.
3. CAPACIDAD DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO DE LA LEY
La capacidad del Estado para el ejercicio de la ley es un elemento que complementa la mitigación del fenómeno del LA.
En el ámbito del ejercicio del Estado de Derecho, según la medición del Banco Mundial en el año 2020, Chile ponderó el mejor desempeño de la región (84,1 sobre 100). En este sentido, el indicador destacó la percepción respecto de la confianza en las normas y su cumplimiento, en particular, el ejercicio de los contratos, derechos de propiedad, las policías y los tribunales, así como su actuar frente a delitos y violencia (World Bank Group, 2022).
Es esta línea, con base en la medición del BTI en 2022, Chile y Uruguay obtuvieron el máximo puntaje en el ejercicio del Estado de Derecho. Entre los factores ponderados para el caso de Chile, se hizo referencia a la estricta separación de los poderes y el respeto por la independencia del Poder Judicial (BerstelsmannStiftung Transformation Index, 2022).
A modo de complemento de lo anterior, en la medición sobre la calidad regulatoria del año 2020, Chile obtuvo el mejor desempeño en Sudamérica (81,7 sobre 100). Esta ponderación se sostuvo a partir de la percepción sobre la formulación e implementación de políticas y regulaciones sólidas orientadas al desarrollo del sector privado (World Bank Group, 2022).
En relación con la capacidad del Estado para sostener el monopolio legítimo del uso de la fuerza, el ejercicio de la administración básica, entre otros aspectos–(, Chile y Uruguay se ubicaron por sobre la región, según el análisis del BTI en 2022. En específico, el monopolio del uso de la fuerza en Chile ponderó un 9,0 (sobre un máximo de 10), fundamentado en el ejercicio de la ley en el territorio–). Con atención en los factores
observados, el indicador sostuvo que el Estado enfrentó desafíos ligados a grupos radicalizados en la macrozona sur, junto con bandas criminales asociadas al tráfico de drogas (Berstelsmann Stiftung Transformation Index, 2022).
En línea con lo anterior, el ejercicio de la administración básica en Chile obtuvo la máxima puntuación en la medición del BTI. Esto, producto de la extensión de los servicios básicos a lo largo del territorio, a modo de ejemplo, las policías, el acceso a la salud y el Servicio de Impuestos Internos. Sin embargo, esto no estuvo exento de deficiencias que surgieron en el marco del desarrollo de la crisis sanitaria (Berstelsmann Stiftung Transformation Index, 2022).
De esta manera, la capacidad del Estado y el ejercicio del Estado de Derecho son factores que contribuyen al país a reducir el riesgo y enfrentar las amenazas asociadas con el LA.